El Programa Greta, para privatizar la tramitación de expedientes en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), se retrasa. El Ministerio de Empleo fijó el 15 de septiembre como fecha de su puesta en marcha, pero hasta el momento ni siquiera ha salido a concurso. “No está en la agenda”, aseguran fuentes del departamento que encabeza Fátima Báñez. Tampoco el Programa Fono, que pretende dejar en manos de una empresa privada la atención telefónica del organismo. Mientras, los expedientes se siguen acumulando. Dependiendo de la provincia, el Fogasa puede tardar en tramitar un expediente hasta año y medio. Hay más de 150.000 de ellos a la espera de pago.
Para hacerse una idea del problema, basta con acercarse a las estadísticas que Empleo publica cada mes sobre la actividad del fondo. En julio sólo autorizó 2.993 órdenes de pago, por importe de 35,99 millones en concepto de salarios e indemnizaciones, mientras que el mes anterior dio salida a 19.367 expedientes, abonando un total de 113,33 millones de euros. En julio, quizá por las vacaciones del personal, hay 16 provincias en las que no se ha autorizado ni una sola orden de pago. Por ejemplo, Álava –que en junio aprobó 165– o Cáceres –193 el mes anterior–. En la provincia con mayor atasco, Madrid, el Fogasa ha pasado de 833 a sólo 176 expedientes terminados. La única que mantiene el nivel de actividad es Barcelona, que no obstante ha reducido la cifra de órdenes de pago de 1.418 en junio a 1.269 en julio.
En lugar de una empresa privada, la última propuesta de Empleo apuntaba a la empresa pública Tragsa, participada por la SEPI y que realiza trabajos –fundamentalmente agrícolas y medioambientales– para la Administración central y las comunidades autónomas mediante convenios. En septiembre debería reunirse el Consejo Rector del Fogasa, en el que se sientan los sindicatos, la patronal y la Administración, para empezar a elaborar el presupuesto de 2014, pero también para dar una salida al atasco de expedientes.
Ambos programas, Fono y Greta, forman parte del plan de viabilidad presentado por Empleo en el Consejo Rector el pasado mes de febrero. Su objetivo era deshacer el bloqueo del organismo, encargado de abonar salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en quiebra, así como parte de las indemnizaciones por despido objetivo en empresas con menos de 25 empleados.
En ese plan, Empleo reconoce la progresiva disminución de la plantilla del Fogasa y “el aumento exponencial” de las solicitudes que debe atender. Su sistema de gestión, asegura, es “obsoleto”. Si en 2003 el organismo hubo de tramitar 43.021 expedientes, el año pasado llegaron a 212.167, cinco veces más. La plantilla actual la componen 400 personas, de las que 129 son abogados, repartidos por las 52 provincias españolas.
No se defiende
Porque, además del atasco burocrático, el Fogasa tiene un problema procesal, según admite el plan de viabilidad. De los 87.262 procedimientos en los que debía personarse en febrero, el organismo sólo compareció en 27.279, menos de la tercera parte. El plan revela que el Fogasa “no se defiende adecuadamente en los concursos mercantiles”, es “sistemáticamente condenado al pago de prestaciones indebidas” e incluso “paga cantidades superiores a las debidas”.
En el caso concreto de Canarias, con 16 juzgados de lo Social y cuatro mercantiles, un letrado en Las Palmas y otro en Tenerife deben atender 9.894 procedimientos sólo en la jurisdicción de lo Social.
Para solventar el problema, Empleo decidió parchear: que los letrados del Servicio Público de Empleo y de la Seguridad Social defendieran también los asuntos del Fogasa en los tribunales. El plan incluía además “la habilitación de funcionarios como letrados” y que “técnicos” de la Inspección de Trabajo y del Ministerio de Defensa ayudaran a preparar los procesos. Otra medidra prevista es la contratación de “letrados externos en régimen de arrendamiento de servicios”. Según las fuentes consultadas, tampoco se ha puesto en marcha.
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Aumento de las denegaciones
CCOO y UGT, presentes en el Consejo Rector del Fogasa, rechazan la privatización para solucionar el monumental atasco de expedientes. Hace meses pidieron un plan de choque con la incorporación temporal de 240 trabajadores y la cobertura de los 81 puestos vacantes que hay en el organismo mediante interinos. Sin embargo, nada se ha movido. Su temor es que, una vez que una o varias empresas privadas –suponen que despachos de abogados– se encarguen de la tramitación de los expedientes, aumenten exponencialmente las denegaciones. Ahora, si a un trabajador le falta un papel o tiene algún problema con un trámite, el funcionario, explican, le avisa para que lo solucione. La consultora o despacho privado, sencillamente, rechazará la solicitud y pasará a la siguiente. Sobre todo si se le paga por papel tramitado.
Las mayores bolsas de expedientes sin resolver se encuentran en Barcelona, Madrid y Valencia, que acumulan el 51% de las solicitudes. Un 42% se reparte entre otras 20 provincias, mientras que el 7% restante corresponde a otras 29 en las que el atasco, explica el plan de viabilidad, no es tan alarmante.
El Programa Greta, para privatizar la tramitación de expedientes en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), se retrasa. El Ministerio de Empleo fijó el 15 de septiembre como fecha de su puesta en marcha, pero hasta el momento ni siquiera ha salido a concurso. “No está en la agenda”, aseguran fuentes del departamento que encabeza Fátima Báñez. Tampoco el Programa Fono, que pretende dejar en manos de una empresa privada la atención telefónica del organismo. Mientras, los expedientes se siguen acumulando. Dependiendo de la provincia, el Fogasa puede tardar en tramitar un expediente hasta año y medio. Hay más de 150.000 de ellos a la espera de pago.