Las administraciones públicas contrataron servicios en 2011 por importe de 10.240 millones de euros. Es el último año del que ofrece datos el Ministerio de Hacienda. Tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas y los ayuntamientos firmaron entonces 35.709 contratos con empresas privadas para que estas realizaran todo tipo de tareas, desde limpieza y mantenimiento de inmuebles hasta asesoramiento técnico especializado. Externalizar servicios y actividades se ha convertido en una política cada más habitual, se supone que en aras de la reducción de costes y de una mayor eficacia.
Sin embargo, la crisis económica primero, y el recorte feroz del gasto público después, han cambiado en poco tiempo un paisaje en el que medraban felices un buen número de empresas a la caza de la licitación oportuna. Las administraciones empezaron a pagar tarde y mal. O a no pagar.
Muchas de estas empresas tenían su principal o incluso única fuente de negocio en los concursos públicos a los que se presentaban en cuantas más comunidades autónomas, ayuntamientos o ministerios mejor. Endeudadas primero con los bancos, después con Hacienda, con la Seguridad Social, con los proveedores, dejan de pagar a sus empleados. Estos trabajan para la Administración, en dependencias públicas, junto a funcionarios. Pero a veces ni siquiera conocen a sus jefes o tienen escaso contacto con la empresa que los contrató y que debería abonarles las nóminas.
Si los impagos se acumulan y deciden abandonar la empresa, se quedan sin derecho a percibir la prestación por desempleo. Si se quedan, trabajan sin cobrar y sin ninguna garantía de recuperar lo adeudado o de conservar el puesto. Reclaman a una empresa ausente que culpa a la Administración. Reclaman a la Administración y esta se desentiende: “No somos el empresario, no es nuestra responsabilidad”.
Sin embargo, el Estatuto de Trabajadores deja claro que el “empresario principal”, en este caso, la Administración, debe “responder solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los contratistas y los subcontratistas con sus trabajadores durante el año siguiente a la finalización del encargo”.
El Estatuto también reconoce al trabajador el derecho a pedir la extinción de su contrato cuando el empresario deje de pagarle. Pero debe demandarle en los tribunales para conseguir que se le indemnice como si hubiera sido un despido improcedente: 33 días por año trabajado. Un paso que requiere, más que valor, paciencia: con la actual saturación de los Juzgados de lo Social, sólo la fijación de una fecha para la vista oral puede demorarse hasta un año, como ya está ocurriendo en Madrid.
Demanda contra el Ministerio del Interior
Los trabajadores de la constructora valenciana Arción optaron por demandar en la Audiencia Nacional no sólo a su empresa, sino también al Ministerio del Interior, que la había contratado para limpiar y conservar las comisarías de la Policía Nacional de casi toda España. Cuando fueron despedidos, el pasado mes de julio, llevaban cinco meses sin cobrar. No fueron los únicos. Arción tampoco pagaba a quienes se encargaban del mantenimiento de los parques de bomberos de Madrid, de la limpieza de las casas cuartel de la Guardia Civil en Murcia, del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Vigo, de la Tesorería General de la Seguridad Social en Madrid, de la Consejería de Presidencia de Castilla-La Mancha… todos ellos servicios adjudicados a la constructora, que declaró el concurso de acreedores el pasado mes de agosto.
Arción justifica los impagos en la morosidad de las administraciones. En concreto, aseguraba que Interior dejó de abonarle facturas en diciembre de 2012. En marzo ya no pagaba las nóminas a los operarios de las comisarías. Fuentes de la Policía, por el contrario, aseguran que sólo cesó en los paros a la constructora cuando esta dejó de prestar el servicio, según se estipula en el contrato de adjudicación. En cualquier caso, los trabajadores se quejan de que la empresa ha estado poco menos que “desaparecida” desde que consiguió la adjudicación, en 2010: no suministraba materiales ni herramientas, no pagaba a proveedores, carecía de oficinas en las provincias donde obtenía concursos, no había contacto alguno con sus responsables.
Cesión ilegal
De hecho, los operarios que se ocupaban de las instalaciones de la Jefatura de la Policía Nacional en Galicia denunciaron en junio a Arción y al Ministerio del Interior ante la Inspección de Trabajo por cesión ilegal de trabajadores, una infracción administrativa muy grave penada con una sanción de hasta 100.000 euros. La cesión ilegal se produce cuando la empresa adjudicataria se comporta como una empresa de trabajo temporal (ETT) encubierta: firma un contrato de servicios con la empresa principal, en esto caso la Administración, pero lo único que hace es cederle trabajadores y pagar las nóminas; quienes organizan el trabajo, los horarios y hasta las vacaciones son los funcionarios. En el caso de las comisarías gallegas, los trabajadores denunciaron que hasta las hormigoneras se las proporcionaban los funcionarios de policía y eran estos quienes les entregaban dinero en metálico para comprar los materiales con que hacer las reparaciones.
Finalmente, y tras varios apercibimientos, Interior rescindió los contratos con ArciónInterior rescindió los contratos con Arción. Lo que no significa que hayan acabado los problemas para estos trabajadores. El servicio ha vuelto a salir a concurso pero, a diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores –cada dos años el ministerio licita el mantenimiento de las comisarías– el pliego de condiciones no incluye la subrogación de la plantilla. Es decir, la próxima adjudicataria no tendrá la obligación de contratar a estos trabajadores. Muchos de ellos llevan más de una década reparando las comisarías, aunque con una empresa distinta cada par de años. En resumen, les adeudan cinco nóminas, la empresa les ha mandado al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que tarda más de un año en tramitar expedientes, y se han quedado en el paro.
De la alta tecnología al 'call center'
Novasoft, que en 2011 presumía de ser una de las 20 primeras empresas tecnológicas del país, decidió dedicarse también a los servicios de atención telefónica. Así, se hizo con los contratos para gestionar el 112 en varias provincias andaluzas, la cita por teléfono del Servicio de Empleo Andaluz, o el 061 de Aragón y también el de Ceuta. También comenzó a expandirse por Chile, México, Panamá, Uruguay, Brasil y Argentina. Y a dedicarse a la educación privada, con una red de escuelas infantiles y colegios privados en Andalucía. Su presidente, Francisco Barrionuevo, está imputado en el caso Invercaria, la supuesta concesión discrecional de préstamos por parte de esa sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía.
En el caso de los call center adjudicados, bien a solicitud de la propia empresa, bien por decisión de la comunidad autónoma correspondiente, los contratos han sido rescindidos, después de acumular hasta cinco meses de deuda salarial con sus trabajadores. Tanto en Ceuta como en Andalucía, la Administración dice estar al corriente de pagos con Novasoft, que llegó a tener una plantilla de 1.100 empleados en 2010. En estos dos casos los contratos de estos trabajadores han sido subrogados por las nuevas adjudicatarias de los servicios.
Cobradores que no cobran
Pero aún mantiene un frente abierto en Castilla-La Mancha, donde 37 personas se encargan de gestionar para la Consejería de Fomento el cobro de los alquileres de las viviendas de protección oficial (VPO) y llevan tres meses sin cobrar. Mientras Novasoft dice que la Junta de Castilla-La Mancha le debe aún 445.000 euros, un portavoz de su Consejería de Fomento respondió a infoLibre que se encuentra al día de los pagos con la empresa malagueña. Estos trabajadores recaudan cada año para la Junta un millón de euros. Quizá por ese motivo el Gobierno autonómico alega que los incumplimientos laborales de Novasoft no son un motivo para resolver el contrato con ella “porque, a diferencia de las obligaciones con la Seguridad Social, no figuran en la adjudicación”.
La quiebra de empresas en España aumentó un 20% en 2013
Tras convocar una huelga, la empresa se comprometió la pasada semana a ingresar las nóminas. Los trabajadores se quejan de que siempre han cobrado con retraso, lo mismo que cobraba tarde Novasoft de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. También aseguran que Novasoft tiene un embargo de Hacienda por importe de 200.000 euros. La historia que cuentan se parece mucho a las anteriores: oficinas –tienen cinco, una por provincia– que funcionan sin director, falta de medidas de seguridad básicas pese a que manejan grandes cantidades de dinero, se quedaron sin ADSL por falta de pago, por lo que no podían prestar el servicio, la Administración se desentiende…
Ni Arción ni Novasoft han atendido las peticiones de infoLibre para que explicaran su situación.
Más casos. Los 56 empleados de mantenimiento del mobiliario urbano, subrogados desde hace una veintena de años según iban sucediéndose los contratos del Ayuntamiento de Madrid, se han quedado en la calle al rechazar la nueva adjudicataria asumir la plantilla. El centenar de trabajadoras de STI, subcontratada por la Junta de Andalucía para administrar 139 centros de Educación Infantil y Primaria y que dejó de pagar el pasado noviembre. Los vigilantes de los hospitales de la Generalitat Valenciana, algunos con seis meses sin nómina. Atrapados entre una administración indiferente, una empresa incumplidora y una ley que no acierta a protegerles.
Las administraciones públicas contrataron servicios en 2011 por importe de 10.240 millones de euros. Es el último año del que ofrece datos el Ministerio de Hacienda. Tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas y los ayuntamientos firmaron entonces 35.709 contratos con empresas privadas para que estas realizaran todo tipo de tareas, desde limpieza y mantenimiento de inmuebles hasta asesoramiento técnico especializado. Externalizar servicios y actividades se ha convertido en una política cada más habitual, se supone que en aras de la reducción de costes y de una mayor eficacia.