Los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid han determinado que la Mesa de la cámara debe admitir a trámite y calificar como pregunta para que el Gobierno regional la conteste por escrito cualquier iniciativa de este tipo que presenten los grupos parlamentarios sobre Avalmadrid. Así lo establece el informe que ha elaborado el letrado jefe de la Asamblea a petición de la Mesa –y al que ha tenido acceso infoLibre–, después de que la diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera preguntara al Gobierno madrileño el pasado 25 de julio por qué Avalmadrid había encargado un análisis forense a una empresa para investigar sólo la concesión y formalización de 167 avales ya inspeccionados por el Banco de España, excluyendo las fases de seguimiento y de recuperación de los impagados.
Ésta es sólo la última pregunta que los grupos de la oposición han hecho sobre Avalmadrid, en el centro de la polémica desde que se hicieron públicos los vínculos entre sus consejeros y directivos y las empresas que obtenían avales para pedir préstamos bancarios o presentarse a concursos de la Administración y obtener subvenciones. También otorgó trato de favor a la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Pese a que no devolvieron el préstamo que les concedió Caja España, Avalmadrid no ejecutó el aval ni embargó sus bienes para recuperar el dinero. En total, desde finales de junio se han presentado 24 preguntas en la Asamblea.
Pero no todas fueron admitidas por la Mesa de la cámara. En los casos en que sí y el Gobierno ha respondido, éste se niega a facilitar información sobre Avalmadrid, argumentando que “es una sociedad privada que no forma parte del ámbito de la Administración pública de la Comunidad de Madrid, ni está incluida en el sector público autonómico”.
Pues bien, ahora el letrado jefe de la Cámara dictamina que la pregunta de Sánchez Acera no puede ser rechazada ni por razones formales ni materiales, puesto que sólo pueden serlo las preguntas que “planteen cuestiones entera y manifiestamente ajenas a las atribuciones” de la Asamblea o cuando estén limitadas por la Constitución. Y no es el caso. Además, la Mesa quería saber qué debe hacer cuando los grupos le pregunten sobre sociedades participadas por la Comunidad de Madrid cuando esa participación no sea superior al 50%, y teniendo en cuenta también que son entidades financieras –pues están sometidas a una regulación y una supervisión específicas–. Es lo que ocurre con Avalmadrid: la aportación de la Comunidad de Madrid es ahora del 26,1% –era del 31% cuando se produjeron la mayor parte de las irregularidades denunciadas– y como sociedad de garantía recíproca tiene la consideración de entidad financiera y es supervisada por el Banco de España.
Los vínculos de Avalmadrid con la Comunidad
El informe precisa que la consulta sobre el nivel de participación y la supervisión de Avalmadrid queda “fuera de su ámbito de verificación formal y material”, pero, “en todo caso”, apunta que los “elementos subjetivos y patrimoniales que vinculan a la citada entidad con la Comunidad de Madrid […] serían suficientes, en un juicio liminar, para excluir un rechazo” de cualquier pregunta sobre la sociedad de garantías madrileña. El letrado se refiere no sólo a la aportación de capital realizado por la Comunidad de Madrid, de 16,71 millones de euros, sino también a que el hecho de quedar bajo la supervisión del Banco de España no excluye que pueda ser también objeto de inspección “por otro tipo de órganos y poderes públicos cuando resulte legalmente procedente y ejerzan potestades propias”. Como, además, la supervisión del Banco de España es administrativa, no se puede impedir “otro tipo de fiscalizaciones como la judicial o la parlamentaria”.
Finalmente, el letrado recuerda que la función de control parlamentario se centra en la “actuación, información o conocimiento” que pueda realizar o tener el Gobierno autonómico por participar en una entidad o “a través de las personas que forman parte de sus órganos de dirección por su condición de autoridades o funcionarios de la Comunidad de Madrid”.
Las 16 comisiones parlamentarias que investigaron irregularidades y tratos de favor en empresas privadas y semipúblicas
En el caso de Avalmadrid, además de su participación accionarial, la Comunidad de Madrid nombra al presidente del consejo de administración, que en la anterior legislatura era la directora general de Economía, Rosario ReyRosario Rey, como antes lo fueron, por ejemplo, los viceconsejeros de Hacienda Juan Manuel Santos-Suárez Márquez Y José María Rotellar. De los 11 consejeros de la sociedad de garantías, tres de ellos se sentaban en representación de la Comunidad de Madrid: aparte de Rosario Rey, el viceconsejero de Economía, Javier Ruiz Santiago, y el secretario general técnico de esa consejería, Antonio Luis Carrasco Reija.
La comisión de investigación, en la Mesa
La respuesta de la asesoría jurídica a la Mesa tiene doble relevancia a la espera de que el órgano de gobierno de la cámara admita y califique, previsiblemente este próximo lunes, la iniciativa de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos para crear una comisión de investigación sobre Avalmadrid. Ciudadanos ya ha anunciado que apoyará la solicitud e incluso Vox se ha mostrado dispuesto a respaldarla. Por el contrario, el PP adelantó que quiere pedir un informe jurídico sobre la idoneidad de esa comisión, argumentando precisamente que Avalmadrid, como sociedad de garantía recíproca, se halla bajo el control del Banco de España y del Ministerio de Hacienda. La Mesa acaba de darle una pista sobre la legalidad de las iniciativas sobre la controvertida sociedad semipública.
Los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid han determinado que la Mesa de la cámara debe admitir a trámite y calificar como pregunta para que el Gobierno regional la conteste por escrito cualquier iniciativa de este tipo que presenten los grupos parlamentarios sobre Avalmadrid. Así lo establece el informe que ha elaborado el letrado jefe de la Asamblea a petición de la Mesa –y al que ha tenido acceso infoLibre–, después de que la diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera preguntara al Gobierno madrileño el pasado 25 de julio por qué Avalmadrid había encargado un análisis forense a una empresa para investigar sólo la concesión y formalización de 167 avales ya inspeccionados por el Banco de España, excluyendo las fases de seguimiento y de recuperación de los impagados.