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El despido no se incluye en las materias que sindicatos y patronal sitúan entre los “aspectos más lesivos” de la reforma laboral de 2012 cuya derogación negocian con el Gobierno. Pero, como la devaluación salarial, su abaratamiento fue uno de los puntos en que la reforma del PP, también la del PSOE en 2010, ha tenido más éxito. Al menos a tenor de las cifras que publica el Ministerio de Trabajo sobre indemnizaciones concedidas en los juzgados de lo Social. La cuantía media conseguida por los trabajadores que denuncian su despido ante los tribunales no ha dejado de reducirse en la última década. Alcanzó su máximo en 2013, en lo peor de la anterior crisis, cuando la destrucción de empleo –fijo y con mucha antigüedad, además– fue mayor, rozando los 15.000 euros –14.944,5–, se redujo a 9.583,4 euros en el atípico año de la pandemia, y ha caído hasta los 8.580,6 euros en el primer trimestre de este año. Es decir, se ha desplomado un 45,4%, por lo que se sitúa en casi la mitad que hace siete años.
Da igual que la indemnización por despido la haya fijado el juez en una sentencia o que se haya negociado en la conciliación previa entre las partes, el abaratamiento es similar: la cuantía media por trabajador ha descendido un 44,6%, si éste concilió con la empresa y evitó el juicio, y un 36,9% para los casos en que hubo fallo judicial. Otro tanto ha ocurrido también con las cuantías concedidas por los jueces cuando los trabajadores reclamaron cantidades adeudadas por las empresas. La reducción equivale a un 35% desde 2013, el año negro del empleo.
En 2013 fue también cuando más indemnizaciones por despido pagaron en conjunto las empresas a los trabajadores que las demandaron. Un total de 1.445,3 millones de euros. En 2020 no llegaron a 753,4 millones, un 47,8% menos. En el primer trimestre de este año se han concedido compensaciones por importe de 242,1 millones de euros.
Además, la caída de la indemnización media se produce pese a que el número de despidos que terminan en los tribunales ha crecido con la pandemia. Desde octubre de 2020 la cifra supera los 40.000 trimestrales, que no se veían desde el primer trimestre de 2014 –40.102–. En los últimos tres meses de 2020 los despidos judicializados alcanzaron los 42.635 y en el comienzo de 2021 son ya 41.087.
En cualquier caso, los trabajadores que terminan llevando a sus empresas ante el juez son muy pocos. En 2020 llegaron a 115.575, lo que representa sólo el 6,24% de los aproximadamente 1,85 millones de asalariados que perdieron su empleo ese año, de acuerdo con la estadística de altas iniciales en la prestación por desempleo del Ministerio de Trabajo, una cifra que incluye a 1,35 millones con contrato temporal. En los tres primeros meses de 2021, los despidos –incluidas finalizaciones de contratos temporales– suman 402.626, de los que han acabado ante el juez 31.628, el 7,8%.
Otra razón que explica la caída de las indemnizaciones descansa en la menor antigüedad de los despedidos. Sus contratos fijos son cada vez menos seguros. Según los cálculos de CCOO, el 31% de los contratos indefinidos firmados en 2019 no consiguió superar el año de vida. Antes de la reforma laboral, eran más del 80% los que sobrevivían a esa barrera temporal mínima.
Así se rebajaron las indemnizaciones
No obstante, la principal causa de la rebaja de las indemnizaciones está en los cambios introducidos en las reformas de 2010 y 2012. En la primera, se amplió el contrato de fomento del empleo, que en caso de despido improcedente daba derecho a una indemnización de 33 días por año trabajado, a diferentes tipos de trabajadores hasta ese momento excluidos de esta figura –trabajadores con más de tres meses en el paro, desempleados de entre 31 y 44 años que tuvieran un contrato fijo, contratados temporales a quienes la empresa quisiera hacer fijos–. Es decir, se redujo el número de despedidos que hasta ese momento habrían sido compensados con los 45 días en que estaba tasado el despido improcedente. Además, el despido objetivo por causas económicas se rebajó también de 45 días a 20, en los que las empresas podían alegar no sólo pérdidas actuales sino también las “previstas” e incluso una “disminución persistente del nivel de ingresos”.
En la reforma de 2012 la rebaja se extendió, al desaparecer la indemnización de 45 días por año trabajado con un tope equivalente a 42 mensualidades para todos los despidos improcedentes, que pasó a ser de 33 días con un máximo de 24 mensualidades. El despido objetivo se generalizó en 20 días por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades. El añadido de otras medidas que facilitaban la extinción de los contratos también abundó en el abaratamiento final para las empresas de esta medida quirúrgica: se eliminó la necesidad de la autorización administrativa para ejecutar en Expediente de Regulación de Empleo (ERE), se redujo la capacidad de negociación con los sindicatos –la empresa puede despedir con 20 días si no hay acuerdo con el comité–, y se permitió despedir con 20 días de indemnización a los trabajadores que rechacen una modificación sustancial de sus condiciones laborales –jornada, sueldo– o no quieran un traslado, por ejemplo.
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El argumento en el que se apoya este abaratamiento del despido no es otro que reducir el “miedo” del empresario a firmar contratos indefinidos. Sin embargo, una década después, el porcentaje de contratos fijos que registra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sigue inalterable en menos del 10% cada mes. Y la temporalidad del empleo en España, un 26,3%, permanece encaramada en lo alto del podio comunitario, como la segunda más elevada sólo por debajo de Polonia.
Diferencias territoriales
La estadística del Ministerio de Empleo también incluye las cuantías medias de las indemnizaciones por despido otorgadas en cada comunidad autónoma. En 2020, las compensaciones más bajas correspondieron a Andalucía, con 8.145,5 euros de media, seguida de Canarias –8.554,3– y Baleares –8.667,3–. Las más generosas, en cambio, fueron concedidas en Navarra –14.099,9 euros–, en Cantabria –13.168,2– y en Castilla y León –12.430,6–, por encima de Madrid –11.632–, Cataluña –11.972,5–, y País Vasco –11.664,4–, todas ellas con sueldos más elevados que las anteriores. Así, la cuantía media para los despedidos en Navarra supera en un 73% la conseguida por los trabajadores que demandaron en Andalucía.
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