Fue a la luz de las cifras de crecimiento económico tras la pandemia cuando la vicepresidenta Nadia Calviño puso en duda la exactitud del Producto Interior Bruto (PIB) como unidad de medida. “El PIB es un indicador muy importante, pero tiene dos carencias principales: por una parte, no refleja adecuadamente factores clave de progreso económico, por ejemplo, sobre el medioambiente, la digitalización y la cohesión social. Por otra, tiene cierto retraso por su carácter trimestral”, explicó en septiembre de 2021 en una entrevista en El País. Por eso, reveló, suele recurrir a un cuadro de “indicadores complementarios en el ámbito verde y digital, y a un indicador de actividad diario, que incorpora toda la estadística relevante”.
La vicepresidenta se refería al Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), que desde entonces elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) con carácter experimental. Para construirlo se basa en nueve dimensiones que incluyen un total de 55 indicadores: condiciones materiales de vida, trabajo, educación, salud, ocio, seguridad, gobernanza y derechos básicos, medio ambiente y esperanza general de la vida. Los indicadores, a su vez, se obtienen a partir de encuestas. Así, se consideran desde las dificultades para llegar a fin de mes y la salud autopercibida hasta el nivel de formación, la satisfacción con el trabajo, la tasa de paro de larga duración, la satisfacción con el tiempo disponible o la confianza en el sistema político y el acceso a zonas verdes.
Todos ellos, indicadores muy alejados de los puramente económicos utilizados para medir la riqueza de un país. El IMCV no es más que el penúltimo intento de elaborar una nueva forma de medir el progreso social o el bienestar que vaya más allá del PIB. Las iniciativas se suceden desde los años 90, conscientes tanto los académicos como los gestores públicos de las limitaciones del PIB. “No considera el valor de la mayor parte de las actividades productivas o de ocio que se desarrollan en los hogares, no refleja las desigualdades económicas y no tiene en cuenta las externalidades negativas asociadas al crecimiento económico cuando este implica una utilización de bienes naturales que son limitados”, resumen Francisco Pérez García y Ezequiel Uriel Jiménez en Más allá del PIB. El valor de la producción doméstica y el ocio en España, un informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
El PIB, en efecto, sólo mide el valor monetario de los bienes y servicios producidos para el mercado, pero no el de los que se producen fuera de él. No mide la eficacia del sistema educativo y sanitario de un país, ni resta los daños al medio ambiente o los niveles de desigualdad. El progreso social, la sostenibilidad y la calidad de vida están excluidos de la cifra con que se identifica internacionalmente la potencia económica de cada nación. En definitiva, no sirve para calcular el grado de bienestar. De hecho, ya lo advirtió el economista y premio Nobel Simon Kuznets, que lo creó en 1934 para medir el impacto de la Gran Depresión: “El bienestar de una nación difícilmente puede deducirse de la medida de la renta nacional”.
Pero las posibles alternativas no han encontrado aún el consenso que sí ha reunido el PIB como herramienta para medir y comparar la producción de mercado de los países. Los obstáculos metodológicos, reconocen Pérez García y Uriel Jiménez, impiden encontrar no ya un sustituto sino siquiera un complemento o corrector fiable. ¿Cómo se cuantifica la satisfacción de los ciudadanos con su vivienda o con sus relaciones personales, dos de los indicadores que mide el IMCV español, por ejemplo?
Índice de Desarrollo Humano
El más reconocido de los instrumentos alternativos es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), una iniciativa de Naciones Unidas que se apoya en el trabajo de otro Nobel, Amartya Sen. Creado en 1990, añade la esperanza de vida, los años de educación obligatoria, el número de alumnos matriculados y la tasa de alfabetización al PIB per cápita, para obtener un indicador sintético. Después se corrigió incluyendo la desigualdad en salud, educación e ingresos –IDH ajustado por desigualdad--.
Para hacerse una idea del cambio que resulta de medir un país según el indicador que se elija, basta con señalar que España se sitúa en el puesto 14 del mundo por su PIB, pero baja al puesto 27 si se mide su IDH –por debajo de Emiratos Árabes Unidos– y al 36 si se calcula el IDH ajustado por desigualdad. El país con el mayor PIB es Estados Unidos, pero el líder en IDH es Suiza y en el IDH ajustado es Islandia.
“Que el aumento del PIB equivale a progreso ya no se lo cree nadie”, asegura a infoLibre Rafael Cejudo Córdoba, profesor de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Córdoba y director de su Cátedra de Participación Ciudadana, “por eso hacen falta nuevas herramientas, no sólo medidas monetarias y no sólo para los países sino también para las empresas, que ya van más allá de sus cuentas de resultados y deben ocuparse del impacto medioambiental y social de su gestión”. Rafael Cejudo defiende el enfoque de las capacidades: “Lo importante no es el dinero, sino qué son capaces de hacer los ciudadanos con el dinero”, describe.
Ocio y trabajo doméstico
Pérez García y Uriel Jiménez han calculado el consumo ampliado de los hogares, donde incorporan actividades que no son de mercado y, por tanto, no cuentan en el PIB: el ocio y el trabajo doméstico. Siguiendo las metodologías internacionalmente aceptadas, cifraron en 2,1 billones de euros ese “consumo ampliado” para 2017 y en 2,5 billones para 2022. Es decir, el doble que el PIB español. Para llegar a ese número han calculado que la producción doméstica ascendía en 2017 a 680.162 millones. El valor del ocio es mayor: 859.066 millones de euros. También incluyen el gasto en consumo de las administraciones públicas y las instituciones sin fines de lucro para los hogares. El resto es la parte del consumo que sí contabiliza el PIB. Y resulta que el valor del consumo ampliado casi triplica el del consumo medido por la Contabilidad Nacional.
“Hemos calculado cuánto supondría el valor de la producción doméstica, el valor del tiempo que le dedican las personas si pudiéramos comprarlo en el mercado, si esa producción la contratáramos”, explica Francisco Pérez García. Consideraron que el valor de cada hora trabajada en el hogar equivale al salario que debería pagarse si se contratara en el mercado a trabajadores domésticos, 8,33 euros en 2017. Por tanto, el valor del trabajo doméstico no remunerado en España ascendió ese año a 481.667 millones de euros. Para ponerle precio al tiempo de ocio aplicaron un salario igual de 8,33 euros para jubilados y parados y otro más elevado, de 12,24 euros, para trabajadores y estudiantes.
Basándose en estas cuentas y analizando su evolución desde 2000, los autores del informe concluyen que durante la crisis de 2008 a 2013 y durante la pandemia, cuando el PIB cayó, los españoles dedicaron más tiempo a tareas productivas dentro del hogar y al ocio, por lo que el valor generado por ambas actividades no incluidas en la Contabilidad Nacional “amortiguó” el desplome económico. Es decir, el impacto en el bienestar fue paliado en parte por el mayor trabajo doméstico y tiempo dedicado al ocio.
Otra iniciativa para ir más allá del PIB fue la que acometieron Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi por encargo del presidente francés Nicolas Sarkozy en 2008 para medir el bienestar y el progreso social con instrumentos más fiables que el PIB. El informe resultante no propuso un nuevo indicador, pero sí hacía 12 recomendaciones a los institutos de estadística: cinco relativas al bienestar, cinco a la calidad de vida y dos al medioambiente y su sostenibilidad.
En 2009 la OCDE y la Comisión Europea también publicaron sus propios proyectos: Better Life, que incluye indicadores sobre esperanza de vida, nivel educativo y medio ambiente, pero no sobre desigualdad, y GDP and Beyond, para complementar al PIB.
Puestos en práctica en Nueva Zelanda, Islandia, Vermont y Maryland
Mientras, algunos países ya han empezado aplicar nuevos modelos. Es el caso de Nueva Zelanda, donde desde 2018 se utiliza el Living Standard Framewok (LSF), o Marco de Estándares de Vida, para mejorar el asesoramiento del Tesoro, evaluando los beneficios de las políticas públicas y sus costes fiscales. Se basa en el modelo de la OCDE e introduce indicadores sobre gobernanza, identidad cultural, medio ambiente, salud, vivienda, ingresos y consumo, empleos, uso del tiempo, seguridad, conexiones sociales e incluso bienestar subjetivo. También incluye los riesgos para mantener el bienestar y la resiliencia para responder a esos riesgos, explican Estefanía Peña y Brenda Nistor en un informe del Observatori del Deute en la Globalització. El LSF se usó para elaborar el Presupuesto del Bienestar de 2019 –25.600 millones de dólares en cuatro años–, para establecer prioridades presupuestarias y para analizar los costes y beneficios sociales del Tesoro.
En los estados de Maryland y Vermont, en EEUU, se aplica el Índice de Progreso Genuino, desarrollado por otro Nobel, Herman Daly, y por el filósofo y ecologista John Cobb. Tiene en cuenta los datos de consumo del PIB, pero los ajusta con la distribución de la renta y la inversión en infraestructuras públicas, añade el trabajo doméstico y el voluntariado, además de beneficios ambientales –tierras agrícolas y bosques–. Después elimina costes sociales como la delincuencia y la desintegración familiar, así como costes ambientales –cambio climático, agotamiento de la capa de ozono–.
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En Islandia el Gobierno propuso en 2019 un sistema de 39 indicadores que cubren desde la salud y la educación hasta la calidad del aire, el reciclaje, la vivienda, la seguridad, el empleo o la conciliación laboral.
Ninguno de estos indicadores alternativos al PIB ha tenido el éxito necesario para convertirse en herramienta universal. Ni de los economistas ni de los gobiernos y organismos institucionales. Francisco Pérez cree estos “ejercicios de cuantificación” son positivos siempre que permitan saber cómo están construidos. También aplaude que el INE se haya puesto a trabajar de forma experimental con el nuevo IMCV, pero al mismo tiempo pide una mejora en las estadísticas españolas de uso del tiempo, que se basan en encuestas y son “costosas”. Dice que el Gobierno vasco las hace con más regularidad que el INE. Así será posible que estos nuevos índices sirvan para evaluar las políticas públicas e incluso para elaborar presupuestos. “Dependerá también de esas políticas”, matiza, pero les adivina un gran potencial en materia de medio ambiente, por ejemplo. Aunque con timidez, “los índices alternativos van entrando en el marco de referencia de los gobiernos y de los especialistas”, asegura.
“Al PIB no hay que quitarle ningún valor, es un instrumento fundamental”, concluye el director del IVIE, “pero eso no quiere decir que el mundo se acabe ahí”.
Fue a la luz de las cifras de crecimiento económico tras la pandemia cuando la vicepresidenta Nadia Calviño puso en duda la exactitud del Producto Interior Bruto (PIB) como unidad de medida. “El PIB es un indicador muy importante, pero tiene dos carencias principales: por una parte, no refleja adecuadamente factores clave de progreso económico, por ejemplo, sobre el medioambiente, la digitalización y la cohesión social. Por otra, tiene cierto retraso por su carácter trimestral”, explicó en septiembre de 2021 en una entrevista en El País. Por eso, reveló, suele recurrir a un cuadro de “indicadores complementarios en el ámbito verde y digital, y a un indicador de actividad diario, que incorpora toda la estadística relevante”.