El nuevo factor para recortar las pensiones se aplicará a 300.000 recién jubilados el 1 de enero

El Congreso ha exigido este jueves al Gobierno que derogue de forma inmediata el factor de sostenibilidad, un coeficiente reductor que se aplicará a las pensiones de quienes se jubilen a partir del 1 de enero de 2019. El factor es una de las medidas incluidas en la reforma de las pensiones aprobada en 2013 únicamente con los votos del PP. La proposición no de ley de esta semana, a iniciativa del PDeCAT, recibió los apoyos de PSOE y Unidos Podemos, y la abstención de Ciudadanos, PNV y Foro Asturias. Sólo los populares la rechazaron.

Las posibilidades de que el coeficiente reductor no se aplique son escasas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dejó clara la víspera, también en el Congreso, que no derogará la reforma de 2013, al tiempo que alababa las virtudes del factor de sostenibilidad como garante del “pacto intergeneracional” que sostiene el sistema de pensiones públicas en España.

El factor de sostenibilidad, tal y como se diseñó en la reforma de 2013 –fue esbozado ya en la de 2011– reducirá la pensión de cada nuevo jubilado según la esperanza de vida que se atribuya a su generación. El recorte se practicará una sola vez, al calcular la primera pensión. Para confeccionar la fórmula, el Ministerio de Empleo utilizará las tablas de mortalidad de la Seguridad Social para los mayores de 67 años a partir de 2012. El cálculo se revisará cada cinco años. Quienes primero sufrirán la rebaja serán los aproximadamente 300.000 trabajadores que se jubilarán en 2019. El año pasado accedieron a una pensión contributiva de jubilación un total de 309.709 personas, según las estadísticas de la Seguridad Social,  2.198 más que en 2016.

Lo que aún se desconoce es la cuantía del recorte. Tanto la ministra de Empleo, Fátima Báñez, como el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, han asegurado que los cálculos aún no están hechos, a la espera de que se publiquen las cifras de defunciones de 2017.

Pero sí han lanzado sus previsiones de cómo será el factor de sostenibilidad expertos, sindicatos y consultoras. Según el Instituto BBVA de Pensiones, será del 0,47% en 2019. Es decir, recortará en 4,7 euros una pensión de 1.000 euros mensuales. Un estudio del Grupo de Investigación en Pensiones de la Universidad de Valencia se aproxima con un cálculo del 0,45% el primer año. Para quienes se jubilen en 2020, la reducción alcanzará el 0,93% –9,3 euros al mes para esa pensión mileurista–. Y para quienes lo hagan en 2040 se elevará a 78,3 euros mensuales.

Los números del informe que Analistas Financieros Internacionales (AFI) elaboró para la Asociación Empresarial del Seguro aumentan el recorte en 2019 hasta el 0,72%, 7,2 euros mensuales de la pensión de 1.000 euros. En 2040, 133 euros al mes. CCOO, finalmente, prevé que el factor de sostenibilidad redunde en una merma de entre el 0,5% y el 0,7% en su primer año de aplicación.

Caída de la pensión y del poder adquisitivo

Tanto los analistas de la Universidad de Valencia como los de AFI coinciden en que el factor de sostenibilidad reducirá la tasa de reemplazo, la relación entre la primera pensión y el último salario. AFI prevé que la tasa de reemplazo de las nuevas pensiones de jubilación caerá desde el 81,5% que tenían en 2015 hasta el 63,2% en 2035, aunque ese recorte será el resultado no sólo del efecto del factor, sino también del aumento del periodo de cómputo de la pensión, que pasará de 15 a 25 años en 2022.

Además, el estudio de la Universidad de Valencia alerta de que la cuantía media de las nuevas pensiones empezó a caer desde 2015 “por los efectos de la crisis y de la reforma de las pensiones de 2011 [que aumentó la edad de jubilación, el periodo de cálculo, los años necesarios para cobrar el 100% de la prestación y los necesarios para jubilarse a los 65]”. Así, la cuantía media de las nuevas altas de pensiones de jubilación era de 1.342 euros mensuales en 2015; en 2017 se ha quedado en 1.318. Es decir, ha disminuido un 1,8%. “De seguir la misma dinámica, el factor de sostenibilidad la agravaría aún más a partir de 2019 y sería necesaria una mejora importante en la productividad y los salarios para que la pensión inicial creciera en términos reales en el futuro”, advierte el equipo de economistas, que encabeza el profesor José Enrique Devesa, uno de los 12 expertos reunidos por el Ministerio de Empleo para elaborar la reforma de las pensiones de 2013.

El informe también calcula cuál será el deterioro del poder adquisitivo que sufrirán los nuevos pensionistas en comparación con el que disfrutarían si no les afectara el factor de sostenibilidad . Quienes se jubilen en 2027 tendrán un 3,88% menos de poder de compra; para quienes se retiren 10 años después, la merma será ya del 7,07%. Al añadirles las rebajas del poder de compra causadas por la aplicación de la revalorización congelada en el 0,25% –la que establece la reforma de 2013 si la Seguridad Social incurre en déficit– mientras el IPC alcanza el valor estándar del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE), la mengua del nivel de vida llegará al 34,26% para los nuevos jubilados de 2037. “Una pérdida”, resaltan los expertos de la Universidad de Valencia, “muy elevada”.

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Durante el debate de este jueves en el Congreso, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, criticó el diseño que el Gobierno ha dado al factor de sostenibilidad, que calificó de “injusto”: supone un recorte indiscriminado, porque la esperanza de vida es diferente dependiendo del sexo, la clase social o el sector laboral. Existe en otros países, explicó, pero en ellos afecta sólo a la edad de jubilación.

Dentro de la UE, Italia, Suecia, Francia, Finlandia, Portugal Letonia Sueciay Polonia tienen factores de sostenibilidad que recortan la pensión según la esperanza de vida. También Noruega y Japón. Finlandia fue el primer país que estableció un coeficiente reductor ligado a la esperanza de vida. Lo aprobó en 2005 y empezó a aplicarlo en 2010. Es el modelo que han copiado tanto Portugal –desde 2008– como España. En Francia el sistema es distinto: se llama “coeficiente de prorrateo” y está prevista su aplicación, en principio, sólo hasta 2035. Desde que fue implantado en 2003, el Gobierno galo revisa cada cuatrienio el número de años necesarios para tener una carrera laboral completa que garantice el 100% de la pensión. En Suecia, Italia, Letonia y Polonia, donde poseen cuentas nocionales –cada trabajador acumula sus cotizaciones en una cuenta individual virtual a la que se añade el rendimiento de ese capital–, el ajuste según la esperanza de vida es automático e inherente al sistema.

En Dinamarca, Holanda, Grecia –sólo para las pensiones complementarias– y Eslovaquia, así como en Italia, Finlandia, Portugal, Chipre y Malta, vinculan el recorte según la esperanza de vida a la edad de jubilación. En Alemania, desde 2004, las pensiones se ajustan en función de la ratio entre cotizantes y pensionistasratio, por lo que el mecanismo depende de la evolución demográfica. Y se aplica no sólo a las prestaciones iniciales, sino a todos los pensionistas.