Mientras espera el visto bueno definitivo de Bruselas a su plan presupuestario para 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez ya tiene sobre la mesa una parte de las condiciones del PNV para brindarle su apoyo en el Congreso.
Lo hizo este martes en la Cámara baja el senador nacionalista Jokin Bildarratz durante la sesión de control al presidente Sánchez. “Saben que estamos en pleno proceso de negociación de Presupuestos”, advirtió el representante del PNV. “Eso quiere decir que ustedes tienen que ser creíbles para los grupos parlamentarios con los que están negociando. Y nosotros lo que les vamos a pedir es que cumplan” el Estatuto de Autonomía transfiriendo, entre otras cosas, la gestión de “la Seguridad Social” y “las instituciones penitenciarias”.
“Ustedes transmiten a la ciudadanía vasca que se tiene que ser parte de este Estado. De acuerdo”, convino Bidarratz. “¿Pero cómo quieren que los vascos confiemos en un Estado que no cumple las leyes ni nos reconocen lo que por ley nos corresponde?”, se preguntó.
Si hay “actitud” y “voluntad”, concluyó el portavoz del PNV en el Senado, será posible llegar a acuerdos, como los que permitieron pactar 16 transferencias entre 2009 y 2010, cuando el presidente era José Luis Rodríguez Zapatero, recordó. Pero “por ahora no acabamos de ver voluntad ni actitud“, advirtió. “Saben ustedes que somos gente razonable. Lo que le pedimos es que acuerde un programa y un calendario para que en el plazo que se determine podamos finiquitar las transferencias pendientes”.
La apelación a las transferencias se produjo apenas unas horas después de que el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, confirmase que el primer encuentro con el Gobierno tendrá lugar esta semana. Y en línea con su compañero en el Senado, dejó claro que su partido no pactará las cuentas públicas si no ve voluntad real por parte del Ejecutivo de cumplir los compromisos adquiridos con anterioridad.
El portavoz de los nacionalistas vascos destacó de la lista de temas pendientes que "pueda funcionar la comisión bilateral" entre el Gobierno central y el vasco, así como el desarrollo del Estatuto de Gernika. Eso sí: desvinculó la negociación de la situación en Cataluña.
El inicio de las negociaciones coincide con la presentación en Vitoria del proyecto de Presupuestos del País Vasco para 2019, para cuya aprobación el Gobierno del PNV necesita el respaldo no sólo del PSE si no de algún otro partido. El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, declaró este martes que "no cerrará las puertas a ningún grupo" para lograr un acuerdo. Azpiazu confirmó que el Ejecutivo vasco ya estudia las propuestas que le han remitido Elkarrekin Podemos y EH Bildu.
Ahorrarse “las payasadas”
Pero mientras se inician los contactos con el PNV, sigue sin haber ningún indicio que haga pensar en la posibilidad de un acuerdo con los independentistas catalanes. Esquerra Republicana (ERC) reiteró este martes que no participará en ninguna reunión hasta que el Estado haga algún movimiento en favor de los líderes soberanistas en prisión. “Ya hablamos todos lo suficientemente claro como para que nos ahorremos las payasadas”, aseguró el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, en los pasillos de la Cámara baja al ser preguntado sobre si el Ejecutivo se había puesto en contacto con su partido para negociar las cuentas públicas de 2019.
“No tiene sentido que nos inviten porque no participaremos en ninguna reunión si previamente no hacen el movimiento que le hemos reclamado: instar a la Fiscalía a actuar para que puedan ser retiradas las acusaciones” que pesan contra los líderes del procés en prisión.
El portavoz parlamentario del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, confirmó a su vez que el Gobierno tampoco se ha puesto en contacto con ellos para negociar, aunque en su caso sí aseguró estar dispuesto a mantener una reunión en la que explicar su posición. Aunque en estos momentos, subrayó, “no se dan las condiciones de confianza política” para una negociación “seria” de los Presupuestos, informa Europa Press.
Lo cierto es que los días van pasando, se acerca la fecha límite del ultimátum formulado por el president Quim Torra —que Esquerra y al menos una parte del PDeCAT no avalan—, fijado para el 1 de noviembre, y el pesimismo parece imponerse en el Govern. Su portavoz, la consejera Elsa Artadi, reveló este martes que no pueden negociar porque no existe “ni una oferta” por parte del Gobierno de Sánchez. La voluntad de diálogo del presidente no se ha concretado en nada, lamentó. Sánchez debe hablar “más claro”, porque el Govern tiene "menos esperanzas de las que tenía al principio, que ya no eran muchas".
"El salario mínimo no es una payasada"
La posición de Tardá mereció inmediatamente el reproche del líder de Unidos Podemos. Pablo iglesias pidió al portavoz de Esquerra que sea más “prudente a la hora de hablar” y se ahorre “salidas de tono” como calificar de “payasada” intentar negociar los Presupuestos. “Hay que hablar de muchas cosas y de grandes temas políticos que tienen que ver con la cuestión territorial y con una situación de excepcionalidad que ha llevado a la prisión o el exilio a los jefes de dos de los principales partidos en Cataluña, pero oiga usted, el salario mínimo a 900 euros no es una payasada”, subrayó Iglesias.
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El Gobierno sabe que su proyecto de Presupuestos tiene garantizados 169 votos en contra —PP (134), sus satélites (dos diputados de UPN y uno de Foro Asturias) y Ciudadanos (32)— y que, de momento, cuenta sólo con 151 a favor (los 84 del PSOE y los 67 de Unidos Podemos). Así que necesita que la derecha no logre aumentar los votos negativos y, al mismo tiempo, sumar todos los votos a favor que pueda conseguir, sobre todo en previsión de que el Senado —controlado por el partido de Pablo Casado— los rechace, lo que obligará al Ejecutivo a conseguir mayoría absoluta en la Cámara baja (176), lo que implica conseguir 25 votos más.
Sánchez y Podemos confían en conseguir el respaldo del PNV (cinco votos), de Compromís (cuatro) y del único diputado de Nueva Canarias, lo que suma diez votos. Hacen falta otros quince, lo que obliga al Gobierno y al partido de Pablo Iglesias a convencer a Esquerra (nueve diputados) y al PDeCAT (ocho escaños) para que voten a favor. Lo que hagan Coalición Canaria (un escaño) y Bildu (dos) es irrelevante, a menos que una parte de los independentistas catalanes —los más reacios a pactar con el PSOE— se nieguen a votar sí.
Mientras tanto, el PP sigue utilizando la agenda de reuniones de Iglesias con representantes independentistas y con el Gobierno vasco, en busca de apoyo para el acuerdo presupuestario, para acusar a Sánchez de estar en manos de Podemos. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Monteserrat, calificó de "humillación a todos los españoles" que, según ella, el Gobierno de Pedro Sánchez envíe a Iglesias a "negociar" los Presupuestos con los independentistas buscando "blanquear y normalizar" lo que ha ocurrido en Cataluña. Es una "vergüenza" que se pretenda "intercambiar Presupuestos por indultos”, apostilló.
Mientras espera el visto bueno definitivo de Bruselas a su plan presupuestario para 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez ya tiene sobre la mesa una parte de las condiciones del PNV para brindarle su apoyo en el Congreso.