Un juzgado de lo Social ha condenado al Ministerio del Interior a pagar 6.084 euros, de forma solidaria con su subcontrata, a un operario de mantenimiento de su comisaría en Cádiz al que esta última despidió en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
El ERE que la subcontrata presentó en junio de 2013 fue declarado nulo tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo. Cuando la empresa valenciana Arción despidió a los 136 operarios encargados del mantenimiento de las comisarías de la Policía Nacional de casi toda España éstos llevaban cuatro meses sin cobrarcuatro meses sin cobrar sus nóminas. El 1 de julio el Ministerio de Interior dio orden de no permitirles la entrada en las comisarías.
Desde entonces Arción Construcciones se encuentra en concurso de acreedores. Había acumulado unas pérdidas de 3,34 millones de euros. Era la adjudicataria de tres contratos con el Ministerio del Interior para encargarse de las obras y reparaciones en las comisarías. Uno de ellos fue resuelto y los otros dos suspendidos porque Arción no prestaba el servicio en las condiciones exigidas.
En octubre Interior volvió a adjudicar el mantenimiento de las instalaciones policiales. En el caso de Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, la Unión Temporal de Empresas Mantenimiento DGP Sur, integrada por Tecmo SA y Generaquatro, ganó el contrato, de 1,2 millones de euros y presta desde entonces el servicio.
Una vez resuelta por el Supremo, con sentencia firme, la nulidad del despido colectivo ejecutado por Arción, las demandas individuales interpuestas por los trabajadores están siendo dilucidadas por los juzgados de lo Social. La del número 2 de Cádiz ha sido la primera sentencia que aplica el fallo del TS. Así, declara la nulidad del despido de dos operarios de las comisarías de la Policía Nacional en Cádiz y ordena a la UTE Mantenimiento DGP Sur, la nueva subcontrata, a readmitirlos.
Además, el juez ordena tanto a Arción, como a la UTE y al Ministerio del Interior que abone a ambos trabajadores los salarios que dejaron de cobrar desde que fueron despedidos. La empresa valenciana deberá pagar a sus dos extrabajadores 13.307 euros por este concepto. Mantenimiento DGP Sur, 35.768 euros. En Andalucía y Extremadura, un total de 21 antiguos operarios de Arción han presentado demandas, por lo que la UTE debería pagar 1,4 millones de euros si las pierde, según alegó en el juicio. En el caso de Arción, al encontrarse en concurso de acreedores, será el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el encargado de pagar a los salarios debidos. En cualquier caso, la sentencia no es firme y tanto la UTE como Interior pueden recurrirla.
Obligada por el convenio provincial
En su día, la Audiencia Nacional rechazó que el Ministerio del Interior fuera el “empleador” de los operarios subcontratados. La relación laboral, aseguraba la sentencia, se mantuvo con la empresa, y no con el ministerio, precisamente lo que defendían los trabajadores despedidos en su demanda. Éstos alegaban que fue Interior, y no la empresa, la que los despidió.
Sin embargo, el Juzgado de lo Social de Cádiz hace pagar al ministerio los salarios que dejó de percibir uno de los operarios durante el tiempo, de julio a octubre de 2013, en que ese departamento tuvo que encargarse de las tareas de mantenimiento de las comisarías “por sí mismo o por terceras empresas”. Es decir, entre la fecha en que rescindió el contrato con Arción y adjudicó el nuevo concurso a la UTE. Esa actividad “indispensable y continuada” es, según el juez, “inseparable” de la propia actividad del ministerio. El artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores establece que el “empresario principal” –en este caso, Interior– deberá responder solidariamente de las “obligaciones de naturaleza salarial contraídas por sus contratistas y subcontratistas durante el año siguiente a la finalización del contrato”.
Ochenta demandas de readmisión
Arción se hizo con el mantenimiento de las comisarías de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares y Murcia. También se encargaba de estas tareas en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Vigo, la Guardia Civil de Tráfico de Murcia, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y los parques de bomberos de Madrid.
Los trabajadores de esta subcontrata llevaban más de una decena de años haciendo el mismo trabajo en las comisarías aunque cambiando de empresa en empresa, según iban cambiando las adjudicatarias. Ahora, al menos 80 de ellos han reclamado ya su readmisión en las nuevas concesionarias de Interior.
Aunque los operarios de Alicante, Almería, Baleares, Castellón, Granada, Jaén, Málaga, Murcia y Valencia tendrán que esperar al próximo mes de julio, cuando el ministerio lleve a cabo una nueva licitación: el pasado mes de septiembre la anterior adjudicataria, la UTE formada por Telecso y Electrotecnia Monrabal resolvió su contrato con Interior. La sentencia del juzgado gaditano entiende que la UTE Mantenimiento DGP Sur está obligada a contratar a los operarios despedidos por Arción porque así la obliga el convenio colectivo del metal de la provincia de Cádiz para pymes, aunque el pliego de condiciones del concurso no incluyera la subrogación.
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Ni documentación ni negociación ordenada
La Audiencia Nacional anuló el despido colectivo en Arción porque no aportó la documentación necesaria a los representantes de los trabajadores durante la negociación del ERE. También porque hubo hasta siete comisiones negociadoras, repartidas por los diferentes territorios donde Arción tenía adjudicaciones, en lugar de una sola.
Además, a tenor de los hechos que expone la sentencia, el periodo de consultas fue de todo menos ordenado. Sólo en Valencia y Sevilla contaban los trabajadores con delegados sindicales. La empresa hizo “ofrecimientos distintos en unos lugares y en otros”. Mientras en la Comunidad Valencia, Galicia, Asturias y Toledo se propuso una suspensión temporal de contratos, en el resto sólo se plantearon despidos. Y se ofrecieron diferentes cuantías indemnizatorias en los 30 centros de trabajo.
Un juzgado de lo Social ha condenado al Ministerio del Interior a pagar 6.084 euros, de forma solidaria con su subcontrata, a un operario de mantenimiento de su comisaría en Cádiz al que esta última despidió en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).