Había que aplicar el bisturí para hacer compatible el mantenimiento de la protección a los más vulnerables y el cumplimiento de las reglas fiscales europeas, que además se han aprobado durante la Presidencia española de la UE. Las negociaciones entre el PSOE y Sumar han sido intensas hasta el último minuto, pero al final se ha logrado encoger algunas medidas del llamado escudo social y extender otras sin disonancias de gravedad.
Las principales iniciativas del paquete anticrisis en torno a las que se han producido los debates más encendidos en el seno del Gobierno de coalición son la prórroga del 30% de los descuentos para los abonos de transporte público, coste a asumir por el Estado siempre que las comunidades sigan aportando el 20%, junto a la gratuidad de los trenes de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y líneas estatales de autobús para usuarios habituales. A eso se suma la subida del IVA de la electricidad del 5% al 10%, frente al 21% en el que se encontraba antes de que estallara la crisis de precios. Se retirarán también las bajadas vinculadas al impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y al impuesto especial de electricidad, pero se hará de forma gradual durante los próximos seis meses. El IVA del gas recuperará sus valores normales a partir de febrero, pasado ya el invierno.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado además que, como ya había adelantado, se extenderá durante el primer semestre del año el IVA al 0% de los alimentos básicos y al 5% de las pastas y de los aceites, así como la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, que EH Bildu ha fechado hasta 2025.
El Gobierno acuerda con Bildu prohibir desahucios de personas vulnerables hasta 2025 en el decreto anticrisis
Se prorrogará el máximo descuento del bono social para familias en situación de vulnerabilidad y la limitación a las subidas del precio de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano. De acuerdo a lo expuesto por Sánchez, se alargarán durante un año los impuestos extraordinarios a las entidades bancarias, a las grandes fortunas y a las energéticas, con una modificación normativa para que, a partir del próximo 1 de enero, se puedan deducir las inversiones estratégicas relacionadas con la transición verde e incluya un compromiso de revisión en el 2024 como figura de carácter permanente.
Sánchez ha destacado, asimismo, que el nuevo esqueleto del denominado escudo social incluye la revalorización de las jubilaciones al 3,8%, conforme al IPC, "una de las principales conquistas que hemos consolidado durante los últimos cuatro años", ha aseverado el presidente. Se eliminarán, de otro lado, las comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla para las personas mayores y con discapacidad, y las comisiones o compensaciones bancarias por amortización anticipada de créditos a tipo variable.
La "agenda transformadora" del Ejecutivo continuista incluirá, por último, la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para las comunidades autónomas que lo soliciten, a la luz del resumen hecho público por el presidente del Ejecutivo y el alargamiento de iniciativas de apoyo a la industria, en concreto, la reducción al 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva y la flexibilidad en el cambios de contratos de suministro eléctrico.
Había que aplicar el bisturí para hacer compatible el mantenimiento de la protección a los más vulnerables y el cumplimiento de las reglas fiscales europeas, que además se han aprobado durante la Presidencia española de la UE. Las negociaciones entre el PSOE y Sumar han sido intensas hasta el último minuto, pero al final se ha logrado encoger algunas medidas del llamado escudo social y extender otras sin disonancias de gravedad.