España se salta las recomendaciones de la OCDE al vaciar la hucha de las pensiones
Las pensiones, el programa estrella del Estado del bienestar español, suele convertirse en el centro de encendidos debates cada vez que los gobiernos, las empresas o los economistas hablan de tocarlas. Los partidos políticos las utilizan como baza electoral o temen los efectos que cualquier insinuación sobre su reforma, o congelación o recorte tiene en las urnas. Antes de final de año el Ejecutivo ha prometido cambios sustanciales en el sistema español de pensiones. Tanto el PP como los grupos de oposición invocan el sagrado nombre del Pacto de Toledo para justificar la reforma, el primero, y para objetarla, los segundos.
- El Pacto de Toledo nació el 6 de abril de 1995 en el Congreso de los Diputados, como resultado de una iniciativa de CiU. Se trataba de una ponencia dentro de la Comisión de Presupuestos que analizó los problemas estructurales de la Seguridad Social y emitió 15 recomendaciones para garantizar su viabilidad en el futuro. En 2000 esa ponencia se convirtió en una comisión parlamentaria no permanente que emitió otras 22 recomendaciones. Un proceso que se repite cada cinco años.
- Una de esas recomendaciones era la creación del Fondo de Reserva, la conocida como hucha de las pensiones, que vio la luz en 2000 y cuya misión es cubrir las posibles desviaciones entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. Los excedentes presupuestarios del sistema alimentan ese fondo de forma “prioritaria y mayoritaria”, pero “siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera de la Seguridad Social lo permitan”, según reza la ley de 2003 que lo regula.
- La primera dotación que recibió fueron 600 millones de euros en 2000 y, tras sucesivas y cada vez mayores aportaciones, la hucha alcanzó un máximo de 66.815 millones en 2011. El PP reprocha al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que dejara de ingresar 14.000 millones de euros en 2008 y 2009. Se hizo para atender las “necesidades de caja” del sistema: “El circuito financiero de las cotizaciones [los ingresos de la Seguridad Social] y las prestaciones [los gastos] no es el mismo”, explica el ex secretario de Estado de Seguridad Social Octavio Granados, “las cotizaciones se pagan a mes vencido, y las prestaciones el primer día de cada mes”. En 2008 y 2009, con la crisis en pleno estallido, los excedentes del sistema se destinaron a conceder aplazamientos de pagos en sus cuotas a las empresas en mala situación económica, precisa su entonces responsable.
- Otro tanto había hecho desde 2000 a 2003 el Gobierno de José María Aznar, en esa ocasión por un importe de 6.000 millones de euros, recuerda Granados.
- En cualquier caso, el Fondo de Reserva permaneció intacto hasta 2012. Entonces, para pagar las pensiones a los jubilados y la liquidación del IRPF a Hacienda, y acuciado por la crisis –menos cotizantes por culpa del paro y más gasto en prestaciones–, el Gobierno de Rajoy abrió la hucha por primera vezhucha desde su creación: sacó 11.683 millones de euros. Este año ha vuelto a hacerlo: un total de 4.500 millones. Al Fondo de Reserva le quedan ahora 59.307 millones, el 5,65% del PIB.
- Pero como la recesión y el paro tardarán en amainar, el Ejecutivo se ha curado en salud. La ley limitaba a un 3% del gasto anual en pensiones la cantidad que se puede sacar cada año de la hucha. En diciembre de 2012 el Consejo de Ministros suprimió ese tope hasta 2014.
- El núcleo de la controversia se sitúa siempre en la revalorización de las pensiones. Por mandato del Pacto de Toledo, los gobiernos deben mantener su poder adquisitivo. Hasta ahora, su actualización estaba ligada al IPC. Así, la pensión media era de 185 euros al mes en 1985 –485 euros contando la inflación–, de 549,84 euros en 2003 y en agosto de este año ya alcanza los 858,11 euros. Además, el número de pensiones ha crecido desde las 5,4 millones de 1985 hasta las 9,08 millones actuales. Y el gasto total ha pasado de 1.427 millones de euros hace 28 años a 7.798 millones en la actualidad.
- Al subir las pensiones según la inflación anual, éstas crecieron un 8,25% en 1986, por ejemplo, o un 4% en 2000. Sólo en 2011 se congelaron. El IPC alcanzó el 2,4%, pero el Gobierno del PSOE había decidido en mayo de 2010 dejar sin revalorización a 5,5 millones de pensionistas. Se mantuvo, en cambio, para los 3,2 millones que percibían prestaciones mínimas y no contributivas. Al año siguiente, el PP fijó una subida del 1% para las pensiones que superen los 1.000 euros al mes, y para el resto, el 74%, subieron un 2%. Como los precios subieron en 2012 un 2,9%, las primeras perdieron 1,9 puntos de poder adquisitivo.
- Cuestión aparte son las pensiones mínimas, cuya cuantía creció entre 2004 y 2011, con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, un 50,8%. Entre 1996 y 2004, con los de José María Aznar, un 30%. Si ambos porcentajes se ajustan con la inflación, resulta que con los ejecutivos del PP subieron un 3,8% y con los del PSOE, un 27%. En 1986 la pensión mínima era de sólo 195,69 euros. En 2004 llegó a los 484 euros mensuales y este año alcanza ya los 778,9 euros. Las cobran 2,76 millones de personas. Junto a quienes perciben las pensiones no contributivas y las del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), un régimen en extinción, suman el 40% de las pensiones españolas.
- El debate a partir de ahora se sitúa en cómo se van a actualizar las pensiones si sale adelante la propuesta que el Gobierno de Mariano Rajoy acaba de presentar a los sindicatos, la patronal y los grupos parlamentarios. En ella estas prestaciones se desvinculan por primera vez del IPC. En su lugar, se les aplicará una fórmula que incluye, además de la inflación, los ingresos y gastos de la Seguridad Social y el déficit o superávit del sistema. Una vez obtenido el índice, se le aplicará un suelo del 0,25% en tiempos de recesión, como los actuales, o un techo del IPC+0,25% en tiempos de bonanza económica. De esta forma, el poder adquisitivo de las pensiones sólo quedará garantizado en los periodos de crisis si la inflación no supera el 0,25%. A estas alturas de año, el IPC ya se sitúa en el 1,5%.
Las pensiones, el programa estrella del Estado del bienestar español, suele convertirse en el centro de encendidos debates cada vez que los gobiernos, las empresas o los economistas hablan de tocarlas. Los partidos políticos las utilizan como baza electoral o temen los efectos que cualquier insinuación sobre su reforma, o congelación o recorte tiene en las urnas. Antes de final de año el Ejecutivo ha prometido cambios sustanciales en el sistema español de pensiones. Tanto el PP como los grupos de oposición invocan el sagrado nombre del Pacto de Toledo para justificar la reforma, el primero, y para objetarla, los segundos.