El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia, que debe aprovechar los 70.000 millones de euros que la Unión Europea destinará a España hasta 2026 para reactivar la economía sacudida por la pandemia, se ha traducido hasta el momento en 188 convocatorias de proyectos, de las que 133 se encuentran ya cerradas, 40 están abiertas y 14 aún se encuentran pendientes de formalizar. Así consta en el portal web del plan, que reúne sólo las convocatorias publicadas por los ministerios, sus organismos dependientes y las comunidades autónomas. Fuera quedan, por tanto, las que surjan de la iniciativa de ayuntamientos y diputaciones provinciales u otras entidades locales.
Esos proyectos son aún escasos, si se tiene en cuenta que suman unos 5.755 millones de euros, según la suma realizada por Funcas, el centro de estudios de las antiguas cajas de ahorro, apenas el 21,3% de los primeros 27.000 millones de euros que se han consignado en los Presupuestos del Estado de 2022.
Las dudas sobre la capacidad de España para gestionar la lluvia de millones que le está proporcionando la UE se pueden convertir en certezas a la luz de los primeros pasos en la digestión de los fondos. Sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes: España es el país que menos fondos estructurales fue capaz de gastar entre 2014 y 2020 y que más denuncias acumula por su mal uso.
La falta de personal técnico, con la suficiente cualificación, era una de las rémoras de las que ya advertían los expertos antes de que llegaran los primeros fondos. Además, en un informe interno desvelado por El País, la empresa Airbus ha expresado sus quejas sobre la falta de coordinación y de liderazgo de los ministerios a la hora de poner en marcha el Perte Aeroespacial, en el que el consorcio multinacional está especialmente interesado. Se trata de uno de los cinco Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica previstos, de los que sólo uno ha sido aprobado por el Consejo de Ministros –el del vehículo eléctrico–, mientras que tanto el aeroespacial como el de la cadena agroalimentaria no han pasado de la fase de estudio y los otros dos, para la salud de vanguardia y del español como impulsor de la economía, son de momento meros anuncios.
El Perte del vehículo eléctrico es el que contará con mayor financiación pública, 4.300 millones de euros, de los que 400 millones están destinados al Plan Moves III, a conceder ayudas –de 4.500 a 7.000 euros– a particulares, autónomos y administraciones para que compren vehículos eléctricos e híbridos enchufables. También se subvencionará la adquisición e instalación de infraestructuras de recarga. Otros 100 millones de euros del Plan Moves II se dedicarán a subvencionar “proyectos singulares” y “desarrollos experimentales e innovadores” relacionados con el vehículo eléctrico.
Otra de las convocatorias más generosas es el Fond-ICO Next Tech para proyectos digitales innovadores “de alto impacto”, en el que el Ministerio de Economía ha comprometido 2.000 millones de euros. Igualmente habrá 1.000 millones más en ayudas a los ayuntamientos para “la transformación digital y sostenible del transporte urbano”: descarbonización de las ciudades, mejora de la calidad del aire y mitigación del ruido.
Estas son, de momento, las convocatorias más sustanciosas. El Perte para la salud de vanguardia está diseñado para emplear 982 millones de euros. El siguiente en la lista son los 670,1 millones de euros que costará crear 65.000 plazas públicas gratuitas para niños de hasta tres años. Para incentivar el autoconsumo energético y el almacenamiento con fuentes de energía renovable en viviendas se han reservado 660 millones.
Buena parte de las convocatorias se refieren a los ejes obligados por la Unión Europea: la transición ecológica y la digital. Los fondos deben utilizarse también para promover la cohesión económica, social y territorial, la competitividad, la resiliencia, la productividad, la salud, la educación, la investigación, el empleo, la estabilidad financiera…
Banda ancha, 5G y 6G, inteligencia artificial
Así que hay convocatorias estrella para financiar la transformación digital de las administraciones –92,7 millones de euros– o para reforzar la conectividad de los centros públicos: 150 millones de euros. Para reforzarla en polígonos industriales y logísticos se destinarán 100 millones más. Pero la mayor cuantía se la llevará el Programa Único-Banda Ancha del Ministerio de Economía, que concederá 250 millones a operadores de telecomunicaciones para que desplieguen infraestructuras de banda ancha de muy alta velocidad en zonas sin cobertura adecuada.
Para inversiones en I+D destinadas a redes 5G y 6G se han asignado 95,25 millones de euros. Incluso hay dinero para proyectos de inteligencia artificial: 50 millones.
Otro tanto ocurre con la eficiencia energética: 10,3 millones para conseguirla en el Ministerio de Defensa y 91,37 millones en el Ministerio del Interior. Además, se ha diseñado un programa completo para promover la rehabilitación energética de edificios, nutrido con 300 millones, el programa PREE. Una parte, 50 millones, se dedicará específicamente a los municipios “de reto demográfico”; es decir, a los que tienen menos de 5.000 habitantes. También para esta franja se reserva el Programa DUS 5000, 325 millones en ayudas a la transición ecológica. Es decir, a la rehabilitación energética, el autoconsumo, la climatización renovable, el alumbrado con reducción de contaminación lumínica y la movilidad sostenible. Según el ministerio de Teresa Ribera, ya han recibido más de 1.500 solicitudes de ayuntamientos. El 30 % de las peticiones corresponden a municipios de menos de 500 habitantes y el 50%, de menos de 1.000. La mayoría de ellos se sitúan en Castilla y León, y en Andalucía.
Cuidados, adicciones, explotación sexual
No obstante, las convocatorias del plan no se ciñen a proyectos tecnológicos o industriales. También incluyen iniciativas sociales. Por ejemplo, se subvencionarán proyectos piloto para cambiar el modelo de los cuidados de larga duración con hasta 110 millones de euros. El Ministerio de Derechos Sociales, además, ha firmado un convenio de casi 450 millones de euros con las comunidades autónomas para subvencionar proyectos relacionados con la dependencia, la infancia o la creación de entornos accesibles para los discapacitados.
Aparte de la ya citada creación de plazas públicas de guardería, otra partida sustancial, de 361,5 millones de euros, se dedicarán a subvencionar estancias de formación en universidades, tanto extranjeras como españolas, así como a ayudar a las universidades españolas a “atraer talento internacional”.
El tratamiento de las adicciones –6,6 millones para entidades sin ánimo de lucro–, la atención a las mujeres víctimas de explotación sexual –220.000 euros– o un convenio de inclusión para la infancia con Save The Children –7,6 millones– tienen cabida en el plan europeo. El sistema de seguimiento telemático para maltratadores ya ha sido adjudicado a Telefónica en un contrato de 44,4 millones de euros.
Formación profesional, equipos de investigación
Mayor volumen posee el apartado relativo a la formación profesional. Para ocupados del sector del turismo, desde hostelería hasta agencias de viaje y aerolíneas, el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) ha reservado 40 millones de euros. Para cualificación profesional en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación el Ministerio de Educación destina 87,7 millones. La adquisición de competencias digitales se llevará 50 millones más. El Ministerio de Trabajo, además, ha incluido en el Plan de Recuperación el contrato de 1,1 millones de euros para evitar ciberataques en sus sistemas informáticos. El SEPE sufrió un ataque de hackers el pasado mes de marzo, que retrasó el trámite de miles de prestaciones.
Un buen número de convocatorias se refieren a suministros de todo tipo de equipos de investigación científica y material de laboratorio. El CSIC, el Ciemat o el Instituto de Astrofísica de Canarias, por ejemplo, financiarán la compra de citómetros de flujo, espectómetros de masas, portamuestras para criomicroscopios electrónicos, sistemas de dosimetría o el diseño de un telescopio-interferómetro.
También se financiará la adquisición de equipos de alta tecnología sanitaria: radiología vascular intervencionista –85,2 millones--, TAC –141,6 millones--, cardiología intervencionista –66,9 millones–. Ya se ha adjudicado el contrato con una organización investigadora para que se lleven a cabo los ensayos clínicos de la vacuna contra el covid que ha desarrollado el CSIC: 2,03 millones de euros para Optimapharm. Otros 575.000 euros se han destinado al suministro de equipos para que el Instituto de Biomedicina de Valencia investigue mutaciones del coronavirus.
Pasarelas peatonales, ayudas a escritores, escaneo de periódicos
Finalmente, hay convocatorias sorprendentes. El Ministerio de Transportes y Adif han incluido pequeñas obras en carreteras y redes ferroviarias. Hay dos convocatorias para mejorar los cierres laterales que impiden los atropellos de animales en carreteras y autopistas. Y otras tres para levantar pasarelas de peatones en la M-40 de Madrid, una carretera de Salamanca y sobre las vías de la estación de Renfe en A Coruña. Adif también financiará con cargo al Plan de Recuperación el balasto necesario para renovar el acceso ferroviario al puerto de Sagunto, que costará 577.000 euros. E incluso las asistencias técnicas para vigilar las obras en túneles de Lugo, Málaga, Almería y Cantabria.
Llama igualmente la atención que el Ministerio de Cultura haya incluido las ayudas a la producción de películas en el plan. Pero uno de sus componentes, el número 25, tiene como objetivo precisamente impulsar la industria de la cultura y “dinamizar el sector audiovisual”. Serán 12 millones de euros para subvencionar proyectos cinematográficos, 1,23 millones para la organización de festivales de cine y 300.000 euros para impulsar la participación de películas españolas en festivales.
¿Sabrá España gestionar el Plan de Recuperación de la UE? Es el país que menos fondos estructurales ejecuta y más denuncias acumula por su mal uso
Del mismo modo habrá subvenciones, por un monto total de un millón de euros, para sufragar las estancias en el extranjero, de hasta dos meses de duración y por importe máximo de 10.000 euros, de escritores españoles. La condición es que hayan publicado al menos una obra. Con cargo a los fondos europeos se financiará igualmente el servicio de información turística del Centro de Arte Reina Sofía: 922.386 euros.
Más curiosidades: el escaneo y tratamiento bibliográfico de El Adelantado de Segovia, que costará 160.000 euros, está incluido en el Plan de Recuperación. Lo mismo que las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Tabacalera en Madrid. El Ministerio de Hacienda ha presupuestado el contrato en 5,8 millones. Mucho más dinero costarán las obras para la transición energética de los 42 edificios del conocido como Patrimonio Sindical Acumulado: 98,23 millones de euros. Con el dinero europeo también se sufragará la modernización energética de 54 instalaciones del Consejo Superior de Deportes, entre ellos sus tres centros de alto rendimiento deportivo. La factura final ascenderá a 75 millones de euros.
La sombra del Plan E es alargada. Los 13.000 millones de euros en inversiones públicas con los que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiso impulsar la creación de empleo en 2008 tuvieron un impacto limitado y las críticas por la naturaleza de los proyectos subvencionados fueron constantes. El Gobierno de Pedro Sánchez calcula en 2,6 puntos porcentuales el crecimiento del PIB que propiciarán los fondos de la UE sólo en 2021. El Banco de España, en cambio, lo reduce a 1,3 puntos, tras recordar precisamente el Plan E, cuyo “efecto multiplicador sobre la actividad y el empleo” fue “relativamente reducido”. Y destacar la “elevada incertidumbre” que existe sobre la capacidad de las administraciones públicas y el sector privado para “ejecutar proyectos de inversión por un volumen tan elevado en unos plazos tan cortos”. Por ese motivo, reclama una “muy rigurosa” selección de los proyectos.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia, que debe aprovechar los 70.000 millones de euros que la Unión Europea destinará a España hasta 2026 para reactivar la economía sacudida por la pandemia, se ha traducido hasta el momento en 188 convocatorias de proyectos, de las que 133 se encuentran ya cerradas, 40 están abiertas y 14 aún se encuentran pendientes de formalizar. Así consta en el portal web del plan, que reúne sólo las convocatorias publicadas por los ministerios, sus organismos dependientes y las comunidades autónomas. Fuera quedan, por tanto, las que surjan de la iniciativa de ayuntamientos y diputaciones provinciales u otras entidades locales.