El Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid investiga por malversación de caudales públicos y cohecho privado a tres directivos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Se trata del subdirector de Ingeniería, Jerónimo Vivas Marabel; el jefe de Mantenimiento, Jesús Hualde Peñaranda, y el exjefe del servicio de Obras José Luis Fernández González. El juez Juan Antonio Toro Peña ha decidido abrir diligencias previas por las obras de reforma integral de la Unida de Cuidados Intensivos (UCI), que se llevaron a cabo en agosto de 2015 y costaron 442.501 euros.
La investigación se deriva de un procedimiento previo abierto en ese mismo juzgado el pasado noviembre, una denuncia por el robo de correos electrónicos a la jefa de Obras, Myriam de la Puente Maroto. En ese caso, el juez actúa contra los tres antes citados por “uso arbitrario del propio derecho”.
Según publicó entonces infoLibre, esos correos se encontraban en una cuenta personal de un ordenador que no era propiedad del hospital. El PC fue retirado por los informáticos del hospital de la mesa de la jefa de Obras durante cinco días. Cuando le fue devuelto, De la Puente comprobó que habían desaparecido una serie de correos que probaban los problemas de relación de la trabajadora con sus jefes. El supuesto robo se produjo en mayo de 2016, cuando el hospital abrió unas diligencias previas informativas tras denunciar la jefa de Obras las tensiones sufridas en el departamento. Después de prestar declaración las partes implicadas, la dirección del centro archivó el expediente.
La denuncia coincidió también con un escrito que uno de los investigados, Jesús Hualde, y dos técnicos más del departamento –la jefa de Obras y José Luis Cantarero Ruiz–, presentaron en el Registro de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En él denunciaban diferentes irregularidades en la gestión del subdirector de Ingeniería, Jerónimo Vivas, ahora investigado por las obras de la UCI. En concreto, sus subordinados aseguraban que Vivas encargaba obras sin contrato previo ni presupuesto y retenía facturas “por cientos de miles de euros” a contratistas y proveedores “por motivos desconocidos”. También revelaban que el subdirector “margina a los técnicos” y que éstos sufren “persecuciones personales directas e injustificadas”.
En el caso de la reforma integral de la UCI, las fuentes consultadas por este periódico indican que las obras se efectuaron en agosto de 2015, pero los contratos para ejecutarlas, fraccionados, no se formalizaron hasta octubre. La Ley de Contratos del Sector Público prohíbe trocear un contrato para disminuir su cuantía “y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”. Para los contratos de obras, el límite legal que impide adjudicarlos sin concurso son 50.000 euros. Según hizo público en su día el hospital, la reforma de la UCI permitió “incorporar los máximos avances científicos”, aumentar el número de camas, e instalar “un sistema de gases anestésicos y un servicio de hilo musical”.
Los dos últimos gerentes declaran como investigados
Como parte del procedimiento inicial sobre el robo de los correos, el juez Toro Peña llamó a declarar como investigados a la gerente del hospital, María Codesido, y a la directora de Gestión y Servicios Generales, Carmen Oñate, así como a sus antecesores: Ricardo Herranz Quintana y Francisco Javier Cortés Urbán. Codesido fue nombrada para el cargo en diciembre de 2015 y las obras de la UCI se realizaron cuatro meses antes, con los anteriores gestores al mando. Este lunes fue destituida por la Consejería de Sanidad, que ha alegado “pérdida de confianza”. El pasado jueves dimitió el jefe de la UCI pediátrica del hospital, en protesta por la falta de camas. Y el pasado mes de octubre, el comité de empresa ya reclamó el relevo de Codesido, tras llevar a cabo una recogida de firmas. Culpaba a la gerente de la falta de recursos humanos y materiales en el Gregorio Marañón.
Además, el juez solicitó al hospital la licencia y los contratos de la reforma en cuestión, la memoria de la obra, y las facturas y los pagos realizados a Juan Carlos Bueno Caballero, el arquitecto técnico que firmó este proyecto. Según la información a la que ha tenido acceso infoLibre, a este profesional externo se le abonaban los trabajos con facturas mensuales que rozaban, pero nunca alcanzaban, los 18.000 euros, el límite legal para que un contrato sea considerado menor y, por tanto, pueda adjudicarse sin concurso.
Una vez practicadas estas pruebas y obtenidas las declaraciones, el juez ha decidido dividir el procedimiento en dos: por un lado el robo de los correos y, por otro, las irregularidades en los contractos del Departamento de Obras.
Preguntado por este periódico, el Hospital Gregorio Marañón se ha limitado a contestar que “colabora en todos los requerimientos del juez y atenderá cualquier petición que se le remita por parte de la justicia”. Además, dice que no tiene abierta ninguna investigación sobre los hechos denunciados por sus propios directivos, y que esperará a “la pertinente resolución por parte del juez” para “adoptar medidas”.
En lo que va de año, el hospital madrileño ha sufrido dos desprendimientos de los falsos techos. El último ocurrió el pasado 23 de abril, cuando cayó una pieza del falso techo desmontable de un pasillo situado en el edificio materno-infantil y una enfermera resultó contusionada. Pero el anterior desprendimiento, el pasado mes de enero, obligó a desalojar a los pacientes de una habitación en el área de Oncología. En la zona se estaban llevando a cabo obras de mejora.
EL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN NO RESPONDE
infoLibre envió al Hospital Gregorio Marañón un correo electrónico con las siguientes preguntas, que no ha contestado, sobre la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid a sus directivos.
El titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid ha abierto una investigación al subdirector de Ingeniería, Jerónimo Vivas Marabel; el jefe de Mantenimiento, Jesús Hualde Peñaranda, y el ex jefe del servicio de Obras José Luis Fernández González, por malversación de caudales públicos y cohecho privado, por las obras de reforma de la UCI que se llevaron a cabo en agosto de 2015.
La apertura de nuevas diligencias es una pieza separada de otra investigación anterior, iniciada por el supuesto robo de unos correos electrónicos a la jefa de obras. Ese procedimiento coincidió con el envío al Registro del centro de un escrito, firmado por los implicados, todos ellos miembros del Departamento de Obras del hospital, denunciando una serie de irregularidades sobre contratos y facturas. Entre esas irregularidades se mencionaba la reforma de la UCI: se hicieron las obras en agosto, pero los contratos, fraccionados, para ejecutarlas, no fueron formalizados hasta dos meses después.
1.- ¿Cuál es el punto de vista de la dirección del centro sobre estos hechos? ¿Se hicieron, en efecto, primero las obras y después se formalizaron los contratos? ¿Fueron éstos fraccionados?
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2.- El presupuesto de la reforma de la UCI fue de 442.501 euros, según hizo público en su momento el hospital. ¿Es correcta la cifra?
3.- ¿Hay en estos momentos abierta alguna investigación en el hospital sobre la gestión de los responsables del Departamento de Obras del hospital a la vista de la investigación judicial?
4.- Con motivo de la investigación, el juez también llamó a declarar como investigados a la gerente, María Codesido, y a la directora de Gestión, Carmen Oñate, así como a sus antecesores en ambos cargos, Ricardo Herranz y Francisco Javier Cortés. Las irregularidades denunciadas se refieren no sólo a las obras de la UCI sino también a otras en las que se seguían procedimientos parecidos. ¿Está en cuestión la política de obras del Gregorio Marañón? ¿Se ha adoptado algún tipo de medidas, precauciones o sanciones a la vista de los problemas en el Departamento de Obras y entre sus profesionales?
El Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid investiga por malversación de caudales públicos y cohecho privado a tres directivos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Se trata del subdirector de Ingeniería, Jerónimo Vivas Marabel; el jefe de Mantenimiento, Jesús Hualde Peñaranda, y el exjefe del servicio de Obras José Luis Fernández González. El juez Juan Antonio Toro Peña ha decidido abrir diligencias previas por las obras de reforma integral de la Unida de Cuidados Intensivos (UCI), que se llevaron a cabo en agosto de 2015 y costaron 442.501 euros.