A la vuelta del verano, el francés BNP Paribas anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en su división de grandes patrimonios, que afectará a 44 personas. Unas semanas después Unicaja comunicaba el suyo, por el que prevé deshacerse de 1.028 trabajadores, el 15% de su plantilla, en los próximos tres años. También WiZink, el banco especializado en tarjetas de créditos que ha pasado de las manos del Popular a las del Santander y de éstas a las del fondo de inversión estadounidense Värde PartnersVärde Partners, quiere despedir a 209 empleados, el 20% de los que posee. Para marzo de 2019, además, Banco Santander prevé comenzar la negociación de su propio despido colectivo, que puede afectar a unos 3.000 trabajadores.
Estos recortes se producen cuando aún no han terminado los negociados en Liberbank, que en 2017 comenzó a dar de baja a 525 de sus 4.000 empleados, y en Bankia y BMN tras la fusión de ambos, que afectará a un total de 2.000 personas. Las 500 bajas pactadas en Ibercaja concluyeron en julio y a primeros de año se consumaron los 239 despidos en Evo Banco239 despidos en Evo Banco, que el pasado septiembre fue vendido por el fondo Apollo a Bankinter. A lo largo de este año Banco Santander se ha deshecho de un millar de trabajadores en virtud del acuerdo que firmó con los sindicatos en diciembre de 2017 tras integrar sus servicios centrales con los del Popular.
Pese a la recuperación y al rescate, los recortes de plantilla y el cierre de oficinas en la banca no se detienen. Desde 2007 los bancos se han desprendido de 25.051 trabajadores, un 22,5% de sus plantillas, y las cajas aún más, 59.589, el 45%. Los bancos también han cerrado 4.559 sucursales, el 29,6% de las que tenían antes de la crisis, mientras que las cajas han prescindido de la mitad de red, 12.391 oficinas. En 2007 la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal bancaria, tenía 100 miembros; en 2017 eran 78. Por lo que se refiere a las cajas de ahorro, agrupadas en la CECA, han pasado de 46 a 13 en esos 10 años.
La reconversión del sector financiero ha sido brutal, por tanto. Y cuando parecía haber amainado vuelve otra vez a agitarse el fantasma de los grandes planes de recorte. Ya lo dejó claro el presidente de la AEB, José María Roldán, cuando dijo que la reducción de las plantillas y el cierre de oficinas es “la única palanca que puede usar y controlar una entidad para aumentar su eficiencia”. Mientras no suban los tipos de interés, la rentabilidad de los bancos seguirá por debajo de los niveles precrisis y, mientras continúen “las presiones sobre la rentabilidad”, la medicina serán los recortes de personal y sucursales, subrayó. “El proceso de racionalización de redes”, tal y como lo denominó, “será continuo”. Tanto Unicaja –201,9 millones de euros– y WiZink –151 millones– como BNP Paribas –1,89 millones– y Santander –6.618 millones– tuvieron beneficios en 2017. La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) de la banca española era el pasado marzo de 9,66%, superior a la media europea, del 6,77%, pero aún muy por debajo del 21,4% que alcanzó en 2007.
No habrá suficientes prejubilaciones
“Los ajustes no sólo no han terminado sino que van a seguir por la lógica de las patronales de la banca y las cajas”, admite Agustín Nieto, responsable del sector financiero en UGT, “si no es el tamaño de la entidad, es la falta de capital suficiente lo que argumentan para recortar puestos de trabajo; la reforma laboral se lo permite aunque no tengan pérdidas”.
Es lo que ocurre con Unicaja, por ejemplo, que aún no ha concretado las cifras del ERE, “únicamente que necesita movilidad geográfica y quiere traslados a más de los 25 kilómetros de distancia que permite el convenio, y sin compensación económica”, se queja Nieto.
WiZink “no tiene argumento económico [consigue beneficios] ni organizativo después de que culminara la integración [de Citibank y Barclays] hace dos años”, protesta Teo Ortiz, responsable de banca de CGT. Además, el banco digital lleva tiempo externalizando parte de sus actividades. “Sólo en subcontratas hay unos 300 trabajadores”, precisa Ortiz. La plantilla de WiZink la componen 500 personas, más un centenar que opera en Portugal. El representante de CGT advierte de que el ERE recién anunciado será “agresivo”, debido a que son muy pocos los trabajadores con edad suficiente para prejubilarse y temen un alto número de despidos.
En BNP Paribas, por el contrario, las negociaciones están siendo más templadas. La mitad de los 44 trabajadores sobrantes serán prejubilados, explica Teo Ortiz. Pero el que prepara el Santander para el próximo año puede no ser tan amable. Ortiz recuerda que en 2017 el Popular ya se deshizo de 2.592 trabajadores antes de ser adquirido por Banco Santander. Lo que unido al millar –760 procedían del Popular– que salió este año, reduce el número de quienes podrían acogerse a prejubilaciones en 2019. “No dan tiempo a que la plantilla envejezca”, apunta el dirigente de CGT.
Exceso de carga de trabajo y millones de horas extras
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La jibarización de las plantillas se está produciendo, además, cuando más arrecian las quejas de los empleados por el exceso de carga de trabajo y las horas extraordinarias no retribuidashoras extraordinarias no retribuidas que se ven obligados a hacer. Según cálculos de UGT, los trabajadores de la banca realizan 14,5 millones de horas extra sin remunerar al año. Mientras, algunas entidades anuncian la apertura de las oficinas por las tardes. Por ejemplo, el Banco Santander empezó el pasado septiembre a abrir por las tardes 500 oficinas Smart Red, pero sólo atienden a los clientes con cita previa. También están probando el horario vespertino Cajamar y Banco Sabadell. Caixabank, Deutsche Bank y Bankia llevan tiempo abriendo después de la hora de comer. Y BBVA negocia con los sindicatos que parte de sus gestores atiendan por teléfono a los clientes durante la tarde. UGT, precisa Agustín Nieto, no firmó los acuerdos que permitieron la apertura por las tardes en Caixabank y Santander.
“Es un contrasentido”, critica el dirigente ugetista, “que después de perder 84.000 empleados durante la crisis, el sector financiero siga destruyendo puestos de trabajo al tiempo que sus trabajadores hacen millones de horas extraordinarias no pagadas”. La batalla de los sindicatos contra la prolongación ilegal de las jornadas de trabajo quedó en suspenso después de que el Tribunal Supremo dictaminara que no es obligatorio el registro de la jornada ordinaria, sólo de las horas extras. En la Comisión de Empleo del Congreso se encuentra “paralizada en el proceso de enmiendas”, recuerda el responsable de UGT, la proposición de ley que presentó en 2017 el PSOE para hacer obligatorio el registro horario de los trabajadores. Mientras, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe dictaminar sobre la cuestión prejudicial que le ha planteado la Audiencia Nacional sobre la misma cuestión, iniciada por una demanda de conflicto colectivo contra Deutsche Bank interpuesta por UGT y CCOO.
El año próximo se vislumbra conflictivo para el sector bancario. Hay elecciones sindicales en febrero. También toca renovar el convenio colectivo. Ni UGT ni CGT se atreven a aventurar cuál será la repercusión de la sentencia del Supremo que obliga a la banca a pagar el impuesto de actos jurídicos de las hipotecas, en caso de que se confirme en la reunión que el alto tribunal celebrará el próximo 5 de noviembre. Pero temen que, además de convertirse en comisiones más altas para los clientes, traiga consigo, como mínimo, rebajas salariales para las plantillas.
A la vuelta del verano, el francés BNP Paribas anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en su división de grandes patrimonios, que afectará a 44 personas. Unas semanas después Unicaja comunicaba el suyo, por el que prevé deshacerse de 1.028 trabajadores, el 15% de su plantilla, en los próximos tres años. También WiZink, el banco especializado en tarjetas de créditos que ha pasado de las manos del Popular a las del Santander y de éstas a las del fondo de inversión estadounidense Värde PartnersVärde Partners, quiere despedir a 209 empleados, el 20% de los que posee. Para marzo de 2019, además, Banco Santander prevé comenzar la negociación de su propio despido colectivo, que puede afectar a unos 3.000 trabajadores.