La multinacional danesa Vestas mantiene su decisión presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la factoría de aerogeneradores que abrió en 2005 en Villadangos del Páramo (León), lo que supondrá el despido de 360 trabajadores y pone en peligro el puesto de trabajo de otros 2.000 empleos indirectos repartidos en una cuarentena de empresas de Castilla y León. Tras reunirse este lunes los responsables de la empresa –con el vicepresidente, Jean-Marc Lechêne, y el director de Operaciones, Tommy Nielsen, a la cabeza– con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como con el secretario y el director general de Industria Raül Blanco y Galo Gutiérrez, el Gobierno anunció al apertura de una “línea de negociación permanente” para “minimizar el impacto” del cierre de la factoría en León buscando “alternativas industriales” para la comarca.
La vaguedad de los términos en que se expresó el ministerio en la nota oficial publicada tras la cita no ha tranquilizado a los trabajadores, según han explicado a infoLibre sus representantes de UGT y CCOO. En el comunicado sólo se menciona la “apuesta” de Vestas por “seguir invirtiendo” en las plantas de Viveiro (Lugo) y Daimiel (Ciudad Real), a las que pretende convertir en “referentes de producción para Europa”. Pero nada dice de la fábrica de Villadangos de Páramo. Los representantes de los trabajadores aseguran que el ERE, que la empresa no presentó este lunes como “gesto de buena voluntad” ante la reunión con la ministra, será presentado este mismo viernes.
En cualquier caso, esperan obtener más información este martes después de que los gestores de Vestas se reúnan también con los responsables de la Junta de Castilla y León. La consejera de Economía, Pilar del Olmo, había asegurado por la mañana que la multinacional danesa había “vetado” al Gobierno castellanoleonés por haber sido “demasiado beligerante” en sus anteriores conversaciones.
“La empresa ha acudido a la reunión con la ministra más para explicar por qué ha tomado la decisión de cerrar la planta más que para negociar”, precisó por su parte un portavoz de Vestas a este periódico.
Los representantes sindicales creen que ahora se abre la posibilidad de vender o subrogar la planta leonesa, una opción que el comité ofreció a la empresa en su día pero que ésta rechazó en favor del cierre. Pablo Martínez, representante de UGT en el comité de empresa, recuerda que General Electric adquirió en 2017 otro grupo danés del sector, LM Wind Power, que cuenta con factorías en Ponferrada (León), As Pontes (A Coruña), y Castellón. Pagó 1.500 millones de euros. LM Wind Power fabrica palas para aerogeneradores.
Las razones y los beneficios
El pasado junio, Vestas anunció el cierre de tres de las cuatro líneas de producción de la factoría de Villadangos de Páramo. Pero en una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y la consejera Del Olmo les comunicó –al mismo tiempo que a los trabajadores– que el cierre sería total. La consejera de Economía, que ha afeado a la multinacional sus “formas inaceptables”, asegura que la clausura de la planta leonesa obedece a “razones oscuras”, que no han sido “suficientemente explicadas”.
La multinacional danesa aduce que uno de los tres modelos de aerogeneradores que fabrica en León está obsoleto y que otro casi ya no tiene demanda en Europa. “Pero se sigue vendiendo en 74 países del resto del mundo”, opone Pablo Martínez. “El tercer modelo ha bajado en ventas, pero no tanto como para cerrar la planta”, subraya. “El eólico es un mercado en auge, y los modelos que se fabrican en Villadangos del Páramo son los Ferrari de ese mercado”, apunta además Ángel Manuel Santos González, responsable de industria de CCOO en León. La intención de Vestas es trasladar la producción a China, India y Argentina. “Ganan mucho dinero y quieren ganar mucho más”, resume Santos González.
En el primer semestre del año, Vestas ha anunciado unos beneficios netos mundiales de 286 millones de euros. La empresa declina dar los resultados de su negocio en España. No obstante, en su último informe financiero publica un aumento de su cartera de pedidos, medida en megavatios, en Europa, Oriente Próximo y África del 60% con respecto al mismo periodo de 2017. De los 1.623 megavatios conseguidos en esa área, la mayor parte procede de España, seguida de Suecia y Noruega, destaca el documento. “Se espera que el mercado español sea un mercado clave en el medio y largo plazo”, avanza también el informe anual de resultados de 2017. Este año Vestas prevé facturar 10.500 millones de euros. Del Olmo reveló igualmente que uno de los argumentos esgrimidos por la compañía danesa para cerrar la planta leonesa y trasladar la producción fuera de Europa es que en esos nuevos mercados los gobiernos la obligan a instalar una planta de producción si quieren presentarse a las subastas de plantas eólicas.
El representante de UGT apunta, además, que las fábricas en países como Rusia “ni siquiera son propiedad de Vestas”, sino que se trata de lo que la empresa denomina “contractors”, compañías locales con las que subcontratan la producción.
Devolución de subvenciones públicas
La Junta de Castilla y León también ha acusado de “deslealtad institucional” a la empresa. La multinacional recibió 13,5 millones de euros en ayudas comunitarias gestionadas a través de la Administración castellanoleonesa y el Gobierno central. Entre ellas, 12,2 millones en incentivos regionales por una inversión prometida de casi 50 millones de euros que finalmente se redujeron a 33,2 millones en 2013. Y 1,25 millones más para proyectos de I+D.
Además, Vestas debió reintegrar en 2013, 2014 y 2017 parte de las subvenciones recibidas por incumplir las condiciones que la normativa exige. No mantuvo la inversión prometida durante cinco años en el caso de una ayuda que le concedió la Junta de Castilla y León en 2010, por lo que tuvo que devolverla íntegra, 409.016 euros, más 50.370 euros por interés de demora. Otro tanto le ocurrió con una ayuda del Gobierno de Castilla-La Mancha, de 9,94 millones de euros, por la que se había comprometido a mantener 495 puestos de trabajo en su factoría de Daimiel. Tuvo que devolver 29.839 euros más 5.363 euros por interés de demora. Y por incumplir su compromiso de inversión de 33,2 millones citado más arriba, en 2017 se le redujo la subvención de 5,98 millones en casi 100.000 euros, según se extrae del Boletín Oficial del Estado (BOE).
El caso es que el plazo para no tener que devolver el importe íntegro de las ayudas recibidas, cinco años, expiraba el pasado mes de junio, un mes antes de anunciar el cierre de la factoría de Villadangos de Páramo. En julio también cerró otra de sus plantas, la de Vilafranca del Penedés (Barcelona) y despidió a sus 44 trabajadores, con indemnizaciones de 33 días por año más una paga lineal de 800 euros por año de antigüedad. La planta se dedicaba a reparar los aerogeneradores, una actividad que desde entonces realiza directamente en los parques eólicos una subcontratada alemana, ZF Aftermarket.
En huelga una planta con Premio a la Excelencia
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Vestas presume de tener 92 gigavatios instalados en 79 países, lo que supone un 16% de cuota de mercado y la convierte en el líder mundial en el sector eólico. Cuenta con una plantilla global de 23.900 empleados. Uno de sus principales accionistas es el fondo de inversiones Blackrock, aunque el portavoz de Vestas rehúsa precisar el porcentaje de capital en sus manos o siquiera si es mayoritario. Blackrock es el primer accionista del ÍBEX 35, con participaciones en Santander, BBVA, Caixabank o Telefónica, por ejemplo.
Además de su discutida gestión de subvenciones públicas, la multinacional eólica tiene abierto un frente con la Agencia Tributaria. La Audiencia Nacional dirimirá si Vestas cumplió con sus obligaciones fiscales entre 2006 y 2009. Según explica su portavoz, se trata de un problema entre las agencias tributarias española y danesa, ya que ambas reclaman que parte del beneficio de la compañía debería haber tributado en su país y no en el otro. “Se ha producido una doble imposición para el grupo, pues los mismos resultados han tributado simultáneamente en España y Dinamarca, situación contraria a los más elementales principios de tributación y contraria al ordenamiento de la UE”, sostiene el portavoz.
Los trabajadores de Villadangos de Páramo se encuentran en huelga desde el pasado 16 de julio, por lo que la producción lleva casi dos meses parada. Ya han sido despedidos 180 empleados temporales. Los que aún quedan desconfían, pese a las palabras del ministerio tras la reunión del lunes, de lo que pueda ocurrir en las plantas de Viveiro y Daimiel. La primera produce componentes para la planta de León y la segunda, palas que se ensamblan en la factoría que ahora puede desaparecer. El secretario de industria de CCOO cree que el cierre de Villadangos estaba planeado desde hacía meses y que Vestas ha “engañado a todos”, a los trabajadores y a la Junta de Castilla y León. El comité de empresa y el propio gobierno autonómico repiten que la planta es “competitiva” y “viable”. “Es la única del grupo capaz de producir diferentes modelos de forma simultánea”, resalta Ángel Manuel Santos. De hecho, los trabajadores de León han enseñado a empleados de Vestas en 12 países distintos los procesos que utilizan. “Somos empleo de calidad, con una formación muy especializada”, añade. Pablo Martínez recuerda que, sólo 15 días antes de anunciar el cierre, la planta de Villadangos de Páramo recibió del propio grupo danés un Premio a la Excelencia por su gran desempeño. Ahora la quiere cerrar por obsoleta.
La multinacional danesa Vestas mantiene su decisión presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la factoría de aerogeneradores que abrió en 2005 en Villadangos del Páramo (León), lo que supondrá el despido de 360 trabajadores y pone en peligro el puesto de trabajo de otros 2.000 empleos indirectos repartidos en una cuarentena de empresas de Castilla y León. Tras reunirse este lunes los responsables de la empresa –con el vicepresidente, Jean-Marc Lechêne, y el director de Operaciones, Tommy Nielsen, a la cabeza– con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como con el secretario y el director general de Industria Raül Blanco y Galo Gutiérrez, el Gobierno anunció al apertura de una “línea de negociación permanente” para “minimizar el impacto” del cierre de la factoría en León buscando “alternativas industriales” para la comarca.