La oposición ataca por “insolidaria”, “temeraria” e “irresponsable” la subida de todas las pensiones al mismo ritmo que el IPC, el Banco de España y los economistas de Fedea proponen alzas selectivas dependiendo de la cuantía de la prestación, mientras los pensionistas piden en la calle que las mínimas se eleven hasta el 60% del salario medio. Pero el Gobierno defiende a capa y espada una revalorización que en 2023 alcanzará el 8,5%, en línea con una inflación en niveles desconocidos desde hace 40 años. El ministro José Luis Escrivá repite que la medida es fruto de un acuerdo en el Diálogo Social y responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Su número dos, Borja Suárez, lo remachó esta misma semana en el Congreso de los Diputados: “No se trata de una decisión de política económica, sino de un derecho, y no porque lo diga el artículo 58 [de la Ley de la Seguridad Social], sino porque también lo dicen el artículo 50 de la Constitución, la doctrina del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la UE… La revalorización de las pensiones no se puede decidir en función de la coyuntura, los derechos no funcionan así”. Un argumento que suscribirían los manifestantes jubilados, y los sindicatos, pero que rebaten parte de la oposición política y un buen sector de analistas económicos, para quienes ligar las pensiones al IPC pone en riesgo la supervivencia del sistema.
Las pensiones dejaron de actualizarse en función del IPC tras la reforma que el PP aprobó en solitario en 2013. Hasta entonces, la referencia era la inflación del mes de noviembre de cada año. La nueva norma creó dos mecanismos cuyo objetivo era contener el gasto en este capítulo, el de mayor volumen de los Presupuestos del Estado: 190.083 millones de euros en 2023 –el 39% del gasto, el equivalente al 12% del PIB–, de los cuales 120.054 millones corresponderán a las pensiones de jubilación. El mandato europeo para rebajar el déficit público y la presión que sobre el sistema va a suponer el retiro de los nacidos en el baby boom de los años 60 y 70 fueron los motores del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y del Factor de Sostenibilidad.
El IRP consistía en un alza de las pensiones del 0,25% siempre que las cuentas de la Seguridad Social cerraran con déficit, lo que venía sucediendo desde 2011. En caso de que tuvieran superávit, subirían como máximo lo mismo que el IPC más un 0,5%. El Factor de Sostenibilidad recortaba la cuantía de la primera pensión según aumentara la esperanza de vida. Mientras el primer mecanismo se aplicó de 2014 a 2017, el segundo no llegó a entrar en vigor.
Retorno al pasado
“No creo que nadie quiera volver a la ley de 2013”, apuntó José Luis Escrivá el pasado mes de julio. “Y si alguien quiere volver, que sea consciente de que eso significaría que en el conjunto de 2022 se perderían 1.300 euros de renta para una pensión media”. El ministro se refería a la pérdida respecto a la inflación de este año, que según las previsiones puede terminar en un 8,5% de media.
Un ejercicio parecido puede hacerse de forma retrospectiva. El IRP dejó de aplicarse en 2018, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy pactara con el PNV su apoyo a los Presupuestos de ese año a cambio de renunciar a su propia criatura. La decisión, además, vino precedida de una marea de protestas de los pensionistas en pleno año electoral. La reforma de las pensiones aprobada en diciembre de 2021 lo derogó definitivamente.
Pero si se hubiera mantenido en vigor todos estos años, la pensión media mensual de 2017, que estaba en 1.071,01 euros, habría subido sólo 16,14 euros, ya que se habría revalorizado un 1,5%, a razón de un 0,25% anual, 2023 incluido. En cambio, la mejora real de las pensiones en estos seis años alcanzará el 16% cuando se apruebe la subida del 8,5% prevista en los próximos Presupuestos. Es decir, 15,5 puntos porcentuales superior a la resultante de aplicar sólo el IRP del 0,25%. En 2018 y 2019, la subida fue del 1,6%; en 2020 y 2021, del 0,9%, y en 2022, del 2,5%. Esos aumentos anuales son los responsables de que la pensión media mensual haya crecido 180,71 euros, hasta los 1.251,72 euros. Por tanto, en 2023 su cuantía será 164,57 euros mayor que la que habría tendido con el IRP establecido en la reforma de 2013.
Pérdida de poder adquisitivo
En 2023 no habrá 'paguilla' de las pensiones: ¿cuánto subirán las contributivas y las no contributivas?
Como puede verse, las alzas entre 2018 y 2021 tampoco fueron espectaculares: la inflación estaba muy contenida. Incluso fue negativa en 2020, que terminó con un -0,53%. Sólo en 2022 las pensiones perdieron poder adquisitivo, puesto que subieron un 2,5% mientras que el IPC cerró el año anterior en el 6,5%. Cuatro puntos de desfase. En total, los precios han crecido un 16,49% desde 2018, mientras que la pensión media lo hizo un 16,87%. Por tanto, de haberse mantenido el IRP, la pensión media habría perdido 15 puntos de poder adquisitivo en los últimos seis años.
Además, en este tiempo, hubo pensiones que subieron más que las contributivas. Las no contributivas –para quienes no han cotizado lo suficiente– y las mínimas mejoraron un 3% en 2018, 2019 y 2022, mientras que en 2021 crecieron un 1,8%, el doble que las demás.
Con ese 8,5% previsto –habrá que esperar a que termine el año para que pueda calcularse la inflación media de 2022 y determinar la cifra exacta–, 2023 será el año en que más habrán subido las pensiones en la historia de España, muy por encima del máximo del 4,1% en que crecieron en 2008 las contributivas, en línea con el alza de la inflación el año precedente. Las mínimas mejoraron entre un 5% y un 6,5%.
La oposición ataca por “insolidaria”, “temeraria” e “irresponsable” la subida de todas las pensiones al mismo ritmo que el IPC, el Banco de España y los economistas de Fedea proponen alzas selectivas dependiendo de la cuantía de la prestación, mientras los pensionistas piden en la calle que las mínimas se eleven hasta el 60% del salario medio. Pero el Gobierno defiende a capa y espada una revalorización que en 2023 alcanzará el 8,5%, en línea con una inflación en niveles desconocidos desde hace 40 años. El ministro José Luis Escrivá repite que la medida es fruto de un acuerdo en el Diálogo Social y responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Su número dos, Borja Suárez, lo remachó esta misma semana en el Congreso de los Diputados: “No se trata de una decisión de política económica, sino de un derecho, y no porque lo diga el artículo 58 [de la Ley de la Seguridad Social], sino porque también lo dicen el artículo 50 de la Constitución, la doctrina del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la UE… La revalorización de las pensiones no se puede decidir en función de la coyuntura, los derechos no funcionan así”. Un argumento que suscribirían los manifestantes jubilados, y los sindicatos, pero que rebaten parte de la oposición política y un buen sector de analistas económicos, para quienes ligar las pensiones al IPC pone en riesgo la supervivencia del sistema.