La guerra en Ucrania ha trastocado planes políticos, previsiones económicas e incluso ha obligado a los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, a cambiar el enfoque del Primero de Mayo, la fiesta del trabajo. Hace sólo unos meses el planteamiento era muy distinto, como reconoció el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cuando presentó este lunes las más de 60 manifestaciones que se han convocado en toda España. La reforma laboral recién aprobada estaba dando sus primeros frutos disparando los contratos indefinidos, el empleo se recuperaba a buen ritmo, las pensiones subían de nuevo con la inflación, el salario mínimo alcanzaba los 1.000 euros… Pero las perturbaciones económicas de la invasión rusa han forzado las costuras, débiles, de la reactivación poscovid. Y forzado a los sindicatos a pelear contra la inflación que amenaza los salarios y la negociación colectiva de este año y los próximos. Sin dejar de mirar por el rabillo del ojo cómo puede afectar la economía de guerra a un elemento tan frágil como el empleo.
“La solución: subir salarios, contener precios, más igualdad” es el lema para este Primero de Mayo que se celebrará con un 8,4% de inflación, casi un punto y medio menos que hace un mes pero, aun así, en alturas inéditas desde los años 80, y con una pérdida de 100.000 empleos de enero a marzo, un primer aviso del daño que la guerra puede hacer a un mercado laboral en principio muy alejado del campo de batalla. La economía sólo ha crecido tres décimas en el comienzo del año porque el consumo de los hogares se ha contraído un 3,7%. El Gobierno ha pegado un tijeretazo de casi tres puntos a su previsión de crecimiento, que era del 7% en los Presupuestos de 2022 y ahora se queda en el 4,3%.
Así que el Primero de Mayo será este año de “celebración y orgullo por lo conseguido”, pero también un ejercicio para consolidarlo con el mayor consenso político posible, apuntó Álvarez, y para presionar en busca de un acuerdo con la patronal que garantice el poder adquisitivo de los salarios. “Los sindicatos ya hemos dado el paso: de pedir una mejora de las retribuciones a pedir mantenerlas”, explicó el dirigente ugetista. Pero de ahí no se mueven. “No vamos a transigir con un escenario en que se contengan los precios de la energía, la inflación se frene en la segunda mitad del año, las empresas ahorren costes tras haber subido los precios, que no van a bajar en la misma proporción, y esa mejora de márgenes empresariales no se traslade a los salarios”, advirtió el secretario general de CCOO, Unai Sordo. “No vamos a permitir que los salarios vuelvan a pagar el pato”, zanjó, en referencia a la devaluación salarial sufrida tras la crisis financiera y la reforma laboral de 2012. Las nóminas sostienen el consumo, y el consumo sostiene el crecimiento de la economía. Es la base del argumento sindical.
Enfrente tienen a la CEOE, con la que en enero comenzaron a negociar el acuerdo salarial marco para los próximos tres años. La mesa se encuentra bloqueada desde antes de Semana Santa, según reconocen sus participantes, por culpa de la inflación. Los empresarios temen por sus márgenes en medio de una incertidumbre que ha pasado del covid a la guerra, y los sindicatos temen por los salarios, que querían recuperar al tiempo que lo hacían la economía y el empleo. La CEOE habla de espiral de precios, de inflación de segunda ronda –cuando ésta se traslada a los sueldos y el mayor consumo induce a nuevas subidas de precios–, mientras CCOO y UGT recuerdan que los precios desbocados dañan sobre todo a las familias más vulnerables y que entre 2010 y 2020 los salarios han perdido ocho puntos de poder adquisitivo; es decir, sin contar con el 6,5% en que terminó 2021 ni el 8,4% en que se sitúa ahora la inflación.
Escenario ordenado o con conflictividad social
Por ese motivo, los sindicatos quieren recuperar la figura de las cláusulas de revisión salarial, que permiten igualar los sueldos a la inflación final del año si la subida inicial pactada para las retribuciones queda por debajo del alza de los precios en diciembre. Sólo el 15,8% de los convenios cuentan con una de estas cláusulas, lejos del 34,1% que la incluían en 2011. Pero la patronal no quiere ni oír hablar de ellas. Su presidente, Antonio Garamendi, asegura que las empresas están “asfixiadas” porque no pueden trasladar la inflación a los precios y se están comiendo el aumento de los costes, por lo que no pueden asumir una subida salarial en la misma medida. Para este año, el que se prevé más inflacionista, la CEOE ofrece un alza de retribuciones del 3,5%. A los sindicatos les parece bien ese número, pero con revisión al final del año.
De modo que CCOO y UGT ya han advertido de que van a “tensionar” la negociación de los convenios colectivos en los sectores y en las empresas, pidiendo en esas mesas las subidas que la CEOE rechaza en el acuerdo marco de salarios. “La patronal tiene que plantearse si prefiere un escenario medianamente ordenado ahora o uno crecientemente desordenado a posteriori con conflictividad social y una negociación colectiva polarizada”, expuso Unai Sordo. Pepe Álvarez aseguró que UGT no tiene ninguna prisa por firmar los convenios colectivos, puesto que en los sectores con mayor implantación sindical no le va a resultar difícil conseguir acuerdos. De hecho, en lo que va de año los sindicatos ya han cerrado algunos con importantes subidas salariales o con alzas ligadas al IPC.
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Sordo recordó, además, que en 2017 se vivió una situación parecida. Ese año no se pudo llegar a un acuerdo e hicieron falta meses de negociaciones para llegar al que finalmente se firmó en julio de 2018 con una subida del 2% fijo más un 1% variable y un salario mínimo de convenio de 1.000 euros.
El “unicornio azul” del pacto de rentas
Los sindicatos se esfuerzan mucho en distinguir este acuerdo de negociación colectiva, que haría el quinto desde 2010, del pacto de rentas que promociona el Gobierno. “Ni está ni se le espera”, resumió Sordo. El Ejecutivo, primer interesado en ese pacto, no ha puesto aún encima de la mesa, explicó el dirigente de CCOO, “los mimbres” para hacer ese cesto. “Sólo hemos visto el titular”, abundó Pepe Álvarez, de la primera y única reunión que el Ejecutivo ha mantenido con sindicatos y patronal sobre este asunto. Esos mimbres son, precisan los sindicatos, no sólo un acuerdo sobre salarios, sino también medidas fiscales y de protección social para los ciudadanos más expuestos a las subidas de precios. “Debe explicar cómo se va a obligar a las empresas a cumplir con ese pacto de rentas, cómo se van a limitar sus beneficios y la retribución de los accionistas, a través del impuesto sobre sociedades y otras medidas”, sostuvo Unai Sordo. Porque, de lo contrario, el pacto de rentas será sólo, resaltó, un “unicornio azul”.
Pese a que la inflación oficia de elefante en la sala de las negociaciones entre sindicatos y patronal, quedan aún en el tintero sindical reivindicaciones pendientes de ser atendidas que siguen en la agenda. Pepe Álvarez recordó que el salario mínimo debe alcanzar el 60% del salario medio al final de la legislatura, tal y como se comprometió el Gobierno. “Y el salario medio va a subir también por la inflación”, apuntó. Añadió a la lista la reducción del tiempo de trabajo, cuando la semana laboral de cuatro días se encuentra aún en fase experimental en algunas empresas y países. Y, finalmente, aludió a la “gran reforma laboral” necesaria para conseguir “un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI”. Porque la reforma recién aprobada sólo afectó a los “aspectos más lesivos” de las diseñadas en 2010 y 2012, pero aún quedan algunas medidas controvertidas: el abaratamiento del despido, la autorización administrativa de los ERE, la modificación unilateral de las condiciones del contrato –salario, jornada, horario– por parte de la empresa o los descuelgues de los convenios, por ejemplo.
La guerra en Ucrania ha trastocado planes políticos, previsiones económicas e incluso ha obligado a los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, a cambiar el enfoque del Primero de Mayo, la fiesta del trabajo. Hace sólo unos meses el planteamiento era muy distinto, como reconoció el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cuando presentó este lunes las más de 60 manifestaciones que se han convocado en toda España. La reforma laboral recién aprobada estaba dando sus primeros frutos disparando los contratos indefinidos, el empleo se recuperaba a buen ritmo, las pensiones subían de nuevo con la inflación, el salario mínimo alcanzaba los 1.000 euros… Pero las perturbaciones económicas de la invasión rusa han forzado las costuras, débiles, de la reactivación poscovid. Y forzado a los sindicatos a pelear contra la inflación que amenaza los salarios y la negociación colectiva de este año y los próximos. Sin dejar de mirar por el rabillo del ojo cómo puede afectar la economía de guerra a un elemento tan frágil como el empleo.