María Jesús Montero (Sevilla, 1966) no quiere desvelar ni un detalle de los impuestos a bancos y energéticas que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate sobre el estado de la nación. Dice la ministra de Hacienda que primero tiene que entrar en pormenores con sus socios de Unidas Podemos y los grupos que suelen apoyar al Ejecutivo en el Congreso. Y que también escuchará a las empresas afectadas para identificar qué elementos técnicos de los impuestos se pueden mejorar. La norma, asegura, incluirá la prohibición expresa a eléctricas, gasistas, petroleras y bancos de que trasladen el gravamen al precio que pagan sus clientes.
En el salón de visitas del ministerio, el Salón Goya, rodeada de maderas nobles y medallones de Carlos III, Montero devuelve al PP sus críticas a las iniciativas fiscales del Ejecutivo atacando las políticas tributarias de Alberto Núñez Feijóo en Galicia y de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Al tiempo, ofrece a sindicatos y patronal poner encima de la mesa “cualquier medida” que permita alcanzar a la vuelta del verano el pacto de rentas anhelado por el Gobierno. Incluso tocar el impuesto de sociedades. A los socios de la coalición les insta a no subrayar tanto lo que les separa, mientras reduce a cuestión de “matices” e “intensidad” las diferencias entre ambos “en el día a día”.
Si le parece, empezamos por la noticia económica de la semana, los dos nuevos impuestos a la banca y las energéticas. Tanto quienes han aplaudido la medida como quienes la rechazan han pedido inmediatamente más detalles, que son los que determinarán su alcance. De momento, el Gobierno sólo ha revelado que se gravará a las empresas y entidades financieras que superen los 1.000 millones de euros de facturación. Repsol ingresó casi 50.000 millones en 2021, el margen bruto del Santander fue de 46.000 millones… cifras muy por encima del umbral fijado. Imagino que ya saben cuántas energéticas y cuántos bancos van a tener que pagar esos dos nuevos impuestos.
De lo que se trata en el abordaje de esta crisis, además de reforzar la solidaridad con Ucrania, atender a las familias y ser capaces de proteger el tejido productivo, es de distribuir la carga. En una crisis sobrevenida con la guerra en Ucrania, donde Europa está pagando un precio a través de la inflación, la redistribución de la carga es algo obligado. No es una originalidad sólo del Gobierno de España, sino que la están reclamando los organismos internacionales, la OCDE, el BCE, la Comisión Europea.
Hay una evidencia global de que en estos momentos hay un determinado sector empresarial que está teniendo unos beneficios por el aumento de los precios energéticos, o va a tenerlos con la subida de tipos, y de que es conveniente repartir ese esfuerzo, que no recaiga sólo en la gran mayoría social del país, sino también sobre aquellos sectores empresariales que están teniendo más margen o mejor cuenta de resultados por la inflación. Es de sentido común que se les pida una mayor contribución a estas empresas.
Por tanto, el Gobierno ha decidido poner en marcha una figura fiscal que permita hacer un gravamen sobre empresas energéticas –eléctricas, gasistas y petroleras– y entidades financieras, con una definición técnica que estamos ultimando y una recaudación de 2.000 millones para las primeras y 1.500 para los bancos cada año. Es decir, 7.000 millones adicionales en dos años que permitan financiar el incremento de las políticas dirigidas a las familias, como el cheque de 200 euros, para el que hemos recibido ya más de 300.000 solicitudes. Y que empezaremos a pagar la próxima semana.
"Siempre que se ponen en marcha este tipo de figuras las grandes empresas las recurren a los tribunales
La medida va muy en línea con lo que están haciendo otros países, como Italia, donde han puesto en marcha impuestos similares, en el caso de las energéticas. Estoy convencida de que en breve plazo de tiempo también lo harán con las financieras.
El detalle del impuesto lo están ultimando los técnicos. Debe tener gran solidez y seguridad jurídica, para evitar litigiosidad legal, aunque siempre que se ponen en marcha este tipo de figuras las grandes empresas las recurren a los tribunales. Pero creo que los ciudadanos podrán compartir perfectamente que necesitamos en este momento que aquellos que más se están beneficiando de la inflación también tengan mayor contribución a los servicios públicos, que es adonde van dirigidos estos mayores recursos y los decretos anticrisis del Gobierno, que tienen un coste de más de 15.000 millones.
Pero, ¿no nos puede decir a cuántas empresas van a afectar los dos nuevos tributos?
Todavía lo estamos viendo. El número será variable dependiendo de los años. No me gusta hablar de número de empresas, prefiero que sean ellas mismas las que lo trasladen, pero va a afectar a un volumen muy pequeño de ellas, que facturan unas cifras que ya quisiera la mayoría del tejido productivo de nuestro país. Por tanto, absoluta tranquilidad para las pequeñas comercializadoras y distribuidoras, para las medianas y pequeñas, porque no se van a ver afectadas.
Además, hay que huir del debate nominalista en materia fiscal, quiénes serán los afectados, porque la medida no se dirige a empresas determinadas, sino que hemos puesto un corte donde consideramos que es de mayor justicia, 1.000 millones, sin señalar a ninguna empresa. Aunque todo el mundo se puede imaginar cuáles van a ser las afectadas.
¿Puede avanzar cómo se va a gravar a estas empresas? ¿A partir de un determinado nivel de beneficios?
No, tenemos que esperar. Pero será de una forma muy sencilla, muy simple, para que no se pueda aplicar sobre el impuesto ningún tipo de ingeniería fiscal que lleve el rendimiento a su práctica nulidad, que es lo que ocurre con muchas de nuestras figuras tributarias y, sobre todo, con el impuesto sobre sociedades y con las grandes corporaciones.
Para el futuro, toda la reforma fiscal que impulsará el Gobierno tendrá en cuenta cuáles son las mejores formas de abordar la contribución de las grandes corporaciones. Es una preocupación internacional que estamos discutiendo en Europa. A ver si somos capaces este año de aprobar la directiva que permita gravar [a las grandes corporaciones] al menos un 15% en el impuesto sobre sociedades, como ya ha establecido el Presupuesto [del Estado] de este año.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se reunirá esta semana con los bancos. ¿Asistirá usted también a esa reunión?
No lo sé. En cualquier caso, antes de darles el detalle técnico a las entidades financieras, tendrán que conocerlo los grupos políticos que van a presentar la proposición de ley, el socialista y Unidas Podemos, como también los grupos que habitualmente están a favor de los proyectos que el Gobierno pone encima de la mesa y que, como se ha visto en el debate sobre el estado de la nación, reclaman conocer en primera instancia qué legislación el Gobierno ofrece a su consideración.
Tendremos diálogo con todos. También escucharemos al sector, porque conocemos sus inquietudes. La vicepresidenta ya se ha reunido con las petroleras y celebraremos reuniones con todas las empresas energéticas para hablar no sólo del tema fiscal, sino también de la reserva estratégica que debe tener España para hacer frente a un invierno que será duro. La Comisión Europea está advirtiendo ya de la posible falta de provisión de gas desde Rusia.
¿Se van a negociar los detalles de ambos impuestos con las energéticas y los bancos?
No, se negociará con los grupos parlamentarios. Vamos a escuchar a los sectores afectados sobre cómo lo ven y cómo creen que se puede hacer de la mejor manera posible. Es muy complicado que un sector al que se le pide un mayor esfuerzo aplauda una decisión sin más. Hay que entender la sensación que ellos trasladan, de inquietud, de incertidumbre, creo que es lógica cuando se les está pidiendo que aporten en mayor medida.
Seguro que tienen muchos argumentos que poner encima de la mesa y que pueden ser escuchados por el Gobierno de España, pero no para cuestionar la voluntad política que ejerce el Gobierno lejos de presiones. Sí para ver detalles técnicos que puedan mejorar el propio impuesto.
La primera reacción de los bancos ha sido advertir de que el nuevo impuesto dificultará su capacidad para financiarse en el mercado y, por tanto, para dar crédito a las familias y empresas. Y que terminarán repercutiéndolo en los clientes. ¿Cómo va a impedir el Gobierno que suceda? Usted ha dicho que se va a dotar de herramientas a la CNMC para que vigile. ¿Qué le falta a la CNMC para ser eficaz en esa tarea? Se lo pregunto porque con la ayuda de 20 céntimos a los carburantes, no se ha podido evitar que las petroleras absorbieran esa subvención.
La CNMC ha dicho que no se ha producido una absorción como tal de la bonificación del Gobierno. [Decir que las subidas de impuestos se repercuten en los consumidores] Es un clásico que se plantea en el debate político, sobre todo por parte de la derecha cuando no quiere decir que está protegiendo intereses de parte absolutamente minoritarios.
Todavía no hemos escuchado al señor Feijóo hablar de si comparte o no que en este momento los bancos y las energéticas contribuyan más a las arcas públicas para proteger a los ciudadanos. Se ha escudado en argumentos clásicos como que cualquier fiscalidad que se pone en marcha se repercute en los ciudadanos. [Si así fuera], entonces no existiría ni la fiscalidad sobre sociedades ni ningún tipo de fiscalidad, porque si al final las pagaran los ciudadanos, las empresas estarían libres de cualquier impuesto. Eso no se sostiene y no es el debate internacional.
"Si las empresas lo repercuten tendrán más beneficios y pagarán más
En cualquier caso, el Gobierno quiere que conste en la propia norma la prohibición de trasladar ese gravamen al precio que pagan los consumidores y se le encargará a la CNMC, como se hizo con la subvención a los carburantes, que haga informes periódicos y vigile y, en caso de que haya un comportamiento irregular en el mercado, desarrolle su capacidad sancionadora. Pero también quiero decir que, si las empresas lo repercuten, tendrán más beneficios y por tanto pagarán más: está diseñado para que sea disuasorio y las empresas no trasladen el impuesto.
No creo que las entidades financieras tengan que trasladar ese mensaje como si se tratara de una suerte de amenaza o advertencia. Para el buen nombre de todas las instituciones sería bueno y conveniente que aceptaran que, en un periodo de especial dificultad para los ciudadanos, se les pida un mayor rendimiento en su tributación a aquellos que están beneficiándose del aumento de la inflación.
Pero ¿tiene suficientes herramientas la CNMC o necesita más?
Hablaremos con la CNMC por si necesita más, pero tiene herramientas suficientes para vigilar el funcionamiento de los mercados, sobre todo el energético, puesto que está regulado. Pero si necesita refuerzo de recursos para desarrollar ese trabajo, se la atenderá en esas necesidades para que desarrolle el trabajo a la perfección.
Populismo fiscal y servicios públicos
Estos nuevos impuestos se han interpretado como una apuesta por una hoja de ruta de izquierdas de cara a la negociación de los Presupuestos de 2023. ¿Es así? ¿Trabaja ya con los grupos de la investidura para conseguir apoyos al Presupuesto del año próximo?
Esta línea que el presidente marcó en el debate sobre el estado de la nación es de un absoluto consenso comunitario. Algunos intentan dar la apariencia de que el Gobierno de España hace cosas de una singularidad excesiva. No, lo están haciendo en otros países y son cosas de sentido común.
El principal partido de la oposición lo calificó de populismo fiscal. Pero populismo fiscal es defender las tesis del señor Feijóo, que viene a decir que, cuanto menos impuestos paguen los ciudadanos, más se recauda, y eso es algo que no se sostiene, ni con el comportamiento que él tuvo en la comunidad autónoma donde gobernaba, ni tampoco lo que hizo el PP cuando llegó al poder en 2012, que aprobó más de 50 subidas fiscales a la gran mayoría. Si su tesis es que se recauda más bajándolos, ¿cómo es que usted subió 50 veces los impuestos cuando decía que tenía una mala situación económica?
Populismo fiscal es decirles a los ciudadanos que, si se bajan los impuestos, no se van a recortar los servicios públicos. Lo contrario es decirle a la gente la verdad, trasladar con transparencia lo que queremos hacer y hacer una redistribución de las cargas que tenemos que soportar el conjunto de los actores sociales para transitar por este momento de crisis.
Igual haremos con motivo del Presupuesto. Hoy por hoy, el Ministerio de Hacienda está trabajando en el techo de gasto, que se llevará al Consejo de Ministros antes de que finalice julio. El ministerio tendrá una propuesta, el esqueleto articulado del Presupuesto, como lo llamo yo, y empezarán las reuniones, primero con nuestros socios del Gobierno para llegar al acuerdo sobre el proyecto y luego con el resto de las formaciones políticas.
Ese discurso del PP que reclama bajadas fiscales y que ha mencionado antes cala en determinados sectores de la población. ¿Qué mensajes plantea el Gobierno para contrarrestar los efectos de esas promesas de rebajas de impuestos?
Creo que es muy importante desenmascarar la estrategia del PP, sobre todo en el sentido de que todas las bajadas fiscales que plantean afectan como mucho a un 5% de la población. Tenemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que es la que utilizan los dirigentes del PP como referente. Fíjese que la emplea como referente hasta el presidente de mi propia comunidad autónoma, que en comparación con Madrid debería tener una especial garantía y blindaje sobre los servicios públicos que ofrece a los ciudadanos.
En concreto, las becas de la señora Ayuso, para familias de más de 140.000 euros, no afectan ni al 2% de las familias. Estamos hablando de una ayuda, porque no se puede manosear el término beca, que siempre se ha intentado dejar para expresar con mucha claridad cómo la sociedad ayuda a aquellas familias que no tienen renta para que sus hijos puedan progresar gracias al ascensor social que supone la educación.
"Las ayudas de Ayuso para familias de más de 140.000 euros no afectan ni al 2% de las familias
También le pongo como ejemplo al señor Feijóo, que en Galicia modificó el impuesto sobre el patrimonio, que afecta a personas con patrimonios por encima de los 700.000 euros, una inmensa minoría. O cuando se habla del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que afecta al 2% de los ciudadanos.
Hay que decir la verdad. Cuando el PP habla de bajada fiscal, habla de bajar los impuestos a menos del 5% de la población para que repercuta en menos capacidad de gasto [público] para el 95% restante. Nuestra gran construcción fiscal la pagan la mayoría, o con mayor intensidad, las clases medias de nuestro país que, a cambio de esa contribución, reciben una mayor calidad en los servicios públicos. Somos clase media en la medida en que tenemos garantizado un acceso universal a la sanidad, a la educación o a la política de pensiones o de dependencia. Si la gran mayoría de nuestros ciudadanos debiera tener dinero ahorrado para hacer frente a la enfermedad o para un plan de pensiones para la vejez o para pagar los estudios universitarios de sus hijos, ni siquiera podríamos hablar en términos de consumo de clase media.
Por eso creo que es imprescindible tener unos servicios públicos de calidad que satisfagan a una clase media en sentido amplio para legitimar su utilización también a través del pago de sus impuestos. Y esto es lo que el PP no entiende, prefiere que el dinero esté en los bolsillos de los ciudadanos, que es lo mismo que decir ‘sálvese quien pueda’: aquel que tenga dinero, tendrá un seguro privado, una universidad privada, un plan de pensiones, mientras la gran mayoría social no tendrá capacidad de protegerse ante las vicisitudes de la vida, entre ellas algo tan normal como la propia vejez.
Creo que hay que hacer pedagogía fiscal y, cada vez que se plantea como solución mágica una bajada fiscal, indiscriminada, ante cualquier problema, denunciar que siempre viene acompañada de un recorte en los servicios públicos que a quien perjudica es a la gran mayoría de nuestros ciudadanos.
La subvención de 20 céntimos a los carburantes ha recibido muchas críticas por ser una ayuda generalizada que termina beneficiando a quien más consume, que también es quien más renta tiene. ¿Va a continuar sin cambios esa medida? La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, mencionó que el Gobierno buscaba una fórmula para hacerla más selectiva.
Soy absolutamente partidaria de que el decreto-ley aprobado esta semana contemple tres bloques de medidas: uno para proteger a los sectores productivos, un segundo para las personas más vulnerables y un tercero, que defiendo a pies juntillas y va dirigido a las clases medias de este país, interpretadas en sentido amplio, donde se contempla la bajada fiscal de la luz; el tope al gas, que va dirigido al conjunto de los consumidores, por tanto también a la clase media, y los 20 céntimos de bonificación a la gasolina y el diésel.
De manera que me parece muy conveniente que, dentro de ese paquete de medidas, una familia que está ingresando 30.000 o 40.000 euros también pueda combatir mejor la inflación. Ellos son los que de forma proporcional más contribuyen con su fiscalidad a que el conjunto se proteja, también los más vulnerables. Así que soy partidaria de esas ayudas que afectan a la globalidad de la población y, por tanto, a la inmensa mayoría social.
El tope del gas ha permitido bajar su precio un 20%. Aquellos que decían que era una medida de maquillaje, de escaparate, chocan 20.000 veces con la realidad
Primero el acuerdo salarial, después impuestos, pensiones y funcionarios
Esta misma semana CCOO y UGT reclamaban al Gobierno un “control estratégico de los precios de bienes y servicios básicos”, al igual que ha hecho ya con el tope al gas o con los alquileres. El control de precios es poco menos que un anatema para la mayoría de los economistas. ¿Y para el Gobierno? ¿Se lo plantea siquiera de continuar descontrolada la inflación?
No, el Gobierno ha ido hasta el máximo de la capacidad que tenía con una medida más trascendente de lo puede parecer a primera vista. El tope del gas ha permitido bajar su precio un 20%. Aquellos que decían que era una medida de maquillaje, de escaparate, chocan 20.000 veces con la realidad. Cuando no les gusta, intentan ocultarla o directamente la niegan, como con las vacunas, y se convierten en negacionistas. Y me refiero al PP.
En este caso fue posible intervenir en un mercado que ya está regulado, como el energético. El resto son mercados libres y el Gobierno no tiene ninguna capacidad de intervenir. Lo que sí hemos hecho es garantizar a los agricultores una Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe las ventas a pérdidas y algo parecido se ha negociado para que los transportistas tampoco vendan sus servicios a pérdidas.
El Gobierno quiere impulsar un pacto de rentas. CCOO y UGT reclaman al Gobierno que diga ya “qué pone encima de la mesa” para conseguir el pacto. Y le exigen “medidas fiscales valientes”. En concreto, que toque el impuesto sobre sociedades porque los dos tributos recién aprobados les parecen insuficientes. Le traslado sus preguntas: ¿Qué va a poner el Gobierno encima de la mesa? ¿Va a tocar el impuesto sobre sociedades?
Es imprescindible que haya un pacto de rentas. Sería un mensaje muy claro a la sociedad que los agentes sociales, una vez más, tuvieran la capacidad que ya han demostrado en este periodo previo, aparte de su compromiso patriótico. El pacto de rentas pivota sobre distintas medidas, pero tiene como eje primordial el acuerdo sobre salarios. Sindicatos y empresarios dijeron al Gobierno que ese acuerdo es cosa de ellos dos.
Nosotros colaboramos con el SMI, pero en este caso se trata de cómo el sector privado es capaz de conciliar beneficios empresariales con aumentos de los salarios de los trabajadores, compatibles con una situación de sostenibilidad en el tiempo y que no produzcan efectos de segunda ronda. Lo que les trasladamos es que, en la medida en que se produzcan avances en materia del acuerdo salarial, el Gobierno está dispuesto a poner encima de la mesa desde la fiscalidad hasta las pensiones, los salarios de los empleados públicos o cualquier otra medida con la que ellos consideren que el Gobierno pueda contribuir. No en vano, el decreto que acabamos de aprobar podría haber sido parte perfectamente de un pacto de rentas.
Se llame o no pacto de rentas, el Gobierno está poniendo cosas encima de la mesa, pero si tiene que poner otras, estamos absolutamente dispuestos. De lo que se trata es de llegar a ese gran acuerdo con la contribución de todos. Así que nuestra mano [está] abierta y nuestra disponibilidad es del 100%.
¿Entonces están dispuestos a tocar el impuesto sobre sociedades?
Hombre, el de sociedades es uno de los impuestos que estamos tocando de una manera más clara y decidida. Claro que estamos dispuestos a tocar aquello que permita llegar al acuerdo. No hay ningún problema en la voluntad del Gobierno de España. Lo que sí le digo es que el de sociedades se tocó en el Presupuesto de 2022. Y no se habla lo suficiente de lo que ha hecho el Gobierno en materia fiscal. Entre otras cosas, subir el IRPF a las rentas de más de 300.000 euros, también a las rentas del ahorro por encima de 200.000, crear dos nuevos impuestos medioambientales, sobre plásticos y sobre vertederos, además del mínimo del 15% en el impuesto de sociedades [para las empresas que facturen más de 20 millones de euros].
Por tanto, estoy abierta a que el impuesto sobre sociedades dé un mayor rendimiento, porque es un problema global, no sólo europeo. Comparativamente con otras figuras fiscales, en la última década y fundamentalmente tras la crisis financiera, el de sociedades está teniendo un rendimiento a nivel internacional mucho más bajo del que se esperaba en el diseño del impuesto. En la OCDE y en la Comisión Europea estamos ya muy cerca de posibilitar la directiva, aunque como se necesita unanimidad… no terminamos de aprobarla.
Reforma fiscal a su tiempo, no habrá deflactación del IRPF
Unidas Podemos insiste en que la reforma fiscal se haga ya. De hecho, acaba de reclamar en el Congreso un impuesto a las grandes fortunas, aumentar el IRPF a los salarios superiores a los 10.000 euros mensuales y gravar un 10% más a las grandes empresas de distribución [el PSOE votó en contra]. ¿Hasta cuándo se va a retrasar la reforma fiscal?
La reforma fiscal se ha ido ejecutando durante toda la legislatura. Yo no quiero que los ciudadanos crean que la reforma fiscal es un binario: se hace o no se hace. Se han hecho reformas fiscales: el Gobierno ha tocado en dos puntos el IRPF de quienes ingresan más de 300.000 euros, y las rentas del capital por encima de 200.000 euros. Ha puesto en marcha impuestos medioambientales. Le ha pedido un esfuerzo a las grandes corporaciones digitales para que aporten a las arcas públicas, el impuesto digital, y a las grandes transacciones financieras. El Gobierno ha desarrollado desde el primer día iniciativas fiscales, algunas veces incrementando la fiscalidad y otras veces, como ahora, desgraciadamente por la inflación, bajándola para proteger a las personas más vulnerables, como el IVA de la luz, que ha provocado una merma de más de 10.000 millones de euros [en la recaudación] en año y medio.
Pactaremos el proyecto de Presupuestos con Unidas Podemos, con el PNV, ERC y con el resto de los grupos que hasta la fecha han conformado el bloque de progreso
Me gusta decir siempre que la fiscalidad es un instrumento que tienen los gobiernos para desarrollar mayor justicia social y marcar excelencia en la prestación de los servicios públicos y, por tanto, se tiene que acomodar a la situación de cada momento. Iremos desarrollando las figuras fiscales y acompasándolas a la situación que vive el país. Lo haremos con el consenso y con el progreso necesario para que no se produzcan situaciones no deseadas.
Pactaremos el proyecto de Presupuestos con Unidas Podemos, con el PNV, ERC y con el resto de los grupos que hasta la fecha han conformado el bloque de progreso que ha hecho posible una legislatura que, a pesar de todas las inclemencias, la pandemia, el volcán, la guerra en Ucrania, ha demostrado dos formas distintas de abordar las crisis: la del recorte, la devaluación salarial y la precariedad del PP, y la que tiene que ver con la dignidad de los trabajadores, la protección de nuestro tejido productivo, un mayor bienestar social y la protección del empleo, como han demostrado los ERTE.
¿Va a deflactar el IRPF?
Bueno, hemos adoptado medidas que son similares o que tienen un efecto muy similar. Deflactar no es una medida oportuna, todos los organismos internacionales trasladan que no es conveniente hacer una medida generalizada de bajadas fiscales, sino que sean muy quirúrgicas: sobre qué sector se aplica, el energético en este caso con la bajada de la luz, y hemos preferido medidas como la bonificación del diésel y la gasolina, que se convierten en una renta indirecta y en una capacidad de ahorro a la que ahora se suma el abono de transporte público.
¿Cómo va la recaudación? En el primer trimestre iba a toda velocidad. ¿Y ahora, con la guerra en Ucrania y la inflación?
En el primer trimestre estaba condicionada por cómo terminó el año anterior. Algunos dicen que hasta mayo el Estado ha recaudado 15.000 millones más y se olvidan de que el Estado terminó diciembre con 8.900 millones de euros más que se incorporan como mayor recaudación cuando se comparan con los Presupuestos. Dicho de otra manera, si el Gobierno de España aumenta un 15% la recaudación respecto a lo previsto con un 3% de inflación, significa que la mayor recaudación no procede de la inflación sino del crecimiento económico robusto. Por tanto, llevábamos de arrastre 8.900 millones que nos han servido de colchón para este primer trimestre de 2022.
El dinero de la recaudación de la Hacienda pública es de todos los ciudadanos y se repercute en todos los ciudadanos. Y el dinero que ingresan las empresas privadas se repercute en su cartera de accionistas y en su consejo de administración
Por eso, cada vez que se dice que el Gobierno de España está teniendo una mayor recaudación, no hay que olvidar que viene de la buena gestión, de la protección de rentas que se produjo en 2021, porque los ERTE supusieron una magnífica protección de rentas. Vamos a estar en ese entorno de mayor recaudación para este año, que dedicaremos a los dos decretos que hemos aprobado: 15.000 millones y 500 más pactados con el transporte. Porque el dinero que ingresa el Gobierno lo devuelve en forma de protección a las empresas, a la clase media y los más vulnerables.
Lo digo porque algunos están comparando la mayor recaudación con los mayores beneficios de las empresas privadas. Y no me parece que ese argumento se pueda sostener de ninguna manera. El dinero de la recaudación de la Hacienda pública es de todos los ciudadanos y se repercute en todos los ciudadanos. Y el dinero que ingresan las empresas privadas se repercute en su cartera de accionistas y en su consejo de administración.
Salarios y abuso del empleo temporal en el sector público
Los sindicatos acaban de pedirle que abra una mesa de negociación para subir los salarios de los funcionarios y que estos puedan recuperar el poder adquisitivo perdido con las congelaciones de la última década. ¿Va a hacerlo?
Vamos a hablar con ellos a través de la mesa de negociación habitual de la función pública, cuando nos acercamos al momento de elaborar los Presupuestos para el año que viene. Nuestra intención es alcanzar un acuerdo plurianual, desde la responsabilidad que tenemos que asumir todos, los sindicatos y el Gobierno, que está dispuesto a poner recursos. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en el pacto de rentas.
Los funcionarios son el alma de los servicios públicos, se les tiene que devolver en forma de calidad de vida este esfuerzo que están desarrollando y queremos ser ejemplares como estamos pidiendo a la empresa privada. Para eso tiene que haber un acuerdo que sea compatible con que no se produzcan efectos de segunda ronda y, por tanto, apelo a la responsabilidad de las organizaciones sindicales para que se parta de propuestas razonables.
¿Cómo se está aplicando la reforma laboral en las administraciones y empresas públicas, que tienen mayores porcentajes de empleo temporal que el sector privado? ¿Se han establecido ya las plantillas estructurales y acometido la estabilización de plazas? ¿Va a ser realmente ejemplar la Administración en la lucha contra el abuso del empleo temporal?
Creo que sí. Esta semana hemos aprobado la estabilización de 67.000 sanitarios y esto es directamente un efecto de la reforma laboral en la parte pública. La Ley de Estabilización del Sector Público mandató que sanidad y educación aprobaran en unos meses su propia reglamentación y su oferta pública de empleo para poner punto final a la precariedad acumulada durante esta década, pero sobre todo para establecer mecanismos que impidan que en el futuro se reproduzca esta situación. De manera que, cuando una plaza estructural esté ocupada por un interino o con alguien con un contrato temporal durante más de tres años, se considerará fraude de ley y se le tendrá que indemnizar.
Pero, sobre todo, el Estado tiene la obligación de sacar la plaza a la oferta pública de empleo más allá de las tasas de reposición que hemos visto en años precedentes. Este año es un antes y un después en la precariedad de las administraciones.
Las incertidumbres del otoño
La vicepresidenta Calviño ha dicho que la inflación se mantendrá en los dos dígitos este verano. La Comisión Europea ha elevado la previsión del IPC en España del 6,3% al 8,1% para este año. Todos estamos pendientes de si Rusia corta el suministro de gas a Alemania este invierno. ¿Tiene margen el Gobierno para tomar más medidas en otoño si no se contienen esos 3,5 puntos de inflación que ha prometido el presidente?
Hay que ir paso a paso. A lo largo de los próximos meses tendremos que seguir monitorizando una situación que es volátil. Ahora estamos apurando la elaboración de los Presupuestos, porque cuanto más nos aproximemos a ese momento más acertaremos en las previsiones económicas. Además, el Gobierno ha sido muy prudente. No hemos inflado los ingresos. Esperemos que esa inflación no sea pertinaz y que empiece a moderarse después del verano, pero aún es pronto para saber cómo se van a comportar los mercados.
Además, las medidas recién aprobadas durarán un semestre, no un trimestre, porque ya hemos previsto que la situación va a ser complicada hasta acabar el año, pero ojalá no tengamos que adoptar medidas adicionales a las que anunció el presidente. Ojalá vaya todo reconduciéndose a niveles de inflación más optimistas para el año próximo.
Pero, ¿habrá que tomar medidas de ahorro energético como han hecho ya Alemania y Francia o aprobará esta semana la Comisión Europea?
El presidente ya lo dijo en el debate sobre el estado de la nación, la señora Gamarra lo ridiculizó y tres días después la Comisión Europea dijo exactamente lo mismo que había anticipado Pedro Sánchez sobre la necesidad de que todos aportemos nuestro granito de arena: que la refrigeración no esté tan baja, que la calefacción no esté tan alta y que hagamos un uso eficiente de la energía. Un comportamiento que es cívico, pero ahora más aún. Ya tenemos un Plan de Racionalización de la Administración Pública que obliga a apagar las luces y poner límites en la temperatura de los edificios. Esas medidas han venido para quedarse. El Gobierno quiere que permanezcan.
Algunos analistas ven inevitable la recesión en el horizonte, si Rusia corta el gas a Alemania y esta entra en recesión. Arrastrará al resto de la UE, incluida España, aunque más tarde, quizá en 2023. ¿Cuál es su pronóstico?
No es lo que ve el Gobierno ni observan la Comisión Europa ni los organismos internacionales. Hay un crecimiento robusto para el próximo año en todos los países; por tanto, estamos lejos de la recesión.
"Hay un crecimiento robusto para el próximo año en todos los países y, por tanto, estamos lejos de la recesión
Creo que tenemos que huir de profecías autocumplidas y generar confianza en los inversores. Estamos ante una situación transitoria, la guerra no puede durar eternamente. Tenemos que ser capaces entre todos de disuadir de su comportamiento al tirano, de que no continúe con la invasión. Debo ser optimista y practicar la esperanza, y pensar que la guerra terminará, ojalá sea muy pronto, y volvamos al crecimiento tan importante que teníamos antes.
El desgaste de la imagen del Gobierno se atribuye a la visibilidad de las divergencias entre los socios de la coalición, que sale reforzada del debate sobre el estado de la nación. ¿Han hablado entre los socios o con Yolanda Díaz de la necesidad de evitar esa imagen de división? ¿Está blindada la estabilidad del Gobierno en lo que queda de la legislatura?
Los nuevos tributos gravarán los beneficios de bancos y energéticas que ingresen más de 1.000 millones al año
Respecto a la última pregunta: rotundamente. El Gobierno ha dado muestras de que en este periodo tan difícil hemos hecho políticas que nos unen, en las que estamos perfectamente de acuerdo y que marcan una manera distinta de mirar a los ciudadanos y, por tanto, de salir de la crisis. Lo importante es hacerse la pregunta de a quién se mira, a quién se protege, quién está en el centro de esa política, y nunca ha habido, le puedo asegurar, ninguna diferencia entre los dos partidos del Gobierno sobre a quién se coloca en el centro de esa mirada. Eso es lo importante. A partir de ahí, puede haber matices en la manera de abordar [las medidas], por intensidad, por [la aprobación de] medidas complementarias.
Hay muchos que rezan todos los días por que este Gobierno se rompa, desde el primer día han jugado a intentar derribar al Gobierno en los peores momentos que ha vivido el país. El PP ha tenido nulo sentido de Estado, no entiendo cómo un partido que ha gobernado este país ha podido desentenderse del interés colectivo para propiciar el partidista de una forma tan clara. Pero creo que el Gobierno ha dado muestras de su fortaleza, de que hay mucho más que nos une de lo que nos diferencia, aunque tratándose de dos partidos políticos diferentes, hay cosas en las que no estamos de acuerdo al 100%. Hay veces que he reprochado a los componentes minoritarios del Gobierno que subrayen más lo que nos diferencia de los que nos une, cuando eso no se corresponde con la realidad. En el día a día, le puedo asegurar que estamos mucho más en acuerdo que en desacuerdo.
Pese a muchos, este Gobierno va a agotar la legislatura, y lo va a hacer protegiendo a la gran mayoría social. Tenemos gobierno para rato. Nos queda una amplia agenda de reformas que, juntos y de la mano, vamos a desarrollar. Ellos [Unidas Podemos] dicen que hay que convertir en normalidad esas discrepancias, yo diría que no siempre hay que subrayar aquello que nos separa, porque se nos visibiliza por lo que hacemos juntos. Esta experiencia de gobierno de coalición está siendo magnífica para este país y está protegiendo a la gente, cosa que cuando llegue el momento de ponerlo en valor y de dar cuenta a los ciudadanos, estoy segura de que se nos recompensará.
María Jesús Montero (Sevilla, 1966) no quiere desvelar ni un detalle de los impuestos a bancos y energéticas que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate sobre el estado de la nación. Dice la ministra de Hacienda que primero tiene que entrar en pormenores con sus socios de Unidas Podemos y los grupos que suelen apoyar al Ejecutivo en el Congreso. Y que también escuchará a las empresas afectadas para identificar qué elementos técnicos de los impuestos se pueden mejorar. La norma, asegura, incluirá la prohibición expresa a eléctricas, gasistas, petroleras y bancos de que trasladen el gravamen al precio que pagan sus clientes.