No ha cargado contra él, pero el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condicionado el apoyo de su formación al escudo social a una triada mínima de elementos: rebajas en el IVA de carnes, pescados y conservas, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para que las subidas de los salarios derivadas de la inflación no supongan mayor pago en ese tributo; y un alivio del “gasto burocrático”, en alusión a que, según afirma, el país tiene “el Gobierno y la administración más cara de la historia”. Además considera importante la reducción del gasto público, la mejora de la financiación en la atención social, el impulso a las energías renovables y el mantenimiento de las centrales nucleares actuales en España para disminuir el coste energético y garantizar el abastecimiento
"Apoyaremos las medidas que el Gobierno ha publicado, si realmente favorecen el alivio a los hogares españoles y hay una bajada de impuestos a las rentas más modestas", ha aseverado el líder popular en su balance del 2023 que se diluye. “No se le puede decir a una familia española que la carne, el pescado y las conservas no son un alimento básico, que el transporte está bonificado con independencia de la renta del que lo utiliza y, sin embargo, se sube la electricidad a todos los ciudadanos”, ha defendido. Y ha llegado a manifestar que al representar a “las clases más modestas y a las clases medias”, tienen que reivindicar “sus aspiraciones” y lo hacen.
Pero, si votan no al paquete de medidas anticrisis impulsado por el Ejecutivo de coalición que encabeza el socialista Pedro Sánchez, no será la primera vez que pase. Es más, de los siete paquetes anteriores, al margen del actual, fijaron posición en contra del primero, se abstuvieron en el segundo, votaron 'no' en el tercero y se abstuvieron en el sexto. El resto sí los respaldaron.
¿A qué dijo que no el PP, y lo hizo ya con Feijóo a los mandos, tras la revuelta interna que acabó expulsando a Pablo Casado de la política? Pues se opuso a normativa que incluía cuestiones como una ayuda de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados inscritos en las oficinas de empleo, a la rebaja del IVA de la luz del 10% al 5% hasta el 31 de diciembre de 2022, cuando ahora la pide para alimentos que no son considerados básicos; a bonificaciones al combustible que beneficiaban en esencia a los transportistas, pero también al resto de usuarios; o a los abonos transporte gratuitos. Feijóo tampoco estimó oportuno que su partido respaldase extender ayudas directas para el sector gasintensivo a otras actividades de este ámbito, pese a ser uno de los más afectados por el alza del precio del gas; la congelación del coste de la bombona de butano o la prohibición de los desahucios para quienes no contaran con alternativa habitacional.
El Congreso de los Diputados dio luz verde sin el voto favorable de la bancada popular a, entre otras, medidas como el aumento durante seis meses del 15% de las nóminas de Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.
Y en relación a lo que hacen, se entiende en las comunidades donde gobiernan, el popular Juanma Moreno acaba de arrancar la tramitación para subir los sueldos a los 269 altos cargos del Ejecutivo andaluz, entre ellos el propio presidente, quien verá incrementada su nómina en un 21,8% al pasar de los 71.667 euros anuales a 87.333 a partir de 2024, en lo que podría entenderse como “un incremento del gasto burocrático” en un contexto difícil para las clases medias y las más necesitadas.
En cuanto a las ayudas que no se centran solo en los que menos tienen, cabe señalarse que en la Comunidad de Madrid, comandada por la popular Isabel Díaz Ayuso, en torno a 20.000 familias de rentas altas podrán acceder a becas al haberse flexibilizado el baremo desde los 10.000 euros a los 35.913 en Bachillerato, de 20.000 a 35.913 en FP de grado superior, y de 25.000 euros a 35.913 en Infantil. Ahora podrán optar a esos incentivos y los de FP de grado medio, parejas con un hijo que ingresen algo más de 107.700 euros o las que, con tres niños o niñas, cuenten con casi 179.600 para el hogar.
Con todo, Feijóo ha declarado que mantendrá una actitud negociadora con el Ejecutivo en lo que respecta al escudo social, después de afear al Gobierno que, pese a haber pedido un encuentro con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abordar el asunto antes de su aprobación, esta nunca llegó, mientras que sí se reúnen con los grupos minoritarios.
El Real decreto ya es oficial
Con independencia de la postura final del PP, el Real decreto ley ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se pueden comprobar que de cara a 2024 se han hecho ajustes como que no se prorrogarán las ayudas al sector del transporte ni a la agricultura para el abono de carburante, como se preveía. La letra pequeña del decreto también deja al descubierto otras cuestiones como que las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra las mujeres experimentarán el próximo año una elevación igual a la que se apruebe para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Más allá de que las pensiones contributivas se suban un 3,8%, experimentarán una crecida mayor, del 6,9% las mínimas y no contributivas, así como el Ingreso Mínimo Vital.
De lo reflejado en el BOE se desprenden, asimismo, novedades como que la cotización a la Seguridad Social por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional pasa del 0,6% al 0,7%, lo que implicará un 0,58% de aporte para la empresa y un 0,12 para la persona trabajadora. Con la nueva normativa el Ejecutivo de coalición ha creado un Fondo de coinversión (FOCO) nutrido de arranque con 2.000 millones, a cargo de Cofides, para participar en inversiones extranjeras en España que estimulen la economía. Y también caben en el Real decreto ley medidas ligadas a la sequía, un apartado de iniciativas con las que agilizar obras en Cataluña o la permanencia de las impulsadas para mitigar los efectos del volcán de La Palma.
No ha cargado contra él, pero el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condicionado el apoyo de su formación al escudo social a una triada mínima de elementos: rebajas en el IVA de carnes, pescados y conservas, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para que las subidas de los salarios derivadas de la inflación no supongan mayor pago en ese tributo; y un alivio del “gasto burocrático”, en alusión a que, según afirma, el país tiene “el Gobierno y la administración más cara de la historia”. Además considera importante la reducción del gasto público, la mejora de la financiación en la atención social, el impulso a las energías renovables y el mantenimiento de las centrales nucleares actuales en España para disminuir el coste energético y garantizar el abastecimiento