“Es tan grande y negra la sombra que proyecta Francisco González, a pesar del golpe de efecto de ayer, que no sólo ensombrece los resultados [del BBVA], sino que también lastra su presidencia [la de Carlos Torres], porque este negocio se base en la confianza y en la prudencia, y [con el escándalo Villarejo] la primera se ha perdido y de la segunda no ha habido suficiente”. Carmen García, representante de la Confederación Intersindical Galega (CIG), describió a la perfección el desarrollo de la junta general de accionistas que el BBVA celebró este viernes en Bilbao.
El “golpe de efecto” fue la carta que el presidente de honor del banco, Francisco González, envió la víspera a su sucesor, Carlos Torres, para anunciarle que abandona “temporalmente” sus cargos en la fundación y la entidad financiera “mientras concluyen las investigaciones en curso” sobre el caso Villarejo. Y la sombra que planeó durante las tres horas que duró la junta correspondía, en realidad, no sólo a Francisco González, sino también al comisario José Manuel Villarejo, pese a que el nuevo presidente del BBVA utilizó el recurso rajoyano de esconderlo bajo una perífrasis –“el caso con el que abría yo mi intervención”– o se limitó a aludir a la empresa del expolicía, Cenyt, a la que el banco encargó el supuesto espionaje.
Ayudado por la renuncia previa de González, Carlos Torres intentó pasar por encima del escándalo que amenaza con arruinar la reputación del BBVA, además de acarrearle graves consecuencias judiciales. Así que su única mención al ya expresidente fue para “agradecerle” que se apartara y evitar así la utilización de “su persona para dañar la imagen del banco”. Después detalló las actuaciones de la entidad para afrontar el caso desde el 9 de enero pasado, cuando empezaron a publicarse las noticias sobre las supuestas escuchas y seguimientos de Villarejo, por encargo del BBVA, a exministros, altos cargos de la CNMV, directivos de Sacyr y periodistas. Torres lleva en el cargo desde diciembre y subrayó que enero “marcó un punto de inflexión”. Entonces envió una carta a los 125.000 empleados de la entidad donde aseguraba que las conductas reveladas en las informaciones de El Confidencial y moncloa.com eran “indudablemente muy graves, deplorables y contrarias a los valores de BBVA”. A continuación, anunciaba una investigación externa a cargo de PricewaterhouseCoopers y los despachos Garrigues y Uría Menéndez, “todo ello con el impulso del consejo de administración”, recalcó.
Respondiendo a los apremios del BCE, a través de Luis de Guindos, y del Banco de España, que le reclaman una solución “rápida” al escándalo, Torres advirtió de que aún harán falta “varios meses de trabajo” para concluir las indagaciones. “Tan importante o más que hacer el trabajo rápidamente es hacerlo bien”, subrayó. Antes de encargar la investigación externa, BBVA ya había emprendido, en junio de 2018, otra interna a cargo de Garrigues, tras revelar publico.es que el banco había suscrito un contrato con Cenyt para vigilar a Ausbanc, entre cuyos –presuntos– chantajeados figuraba precisamente el BBVA.
Carlos Torres también dejó claro que el banco está “colaborando activamente con la Justicia”, puesto que la Audiencia Nacional investiga igualmente las actividades de Villarejo en la Operación Trampa. Y en ese procedimiento judicial se apoyó después para no responder a ninguna de las múltiples acusaciones que sobre las relaciones de Francisco González con Villarejo le hizo la docena de accionistas que intervinieron en la junta general. “He dicho todo lo que podía decir”, zanjó.
Pese a que fue un reproche repetido por los accionistas la pérdida de valor de la acción del BBVA y el daño que el caso Villarejo puede infligir no sólo a la reputación del banco sino también a sus cuentas, el presidente negó que hasta el momento el escándalo haya producido “impactos relevantes” tanto en el negocio como en la cotización. Incluso no dudó en proclamar que “el BBVA ha sido, es y seguirá siendo un banco honesto y continuará actuando como tal”.
Renuncia definitiva
Sin embargo, los accionistas que intervinieron no resultaron muy convencidos. “Resulta que la gestión no sólo ha sido mala, sino deshonestaResulta que la gestión no sólo ha sido mala, sino deshonesta y susceptible de responsabilidades judiciales”, le espetó Paulino García-Toraño Martínez, que representa a Uniter, una asociación de exempleados del BBVA dueños de tres millones de acciones y que se declararon “muy afectados por los acontecimientos en torno a Francisco González y por su pésima trayectoria de gestión”. García-Toraño recordó el “habitual tono despectivo con los accionistas críticos” que usaba el expresidente y preguntó al responsable de la comisión de auditoría y cumplimiento, José Miguel Andrés Torrecillas, cómo es posible que fallaran los controles internos, además de si ese órgano –“que debería ejercer de contrapoder frente a la dirección ejecutiva del banco”, apuntó– fue informado de los contratos con Villarejo y qué medidas tomó. “No pueden ustedes escudarse detrás de la comisión de investigación”, recriminó a los responsables de la entidad. Así que exigió que el “alejamiento temporal” anunciado por Francisco González se convierta en “definitivo”, una petición recibida por aplausos de los accionistas. Fue la tónica de la junta general: las ovaciones con que era interrumpida cualquier crítica o acusación hacia quien presidió el BBVA durante 18 años.
Se repitieron también los reproches a González por la caída de valor de la acción –“perdemos dinero a espuertas”–, los sueldos de la cúpula del banco –si se los bajaran un 35% entenderían mejor a los accionistas”– y a algunas de las operaciones realizadas durante su mandato, como la compra del banco turco Garanti. Hubo quien pidió que se le “embargaran el bonus” y sus acciones a Francisco González, entre más aplausos de los allí reunidos. Y quien reclamó que el centro de decisión volviera a Bilbao. “Madrid lo ha contaminado todo”, remachó el empresario José Francisco Arrese Igorecheburua, antes de advertir de que la próxima junta podría celebrarse “en Estambul”.
Aunque la tanda de críticas la habían abierto los sindicatos, que recriminaron la “subida salarial irresponsable e inmoral” de la “élite” del banco, así como las “listas negras, la presión cortoplacista sobre los resultados de los trabajadores y la plantilla insuficiente”. “Pedimos mejor clima laboral, pero no nos escuchan”, resumió Carmen García.
La intervención estrella
Pero la intervención estrella fue la de Luis del Rivero, expresidente de Sacyr y uno de los espiados supuestamente por el comisario Villarejo. También el principal promotor de la operación para tomar el control del BBVA en 2004 que Francisco González intentó parar vigilando a quienes bautizó como “grupo hostil”. En ese momento, Sacyr pretendía adquirir una participación significativa en el BBVA de hasta el 5%, que junto con el 4,2% en poder del entonces consejero José Domingo de Ampuero, podía otorgarle “una notable presencia en el consejo de administración” del banco.
Del Rivero calificó de “invento” que aquélla fuera una “operación política”, un calificativo que atribuyó a los “orígenes” de Francisco González, en alusión a su nombramiento por el Gobierno de José María Aznar en la presidencia de Argentaria, que luego se fusionaría con el BBV. Así, negó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estuviera detrás del intento de asalto al banco. “No era un bambi de peluche, sino de acero”, repitió una frase pronunciada por Alfonso Guerra en 2004. Por ese motivo, si hubiera contado con el apoyo de un Ejecutivo que era “inflexible” en sus decisiones, la operación “habría triunfado”, advirtió.
Antes Del Rivero había presumido de que en su intento de toma de control del BBVA contaba con el respaldo de “81 de las 82 familias fundadoras del Banco Bilbao Vizcaya”. “La primera vez que fuimos a ver a [el ministro de Economía Pedro] Solbes”, abundó, “acudimos con Santiago Ybarra”, hermano de Emilio, el antecesor de González al frente del BBVA. El expresidente de Sacyr, de hecho, comenzó su intervención recordando las “operaciones tan terribles” que echaron de la cúpula del banco a Emilio Ybarra y otros consejeros, y que siempre se han atribuido a las maniobras de Francisco González. “Todas las imputaciones quedaron sobreseídas, pero fueron la excusa para acabar con los consejeros de aquella época”, recordó.
Después el ataque pasó a ser directo. Luis del Rivero comparó los 250 millones de euros que calcula que ha cobrado González en su cargo con los 75 millones percibidos por Emilio Botín en el mismo periodo de tiempo, mientras caía el valor del BBVA. Y le echó en cara que el banco haya pasado de ser el primer accionista de Repsol, Telefónica, Iberia o Iberdrola a haber desaparecido de todas ellas, menos de Telefónica. “Quizá porque nos interesa oír”, ironizó aludiendo a las 15.000 escuchas telefónicas practicadas por Villarejo.
Entre apremios de la presidencia, Del Rivero terminó revelando que ha enviado una carta a 59 fondos accionistas del banco para pedir que se cree una comisión especial –“al estilo de las que se constituyen en Estados Unidos para crisis de reputación como ésta”– integrada por “consejeros de primer orden”, que debería coordinar los equipos de Garrigues, Uría y PwC a fin de “dar más valor” a sus informes. Incluso citó los nombres de quienes deberían componerla: Pedro Luis Uriarte –ex consejero del BBV–, Juan María Nin –exconsejero de Caixabank–, Emilio Ybarra, José Domingo de Ampuero y Jesús María Cainzos –exvicepresidente del BBVA–. “Si lo hacen, salvarán su reputación; si no lo hacen, ustedes sabrán por qué”, concluyó entre aplausos.
Carlos Torres no respondió después al discurso del expresidente de Sacyr, alegando que sus “planteamientos” no figuraban en el orden del día de la junta general.
Récord en demandas
El juez cita a Villarejo en calidad de testigo tras sus 'revelaciones' en torno al 11M
Otro de los investigados por Villarejo es la organización de consumidores Adicae. Sus dos representantes en la asamblea alertaron al presidente del BBVA de que la reputación del banco no sólo corre riesgo por culpa del encargo a Villarejo, sino también por el “trato dado a los clientes”. Le acusaron de discriminar a los usuarios de las entidades absorbidas, Unimm y Catalunya Caixa, frente a los del banco matriz. También le recordaron que el BBVA es la entidad que más demandas acumula por las cláusulas abusivas sobre gastos de formalización de las hipotecas. Y le instaron a adoptar el “comportamiento diligente” que sus clientes le exigen “frente a cualquier uso fraudulento de los medios de la entidad por parte de sus administradores presentes o pasados”.
Jean Pierre Paelink, representante de la World Federation of Investors, un grupo internacional de vigilancia de los mercados financieros cuyo miembro español es AEMEC (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas), indicó que el caso Villarejo va más allá de lo económico o corporativo y criticó la “injerencia del poder político en la gobernanza de las empresas”. “No nos parece tolerable que en España exista la peor forma de capitalismo, que es el capitalismo clientelar”, destacó.
Pese a las críticas lanzadas en la junta general, el 98% de los accionistas respaldó el nombramiento de Carlos Torres como presidente del BBVA para los próximos cuatro años.
“Es tan grande y negra la sombra que proyecta Francisco González, a pesar del golpe de efecto de ayer, que no sólo ensombrece los resultados [del BBVA], sino que también lastra su presidencia [la de Carlos Torres], porque este negocio se base en la confianza y en la prudencia, y [con el escándalo Villarejo] la primera se ha perdido y de la segunda no ha habido suficiente”. Carmen García, representante de la Confederación Intersindical Galega (CIG), describió a la perfección el desarrollo de la junta general de accionistas que el BBVA celebró este viernes en Bilbao.