La empresa pública Tragsa ejecutará las obras de rehabilitación de la sede del Tribunal de Cuentas, que durarán 18 meses y obligarán a mudarse durante ese tiempo a 500 funcionariosobligarán a mudarse durante ese tiempo a 500 funcionarios a otro edificio. Según explica el Ministerio de Hacienda, la Dirección General del Patrimonio firmará una encomienda de gestión con la citada empresa pública para que acometa los trabajos, cuyo importe no ha precisado.
Se trata de una “compleja actuación arquitectónica” que sustituirá instalaciones eléctricas y especiales. Las obras también afectarán a la fontanería y el saneamiento, la climatización y la ventilación. Además, se tomarán medidas de ahorro energético, según consta en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto de la obra, que fue adjudicado al despacho valenciano Santatecla Arquitectos en marzo de 2014. Hacienda asegura que las instalaciones se encuentran “obsoletas” y presentan “defectos de difícil reparación”.
De hecho, la Junta de Personal del tribunal lleva años denunciando el “pésimo estado” de las instalaciones, tanto eléctricas como antincendios, del palacio. Una inspección de la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid detectó el pasado mes de abril hasta 160 defectos graves en el edificio, denuncia el sindicato CCOO.
Además, la Inspección de Trabajo emitió un requerimiento en julio para que el tribunal subsanara las deficiencias en un plazo de tres meses que acabó el pasado 20 de octubre. Entonces la Junta de Personal, en la que están representados UGT, CCOO, CSI-F, ACLA y la Asociación de Funcionarios al Servicio del Tribunal de Cuentas, exigió a los responsables del tribunal la paralización de la actividad y el abandono del edificio. Un mes antes, el 17 de septiembre, el órgano fiscalizador había aprobado ya el traslado del personal al inmueble de alquiler.
El palacio de la calle Fuencarral es obra del arquitecto Francisco Jareño y Alarcón, consta de cinco plantas y forma parte del conjunto histórico de la Villa de Madrid, por lo que goza de protección singular. Fue construido entre 1860 y 1863.
La encomienda de gestión, una herramienta con polémica
Las administraciones públicas recurren a las encomiendas de gestión “por razones de eficacia o cuando no posean los medios técnicos idóneos para desempeñar” determinadas tareas. Encargan un servicio, suministro u obra a uno de sus entes instrumentales propios, como es el caso de Tragsa, sin necesidad de concurso público. Se trata de un instrumento administrativo al que acompañan las críticas: al eludirse la licitación, se soslayan también los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y no discriminación que deben guiar a las actuaciones públicas. De ahí que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se haya pronunciado contra el recurso “innecesario”, “desproporcionado” y “sistemático” a las encomiendas por parte de las administraciones. A su juicio, limitan el acceso de otras empresas, privadas, a esos campos de actividad, perjudicando la competencia.
Se da la circunstancia de que también el Tribunal de Cuentas también ha criticado el abuso de las encomiendas y el modo en que se ejecutan. En un informe de fiscalización elaborado en 2013 sobre las encomiendas de Tragsa, entre otros entes instrumentales, el tribunal reprocha a la Administración pública que utilice esta herramienta “como medio para todo”. Y que, a continuación, debido a que la empresa pública carece de medios para ejecutar la encomienda, termine “contratando con terceros la práctica totalidad o la mayor parte” de ella. Es decir, Tragsa o sus equivalentes se limitan a actuar de “simples intermediadoras, orillando el régimen de contratación legalmente previsto” y “encareciendo el precio de la prestación”.
Según la ley, Tragsa no puede subcontratar más del 50% de cada encomienda. Pero, destaca el Tribunal de Cuentas en su informe, en el 25% de los encargos fiscalizados la empresa pública superó con creces ese límite.
La empresa pública está pendiente de ejecutar un despido colectivo que fue recurrido por los trabajadores y finalmente ratificado en su legalidad por el Tribunal Supremo. Tragsa ya ha comunicado a los sindicatos que despedirá a 1.336 personasdespedirá a 1.336 personas, el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) acometido hasta ahora en un grupo estatal. CCOO, CGT y CSI-F han convocado huelgas de protesta para los próximos días 9 y 17 de diciembre.
El Gobierno valenciano privatiza un servicio contratado con Tragsa tras convertirse en su accionista
También rehabilitó la sede del Ministerio de Economía
La empresa pública también ha acometido las obras de rehabilitación integral de la sede que el Ministerio de Economía tiene en el Paseo de la Castellana de Madrid, un edificio de 18 plantas y 28.354 metros cuadrados. La encomienda tiene un importe de 28,9 millones de euros y los trabajos deberán estar terminados el próximo mes de diciembre.
El edificio al que se trasladarán en enero 500 de los 700 funcionarios del Tribunal de Cuentas está situado en el número 100 de la calle Ortega y Gasset, una de las calles más caras de España y de Europa. Es propiedad de Colonial, del Grupo Villar MirGrupo Villar Mir, y hasta el momento fue ocupado por la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Allí se instaló este departamento por iniciativa de Ana Botella, que fue nombrada responsable de Asuntos Sociales por Alberto Ruiz-Gallardón en 2004. El consistorio madrileño pagaba por el alquiler del edificio 3,3 millones de euros al año, lo que suscitó no pocas críticas. Según un portavoz, el Tribunal de Cuentas abonará ahora 1,8 millones de euros anuales a Colonial. El inmueble tiene 7.792 metros cuadrados repartidos en siete plantas, más dos de aparcamientos.
La empresa pública Tragsa ejecutará las obras de rehabilitación de la sede del Tribunal de Cuentas, que durarán 18 meses y obligarán a mudarse durante ese tiempo a 500 funcionariosobligarán a mudarse durante ese tiempo a 500 funcionarios a otro edificio. Según explica el Ministerio de Hacienda, la Dirección General del Patrimonio firmará una encomienda de gestión con la citada empresa pública para que acometa los trabajos, cuyo importe no ha precisado.