El 15 de enero de 2018, hace exactamente dos años, los pensionistas del País Vasco dijeron basta. Y lo contagiaron a casi todo el país. El entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social, dirigido por la conservadora Fátima Báñez, envió una carta a todos los pensionistas. En ella, tal y como critica Luki Gómez, uno de los miembros del movimiento en defensa de las pensiones en Bilbao, la ministra "se vanagloriaba" de que revalorizar las pensiones un 0,25% "era espectacular" y no provocaba la pérdida de poder adquisitivo. "Eso fue un insulto y lo que motivó que saliéramos a las calles", recuerda Gómez. Desde entonces no han parado. Y gracias a eso, señala, han conseguido mucho. Por ejemplo, llegar a este segundo aniversario con una promesa cumplida por el recién estrenado Gobierno de coalición: el primer Consejo de Ministros aprobó este martes la subida de las pensiones en un 0,9% para 2020. La cifra no es casual: tal y como explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincide con la estimación media del IPC. De hecho, el jefe del Ejecutivo subrayó que si la inflación supera este año el 0,9% previsto, el Gobierno compensará a los pensionistas la diferencia con un pago que se produciría antes de abril de 2021. Pero el camino, asegura Gómez, no termina aquí.
A Begoña Vesga, una mujer jubilada que desde el principio participó en las movilizaciones que se llevaron a cabo en Eibar (Gipuzkoa), la noticia no le ha pillado por sorpresa. "Ya se dijo que si se formaba Gobierno esto se iba a hacer. Había que haberlo hecho antes, pero bueno. Es una buena noticia", celebra. La subida, tal y como explica, ya la anunció Sánchez en el mes de octubre, justo cuando dos columnas de pensionistas —una procedente de Bilbao y otra de Rota (Cádiz)— emprendieron su marcha hacia Madrid para manifestarse frente al Congreso de los Diputados. Pero el presidente del Gobierno condicionó entonces la subida, eso sí, a formar Gobierno tras las elecciones del 10 de noviembre. En diciembre, ya pasados los comicios, el Ejecutivo volvió a asegurar que estaba dispuesto a hacerlo si conseguía superar la investidura. Y ahora ha cumplido.
"Este Gobierno cumple así con un compromiso de garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo", dijo Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Nuestro compromiso", añadió, "es el de garantizar la sostenibilidad del futuro de nuestro sistema de pensiones".
De este modo, 2020 se convierte en el tercer año consecutivo en el que las pensiones aumentan por encima de ese mínimo legal previsto del 0,25% que sacó a los jubilados a la calle. En 2019, las pensiones se incrementaron un 1,6% con carácter general —igual que en 2018— y un 3% en el caso de las mínimas y no contributivas. Pero aunque los pensionistas comenzaron a manifestarse en 2018, el origen de su descontento comenzó mucho antes. Concretamente en 2013, el año en el que el PP aprobó la reforma de las pensiones por la que las prestaciones quedaron desvinculadas del IPC y sometidas a una subida anual del 0,25% mientras la Seguridad Social tuviera déficit. De ahí que Sánchez asegurara que el decreto ley aprobado este martes es "un mensaje nítido de compromiso" y que, a la vez, "corrige el techo del 0,25% adoptado en el pasado y que supuso la pérdida de poder adquisitivo durante cinco años por parte de los jubilados y jubiladas".
Por eso el movimiento en defensa de las pensiones ha acogido bien la noticia. "Las personas mayores enseguida nos ilusionamos", bromea Gómez. "Y ahora la verdad es que estamos ilusionados porque hay un Gobierno progresista y entendemos que nos va a ir mucho mejor a todos los colectivos sociales", confiesa. "Es una subida correcta", dice.
Joanen Cunyat, miembro de la portavocía de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), opina lo mismo. "Todo lo que sea una mejora y crear mejores condiciones para los pensionistas es una buena noticia", asegura. Pero coincide con Gómez y con Vesga, que indica que este paso es sólo "el inicio de un camino".
Quedan cosas por hacer... y se exigirán desde la calle
El movimiento de pensionistas afirma que quedan cosas por hacer. Por eso seguirán en las calles. Y en Bilbao seguirán manifestándose todas las semanas, tal y como lo llevan haciendo desde hace dos años. "Todos los lunes vamos a seguir concentrándonos por lo mismo, por un sistema público de pensiones para nosotros, para nuestros hijos y nuestros nietos. Lo tenemos súper claro", insiste Gómez, que asegura que tienen unos objetivos muy marcados, aunque son conscientes de que es posible que no todos lleguen a materializarse. "Las movilizaciones las seguiremos, y cada vez más fuerte", señala Pablo Gándara, de la plataforma en defensa de las pensiones de Santander.
Para Vesga esto es sólo el inicio de un camino que tiene que llevar a evitar el desmantelamiento del sistema de pensiones. Y para eso hay que ganar en el discurso a quienes insisten en la idea de que el sistema no es sostenible. "Las generaciones que vienen piensan que nosotros tenemos el problema resuelto pero ellos no, así que lo más importante es desmontar ese discurso y fomentar el que asegura que el sistema sí es sostenible", dice. Porque el pensamiento contrario es la "gran amenaza".
Gómez, por su parte, detalla metas más objetivas. La primera: que la revalorización de las pensiones conforme al IPC se traslade a una ley. No vale, dice, con que se acuerde en un decreto tal y como ha hecho el Gobierno. "Así, gobierne quien gobierne eso será de cumplimiento obligatorio", explica. La segunda: que la pensión mínima se fije en 1.080 euros mensuales. Una cifra que, tal y como insiste, no pone el movimiento, sino la Carta Social Europea. "No es tanto, es una pensión para que la gente pueda sobrevivir dignamente", añade Gándara.
La tercera meta, según Gómez, pasa por que la pensión de viudedad sea del 100% de lo cobrado por el cónyuge. La cuarta, continúa, por la eliminación del llamado factor de sostenibilidad, un instrumento aprobado por los conservadores y que permitía recortar las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida de cada generación —ahora mismo su entrada en vigor se encuentra pospuesta a 2023—. La quinta meta, remata, es la derogación de la reforma de 2013 y de los aspectos más lesivos de la acometida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2011.
Domiciano Sandoval, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, por su parte, celebra la aprobación de la subida llevada a cabo por el Gobierno. La organización, dice, "aplaude la llegada de un Gobierno que cambie las políticas sociales que se venían haciendo y que perjudicaban gravemente a la ciudadanía". Pero también coincide en que quedan cosas por hacer. Y en que las manifestaciones seguirán. "La inmensa mayoría de personas que estamos en la calle venimos de movimientos sociales de hace años y de participación sindical. No nos asusta estar en la calle", asegura. Lo que no quiere, dice, es que se vuelva a crear el Pacto de Toledo. "Queremos una mesa de trabajo" donde esté "la parte más interesada del problema", que son los propios pensionistas.
Cunyat, por su parte, no se muestra tan tajante y asegura que hay que tratar "con respeto los primeros pasos del Gobierno y darle un margen de maniobra, de acción". Lo que su organización pide, explica, es que se prohiba constitucionalmente que las pensiones se privaticen y el sistema público se blinde, de este modo, en la Carta Magna.
El camino hasta aquí
El Pacto de Toledo echa a andar este martes con una primera reunión de los grupos en el Congreso
Los miembros del movimiento en defensa de las pensiones aseguran que estar en la calle les ha dado resultados. El primero, coinciden Vesga y Sandoval, poner en el debate político el asunto de las pensiones. "Los cambios suelen ser lentos, pero esto es un inicio", dice Vesga. Además, según recuerda Gómez, la presión de los pensionistas vascos consiguió que el PNV convenciera al Gobierno de Mariano Rajoy para acometer una subida del 1,6% de las pensiones a cambio de los apoyos de la formación para sacar adelante sus Presupuestos de 2018.
En definitiva, si no se hubiera salido a la calle, la situación actual de los jubilados sería mucho peor, dice Cunyat, que cree que también ha sido importante el cambio de mentalidad que generó la explosión de la protesta pensionista de 2018. "A los mayores no se les toca, y eso es algo que está en la conciencia de una inmensa mayoría de la población", dice.
"Los jubilados tenemos sabiduría de vida y eso nos enseña que todo cuesta. Venimos de una generación para la que todas las conquistas fueron una batalla. Por eso sabemos que nada es gratis", añade. Y todos coinciden en que el objetivo no es su propia pensión porque todos ya disfrutan de una. El objetivo, dicen, es la de las generaciones futuras.
El 15 de enero de 2018, hace exactamente dos años, los pensionistas del País Vasco dijeron basta. Y lo contagiaron a casi todo el país. El entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social, dirigido por la conservadora Fátima Báñez, envió una carta a todos los pensionistas. En ella, tal y como critica Luki Gómez, uno de los miembros del movimiento en defensa de las pensiones en Bilbao, la ministra "se vanagloriaba" de que revalorizar las pensiones un 0,25% "era espectacular" y no provocaba la pérdida de poder adquisitivo. "Eso fue un insulto y lo que motivó que saliéramos a las calles", recuerda Gómez. Desde entonces no han parado. Y gracias a eso, señala, han conseguido mucho. Por ejemplo, llegar a este segundo aniversario con una promesa cumplida por el recién estrenado Gobierno de coalición: el primer Consejo de Ministros aprobó este martes la subida de las pensiones en un 0,9% para 2020. La cifra no es casual: tal y como explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincide con la estimación media del IPC. De hecho, el jefe del Ejecutivo subrayó que si la inflación supera este año el 0,9% previsto, el Gobierno compensará a los pensionistas la diferencia con un pago que se produciría antes de abril de 2021. Pero el camino, asegura Gómez, no termina aquí.