El juez Peinado regresa a la desesperada al corazón de Moncloa tras varios intentos fallidos de atar el caso

El instructor del caso Begoña regresa de nuevo al búnker del Ejecutivo. Y lo hace en busca de elementos que le permitan sostener una investigación cambiante que sigue sin tener atada un año después de su puesta en marcha. El titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, acudirá a la sede de la Presidencia del Gobierno para tomar declaración como testigo al ministro del ramo, Félix Bolaños, en la que es ya la enésima derivada de una causa construida sobre la marcha. Una comparecencia con la que el magistrado trata de llegar al corazón de Moncloa tras varios intentos que, por el momento, han resultado fallidos.

La activación de este nuevo frente en la causa se produjo por sorpresa. Y causó estupor entre los investigados. El mismo tiene origen en un conjunto de correos electrónicos incorporados a la causa en los que María Cristina Álvarez, asesora de Moncloa que asiste a Begoña Gómez, hace gestiones en nombre de la mujer del presidente del Gobierno en relación con su cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. "Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", rezaba uno de ellos.

Álvarez compareció como testigo en la causa el pasado mes de diciembre. Durante su declaración, explicó que le ofrecieron ocupar ese puesto de confianza tras la moción de censura, detalló cuáles eran sus funciones –desde llevar la agenda de la mujer del presidente a coordinar con los servicios de seguridad– y señaló que accedió al trabajo en Presidencia sin hacer ninguna entrevista previa. Tras la testifical, la acusación popular solicitó que se cambiara la condición procesal de Álvarez. Algo que Peinado rechazó. Para el magistrado, no había base para investigarla ni por tráfico de influencias ni por un hipotético delito de malversación.

Pero todo cambió veinte días después. A finales de enero, y a través de un auto sin apenas justificación –algo habitual en este procedimiento–, Álvarez pasó a estar investigada. Entre ambas resoluciones, la única diligencia practicada fue la declaración de testigos, algunos de los cuales confirmaron las explicaciones que la asesora había dado en sede judicial. De ahí que ese cambio de condición se encuentre recurrido ante de la Audiencia de Madrid: "Asistimos instrucción de Schrödinger, en la que un mismo comportamiento, realizado por la misma persona, el 9 de enero no tiene encaje en ningún tipo delictivo, pero el 28 de enero, sí".

No solo las testificales avalaron lo dicho por Álvarez. También lo hizo un informe remitido por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, que confirmaba las tareas desempeñadas por la asesora "en el marco de la atención a la esposa del presidente": "Gestión de la agenda y la preparación de la presencia en reuniones, gestión y administración de las comunicaciones, asistencia telefónica y documental, acompañamiento en desplazamientos y la interlocución y coordinación con los equipos de protocolo, seguridad, asuntos exteriores y el resto de departamentos implicados en la organización de actos y viajes".

Aquel informe contenía la propuesta de nombramiento de Álvarez. Un documento que Peinado utilizó convenientemente para seguir tirando del hilo de Moncloa. En cuanto pudo, citó a declarar como testigo al firmante de la misma: el vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, Alfredo González. Fue una comparecencia breve, en la que explicó que la de Álvarez, a la cual no conocía, fue solo una de las muchas designaciones de personal eventual –es decir, cargo de confianza– hechas tras la moción de censura. "Sorprende lo que usted me está contestando", soltó Peinado.

Solo una vez se citó en aquella comparecencia a Félix Bolaños, pero no como la persona que ordenó aquel fichaje –la cual el testigo no recordaba–. Su nombre salió a flote, únicamente, al ser preguntado González por su superior en aquellas fechas. Suficiente, sin embargo, para que el instructor haya decidido acordar la comparecencia como testigo del actual superministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El interrogatorio, que Peinado rechazó hacer por escrito, se llevará a cabo en el Palacio de La Moncloa, después de que Bolaños descartase su despacho del Ministerio de Justicia.

El interrogatorio se desarrollará en el marco de una pieza separada abierta por el magistrado para investigar un posible delito de malversación de caudales públicos en el fichaje de Álvarez. Algo que han recurrido tanto la Fiscalía como la defensa de la propia asesora, que critica que Peinado haya abierto este nuevo frente tan solo porque le genera sorpresa la existencia de cargos de confianza, como si la ley que los recoge "no estuviera en vigor". Una norma en la que se establece que el nombramiento y cese del personal eventual "serán libres".

Varios intentos fallidos por amarrar el caso

Es la segunda vez en un año que Peinado acude al Palacio de La Moncloa en relación con este procedimiento. La primera fue el pasado verano, cuando forzó una comparecencia como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para evitar que respondiera por escrito, le citó en condición de "esposo" de la investigada, lo que entraba en contradicción con el tráfico de influencias sobre el que giraba el procedimiento. Como era de esperar, aquella declaración no aportó nada. Sánchez se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer y, en menos de cinco minutos, estaban todos recogiendo. Ahora bien, el impacto mediático fue enorme. Y la grabación de aquel encuentro no tardó en filtrarse.

Por aquel entonces, el caso giraba alrededor de un puñado de contratos adjudicados por Red.es a Innova Next, una de las firmas del empresario Juan Carlos Barrabés, y en unas cartas de recomendación que el mismo había aportado en dichas licitaciones –alguna suscrita por Begoña Gómez–. Aquella era la munición con la que disparaban el instructor y la miríada colectivos ultras que conforman la acusación popular. El problema es que, por el momento, los investigadores no han encontrado por esta vía un solo indicio de delito. Así lo ha hecho constar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta en dos informes.

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Y cualquier posibilidad de reimpulsar esta línea de investigación a través de información extraída en los registros al empresario ha quedado totalmente enterrada por la errática instrucción del magistrado. A comienzos de año, la Audiencia de Madrid anuló las entradas en el domicilio y empresas de Barrabés al considerar que no estaban bien motivadas, lo que ha derivado también en la nulidad del análisis de los dispositivos electrónicos incautados.

A medida que este frente se ha ido desinflando, el instructor ha abierto nuevas líneas de investigación. Hasta llegar a convertir el caso en una hidra de mil cabezas. Se ha puesto el foco en la relación profesional de Gómez con la Universidad Complutense de Madrid, en concreto sobre los dos másteres y la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social que codirigió. También en un software que desarrolló para el centro universitario con la ayuda de empresas privadas. O en su relación con la entidad privada Instituto de Empresa. Pero un año después, y tras desfilar por el juzgado más de una veintena de personas, Peinado sigue sin amarrar el caso.

El instructor, sin embargo, continúa aferrándose a una causa construida a golpe de bandazos. Y buena prueba de ello es su intención de indagar en el rescate de Air Europa a pesar de que la Audiencia de Madrid ya ha dicho dos veces que no puede continuar por ahí. Él dice que si no lo hiciera estaría prevaricando. Por eso, apremia a la Guardia Civil para que le entregue ya un informe que en su día encargó sobre la ayuda a la aerolínea. La Fiscalía ya ha expresado su preocupación por la insubordinación del magistrado, que considera "extremadamente grave". "En algún momento habrá que poner fin a tan excéntrica instrucción", ha llegado a decir otra de las defensas.