No hubo sorpresa. Aunque todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno esta legislatura votaron a favor de la senda fiscal planteada por el Ejecutivo de PSOE y Sumar, el PP, con su mayoría absoluta en el Senado -a la que se sumaron Vox y UPN-, la tumbó, como había anunciado que haría. ¿Los motivos? Los populares condicionaron su voto en la Cámara Alta a una serie de exigencias que incluían rebajas de impuestos, corresponsabilidad en el reparto de los objetivos entre el Estado y las comunidades, que se respetara la autonomía fiscal de las últimas y una asignación extraordinaria para los territorios. A ello agregaron una hilera de reclamaciones en materia tributaria que detalló el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo y que pasaban por la deflactación de la tarifa del IRPF, la bajada del IVA de la luz y el gas, la rebaja de ese mismo impuesto para elementos de la cesta de la compra como la carne, el pescado y las conservas; más la eliminación del impuesto de la energía. Si bien, casi antes de que empezara a fluir la sesión plenaria, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, avanzó que “ante la pasividad" del Ejecutivo "a la hora de negociar los objetivos de estabilidad presupuestaria y su desprecio a las comunidades y ayuntamientos”, no se iban a mover de su posición sobre lo que entienden un “hachazo fiscal” para “alimentar el hambre” de los socios del Gobierno.
El encargado de confirmar en la tribuna del Senado el sentido del voto en contra de su formación fue el senador Gerardo Camps, quien siguió con la espiral y defendió que el PP, como la mayor parte de los analistas y más de 22 organismos, según él, no se creen las previsiones del Ejecutivo, al que acusó de presentar una realidad “que sólo existe en un mundo de fantasía, en Predrolandia”. Estiman que España incumplirá las reglas fiscales europeas. "No tiene nada de apocalíptico, sino que son razones para votar en contra de estos objetivos de estabilidad", proclamó, para ratificar el no de su grupo que se materializaría horas después, cuando las pantallas mostraron 147 votos en contra, 113 votos a favor y 0 abstenciones.
El rechazo de la senda de estabilidad, que va acompañada del techo de gasto -que no se vota y asciende a un máximo histórico de 199.120 millones de euros con los fondos UE-, marcará el calendario presupuestario para retrasarlo más de lo que ya lo hicieron el proceso electoral y los dos de investidura que el país atravesó el pasado año. Ahora el Gobierno tendrá que regresar a la casilla de salida. Devolverá la misma senda de déficit al Consejo de Ministros, para lo que tiene como máximo un mes, según lo marcado por la Ley de Estabilidad. De ahí, deberá retornar al Congreso y al Senado y, si se repite la historia, si el PP la veta de nuevo en la segunda cámara, entonces se aplicarán los objetivos contemplados en el Programa de Estabilidad que son más restrictivos para comunidades y ayuntamientos. El Ejecutivo mantiene que, de acuerdo a un informe de la Abogacía del Estado -el PP cuestiona su existencia y pide que “no se esconda” y Hacienda no descarta hacerlo público-, puede presentar el proyecto presupuestario, aunque basado en los objetivos remitidos a Bruselas en abril de 2023, ya validados por las autoridades comunitarias, en lugar de en los más recientes. Esto no alterará el global de déficit, que será del 3% del Producto Interior Bruto (PIB), pero sí el reparto por subsectores, lo que implicaría menor flexibilidad para comunidades y ayuntamientos.
Esas administraciones, las locales y las autonómicas, eran de hecho las más beneficiadas por el itinerario de estabilidad que había llegado al Senado, al proporcionarles mayor capacidad de gasto, gracias a que la Administración central iba a asumir un mayor coste en la reducción del déficit, como ya ocurrió durante la pandemia. Por ello para la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es “incomprensible” que el PP, que gobierna once comunidades y 3.223 municipios, según datos del propio partido, haya tirado "piedras sobre su propio tejado" por intereses partidistas. “No tiene ni pies ni cabeza”, incidió la socialista.
Y es que la senda propuesta por el Ejecutivo a la que el Congreso sí dio luz verde prevé reducir el déficit público al 3% del PIB en 2024, cumpliendo así las reglas fiscales europeas, y progresar en esa corrección en 2025, año para el que se había fijado el 2,7%; y en 2026, con el 2,5% del PIB. Para las autonomías se establecía una meta del 0,1% para 2024 y la búsqueda del equilibrio presupuestario, el 0%, en 2025 y 2026. Por lo que respecta a las entidades locales, se marcaba el equilibrio presupuestario (0%) desde 2024 a 2026. Pero, si saliera adelante lo perfilado en abril, las comunidades tendrían que cumplir con la estabilidad presupuestaria ya este año, es decir, perderían una décima de margen de maniobra para el gasto. Y en el caso de los ayuntamientos, deberían alcanzar un superávit del 0,2% en 2024, lo que supondría dos décimas de ajustes. Se da la circunstancia, además, de que comunidades gobernadas por el PP como Andalucía han aprobado sus Presupuestos con los parámetros que este miércoles han evitado apoyar siguiendo "una estrategia de obstrucción", en palabras de Montero.
En la propuesta rechazada en el Senado se señalaba, asimismo, para la Seguridad Social un déficit de un 0,2% para 2024, un 0,1% para 2025 y el 0% para 2025. La deuda, de su lado, bajaría al 106,3 % del PIB en 2024, al 105,4 % el ejercicio siguiente y al 104,4 % del PIB en 2026.
Desde el PP justificaron su voto en contra junto a lo expuesto en que, quien "manda" en esta legislatura, "son los señores Otegi, Ortuzar y, muy especialmente, el señor Puigdemont, prófugo de la justicia española y residente en Waterloo, que desde allí decide lo que se puede hacer aquí". Camps lo resumió desde la tribuna con el eco armónico de quien cree la tarea cumplida: habrá cuentas estatales "si el señor Puigdemont quiere".
Los tiempos se alargan
Fuentes del Gobierno insisten por el momento en que "no tiran la toalla con los Presupuestos" y Montero garantizó que seguirán trabajando "para el bienestar de la mayoría", pese a que el PP y Junts hayan desbaratado sus planes iniciales.
El Ejecutivo quería haber resuelto la aprobación de la amnistía en el Congreso antes de fondear en las negociaciones presupuestarias. Más allá de giros de guion, las fuentes consultadas se muestran convencidas de que la senda fiscal, una u otra, "acabará entrando en vigor" y luego "habrá que intentar" que todos los socios de legislatura respalden el global de las cuentas, ya que desde el PSOE ven "inviable" o imposible" las negociaciones de los Presupuestos con el PP. Si bien, tras los cortocircuitos y como el tiempo no es sólido, es probable que las cuentas ya no se puedan presentar hasta finales de febrero o principios de marzo, cuando arrancaría la tramitación parlamentaria, que se suele extender durante unos tres meses.
No hubo sorpresa. Aunque todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno esta legislatura votaron a favor de la senda fiscal planteada por el Ejecutivo de PSOE y Sumar, el PP, con su mayoría absoluta en el Senado -a la que se sumaron Vox y UPN-, la tumbó, como había anunciado que haría. ¿Los motivos? Los populares condicionaron su voto en la Cámara Alta a una serie de exigencias que incluían rebajas de impuestos, corresponsabilidad en el reparto de los objetivos entre el Estado y las comunidades, que se respetara la autonomía fiscal de las últimas y una asignación extraordinaria para los territorios. A ello agregaron una hilera de reclamaciones en materia tributaria que detalló el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo y que pasaban por la deflactación de la tarifa del IRPF, la bajada del IVA de la luz y el gas, la rebaja de ese mismo impuesto para elementos de la cesta de la compra como la carne, el pescado y las conservas; más la eliminación del impuesto de la energía. Si bien, casi antes de que empezara a fluir la sesión plenaria, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, avanzó que “ante la pasividad" del Ejecutivo "a la hora de negociar los objetivos de estabilidad presupuestaria y su desprecio a las comunidades y ayuntamientos”, no se iban a mover de su posición sobre lo que entienden un “hachazo fiscal” para “alimentar el hambre” de los socios del Gobierno.