El Gobierno plantea a sindicatos y patronal un aumento “suave” del periodo de cálculo de la pensión

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, descartó este lunes, de nuevo, que vaya a aumentar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones. Lo hizo en una entrevista en RNE, apenas un par de horas antes de que el secretario de Estado, Borja Suárez, informara a sindicatos y patronal de que el plan de su departamento es ampliarlo de forma “suave”. No precisó más. Ni entregó una propuesta por escrito ni lo hará el próximo lunes, cuando en teoría deberían volver a reunirse Gobierno y agentes sociales para seguir negociando la segunda fase de la reforma de las pensiones comprometida con Bruselas. En realidad, según aseguran a infoLibre fuentes de las negociaciones, la cita de ayer concluyó sin que hubiera siquiera convocatoria para el día 19.

La ampliación del número de años cotizados que se tienen en cuenta para calcular la cuantía de la futura pensión irá acompañada de medidas para “mejorar la equidad del sistema”. Es decir, se permitirá a los trabajadores eliminar los peores años de cotización y rellenar las lagunas de cotización. Porque las carreras laborales han cambiado mucho durante los años y, por ejemplo, desde la reforma laboral de 2012 y la crisis financiera, para muchos trabajadores despedidos entonces, los últimos años antes de la jubilación ya no son los de mejores salarios y, por tanto, los de mayores cotizaciones. Y esa caída retributiva final termina reduciendo su pensión. Además, las carreras de muchas mujeres son más intermitentes que las de los hombres por la maternidad.

“Tenemos que discutir con los agentes sociales cuál es la mejor combinación de estos tres elementos para que el sistema sea más equitativo y más justo, y cumpla su función de proteger de alguna forma a aquellos que tienen situaciones sobrevenidas o indeseadas y que no les afecte negativamente desde el punto de vista de la pensión futura”, explicó Escrivá en RNE. A continuación, recalcó que “en ningún caso” se ampliaría el periodo de cálculo a 35 años, sino que se harían “pequeños ajustes”.

Su número dos lo llamó ampliación “suave”, el mismo adjetivo que utilizó para describir el aumento de la base máxima cotización y de la pensión máxima que completan esta segunda fase de la reforma. Los sindicatos y la patronal coincidieron a la hora de reclamar al ministerio una propuesta concreta y de recordarle al secretario de Estado que la ampliación del periodo de cálculo no está entre las recomendaciones del Pacto de Toledo acordadas en noviembre de 2020. Según recuerdan las fuentes consultadas, estaba incluida en un texto previo pero, tras pedir su retirada Unidas Podemos y el PP, el PSOE aceptó para hacer posible el acuerdo que finalmente permitió la aprobación de las recomendaciones. CCOO y UGT, además, dejaron claro su rechazo a cualquier aumento del periodo de cálculo, que en 2022 acaba de quedar en 25 años tras ampliarse de forma gradual desde los 15 años en cumplimiento de la reforma de las pensiones de 2011. Y advirtieron de que ni siquiera se ha evaluado aún el impacto de esa extensión.

Borja Suárez sólo aclaró a los agentes sociales que la propuesta del ministerio será “neutra” en términos fiscales, no se hace con propósitos “recaudatorios” y no afectará de manera inmediata a los que se jubilen ahora.

José Luis Escrivá siempre ha explicado que su departamento lleva tiempo estudiando diferentes “fórmulas” para aumentar la contributividad del sistema público de pensiones –tanto cotizas, tanto cobras– y “adaptarlo a las nuevas realidades” del mercado laboral, donde “las interrupciones y las lagunas [de cotización] son cada vez menos excepcionales”. Así figura, de hecho, en el Componente 30 del Plan de Recuperación. La segunda fase de la reforma de las pensiones debe recibirla Bruselas antes del 31 de diciembre. El Ministerio de Seguridad Social, preguntado por este periódico, se remite a las palabras de Escrivá en RNE –“no llegará a 35 años”–. “Fue una primera toma de contacto, aún no hay nada concreto”, aseguran fuentes del departamento. “Las reformas en estos temas”, añaden, "siempre son suaves”.

Una larga polémica

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En realidad, el ministro lleva jugando con la idea de ampliar el periodo de cálculo y adaptarlo a las “nuevas realidades” del mercado laboral casi desde que se aprobaron las recomendaciones del Pacto de Toledo a finales de 2020. Incluso llegaron a aparecer, en un documento enviado por el ministerio a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, cálculos sobre el recorte medio de la pensión inicial que podría suponer ampliar el periodo de cómputo actual, 25 años, a 35: un 6,3%. Ampliarlo de 15 a 22 años ya se tradujo en una reducción del 3,9%, que afectó al 52% de las nuevas pensiones correspondientes a 2019, explicaba el departamento de Escrivá en ese informe. Cuando se le preguntó al ministro por esas cuentas, aseguró que se trataba de “cálculos intermedios” y criticó que se hubiera creado “una narrativa de confrontación [con el socio del Gobierno]” a partir de ellos.

Según las fuentes consultadas, los agentes sociales pidieron al secretario de Estado que el ministerio deje de hacer declaraciones y lanzar “globos sonda”. En concreto, CCOO le exigió “prudencia en las declaraciones y no dar por hecho el resultado” de unas negociaciones que no han hecho más que empezar. UGT también le reprochó que el ministro haya dado más explicaciones en sus entrevistas en los medios de comunicación que en la reunión de este lunes.

Además, Seguridad Social les propuso este lunes subir de forma progresiva –“suave”, de nuevo– tanto la base máxima de cotización como la pensión máxima. Esta es de 4.139,40 euros, por debajo de otros países europeos. Pero la subida no será “nada de locos”, dijo el secretario de Estado, ni se trata de equipararse con el resto de la UE. Todo lo que se cobra por encima de esa cantidad no cotiza, algo que le ocurre a más de un millón de trabajadores. Al subir la base máxima, crecerán los ingresos del sistema. Pero, para mantener la “naturaleza contributiva del sistema”, debe aumentar también la pensión máxima, ahora situada en 2.819,18 euros al mes, 39.468,52 euros al año. En este punto sí tiene el ministro el respaldo de UGT y CCOO, pero no de la CEOE.