Patronal y sindicatos rechazan la aplicación en España del nuevo sistema francés de lucha contra el abuso del contrato temporal

Si hay una marca característica del mercado de trabajo español, ésa es el abuso del contrato temporal. Desde que el primer Gobierno de Felipe González le quitó el corsé en 1984, el empleo temporal es el rey de la estadística. También la mayor lacra de un mercado laboral que no sólo ha alcanzado cifras récord de paro durante la crisis sino que además permanece encaramado en la mayor tasa de temporalidad de Europa: el 25,88% según la última Encuesta de Población Activa (EPA), del primer trimestre del año.

En 2018 se firmaron en España más de 20 millones de contratos temporales, casi el 90% de los registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Un porcentaje que apenas ha variado desde los años 80, cuando se produjo la eclosión de los contratos temporales sin causa justificada. En 1987, los datos más antiguos que suministra la EPA, los trabajadores con contrato temporal equivalían sólo al 15,3% de los asalariados. Sumaban 1,25 millones de personas. Ocho años después, en 1995, el porcentaje se había más que duplicado y representaban casi el 35%. En 2002 ya eran 4,37 millones los españoles con un empleo temporal. Cuatro años más tarde se contaron hasta 5,6 millones de eventuales. La cifra no bajó del tercio de los asalariados hasta que estalló la crisis y se hundió en 3,2 millones. Con la recuperación económica su número ha vuelto a escalar: el pasado marzo 4,23 millones de trabajadores vivían con contratos de duración determinada.

Pese a las numerosas reformas laborales aprobadas por gobiernos conservadores y socialistas, el contrato temporal sigue disfrutando de una salud envidiable. No sólo por las peculiaridades productivas nacionales –predominio del turismo y la hostelería, con una elevada estacionalidad–, sino también por el abuso, y en definitiva el fraude, que se hace de este tipo de contrato. Según los cálculos de UGT, el 46% de los contratos examinados por la Inspección de Trabajo en la Comunidad de Madrid sólo en los tres primeros meses de 2018 eran irregulares o fraudulentos.

Ninguna medida ha dado resultado. La lucha contra la “dualidad” era uno de los objetivos de la última reforma de 2012, pero el desequilibrio 90/10 entre temporales y fijos cada mes permanece inalterable.

En Francia el presidente Emmanuel Macron acaba de presentar una reforma del sistema de prestaciones de desempleo que viene acompañada de un mecanismo bonus/malus para combatir la elevada tasa de temporalidad. Aunque allí sólo alcanza al 16,7% –10 puntos menos que en España pero 2,5 puntos por encima de la media europea–, los franceses están asustados por el hecho de que el 70% de los contratos dura menos de un mes y su número no hace más que crecer. Casi un tercio no se prolonga más allá de un día.

A partir del 1 de enero de 2020, aquellas empresas de más de 11 trabajadores cuya plantilla tenga más temporales que la media de su sector pagarán un recargo en las cotizaciones por desempleo del 0,95%. El castigo afectará sólo a siete sectores productivos, de los que se han excluido la construcción y el sociosanitario, pero no la hostelería y la restauración. Por el contrario, las empresas que no alcancen la media de empleados temporales del sector tendrán derecho a un descuento en la cotización por desempleo del 1,05%. Además, a los contratos de obra se les impone un recargo de 10 euros, independientemente de su duración. La medida no ha gustado ni a los sindicatos ni a la patronal francesa. Sus críticos destacan que las cantidades del premio/castigo son muy escasas: 10 euros equivale a una hora del Salario Mínimo Interprofesional francés para los mayores de 18 años –1.498,47 euros brutos al mes–. Al mismo tiempo, además, Macron ha ofrecido a las empresas otras medidas que les van a suponer un ahorro de hasta el 40% en salarios en un año.

Ya están penalizados y el castigo no funciona 

El sistema no es una novedad en España. Los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) llevan años proponiéndolo como solución contra el abuso de la temporalidad junto al contrato único. Ciudadanos lo incorporó a su programa e incluso se introdujo en el programa pactado con el PSOE en febrero de 2016 y seis meses después en el que firmó con el PP. La exministra de Empleo Fátima Báñez lo planteó a sindicatos y patronal en la Mesa del Diálogo Social en 2017, junto con la reducción del número de tipos de contratos. Pero ni la CEOE ni UGT y CCOO ven con buenos ojos este sistema.

Fuentes de la patronal aseguran que el mecanismo “no aportaría gran cosa”, dado que los contratos temporales “ya están penalizados” con una sobrecotización respecto de los indefinidos. Y CCOO y UGT dudan de su eficacia.

En efecto, los contratos temporales tienen una cotización por desempleo del 6,7%, 1,2 puntos por encima de los indefinidos –en los contratos a tiempo parcial es superior, un 7,7%–. Los de menos de siete días sufren además un recargo del 36%, mientras que desde enero los de menos de cinco días se gravan con un 40%. Una medida pensada para desincentivar los empleos de menor duración, cuyo crecimiento se ha disparado en los últimos años.

Sin embargo, ese castigo no ha tenido ningún éxito a tenor de las estadísticas. Las cifras del SEPE hasta el pasado mayo revelan que los contratos de menos de una semana no sólo no han disminuido sino que además siguen creciendo a buen ritmo. En los cinco primeros meses del año se han registrado 2,45 millones, un 3% más que en el mismo periodo de 2018. Si entonces representaban el 27,18% de los contratos firmados, este año equivalen al 27,37%, casi dos décimas más.

Por eso la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, prefiere otras medidas que, a su juicio, deberían enfocarse en el aumento de las indemnizaciones por extinción de los contratos temporales. Por ejemplo, recuperando los salarios de tramitación que desaparecieron con la última reforma laboral. Son los salarios que el trabajador deja de percibir desde que es despedido hasta que recibe la sentencia que declara improcedente su cese. La responsable de Políticas Sociales y Empleo de UGT, Mari Carmen Barrera, también apunta a un reforzamiento de las sanciones, incluso del doble de la actual indemnización por despido temporal o indefinido, para los contratos fraudulentos, de forma que se elimine el beneficio económico obtenido por el empresario al abusar del empleo eventual. También exige que se llenen los “vacíos” de la actual ley, definiendo bien las “causas” por las que las empresas pueden celebrar contratos temporales. En teoría, sólo excepcionales: aumentos puntuales de producción o ventas, sustituciones, formación... “Implantar el bonus/malus sería como empezar la casa por el tejado”, protesta. Sin contar con que en España la medida no se podría limitar a siete sectores como ha hecho Francia, teniendo en cuenta que el abuso de los contratos temporales se extiende aquí a todas las ramas productivas, sean estacionales o no.

El 16,8% de las empresas genera el 39% de las prestaciones por desempleo

En cambio, el profesor de la Universidad de Oviedo e investigador de Fedea Florentino Felgueroso defiende la aplicación de un sistema como el francés. Según explica a infoLibre, no es justo ni eficiente que las prestaciones por desempleo generadas por empresas con elevado nivel de rotación –muchos trabajadores contratados y despedidos en periodos cortos de tiempo– las paguen también otras que apenas utilizan plantillas de temporales.

Y pone como ejemplo el sistema empleado en Estados Unidos, que está ligado directamente a las prestaciones por desempleo que generan las empresas. Tras establecer un mínimo y un máximo, cada Estado fija su bonus y su malus. El umbral, además, se adapta al ciclo económico y a las circunstancias, explica el investigador de Fedea.

Felgueroso, junto con el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Marcel Jansen, ha calculado el impacto que sobre el gasto en prestaciones por desempleo tienen los contratos temporales y las sucesivas recontrataciones de los mismos trabajadores por las mismas empresas. Así resulta que el 47% de ese gasto procede del fin de contratos temporales. De hecho, sólo el 36% de los contratos temporales registrados en España no está asociado a un cese previo en la misma empresa. El 34% tiene detrás cuatro ceses previos.

Según los datos que Felgueroso y Jansen publicaron en el blog Nada es gratis, casi la mitad de las recontrataciones se produjeron entre 2013 y 2017 en la hostelería, las administraciones públicas y la agricultura. Un tercio, en la industria manufacturera, el comercio, la sanidad y la construcción. En el 14% de las empresas, más de la mitad de los trabajadores contratados estaban siendo recontratados. En la agricultura, la industria, la construcción y la educación se elevan al 20% las empresas que abusan de la recontratación de temporales. En las administraciones públicas, más aún, el 30%. Esta nefasta gestión de los recursos humanos se traduce en que el 63% de las prestaciones por desempleo procede de recontratacionesrecontrataciones. El 22% tiene detrás más de cuatro contrataciones previas y al menos una posterior.

De esta forma, resulta que el 16,8% de las empresas, destacan los investigadores de Fedea, son responsables del 39% del gasto en prestaciones por desempleo por culpa de un porcentaje de trabajadores recontratados de entre el 25% y el 50%. Y otro 6,6% de empresas, con recontrataciones que equivalen a entre el 50% y el 75% de su plantillas, son el origen de un 28,5% del gasto en prestaciones. “El sistema no sólo es perverso, por incentivar la concentración temporal, sino también injusto”, concluyen. Además de único en el mundo: mientras en Estados Unidos la tasa de trabajadores temporales recontratados es del 40%, en España casi alcanza el 60%.

En ese punto, el perjuicio que causa el abuso de la temporalidad en el gasto público en prestaciones por desempleo, están de acuerdo los sindicatos. Y Antonio González, que fue director del gabinete del exministro de Trabajo socialista Valeriano Gómez y antes secretario general de Empleo con Jesús Caldera. “El consumo de prestaciones por desempleo provocado por los contratos temporales triplica el de los indefinidos”, subraya. Por eso defiende que “cada tipo de contrato asuma su consumo de prestaciones”. Aunque, a su juicio, la solución no es un mecanismo bonus/malus.

Un fraude más barato que la ley

Para desincentivar el abuso del contrato temporal, explica González, haría falta un recargo en las cotizaciones por desempleo que superara el ahorro del 5% en costes laborales del que se benefician las empresas recurriendo a esta forma precaria de empleo. Por lo que un recargo del 1%, casi como el francés, no asustaría a los empresarios. La sobrecotización debería ser “muy superior” para ser disuasorio, resume, lo que quizá no resultaría muy recomendable. Y recuerda que los recargos del 36% y el 40% para los contratos hiperbreves de menos de siete y cinco días tampoco han resultado eficaces.

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En su lugar, Antonio González considera más resolutivo aplicar una indemnización en función del contrato con una “cantidad a tanto lazado” que sirva de incentivo para que los trabajadores afectados demanden en los tribunales. Porque ahora la única sanción que recae sobre las empresas abusadoras es la conversión del trabajador en fijo. La Inspección de Trabajo, añade, no puede –“aunque fuera la mejor del mundo”– examinar los 20 millones de contratos temporales que se firman cada año en España. “El fraude”, concluye, “nunca puede ser más barato que cumplir la ley”.

Florentino Felgueroso sostiene, no obstante, que quizá el porcentaje de recargo aplicado en Francia se quede un poco corto, además de sugerir que el criterio utilizado –el número medio de contratos temporales por sector– se complete con otros como la duración de los contratos y el gasto en prestaciones por desempleo.  Y culpa a la falta de voluntad política de la persistencia del problema. Mari Cruz Vicente cree que también es necesario un “cambio radical” de cultura y de mentalidad. “Ahora, con la digitalización y la robotización se hace patente la necesidad de formación constante”, resalta la dirigente de CCOO, “y los trabajadores temporales reciben menos formación y son menos productivos”. Precisamente una de las causas de la baja productividad de la economía española es el elevado porcentaje de empleo temporal.

Hace dos años, la ex ministra de Empleo propuso el sistema de bonus/malus a la Mesa de Diálogo Social, una negociación que continuó con Magdalena Valerio pero sin grandes resultados. “La mesa de contratación ni siquiera llegó a abrirse”, lamenta Mari Cruz Vicente, y las otras –Seguridad Social, Igualdad, Formación Profesional y Lucha contra la Economía Sumergida– sólo funcionaron durante tres meses”.