Al terminar su grado en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad de Granada, Carlos intentó buscar trabajo y acudió a las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) “sin mucho éxito". "No me ayudaron”, dice. Y cree que su caso “no es una excepción” por experiencias compartidas con personas de su edad. Y no sólo sucede en ese colectivo. No llegan ni al 2%. Los asalariados que fueron contratados el año pasado gracias a la intermediación de las oficinas públicas de empleo, supusieron el 1,9%, 338.200 personas en todo el país, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es un porcentaje similar al registrado en 2022 y que se mantiene en el tiempo, décima arriba o abajo, desde hace años, mientras las empresas de trabajo temporal (ETT) han logrado una tasa de intermediación más elevada.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, tiene una amplia red territorial de oficinas, pero éstas se dedican en esencia a la gestión de las prestaciones por desempleo, ya que las competencias en Políticas Activas de Empleo (PAE) están transferidas a las comunidades y son éstas las que tienen que realizar la labor de intermediar. ¿Por qué las personas que demandan un puesto laboral no lo encuentran a través de la vía pública, qué está fallando?
Fuentes de la Secretaría de Acción Sindical y Empleo de CCOO indican que llevan años denunciando “las restricciones presupuestarias a las que se ven sometidas” esas oficinas, “la falta de recursos humanos y materiales, de adecuación a las nuevas tecnologías, de organización y de coordinación entre los servicios públicos de empleo autonómicos y el estatal…”. A lo que añaden la ausencia de “control, de seguimiento y de evaluación de las políticas de empleo en general, incluida la intermediación laboral”. Aseguran que “esto ha sido una de las grandes batallas” para su sindicato, al pensar que “es fundamental para la gestión del mercado de trabajo, para que este funcione correctamente como en otros países de la Unión Europea (UE)”. “Lo que no quita -matizan- que se pueda trabajar también con la colaboración público-privada, con ETT, agencias de colocación… pero siempre siendo el servicio público de empleo quien pilote el camino y el que garantice la igualdad de acceso y la protección de los derechos de los trabajadores”, aseveran.
A juicio de este sindicato, “haría falta que esas oficinas se dedicaran a la prospección y captación de ofertas de trabajo y a la puesta en contacto de éstas con las personas que buscan empleo. Para esto hay que hacer un buen diagnóstico de quienes llegan a la oficia y hacen falta recursos humanos y técnicos”, recalcan.
Confían en que la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo contribuya a “dar respuesta a los déficits que se habían identificado a lo largo de estos años, con este tema y con otros relacionados con la orientación, la formación y con otras políticas activas de las que son responsables los servicios públicos autonómicos”. En ese sentido, apuntan que en la norma “se le da un papel fundamental a la intermediación, se insta a los servicios públicos autonómicos a que sea eficaz y se establecen servicios garantizados tanto para los usuarios como para las empresas”. Si bien, a pesar de que el artículo 59 de la ley recoja el compromiso de las entidades empleadoras usuarias de los servicios de empleo de comunicar los puestos vacantes con los que cuentan, “esto tiene que ser desarrollado aún reglamentariamente” y señalan que “las asociaciones empresariales se han opuesto en parte”.
En definitiva, estas fuentes consideran que “hay muchísimo margen de mejora” en el ámbito de la intermediación de los servicios públicos, aunque insisten: “Como a cualquier otro servicio, hay que dotarlo de los recursos necesarios, personales y materiales como una plataforma en la que las comunidades puedan compartir a nivel nacional ofertas no cubiertas, formativas, con los diagnósticos de las personas que se sientan para saber qué trabajos se les pueden ofrecer… Si no hay nada de esto, poco se puede avanzar”, avisan.
"Tenemos un problema"
Cristina Estévez, responsable de Empleo y Seguridad Social en UGT, está de acuerdo: “Tenemos un problema en este país: los servicios públicos de empleo no funcionan como lugares de intermediación, en primer lugar porque las empresas no dejan allí las ofertas de trabajo y es difícil poder casar ofertas y demandas cuando no tienes las primeras”. Y ello, en un estado que, pese a la buena marcha del mercado laboral en los últimos años, el paro se situó en el 11,80% a final de 2023, de acuerdo a la actualización reciente del INE de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Relata que su organización sindical reclamó en el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo que “se incentivara, ya que no se puede obligar, el que las empresas las pasen vía los sistemas públicos”, ya que esto, unido a “la falta de intermediadores laborales, da lugar a que los sistemas de colocación siguen siendo en España que alguien te cuenta, te comenta, que si el primo de no sé quién… Es algo que no ha variado desde hace años y es una de nuestras luchas”, enfatiza.
Constata que algunas empresas “sí acuden a las ETT, y no a los servicios públicos de empleo, para que les hagan la selección de personal. Porque luego el contrato, a diferencia de lo que sucede en otros países del entorno europeo, tiene que tener las mismas condiciones laborales que si hubiera sido realizado directamente por la empresa”. Lo atribuye a que “no se ha sabido generar la confianza” necesaria para que las entidades empresariales recurran directamente al sistema público de empleo.
Estévez alude, asimismo, a la nueva ley para aportar que ésta “reparte la dotación económica a las comunidades para el desarrollo de los programas de intermediación”, pero en torno a ella “no hubo mesa de diálogo social y eso fue un problema”, afirma. Se refiere a que, por ejemplo, UGT defiende que “la dotación económica tiene que ser finalista, un dinero que vaya para algo concreto”, pese a que “las comunidades no quieran, porque a ningún gobierno le gusta que le digan en qué tiene que gastar”. Y esto porque, en la actualidad, “si recibes 1.000 millones para Políticas Activas de Empleo, dentro del desarrollo de éstas se puede meter la pintura del edificio, el acondicionamiento de la oficina, pagar a la gente del SEPE autonómico… es decir, no se garantiza que ese dinero vaya a contratar intermediadores, a orientadores profesionales”, sintetiza. Anota luego que la norma “recomienda”, pero, “si no se obliga a contratar a orientadores, las empresas no van a acudir a un servicio público de empleo para que les seleccione a gente, porque no hay personal específico que desarrolle esa labor, por eso van a una ETT”, concluye. En ese punto añade un dato significativo: “Hay comunidades en las que la ratio es de entre 4.000 y 5.000 desempleados por orientador, mientras que en los países nórdicos es de 200”. “Si tienes que atender a 5.000 personas -engarza-, qué tiempo tienes para entrevistarlas, ver qué necesidades formativas tienen, qué ofertas hay para ellas…”, se pregunta.
A su entender, se ha “perdido una oportunidad con la ley”, dado que, “aunque tiene muchísimas cosas buenas, no cubre la parte básica que es la obligatoriedad. Se lee que hay una serie de servicios obligatorios, pero si no hay dinero para desarrollarlos… es la pescadilla que se muerde la cola”, lanza.
Recuerda, a continuación, que en 2023 “se batió récord en la cantidad de fondos que desembolsó el Ministerio de Trabajo para las PAE, con recursos además en su mayoría del propio ministerio porque sólo una parte pequeña venía de Europa -se asignaron más de 2.803 millones, de los que 231.886.000 euros fueron del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-, pero no tenemos ni siquiera las armas para evaluar qué se ha hecho con ese dinero”, advierte.
En relación a que los servicios estén cedidos a las comunidades, Estévez sostiene que “la cercanía, la proximidad, genera que se puedan gestionar mejor los problemas”, aunque “con unos límites”. “Si eres una desempleada, tienes que tener las mismas posibilidades de que te orienten y te den cobertura formativa seas de Canarias o de Euskadi. Pero el servicio de empleo vasco funciona fenomenal y otros no”, se explica. Esto se le ha atragantado al sistema. "Habría que garantizar un mínimo común para todos los desempleados del país y a partir de ahí, que cada autonomía desarrolle políticas de proximidad en función de qué tipo de parados tienen, en qué lugares…”, manifiesta, sin embargo, “no se ha conseguido, porque lo recogido en la ley son recomendaciones y en el momento en que la dotación económica no tiene carácter finalista, que significa que ese dinero sólo se puede emplear en eso, lo perdemos todo”, remarca. Con todo, deja claro que “es injusto disparar a quien no corresponde” como el SEPE que, opina, ejecuta " bien”. “Hay que tener voluntad política en cada territorio para desarrollar la ley de empleo, que es la misma para todos”, remata.
Por su parte, fuentes empresariales aclaran que no se niegan por sistema a enviar las ofertas que manejen al sistema público, antes tenían que pasar todas por el antiguo Instituto Nacional de Empleo (INEM), lo que ocurre es que "cuando sus niveles de inserción son tan bajos, la sensación que hay es que hacerlo no es útil, que no hay retorno, que es una gestión vacía". En un contexto en el que "hay problemas importantes para cubrir ciertos perfiles profesionales" y en su apuesta habitual por la colaboración público-privada, los empresarios se decantan por otras opciones que "parecen más eficientes".
Al terminar su grado en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad de Granada, Carlos intentó buscar trabajo y acudió a las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) “sin mucho éxito". "No me ayudaron”, dice. Y cree que su caso “no es una excepción” por experiencias compartidas con personas de su edad. Y no sólo sucede en ese colectivo. No llegan ni al 2%. Los asalariados que fueron contratados el año pasado gracias a la intermediación de las oficinas públicas de empleo, supusieron el 1,9%, 338.200 personas en todo el país, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es un porcentaje similar al registrado en 2022 y que se mantiene en el tiempo, décima arriba o abajo, desde hace años, mientras las empresas de trabajo temporal (ETT) han logrado una tasa de intermediación más elevada.