El Gobierno retrasa la contrarreforma laboral y el decreto de medidas sociales

El Ministerio de Trabajo no llevará al Consejo de Ministros de este viernes ni el decreto que derogará parte de la reforma laboral de 2012 ni el que incluye medidas de protección social como el aumento de las prestaciones por hijo a familias en situación de pobreza. Así lo han asegurado fuentes del departamento que dirige Magdalena Valerio, que han aplazado igualmente la aprobación del subsidio para mayores de 52 años, pese a que está prácticamente cerrado con los sindicatos. En cambio, este viernes sí se aprobará el decreto sobre medidas para fomentar la igualdad, que corre a cargo de la vicepresidenta –también ministra de Igualdad–, Carmen Calvo. Y éste incluirá el convenio especial para que coticen a la Seguridad Social los cuidadores no profesionales de personas dependientes.

Tras suspenderse la reunión de Trabajo con sindicatos y patronal prevista para este martes, ha corrido el calendario para los decretos con medidas laborales y sociales que prepara el Gobierno. El ministerio ha alegado “problemas de agenda” de sus responsables para anular la cita del Diálogo Social, pero UGT y CCOO aseguran que el  motivo es que Valerio no tiene aún cerrada ninguna propuesta. Trabajo responde que está “esperando a tener un texto” para llevarlo a la mesa y que ni siquiera sabe si las medidas se aprobarán en uno o en varios decretos.

Tampoco hay fecha para la próxima reunión con los sindicatos y la CEOE. Pero el secretario de Acción Sindical de UGT, Gonzalo Pino, avanza que a partir de ahora se sucederán los “contactos informales” y que es “optimista” respecto del resultado de la negociación. “Tiempo hay hasta el 28 de abril, y parece que también hay voluntad política de sacar adelante los cambios en la reforma laboral”, subraya. Una vez se disuelvan las Cortes el próximo martes, será la Diputación Permanente la encargada de aprobar la convalidación como ley de los reales decretos-leyes que apruebe el Consejo de Ministros. El Gobierno seguirá reuniéndose y tomando decisiones hasta la fecha de las elecciones generales.

La responsable de Acción Sindical de CCOO, María Cruz Vicente, pone la lupa en la falta de apoyos en el Congreso para convalidar el real decreto-ley como causa del aplazamiento de su aprobación prevista para el próximo viernes. “Pensaba [el Gobierno] que tenía algo más amarrado en el ámbito parlamentario y parece que no ha sido así, por lo que no habría tenido sentido una reunión: si pretende cambiar el acuerdo al que llegó con los sindicatos para conseguir respaldos parlamentarios, primero nos tiene que explicar esa propuesta y nosotros la tenemos que analizar”, explica.

Los mínimos de Unidos Podemos

La diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz aclara que Magdalena Valerio respondió la noche del lunes a la carta que le envió dos días atrás, pero que no entiende que esa llamada signifique el inicio de un diálogo sobre la posible contrarreforma laboral. También recalca que la propuesta de su formación es “de mínimos”. “Estamos dispuestos a negociar pero con límites”, apunta. Tampoco Unidos Podemos ha recibido aún ningún texto sobre el futuro real decreto-ley. Fuentes del Ministerio de Trabajo niegan la falta de diálogo con el grupo de Díaz, de la que tanto ella como los sindicatos se han quejado estos dos últimos días. “Llevamos meses hablando con Unidos Podemos sobre el artículo 42 [del Estatuto de los Trabajadores, que regula la subcontratación], está todo muy negociado”, destaca, “sólo falta ponerlo negro sobre blanco”, aseguran.

Este martes en declaraciones a los periodistas, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, marcó las líneas rojas de su grupo en la derogación de la reforma laboral de 2012: ultraactividad [prórroga automática de los convenios] ilimitada, registro obligatorio de la jornada de trabajo y prevalencia “íntegra” del convenio sectorial sobre el de empresa. “Si mantiene esos tres ejes, apoyaremos la convalidación del decreto, pero si es una pantomima, parte de su campaña electoral, y no responde a las necesidades de los ciudadanos, no estaremos ahí”, adelantó.

Gonzalo Pino advierte al Ejecutivo de que los sindicatos no aceptarán una “contrarreforma laboral descafeinada” e insiste en que los decretos deben incluir la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, de la reforma laboral de 2012 y medidas de fomento de la igualdad. “El Gobierno tiene que mover ficha”, zanja.

Igualdad y protección social

El lunes los responsables de Trabajo se reunieron con sindicatos y patronal para intentar cerrar las medidas de fomento de la igualdad que irán al Consejo de Ministros el viernes. Pero no consiguieron cerrar un acuerdo pese a que la cita terminó ya de noche. El Gobierno ha bajado de 250 a 50 el número de trabajadores que debe tener una empresa para estar obligada a aprobar un plan de igualdad, pero se quedó en el aire dónde deben registrarse esos planes. Los sindicatos quieren que se inscriban en el Registro de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo, donde también se incorporan los acuerdos salariales o los descuelgues, detalla María Cruz Vicente. Sin embargo, la idea del Ejecutivo es que se registren en el Instituto de la Mujer.

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Además, han quedado en el aire los controles sobre el cumplimiento de los planes que UGT y CCOO consideran necesarios o qué va a pasar con las empresas que no consideren necesario tener un plan de igualdad. De acuerdo con los planes del Ejecutivo, las empresas tendrán que llevar un registro de los salarios medios de su plantilla según el sexo y. Una brecha superior al 25% se considerará discriminación salarial. Para CCOO, la brecha actual es más elevada, del 29%, por lo que a su juicio debería situarse el listón por debajo del 25%. 

Por su parte, Unidos Podemos insiste en que los permisos de paternidad deben ser “iguales, intransferibles y 100% remunerados” para que sean efectivos. “También deben tener su correspondiente partida presupuestaria y un calendario para aplicarlos”, resumió Montero.

Por decreto-ley el Gobierno quiere aprobar igualmente el aumento de la prestación por hijo que reciben las familias en situación de pobreza: de los 291 euros anuales actuales a 341 euros si sus ingresos son inferiores a 12.313 euros al año, y a 588 euros si su renta no supera los 10.439 euros. Además, prevé subir las pensiones contributivas por incapacidad permanente total de 5.838 a 6.930 euros anuales.