Los trabajadores de Panrico decidieron el pasado sábado en asamblea continuar con una huelga que ya dura más de siete meses y va camino de batir récords. Una caja de resistencia, la batalla simultánea en los tribunales y mucha atención mediática han ayudado a la plantilla de la fábrica de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), a mantener en solitario el pulso con la empresa. El resto de las factorías del grupo –Sevilla, Córdoba, Madrid, Valladolid y Zaragoza– aceptaron casi desde el primer día unos despidos que les tocaban menos y se desvincularon de la suerte de sus compañeros catalanes.
Pese a la desmovilización a la que la crisis y el consiguiente aumento del paro han empujado a las plantillas, el de los donuts está lejos de ser el único conflicto enquistado para el que los trabajadores buscan la solución más drástica y comprometida: la huelga indefinida.
Sólo que sus resultados son dispares. Y muchos quedan fuera de los focos pese a su crudeza. La huelga en Coca-Cola duró dos meses. Su presencia en los periódicos y televisiones fue constante. Pero los trabajadores de de Fuenlabrada (Madrid), Asturias, Mallorca y Alicante no pudieron evitar su despido y el cierre de sus fábricas. La Audiencia Nacional aún celebrará mañana el juicio por la demanda que UGT, CCOO y CSI-F interpusieron contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Muy distinta fue la huelga de basuras de Madrid. Sólo duró 14 días, pero su impacto sobre el ciudadano, y sobre la imagen del Ayuntamiento, fue contundente. Las empresas adjudicatarias del servicio retiraron el ERE tras una dura negociación: se salvaron 1.100 empleos.
Según la última estadística de la CEOE, el número de horas perdidas por huelgas cayó un 62% en 2013 y el número de trabajadores que las secundó, un 85%. Pero en los tres primeros meses de este año, y pese a haber disminuido un 10,7% el número de paros, las horas de trabajo perdidas han crecido un 24% y los empleados participantes se han disparado un 73%. De las 244 convocatorias que contabiliza la patronal hasta abril, 40 tienen su origen en un ERE. Otra cosa es que se trate de conflictos prolongados: de las 1.259 huelgas de 2013, sólo 23 duraron más de un mes y 18 seguían vivas en abril de este año.
INCOESA
Una de ellas es la que comenzaron hace justo un año los 60 trabajadores de la empresa vizcaína Incoesa. Apenas pudieron celebrar el aniversario: la plantilla comenzó esta semana a recibir las cartas de despido, después de que el juzgado de lo mercantil que lleva el concurso de acreedores de la empresa autorizara la extinción de todos sus contratos. En abril de 2013, Incoesa, que fabrica transformadores eléctricos en Bedia (Vizcaya), quiso aplicar un ERE de suspensión de contratos, por el 75% de la jornada, a sus trabajadores. Fue rechazado por éstos y anulado después por el juez. En mayo anunció el traslado de toda la plantilla a sus otras dos plantas, en Malpartida de Plasencia (Cáceres) y en Ólvega (Soria). También un recorte de sueldos del 30%. Fue la chispa que encendió la huelga indefinida. La mayoría de sus trabajadores llevan 30 años en la empresa y consideraron los traslados un despido encubierto. El pasado enero el juez los anuló también. Así que pocas semanas después Incoesa presentó un ERE para despedir a toda la plantilla a cambio de 31 días de indemnización por año y 24 mensualidades. Los trabajadores volvieron a decir no.
Higinio Arteta, el dueño de Incoesa, había recibido del Gobierno vasco dos millones de euros en subvenciones para I+D, así como otros 155.000 euros de la Diputación Foral de Vizcaya. Tras anunciar el traslado, este organismo exigió a Incoesa la devolución de las ayudas. No así el Ejecutivo de Vitoria. Lo que LAB, el sindicato que integra el comité de empresa, tacha de “deslocalización”, para el Gobierno de Íñigo Urkullu se queda en mera “localización estratégica”.
Arteta también utilizó dinero público para abrir en 2009 la planta de Malpartida de Plasencia, una inversión de 24 millones de euros. En concreto, cedió el 40,5% del capital de Electrotécnica Extremeña (Etesa) a la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (Sofiex), y el 8,5% a (CEx), una sociedad de capital riesgo participada por el Gobierno regional. Junto con Electroaplicaciones Ólvega, la planta soriana, el grupo facturó en 2011 un total de 36,94 millones de euros. En junio de 2013 Arteta solicitó el concurso de acreedores para dos de sus empresas: Incoesa Trafodis e Incoesa Trafos.
Aunque los trabajadores han recurrido la decisión de juez de extinguir sus contratos, la huelga se ha dado por concluida, explica Ariane Elejabarrieta, asesora de LAB en Incoesa. A diferencia del conflicto de Panrico, donde la Generalitat ha hecho varios intentos de mediación entre las partes, ningún consejero del Gobierno vasco accedió a reunirse con los trabajadores de Incoesa. “Sólo nos recibió un técnico”, lamenta Elejabarrieta. La Diputación Foral de Vizcaya tardó ocho meses en convocarlos.
ALFUS Y CEMENTOS LEMONA
Bedia forma parte del valle de Arratia, una comarca que se está “muriendo”, dice la representante de LAB, por culpa de la desindustrialización. “El paro creció un 20% en 2013”, asegura. Casi al mismo tiempo que los de Incoesa, en marzo del año pasado, los trabajadores de Alfus, filial de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) dedicada a la limpieza industrial, se declaraban en huelga contra 16 despidos y la rebaja de sus condiciones laborales. Sólo la desconvocaron 10 meses después, el pasado enero. En ese plazo, y también como en el caso de Incoesa, el juez falló contra la decisión de la empresa, y anuló 12 de los 16 despidos. Pero, a diferencia de sus compañeros, el regreso de la plantilla de Alfus al trabajo se debió a sus sospechas de que FCC pretendía cerrar la planta de Bedia: las instalaciones están abandonadas, las ventanas tapiadas, sólo tiene un comercial y está de baja… Este lunes la empresa se reúne con el comité para explicarles las condiciones del despido colectivo que ya les ha anunciado. Los 31 trabajadores de Alfus temen que sea el ERE del cierre.
En el valle de Arratia también se halla una de las plantas de Cementos Lemona, histórica cementera que FCC vendió en febrero de 2013 al grupo irlandés CHR. La huelga de sus trabajadores duró cinco meses el año pasado. Protestaban por el despido de 16 de ellos y reclamaban medidas de flexibilidad. Consiguieron su readmisión y la firma de un nuevo convenio colectivo.
PARQUES DE BOMBEROS DE GALICIA
En Galicia son los casi 400 bomberos de los 23 parques comarcales de gestión privada quienes mantienen una huelga que ya ha sobrepasado los ocho meses. Aunque es “más virtual que real”, reconoce el responsable de Administración Pública de CCOO en Galicia, Xan Caneda. Como los servicios mínimos son del 100%, dada la naturaleza de su trabajo, todos los bomberos cumplen con su jornada escrupulosamente. Apenas son dos o tres por turno en cada parque. Eso sí, las movilizaciones de protesta llevan meses en las portadas de los medios locales. El conflicto comenzó en 2012 y su origen se halla en la negativa de las empresas adjudicatarias de los parques a negociar un convenio colectivo autonómico. Nanutecnia, una unión temporal de empresas de servicios que gestiona seis parques en A Coruña y Lugo, ni siquiera posee un convenio de empresa.
Las negociaciones para elaborarlo quedaron bloqueadas después de que la empresa despidiera hace dos semanas a dos bomberos del parque de Santa Comba (A Coruña) por no vigilar mientras se cometían unos actos vandálicos en las instalaciones. Xan Caneda asegura que los despidos son “ilegales”, parte de la “guerra de desgaste” que mantienen las empresas con sus plantillas. Acaban de ser readmitidos.
Los trabajadores de otra de las adjudicatarias, Veicar, con 12 parques en A Coruña, Lugo y Ourense, no consiguieron su convenio hasta el pasado mes de diciembre. Los de Matinsa, gestora de cuatro parques en Pontevedra, lo tienen desde hace sólo unos días. El convenio autonómico por el que bregan los bomberos, sin embargo, parece muy lejos. Las adjudicatarias, alerta el responsable de CCOO, tienen poco que ver con la extinción de incendios: son empresas de servicios –Nanutecnia–, de venta de maquinaria –Veicar– o de recogida de residuos y jardinería, como Celta Prix, la anterior concesionaria de Pontevedra. La actual, Matinsa, es una filial de FCC, que ha conseguido un contrato de ochos años por 21 millones de euros. Este año volverán a salir a concurso los parques de A Coruña y Ourense. Galicia es la única comunidad autónoma que ha privatizado los parques comarcales.
¿Qué piden los bomberos? Cobrar los 1.500 euros mensuales de sus compañeros del único parque comarcal público, el del Deza (Pontevedra). El de los privados no supera los 1.100 euros brutos al mes. Los bomberos de los parques municipales llegan a los 2.000. También reclaman que se les retribuya el 100% de su sueldo en caso de baja. Nanutecnia se niega: aduce que cobrar el sueldo íntegro en caso de enfermedad o accidente “fomenta el absentismo”.
UNIPOST
Los 2.500 trabajadores de Unipost llevan cuatro años con reducción de jornada, continuas rebajas salariales, descuelgues del convenio colectivo, denuncias a la Inspección de Trabajo, demandas en la Audiencia Nacional, un despido colectivo en 2009, otro frustrado por la autoridad laboral en 2011, un tercero aún en fase de negociación que puede afectar a 372 trabajadores... Además, sufren –lo mismo ocurrió en Panrico– una división sindical que en nada favorece la salida al conflicto. UGT y USO han firmado acuerdos de recorte salarial con la empresa que CCOO y CGT rechazan. Ambas convocaron una huelga en agosto de 2012 y CGT en solitario, otra el pasado diciembre, que duró tres semanas.
Un conflicto tan largo no deja a nadie indemne. “La gente tiene miedo”, asegura el portavoz de CGT en Unipost Barcelona, Emilio Gómez. “Después de tres años de reducciones de jornada”, explica, “nos estamos comiendo el paro”. Porque la empresa no cesa de agitar el fantasma del concurso de acreedores y el cierre. Y la solución no parece próxima. El próximo jueves sindicatos y empresa mantendrán una última reunión para intentar un acuerdo sobre los 372 despidos, tras agotar el pasado viernes el mes que la ley da de plazo para el periodo de consultas del ERE.
Pero no sólo es el miedo al paro. Los trabajadores se encontraron el pasado enero con que en sus nóminas aparecían cantidades en negativo: les estaban aplicando los recortes salariales del acuerdo firmado por UGT y USO, que tienen efectos retroactivos. No fue la última sorpresa. En mayo, Unipost fraccionó la nómina: un 50% la primera semana y un 50% la segunda… que no se pagó hasta la tercera. Además, las extras de junio y diciembre de 2013 se las han abonado este año, previa denuncia de CCOO en la Audiencia Nacional.
Unipost es propiedad de la familia Raventós –los dueños de Codorniú– y de Deutsche Post, surgida de la privatización del grupo público postal alemán. Factura unos 110 millones de euros y cuenta con una cartera de 15.000 clientes. Tiene que hacer frente a la posición de dominio de Correos en el sector postal español: Unipost posee una cuota de mercado del 5%. CCOO y CGT hacen responsables a los gestores de la empresa de su mala situación. Prometieron una ampliación de capital de tres millones de euros para el pasado mes de marzo que no han hecho aún. Mientras, debilitando la plantilla con las sucesivas reducciones de jornada –también han cerrado siete franquicias y despedido a más de un centenar de trabajadores– la calidad del servicio se resiente y se pierden clientes, denuncian los sindicatos.
Los trabajadores de Panrico decidieron el pasado sábado en asamblea continuar con una huelga que ya dura más de siete meses y va camino de batir récords. Una caja de resistencia, la batalla simultánea en los tribunales y mucha atención mediática han ayudado a la plantilla de la fábrica de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), a mantener en solitario el pulso con la empresa. El resto de las factorías del grupo –Sevilla, Córdoba, Madrid, Valladolid y Zaragoza– aceptaron casi desde el primer día unos despidos que les tocaban menos y se desvincularon de la suerte de sus compañeros catalanes.