El 'caso Begoña' cumple un año de bandazos y líneas rojas ignoradas por el juez

Todo arrancó con una denuncia remitida al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid. No era extensa. Ni tampoco iba acompañada de una montaña de indicios. Solo eran siete páginas de recortes de prensa, alguno de ellos con información falsa, recopilados por el colectivo ultra Manos Limpias. Escritos que suelen encontrarse con el rechazo judicial en base a la doctrina del Tribunal Supremo. Pero que en esta ocasión acogió el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Nació así el caso Begoña, una insólita y extensiva investigación que continúa viva un año después pese a los múltiples bandazos y la insubordinación del instructor.

La causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, es uno de esos procedimientos de alto voltaje político. De hecho, la ultraderecha la convirtió desde el primer momento en objetivo de especial interés. Buena prueba de ello es la miríada de colectivos que ejercen como acusación en la misma y que tienen acceso, por tanto, a toda la información que se va recopilando sobre la esposa de Pedro Sánchez. Están los ultracatólicos de Hazte Oír, el Movimiento de Regeneración Política de España, Vox o Iustitia Europa, que trató sin éxito de pescar escaños en las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Y, por supuesto, el seudosindicato liderado por Miguel Bernard, quien fuera en el pasado militante de la extinta y violenta Fuerza Nueva.

La instrucción realizada por el magistrado, criticada con dureza por la Fiscalía en repetidas ocasiones, tampoco ha contribuido a alejar la causa de la batalla política. Más bien, todo lo contrario. Peinado no tuvo ningún reparo a la hora de impulsarla en plena campaña de las europeas, pese al pacto no escrito que generalmente empuja a jueces y fiscales a interferir lo menos posible en periodos electorales. Ni tampoco en utilizar sus escritos judiciales para responder a las críticas por citar a Gómez a menos de una semana de una cita con las urnas. En especial, las del propio líder del Ejecutivo. "Este instructor no conoce precepto alguno que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso", lanzó en una de sus providencias.

Los choques del magistrado con el Gobierno han sido continuos a lo largo de estos doce meses. Una guerra que alcanzó su punto álgido con la decisión de Peinado de tomar declaración como testigo al presidente. Aunque la ley permite a las autoridades más relevantes del Estado informar por escrito de hechos que hayan conocido por razón de su cargo, el instructor forzó una comparecencia en el Palacio de la Moncloa citándole en condición de "esposo", lo que entraba en clara contradicción con el tráfico de influencias sobre el que giraba el procedimiento. La comparecencia no aportó nada. Sánchez se acogió, como era de esperar, a su derecho a no declarar contra su mujer. Pero el impacto mediático fue enorme. Y la grabación de aquel encuentro no tardó en filtrarse.

Eso mismo es lo que puede volver a suceder con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Peinado le quiere tomar declaración como testigo en la enésima línea de investigación del caso, que indaga sobre la contratación de una asistente de Moncloa que colaboraba con Gómez. Pero rechaza que informe por escrito al entender que todo lo que le va a preguntar versa sobre su etapa como secretario general de Presidencia. El magistrado acepta ir a tomarle declaración a la sede de la Presidencia del Gobierno. Eso sí, siempre y cuando se le traslade en un vehículo del parque móvil ministerial. Porque la última vez que fue a Moncloa, reprocha en su resolución, su coche estuvo retenido a la puerta por un tiempo "sensiblemente superior al necesario", lo que puso en riesgo su "integridad física".

Pese a la insólita instrucción, ni una sola querella interpuesta contra el juez por prevaricación ha prosperado. Y las pesquisas cuentan en gran medida con el aval de sus superiores de la Audiencia Provincial de Madrid. Los magistrados rechazaron que Peinado estuviera llevando a cabo, como alegaban la defensa de Gómez y el Ministerio Público, una investigación prospectiva. Y lo hicieron al entender que una instrucción es "un procedimiento vivo" que no puede "quedar anclado a los hechos inicialmente denunciados como cometidos". Una carta blanca que ha permitido al instructor abrir mil frentes distintos e interrogar a decenas de personas. De momento, sin que en ninguno de ellos se haya producido un avance determinante.

Mil frentes

La investigación se centró en un primer momento en una serie de contratos adjudicados por Red.es a Innova Next, una de las firmas del empresario Juan Carlos Barrabés, y en unas cartas de recomendación que el mismo había aportado en dichas licitaciones –alguna de ellas suscrita por la propia Begoña Gómez–. Un asunto que poco a poco ha terminado desinflándose. Los investigadores no han encontrado, de momento, un solo indicio sólido de delito en estas adjudicaciones. Y así lo plasmó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta en dos informes, en los que concluía que no había nada que hiciera pensar que esos expedientes se hubieran valorado de forma distinta al resto.

A medida que fue disminuyendo el interés en este punto, incrementó el relativo a su relación profesional con la Universidad Complutense de Madrid. Se puso el foco sobre los dos másteres y la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigió. Pero tampoco en este punto hay, por el momento, nada que apunte con claridad hacia una suerte de trato de favor. Una segunda línea de investigación a la que se le sumó otra relativa a un software para pymes que se desarrolló para la Complutense con la ayuda de empresas privadas cuando era codirectora de la cátedra, lo que puso sobre la mesa otros dos delitos más: apropiación indebida e intrusismo profesional.

Peinado también ha situado bajo la lupa la relación de Gómez con el Instituto de Empresa (IE), si bien quien diera orden de contratarla en la entidad –el exconsejero madrileño del PP Juan José Güemes– ha negado por activa y por pasiva que lo hiciera por ser la mujer del presidente del Gobierno y ha recordado que su trabajo fue remunerado con fondos "estrictamente privados". Y ahora investiga si se cometió un delito de malversación de caudales públicos en la contratación de la asesora de Moncloa que asiste a la esposa del presidente, Cristina Álvarez. Esta es, precisamente, la pieza separada en la que se interrogará al ministro de Presidencia y Justicia.

Desoye a la Audiencia

Una causa que Peinado busca extender aún más, rebasando la única línea roja que le impusieron con claridad sus superiores. Hace solo dos semanas, el instructor pidió a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que le informara de cuándo tenía previsto entregar el informe que le encargó sobre el rescate de Air Europa. Es una de las diligencias pendientes a las que se acaba de agarrar para alargar medio año más la causa. Y que choca con las órdenes dadas desde la Audiencia de Madrid, que vetó continuar con esta línea de investigación"en tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio", algo que no ha sucedido. Era la segunda vez que decían al juez que no podía seguir por ahí.

No es el único revés que ha recibido de la instancia superior. A comienzos de año, la Audiencia Provincial de Madrid anuló el registro de las oficinas y el domicilio de Barrabés al no encontrar debidamente motivadas las resoluciones en las que se apoyaba. Los magistrados no veían justificada la urgencia alegada por el instructor para realizar las entradas mientras el investigado se encontraba en el hospital. "No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad", le llegaron a reprochar. Un derrumbe de los registros que llevó aparejada la nulidad del análisis de los dispositivos electrónicos incautados al empresario.

La escasa justificación de las resoluciones ha sido una constante desde el inicio de la causa. Tanto es así que preocupa incluso a los grupos ultras que ejercen la acusación popular, quienes temen que esta forma de instruir pueda acabar poniendo en riesgo el caso. "Podría ser oportuno aportar una mayor motivación", apuntaba Hazte Oír en un escrito relativo a la imputación de la asesora de Moncloa. Álvarez es la cuarta persona a la que Peinado ha cambiado su condición procesal tras escucharla como testigo. Antes, lo hizo con Barabés, Güemes y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache.

Falta de justificación

En el caso del exconsejero madrileño, el instructor tomó esa decisión al considerar que su testimonio había entrado en contradicción con algo que realmente nunca dijo como testigo la directora de recursos humanos del Instituto de Empresa. En la comparecencia, esta última solo dijo que se había firmado por ambas partes una cláusula de especial conflicto de interés motivada porque Gómez era la mujer del presidente del Gobierno. Lo que realmente no entraba en contradicción con la afirmación de Güemes en sede judicial, que negó que se la fichara por ser la esposa del líder del Ejecutivo. Peinado, sin embargo, entendió que sí. Y le imputó.

Este "irracional" cambio de condición procesal ha sido recurrido por el exconsejero madrileño. Y también por la Fiscalía: "[El juez] hurta cualquier justificación mínima al ciudadano de por qué se le investiga". Un Ministerio Público que ha puesto en cuestión desde el primer momento tanto la causa como la forma de instruirla. "Que a día de hoy se continúe la investigación de la UCO sobre estos extremos relativos a Air Europa Globalia, nos resulta extraordinariamente grave", apuntaba el fiscal en el recurso interpuesto contra la insistencia de Peinado de indagar en algo que la Audiencia de Madrid ha dejado fuera de la causa hasta en dos ocasiones.