El Gobierno renuncia a la derogación de la reforma laboral que prometió y dedicará lo que queda de legislatura a cambiar una decena de puntos de las leyes que regulan el mercado de trabajo, previo acuerdo con los sindicatos y la patronal. Así lo ha anunciado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, tras reunirse este miércoles tanto ella como el presidente, Pedro Sánchez, con los líderes de la CEOE, Juan Rosell; CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, en La Moncloa. “Somos conscientes del terreno que pisamos y del peso parlamentario que tenemos”, justificó Valerio lo que negó que fuera “un cambio de criterio”. De ahí que el Ejecutivo haya optado, según explicó, por plantear “con tiempo” la redacción de un “nuevo Estatuto de los Trabajadores de manera consensuada, y no unilateral como hizo el PP en 2012 con su reforma”. La ministra aplazó a “después de 2020” esa nueva ley laboral, previa creación de un grupo de expertos que la preparen.
También el secretario general de CCOO, Unai Sordo, admitió los límites que la “situación política y las mayorías parlamentarias” imponen a la actuación del Gobierno, pero al mismo tiempo le reprochó que, durante la reunión, no se hubiera “comprometido con qué pretende hacer con los puntos centrales de la reforma laboral” e incluso utilizó un símil futbolístico para asegurar que había estado “reservón” al respecto.
Los aspectos que la ministra pretende plantear a los sindicatos y la patronal para después cambiarlos se refieren al sistema de formación para el empleo, cuya reforma en 2015 ha soliviantado los ánimos de los agentes sociales, y a la adopción de medidas contra el abuso de la temporalidad en el empleo, así como al fraude en la contratación a tiempo parcial y los falsos autónomos. También les propondrá cambios en la subcontratación y el contrato de relevo –que permite sustituir a un trabajador con jubilación parcial por uno joven– y en la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios colectivos con la que acabó la reforma de 2012–. Igualmente quiere Valerio pagar un complemento y ofrecer recualificación profesional a los trabajadores sometidos a regulaciones temporales de empleo. Reforzar la Inspección de Trabajo, impulsar la prevención de los riesgos laborales, luchar contra el fraude a la Seguridad Social, sacar adelante una ley sobre igualdad salarial y reformar las mutuas completan el catálogo del Gobierno para los dos próximos años.
Sordo incluyó en el menú también el cambio en la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales, la modificación de las condiciones laborales y los requisitos para el despido procedente. Además, destacó los perjuicios que, a su juicio, ha infligido la reforma laboral. “No es verdad que haya creado empleo y sí que es la culpable de la devaluación salarial”, replicó, “y ahora necesitamos mejores salarios y empleos”. El dirigente de CCOO también rechazó que se revoque la reforma de 2012 “para volver al marco laboral de 2009, que produjo un 33% de empleo temporal”. Por el contrario, pidió una “derogación [de la reforma laboral] por elevación”, que definió como una “modernización del sistema laboral” cuyo primer objetivo sea la lucha contra la precariedad.
Unai Sordo indicó que los sindicatos le han pedido al Gobierno modificaciones en “aspectos centrales de la reforma laboral” y le instó a buscar “desde ya” mayorías parlamentarias para aprobarlas. “También con el consenso de la patronal”, añadió, “pero si no se consigue, habrá que ver cómo se atacan estas medidas”.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, insistió en la necesidad de derogar no sólo la reforma del PP sino también la que hizo el PSOE en 2010. “No veo ningún elemento positivo que hayan aportado las reformas laborales al desarrollo económico y social de este país”, subrayó.
En cambio, el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, desechó la derogación de la reforma laboral como un “mensaje ideológico” y se mostró a favor de una “evolución”, de “adecuarse a los cambios”. “Ahora estamos a la expectativa”, apuntó, en referencia a las patronales, “pero la derogación no está encima de la mesa, sino que estamos a ver cómo podemos mejorarla”. “Los términos en la vida política son unos y en la vida real son otros”, resumió sobre las declaraciones del PSOE que prometían la revocación de la reforma de 2012.
El acuerdo salarial no es inminente
Sindicatos y patronal aprovecharon la rueda de prensa posterior a la cita en La Moncloa para confirmar los avances en las negociaciones del acuerdo que debe proporcionar el marco de las subidas salariales en los próximos años, pero al tiempo intentaron enfriar las expectativas sobre un pacto rápido. “No es inminente porque persisten diferencias de contenido y por los procedimientos de toma de decisiones y consulta con las bases que tenemos los sindicatos”, subrayó Unai Sordo.
En cualquier caso, el responsable de CCOO resaltó que los avances en la negociación se habían producido gracias a que la patronal había pasado de pedir una subida salarial de “hasta el 2%” por otra del 2% y a que ésta ha mostrado su disposición a hablar sobre el mínimo salarial de 1.000 euros en los convenios, “lo que ya es sustancial”. Pepe Álvarez apuntó, además, que las movilizaciones convocadas para presionar en la negociación se encuentran sólo “suspendidas” y no anuladas. También negó que el cambio de gobierno haya tenido influencia alguna en el desbloqueo de las conversaciones con la patronal, que se hallaban en un peligroso punto muerto hace sólo un mes y el año pasado terminaron sin acuerdo.
Impuestos para pagar pensiones
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Magdalena Valerio se congratuló del buen ánimo que, dijo, ha encontrado en las conversaciones salariales. Sobre todo, aplaudió el mínimo salarial de 1.000 euros en los convenios, que redundará en una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y en un “aumento de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social”. Igualmente fue ése el eje en el que centró la ministra su política sobre las pensiones públicas. Para solucionar los problemas de tesorería del sistema, avanzó, el Gobierno recurrirá a los impuestos, ya sean a la banca y a las transacciones financieras, como prometió el PSOE en su programa electoral, ya sean a las grandes compañías tecnológicas, como pretendía el Ejecutivo del PP.
Los sindicatos también en este punto le pidieron a Valerio y Sánchez que fueran más allá y, previo acuerdo en el Pacto de Toledo, tomen “medidas estructurales que sean el preludio para derogar la reforma de 2013”.
Precisamente, una de las soluciones en estudio para paliar el déficit de la Seguridad Social es eliminar las reducciones de cuotas concedidas a las empresas a cambio de contratar indefinidos o tarifas planas. Magdalena Valerio anunció que primero encargará un estudio sobre la “utilidad” de estos incentivos a la contratación, aunque ella misma recordó que los informes elaborados hasta la fecha coinciden en que no son muy eficaces.
El Gobierno renuncia a la derogación de la reforma laboral que prometió y dedicará lo que queda de legislatura a cambiar una decena de puntos de las leyes que regulan el mercado de trabajo, previo acuerdo con los sindicatos y la patronal. Así lo ha anunciado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, tras reunirse este miércoles tanto ella como el presidente, Pedro Sánchez, con los líderes de la CEOE, Juan Rosell; CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, en La Moncloa. “Somos conscientes del terreno que pisamos y del peso parlamentario que tenemos”, justificó Valerio lo que negó que fuera “un cambio de criterio”. De ahí que el Ejecutivo haya optado, según explicó, por plantear “con tiempo” la redacción de un “nuevo Estatuto de los Trabajadores de manera consensuada, y no unilateral como hizo el PP en 2012 con su reforma”. La ministra aplazó a “después de 2020” esa nueva ley laboral, previa creación de un grupo de expertos que la preparen.