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“Mi resolución es desfavorable, por lo que no voy a firmar una operación cuando la sanción es contraria a mi opinión”. Una de las analistas de riesgos de Avalmadrid, la sociedad de garantía recíproca participada en un 26% por la Comunidad de Madrid, respondía así por correo electrónico al director de Admisión de Riesgos, Jesús Sanz Martín, quien le acababa de pedir en un mensaje anterior que apoyara con su firma la concesión del aval solicitado por una empresa, pese a que ella había emitido un informe previo denegatorio. En realidad, la analista le estaba requiriendo a su superior que suprimiera su firma del ticket elevado al Comité de Riesgos para su aprobación. Su nombre había aparecido en ese comprobante, a pesar de que el dictamen de la profesional había sido negativo. “Has utilizado mi firma incorporándola al ticket. Te agradecería que, por favor, eliminases mi firmaticket, como ya ha sucedido en otras operaciones, o me solicites previamente que la incluya”, le indica la analista a Jesús Sanz en una secuencia de correos del pasado 17 de febrero a la que ha tenido acceso infoLibre.
Es entonces cuando el director de Admisión de Riesgos cumple la formalidad de pedirle a su empleada que aporte la firma. Cuando se niega, él le sugiere que firme, pero “con reparos”. La analista lo rechaza de nuevo: “No tiene sentido que la firme con reparos, cuando ya he puesto mi sanción desfavorable”, insiste. Jesús Sanz accede pero, unos minutos después, escribe al director general de Avalmadrid, Pedro Embid, informándole de la negativa de la analista a firmar la resolución del comité de riesgos. Y como los avales con importe de más de 50.000 euros deben ser sancionados por dos personas, la analista y él mismo, Sanz le indica que no puede aprobar en solitario el de la empresa en cuestión, Asesoría Hispanoamericana de Inversión. La operación ascendía, en principio a 120.000 euros, que luego se rebajaron a 60.000. Aun así, superaba el límite. “Este comportamiento [el de la analista] nos lleva de nuevo ante una situación que podemos denominar como ‘dictadura del analista’ que, con su actitud, evita que se puedan asumir algunas operaciones que podrían ser viables y está poniendo reparos a las directrices y políticas que tratamos de implementar algunos directores de departamento”, le explica a Pedro Embid.
El aval, finalmente, no se concedió, pero la presión ejercida para aprobar la solicitud terminó en el canal de denuncias anónimas de Avalmadrid. Y el pasado mes de abril Jesús Sanz fue despedido.
A preguntas de este periódico, un portavoz de Avalmadrid niega que la sociedad tuviera un interés especial en aprobar este aval. “En este caso concreto, se aplicó de manera estricta y rigurosa la política de riesgos por parte del órgano que denegó la operación”, asegura, tras apuntar que su “único interés” es “facilitar el acceso [el crédito] a pymes y autónomos madrileños, siempre que se cumplan los criterios establecidos en las políticas y normativas aplicables”. En el análisis de las operaciones, continúa Avalmadrid, “se tienen en cuenta únicamente criterios objetivos ligados al riesgo del cliente; en ningún caso entran en juego otro tipo de consideraciones, y menos aquéllas de carácter subjetivo”. infoLibre ha intentado también recabar la versión de Jesús Sanz sobre lo ocurrido, pero éste ha declinado alegando que su despido es una cuestión “privada”.
La empresa que había pedido el aval el pasado mes de febrero, Asesoría Hispanoamericana de Inversión, fue constituida apenas un mes antes por dos socios, Eduardo Hernández-Ripoll Aznar y Carlos Isidro Echeverria Perera, que aportaron el capital mínimo necesario, 3.000 euros. En la solicitud del aval, aseguraban que su contacto con Avalmadrid era Rodrigo Tilve, el presidente de la sociedad de garantía recíproca. Hasta la disolución del anterior Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la convocatoria de elecciones anticipadas, Tilve fue viceconsejero de Economía en el departamento que entonces dirigía Manuel Giménez, independiente elegido por Ciudadanos.
Hernández-Ripoll conoció a Tilve en 2012, cuando ambos trabajaban en Guatemala. El primero estaba empleado por la consultora Ostossola, del estratega político Antonio Sola, quien fue asesor de José María Aznar, Mariano Rajoy y del presidente mexicano Felipe Calderón, entre otros líderes latinoamericanos. Según su currículo, Eduardo Hernández era entonces asesor de presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, quien renunció al cargo en 2015 y permanece en prisión desde entonces por varios casos de corrupción. Mientras, Rodrigo Tilve ejercía como consejero económico y comercial en la Embajada de España en Guatemala y pertenecía al consejo asesor de la Cámara de Comercio española en el país centroamericano. El presidente de Avalmadrid no ha querido comentar con este periódico ningún aspecto de la operación o de su relación con Hernández-Ripoll. Pero éste sí admite conocer a Tilve, con quien “coincidió hace ocho años”. “Pero no he vuelto a hablar con él desde entonces”, asegura a este periódico. Tampoco sabía que el director de Admisión de Riesgos había sido despedido. Y apunta que si Tilve se tomó algún interés especial en la solicitud de aval de Asesoría Hispanoamericana de Inversión debió de ser únicamente porque “se acordaría” de él. “Me sorprendería que se hubiera producido nada irregular, porque es una persona impoluta e intachable, superrecto en lo personal”, subraya.
Salarios de hasta 100.000 euros para cada socio
Hernández-Ripoll y Carlos Echeverria, que es abogado y fue embajador de Costa Rica en Trinidad y Tobago entre 1999 y 2005, crearon la empresa para asesorar a pymes españolas que quieran abrir negocios en Latinoamérica, incluyendo tareas de lobby, análisis de situación e inteligencia de mercado, de acuerdo con el plan de negocio aportado para solicitar el aval. También ofrecen a sus posibles clientes “una estrategia fiscal que maximice los ingresos” aprovechando los convenios para evitar la doble tasación que España ha suscrito con países latinoamericanos. A cambio, piden unos honorarios mínimos de 100.000 euros por operación o una participación en el negocio, bien en efectivo bien en acciones u otros valores.
La analista denegó el aval porque pedían el préstamo para cubrir, básicamente, los sueldos de ambos socios, a la vez únicos empleados de la empresa: entre 70.000 y 100.000 euros anuales se reservan para cada uno, cuando su presupuesto de gastos estaba calculado en una horquilla de 162.900 a 222.900 euros. “Su plan de inversión apenas presenta gastos justificables frente al importe solicitado”, dictamina la analista. Además, como avalista sólo presentan al propio Hernández Ripoll, que carece de patrimonio, vive en régimen de alquiler en Alicante y únicamente posee 2.000 euros en una cuenta de ING. Carlos Echeverria también carece de patrimonio inmobiliario, sólo anota un fondo de pensiones voluntario de 80.000 dólares. “Los accionistas no aportan datos de solvencia ni de patrimonio, así como tampoco de generación de ingresos independientes al negocio”, se lee en el informe. Ambos sólo justifican mediante facturas 10.000 de los 30.000 euros que dicen haber gastado para poner en marcha la empresa, entre ellos la mudanza internacional desde la República Dominicana de Eduardo Hernández. Y dan la referencia de un único cliente, una empresa de construcción naval de Barcelona con la que firmaron la búsqueda de un astillero en Trinidad y Tobago para comprarlo. No obstante, Hernández-Ripoll precisa que el contrato se encuentra “parado”, ya que el espacio aéreo permanece cerrado por culpa del covid-19.
“Como no nos concedieron el aval, seguimos buscando financiación, un socio privado”, indica Eduardo Hernández, a quien también le negó ayuda Enisa (Empresa Nacional de Innovación), una empresa pública dependiente del Ministerio de Industria que financia a pymes mediante préstamos participativos. “Si acudimos a Avalmadrid”, relata, “fue porque creímos que los avales para emprendedores estaban pensados para empresas que no tienen nada, como la nuestra, y necesitan un empujón”.
“Creo que deberíamos valorar si debe seguir en el departamento”
El portavoz de la sociedad de garantía recíproca destaca que la denegación del aval a Asesoría Hispanoamericana de Inversión es un “ejemplo de la rigurosidad con la que Avalmadrid aplica las distintas políticas internas en el análisis de las operaciones”. Sobre la relación entre Rodrigo Tilve y Eduardo Hernández-Ripoll se limita a mencionar que forma parte de la “labor institucional y comercial” del presidente de la sociedad “dar a conocer la oferta de productos de Avalmadrid” y que el solicitante del aval indicó en el formulario que esa oferta la había conocido a través de Tilve.
Hernández-Ripoll estudió Ciencias de la Información y militó en Nuevas Generaciones del PP. Tras pasar tres años en el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Villena (Alicante) cuando lo gobernaba el Partido Popular, llegó en 2012 a Guatemala y en 2014 trabajó para The Trump OrganizationThe Trump Organization, la empresa del expresidente de EEUU Donald Trump, para “velar por sus intereses reputacionales en Ciudad de Panamá”. Ahora, revela, está buscando clientes en la República Dominicana para Asesoría Hispanoamericana de Inversión.
Avalmadrid no ha querido explicar la tramitación de la denuncia que se cursó a través de su canal anónimo, gestionado por una empresa externa. Tampoco los motivos por los que despidió a Jesús Sanz. “Son estrictamente confidenciales”, precisa, “pero objetivos y concretos”. Sólo ha indicado que el exdirector de Admisión de Riesgos “llevaba poco tiempo en la compañía”. Concretamente, desde febrero de 2020, por lo que apenas superó el año en el cargo. Jesús Sanz Martín, no obstante, tenía una larga experiencia en su campo, puesto que había sido responsable del departamento de riesgos del Banco Popular durante 26 años. En el mismo correo que dirigió al director general de Avalmadrid, Pedro Embid, lamentándose de la “dictadura del analista”, Jesús Sanz le destaca los reparos que ponía esta empleada a “ver de forma constructiva las operaciones”constructiva, su “lentitud en las resoluciones” y sus “comentarios inapropiados”, una “actitud” que ya le había comentado previamente, le recuerda. “Creo que deberíamos valorar si debe seguir en el departamento”, termina el mensaje. Sanz Martín fue despedido dos meses después.
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