El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha requerido a 41.200 empresas para que devuelvan las bonificaciones de las que se beneficiaron en el pago de cuotas a la Seguridad Social por formar a sus trabajadores. Tras cruzar la vida laboral de estos empleados/alumnos con los datos que de ellos posee la Seguridad Social, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae, la antigua Fundación Tripartita), encontró irregularidades en 68.910 empresas, a las que en enero reclamaba un total de 31,25 millones de euros por esas subvenciones de cuotas indebidamente aplicadas en 2015. Cuatro meses después, el pasado mayo, el Ministerio de Empleo remitió al senador de Podemos Óscar Guardingo Martínez el listado de las empresas a las que se les reclama la devolución de las bonificaciones. En una respuesta escrita, se incluyen los nombres de esas 41.200 empresas, entre las que figuran algunas de las principales compañías del país: Mercadona, Inditex, Ikea, Vodafone, Mapfre, Telefónica, Renault o ING, por ejemplo.
Las afectadas que en enero recibieron el resultado de “no conforme” pudieron presentar alegaciones, pues no siempre se trata de ilegalidades. De hecho, la CEOE asegura que en el 25% de los casos se trata de “meras cuestiones formales”, de errores que se subsanan. De ahí, la variación en el número de empresas del primer listado al segundo. La ley establece que sólo pueden participar en estos cursos asalariados que coticen en concepto de formación profesional –es con esta cuota, el 0,7% de la nómina, con lo que se financian–. De los 2,37 millones de trabajadores inscritos para formarse con cargo a sus empresas, 30.035, el 1,27%, incumplían este requisito básico, según el informe elaborado en enero por la Fundae. La mayoría –11.229– figuraban en una empresa distinta a la comunicada a la fundación, otros cobraban prestaciones de desempleo, no estaban dados de alta en la Seguridad Social, e incluso 4.727 eran en realidad autónomos.
Mientras la patronal defiende que la formación bonificada es la que mejor funciona, porque nadie mejor que las propias empresas conocen sus necesidades, los sindicatos sitúan el grueso del fraude en las empresas más pequeñas y en las llamadas “entidades organizadoras”, consultoras de formación que también ayudan a las pymes a gestionar sus créditos. El 61,5% de las empresas que optaron en 2015 por este tipo de cursos tenían menos de cinco trabajadores. Pese a que la mayoría de las empresas del listado remitido por Empleo son, en efecto, sociedades limitadas, también aparecen algunas de las mayores compañías de la economía nacional. Así, a las ya citadas, se les añaden Repsol y Unión Fenosa entre las energéticas; grandes del automóvil como Peugeot, Volvo, Scania, Man, Mercedes Benz, Nissan y Volkswagen; las mayores constructoras, Ferrovial, ACS, Acciona, FCC, e Ibercaja, Bankinter, Cofidis y BNP Paribas en el sector financiero.
Clubes de fútbol, 'El Mundo', Aguirre Newman
Llama la atención también la profusión de clubes de fútbol. Empleo reclama dinero al FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Getafe, el Rayo Vallecano, el Villarreal y el Éibar entre los de Primera División. Entre los de Segunda, a la Unión Deportiva Almería y al Huesca. Incluso la Liga Nacional de Fútbol Profesional, y la Sociedad Española de Fútbol Profesional, que también preside Javier Tebas, tendrán que devolver las bonificaciones indebidamente aplicadas a las cuotas de sus trabajadores. El Joventut de Badalona de baloncesto figura igualmente en el listado remitido por Empleo.
Los mayores grupos de comunicación deberán igualmente ajustar cuentas por los cursos de formación que impartieron a sus empleados en 2015. Atresmedia –Antena 3, La Sexta, Onda Cero–; Comeresa Prensa, la sociedad instrumental encargada de tecnología, producción y sistemas del grupo Vocento –Abc, El Correo Español, El Norte de Castilla–, Unidad Editorial –El Mundo, Marca, Expansión– y Ecoprensa, que edita El Economista, aparecen en la lista de empresas. Como también dos periódicos del grupo Prensa Ibérica, Faro de Vigo y La Provincia, Diario de Ibiza, Última Hora, Diario de Navarra y el digital Vozpopuli.
Las farmacéuticas Grifols, Novartis y Boehringer Ingelheim, se suman a otras compañías como Deoleo –líder mundial en aceite de oliva–, la cementera Cemex Latam, la ingeniera Carbures, Bridgestone –neumáticos–, las tecnológicas Samsung y Ericsson, Gamesa, marcas de consumo como Freixenet, Segura Viudas, Bimbo y Panrico, Swarovski, Tous, Naturhouse, la inmobiliaria Aguirre Newman…
De la seguridad 'low cost' a los VTC y la ONCE
Además de a dos de las firmas de Miguel Ángel Ramírez, empresario canario de la seguridad privada low cost, Seguridad Integral Canaria, Ralons y Marsegur, a la líder del sector Prosegur le reclama Empleo que devuelva bonificaciones indebidamente aplicadas. O, con una actividad mucho más sofisticada, a la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid, a Bolsas y Mercados Españoles (BME) e incluso a AIAF Mercado de Renta Fija y a Iberclear, la empresa que registra compensa y liquida los valores que cotizan en los mercados.
Ares Capital, la empresa que mayor número de licencias de VTC –la competencia de los taxistas– posee en España, también ha sido requerida por Empleo. Es el caso igualmente de Ilunión, empresa de la ONCE para insertar personas con discapacidad. Y de las sociedades de estiba y desestiba de los puertos de Cádiz, La Luz, Gijón, Sevilla y Tarragona.
Aparte de las empresas, pidieron descuentos para formar a sus plantillas pero no los aplicaron correctamente organizaciones como Greenpeace, la catalana Òmnium Cultural y Cáritas Diocesana u órdenes religiosas como los Legionarios de Cristo. El PACMA (Partido Animalista) figura en la lista al lado de colegios profesionales como los de economistas, veterinarios, marinos mercantes o censores de cuentas.
Finalmente, organizaciones empresariales locales y provincial han tenido el mismo problema que Unespa –la patronal del seguro–, el Gremio de Editores de Cataluña, la UGT catalana y la de Aragón o CCOO en Murcia y La Mancha. Varias cámaras de comercio, denominaciones de origen y cofradías de pescadores aparecen en el listado, pero también la Autoridad Portuaria de Marín y Pontevedra, y el Ente Público Portos de Galicia. O sociedades municipales como la EMT –autobuses de Madrid–, la de Vivienda de Gijón y el Metro de Bilbao.
Las cotizaciones que pagan las empresas no han dejado de bajar desde los años 80 y se sitúan por debajo de la media europea
Cada vez menos empresas interesadas
En 2015 un total de 372.337 empresas obtuvieron descuentos en sus cotizaciones a la Seguridad Social por la formación que querían impartir a sus empleados. En 2016 los han solicitado sólo 368.418 empresas, lo que supone un descenso del 21,8% desde 2014. Sólo los Permisos Individuales de Formación (PIF), que la empresa autoriza y paga a los trabajadores que quieren hacer un curso, sufrió un desplome del 42,5% entre 2015 y 2016.
La CEOE culpa de la caída del interés de las empresas por este tipo de formación a la reforma de 2015, que ha aumentado la inseguridad jurídica y los controles burocráticos, además de extender la exigencia de cofinanciación a las pymes de menos de 10 trabajadores: ahora deben aportar el 5% del coste. Antes sólo se requería un 10% a las empresas de entre 10 y 49 trabajadores, el 20% a las de 50 a 249 empleados y el 40% a las que sobrepasaban esa plantilla.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha requerido a 41.200 empresas para que devuelvan las bonificaciones de las que se beneficiaron en el pago de cuotas a la Seguridad Social por formar a sus trabajadores. Tras cruzar la vida laboral de estos empleados/alumnos con los datos que de ellos posee la Seguridad Social, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae, la antigua Fundación Tripartita), encontró irregularidades en 68.910 empresas, a las que en enero reclamaba un total de 31,25 millones de euros por esas subvenciones de cuotas indebidamente aplicadas en 2015. Cuatro meses después, el pasado mayo, el Ministerio de Empleo remitió al senador de Podemos Óscar Guardingo Martínez el listado de las empresas a las que se les reclama la devolución de las bonificaciones. En una respuesta escrita, se incluyen los nombres de esas 41.200 empresas, entre las que figuran algunas de las principales compañías del país: Mercadona, Inditex, Ikea, Vodafone, Mapfre, Telefónica, Renault o ING, por ejemplo.