Los nuevos tributos gravarán los beneficios de bancos y energéticas que ingresen más de 1.000 millones al año

La Bolsa caía un 1,3% a los pocos minutos de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un nuevo impuesto a los bancos para que éstos contribuyan al reparto de las cargas que la inflación y la guerra imponen a la ciudadanía. El Íbex 35 perdió los 8.000 puntos, la cota a la que lleva meses agarrándose con dificultades, y sólo los recuperó a última hora de la tarde. CaixaBank se llevó la peor parte, con una caída del 8,63%%, seguida del Sabadell (-7,44%), Bankinter (-5,08%), BBVA (-3,77%) y Santander (-3,65%).

Sin embargo, al secretario general de CCOO, Unai Sordo, el anuncio del nuevo impuesto a los bancos, como el ya previsto a las grandes energéticas, le sonó “bien”. “Es una lógica de medidas que compartimos”, explicó. Pero a continuación expresó su cautela “hasta ver cómo acaba concretando la normativa”. “Las medidas fiscales dependen mucho de cómo se reglamenten para que tengan un efecto recaudatorio u otro y no se queden en agua de borrajas”, advirtió.

Sordo ha coincidido con la CEOE en criticar que el paquete de nuevas medidas se haya adoptado sin consultar antes con los agentes sociales, sindicatos y patronal. Además, la CEOE cree que no son “una solución real a los problemas de elevada inflación que hoy sufre la economía española”, sobre todo las subidas de impuestos, que consideran una barrera añadida para que las empresas se recuperen de la pandemia. Según argumenta la patronal, apoyándose en cifras del Banco de España, mientras que cerca del 77% de las empresas ha aumentado sus costes de producción por culpa del encarecimiento de sus consumos intermedios, sólo algo más del 38% lo han trasladado a precios finales.

También el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, reclamó concreción al Gobierno. Le piden que defina el hecho imponible del nuevo impuesto a los bancos, puesto que en 2019 sólo 26 de ellos, pertenecientes a grandes entidades, tuvieron bases imponibles positivas superiores a 2.031 millones de euros, aseguran. Al nuevo impuesto a gasistas, eléctricas y petroleras, Gestha lo considera más bien un incentivo para que estas grandes compañías contengan los precios, de forma que eviten la “tacha reputacional” que supondrá el anuncio de que tienen que pagarlo. Todas las mayores empresas deben tributar ya por un mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades, que se eleva al 18% en al caso de los bancos y las empresas de hidrocarburos. Esta medida, incluida en los Presupuestos del Estado de este año, afecta sólo a 12.000 empresas, el 1% de las existentes.

De momento, el Ministerio de Hacienda sólo ha detallado que los dos nuevos impuestos gravarán los beneficios de las empresas y bancos que facturen más de 1.000 millones de euros al año. Por encima de ese umbral se sitúan ampliamente todas las energéticas y entidades financieras del Íbex 35.

De hecho, sólo en el primer trimestre del año, cuando aún no se habían dejado sentir los efectos de la guerra en Ucrania, las seis energéticas del selectivo español facturaron 46.849 millones de euros, casi un 52% más que en esos tres meses de 2021. En todo el ejercicio pasado, Repsol alcanzó una cifra de negocio de 49.480 millones de euros. Iberdrola ingresó 39.114 millones; Naturgy, 22.130 millones. La facturación de Endesa se quedó en 20.899 millones. Mucho menor es la de Red Eléctrica, que cerró con 1.952,9 millones de euros en 2021. La única que podría librarse del nuevo impuesto, si no superara este año la cifra de negocio de 2021, es Enagás, que facturó 975,68 millones de euros. En 2020 sí los superó: 1.053 millones.

Los ingresos de la gran banca también fueron de récord histórico el año pasado. Santander consiguió un margen bruto –los ingresos de la entidad– de 46.404 millones de euros en 2021. El de BBVA fue de 21.066 millones. Caixabank alcanzó los 10.274 millones de euros y Banco Sabadell, 5.026 millones. Bankinter también supera el umbral fijado por el Gobierno, con un margen bruto de 1.855,3 millones en 2021. Fuera del Íbex 35, entidades de menor tamaño como Unicaja, que ingresó 1.099 millones el año pasado, o la gallega Abanca, con un margen bruto de 1.052 millones en 2021, también tendrán que pagar el nuevo impuesto. Unicaja, que cotiza en el mercado continuo, cayó este martes un 7,67%.

“Improvisación jurídica”

Las patronales de la banca y las antiguas cajas de ahorro no han recibido la noticia con mucho entusiasmo. “El sector bancario paga muchos impuestos, superiores a los de otros sectores [un 30% en sociedades, que tiene un tipo general del 25%], se ha quejado el portavoz de la AEB, José Luis Martínez Campuzano, por lo que, a su juicio, la medida del Gobierno “va en contra del principio de igualdad y distorsiona el mercado”. También ha lamentado la “improvisación jurídica” en que opera en el sector. Y ha negado que la próxima subida de tipos que aprobará el BCE el día 21, y a la que aludió Pedro Sánchez en el debate, “asegure necesariamente una mejora de la rentabilidad de los bancos ni se traduzca en beneficios extraordinarios”. Por su parte, Alberto Aza, portavoz de la CECA, ha criticado el nuevo impuesto porque “no contribuye a armonizar los regímenes fiscales dentro de la Unión Bancaria”.

Hacienda no ha dado más detalles sobre estos dos nuevos gravámenes, excepto que el PSOE y Unidas Podemos presentarán dos proposiciones de ley en el Congreso para crearlos. Según ha explicado la ministra, María Jesús Montero, éste es el “instrumento jurídico más ágil” para que ambos tributos entren en vigor el próximo ejercicio. Se tramitarán al mismo tiempo que los Presupuestos Generales de 2023, puesto que los nuevos impuestos no pueden crearse ni por decreto-ley ni utilizando las Cuentas del Estado, ha recordado la titular de Hacienda.

Con estos tributos a bancos y energéticas, el Gobierno prevé recaudar un total de 7.000 millones de euros en los dos años que estarán en vigor –2023 y 2024–.

Bono “populista”, becas automáticas

Las medidas para paliar el daño que la inflación está infligiendo a los bolsillos de los ciudadanos se centran en la gratuidad del abono de transporte para cercanías y media distancia de Renfe y Rodalies (en Cataluña) y en una beca complementaria de 100 euros mensuales para todos los estudiantes mayores de 16 años que ya tengan otra ayuda.

El abono gratuito ha sido recibido por el vicepresidente y conseller de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró, como una medida “populista”. “Lo que esperan los usuarios de Rodalies-Renfe es que funcione, no que sea gratis”, se ha quejado en Twitter, donde ha asegurado también que la medida del Gobierno “sitúa al transporte público al límite del colapso económico y de servicio”.

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Por lo que respecta a las nuevas becas, se pagarán desde septiembre hasta diciembre, para lo que se aprobará un crédito extraordinario de 400 millones de euros. El Ministerio de Educación ha precisado que la ayuda será lineal para todos los becados independientemente de la cuantía que reciba ya cada uno y que su concesión será automática sin necesidad de que el beneficiario tenga que hacer ningún trámite, informa Europa Press. La cuantía media de las becas en España se sitúa en 2.173 euros por curso. Las universitarias se elevan hasta 2.982 euros y las no universitarias se quedan en 1.606 euros.

Acuerdo entre Defensa y Transportes para construir viviendas

Otro de los anuncios del presidente ha sido el desbloqueo de la Operación Campamento, que permitirá la construcción de 12.000 viviendas, de las que el 60% serán públicas. La operación se encontraba paralizada desde 1989 por la falta de acuerdo entre las instituciones involucradas. Los terrenos son propiedad del Ministerio de Defensa, y la planificación urbanística corre a cargo el Ayuntamiento de Madrid. La iniciativa corrió a cargo de la Comunidad de Madrid cuando gobernaba Joaquín Leguina. El Ministerio de Transportes es el comprador del suelo.

El Gobierno ha anunciado ahora un acuerdo entre los dos ministerios involucrados que el Ayuntamiento de Madrid ha saludado con escepticismo. “Es un buen anuncio, pero de momento, vacío de contenido”, ha respondido el delegado de Urbanismo del consistorio, Mariano Fuentes. Son más de ocho millones de metros cuadrados situados en el suroeste de Madrid, entre la A-5 y Pozuelo de Alarcón.