Cada mañana unos 50 empleados de la empresa Merak, una multinacional alemana con factoría en Getafe, entran por la puerta principal de las cárceles de Ocaña I y Ocaña II, en Toledo. Trabajan en los talleres de la prisión mano a mano con más de 200 reclusos que ensamblan aparatos de aire acondicionado para trenes. Lo llevan haciendo desde 2008, cuando la compañía firmó su primer convenio con Instituciones Penitenciarias. Merak es una de las muchas empresas que utilizan presos en su proceso de producción, al tiempo que ayudan a éstos a adquirir hábitos laborales y desarrollar aptitudes para su reinserción. A cambio, disfrutan de un ahorro en costes salariales casi de fábrica china. Desde 2009 Merak ha despedido en España a un total de 73 de sus 450 trabajadores, 38 de ellos en un ERE en 2012. Los últimos, el pasado mes de diciembre.
Pero la actividad productiva de la multinacional en Ocaña I y Ocaña II está lejos de resultar pacífica. Porque más que colaborar, Merak ha invadido las dos prisiones. “El régimen de vida de la cárcel está subordinado a las necesidades de producción de la empresa”, denuncia Juan Figueroa, vicepresidente del sindicato de funcionarios de prisiones Acaip. Y el clima laboral se ha resentido, asegura.
Cada día entran en el recinto penitenciario de Ocaña I entre 30 y 35 trabajadores de Merak, a los que hay que sumar entre 20 y 25 en Ocaña II –ambas cárceles están interconectadas–. Una cifra considerable si se tiene en cuenta el número de funcionarios que trabaja allí en cada uno de los tres turnos diarios: Ocaña I cuenta con una plantilla de 185 funcionarios para atender 365 días al año a 506 presos, mientras que Ocaña II emplea a 201 funcionarios y cuenta con 447 reclusos.
Además, los empleados de la multinacional no pasan por los detectores de metales, obligatorios para cualquier persona que accede a la cárcel, revela Figueroa. Una portavoz de Instituciones Penitenciarias lo niega. Pero en la orden del director de Ocaña II que publica infoLibre, ésteautoriza la entrada el pasado día 20 “hasta el módulo 4, y hasta el local donde se encuentran las maquetas, entre el Rastrillo [compuertas con rejas a la entrada] y la Jefatura de Servicios” a un número de personas que no precisa. “Los visitantes autorizados no pasarán por el arco detector de metales”, ordena el director.
Según Juan Figueroa, el motivo por el que Merak pide que sus trabajadores se salten las medidas de seguridad no es otro que evitar la pérdida de tiempo que suponen. También se hace “imposible”, aseguran los funcionarios, el obligatorio recuento diario de las herramientas utilizadas por los presos en los talleres. O el control necesario de los materiales de trabajo –piezas, colas, sustancias tóxicas–. La empresa no da parte si faltan utensilios. Sencillamente, los repone. Instituciones Penitenciarias asegura que el recuento de herramientas “la cumplen escrupulosamente los funcionarios, que son excelentes profesionales”. Sin embargo, son esos mismos profesionales quienes denuncian que ese recuento es ineficaz si la empresa cubre los hurtos. También temen el riesgo para la seguridad que entraña la continua entrada y salida de camiones, cargados con los componentes que llegan desde la fábrica de Merak en Getafe, primero, y con los productos ya ensamblados después.
Como la producción es prioritaria, los reclusos que trabajan están exentos de asistir a los programas de tratamiento –reeducación en violencia de género u otros–, que sí son obligatorios para los demás presos. Tampoco acuden a la junta de régimen disciplinario si han cometido alguna infracción y deben trabajar. Instituciones Penitenciarias también niega ambos hechos. Merak no ha querido ofrecer su versión, pese a las reiteradas solicitudes de infoLibre.
La Ley General Penitenciaria dicta que el trabajo en las prisiones no sólo “tendrá carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales, productivo o terapéutico”, sino también que “no se supeditará al logro de intereses económicos por la Administración”. También deja claro que el trabajo de los reclusos “será compatible con las sesiones de tratamiento”, por lo que obliga a la Administración a adoptar medidas “para asegurar la satisfacción de aquellos fines y garantizar la efectividad del resultado”. “La Administración”, subraya, “se cuidará de que los horarios laborales permitan disponer de tiempo suficiente para la aplicación de medios de tratamiento”. Lo contrario de lo que está ocurriendo en Ocaña, revelan los funcionarios.
La productividad manda
Si en 2008 sólo 65 presos trabajaban para Merak, hoy son 150 en Ocaña I y entre 80 y 100 en Ocaña II, de acuerdo con las fuentes consultadas. En el primer recinto, la multinacional ocupa cinco naves y en el segundo, el citado módulo 4, un taller de 5.000 metros cuadrados. Con jornadas de lunes a viernes, de ocho y media a tres por la mañana, y de cuatro a ocho por la tarde. Aunque este invierno, hasta marzo, los reclusos también trabajaron los sábados para recuperar las dos horas –de seis a ocho de la tarde– que la falta de luz en las instalaciones hacía impracticables, explican los funcionarios.
La productividad manda en la cárcel, como en cualquier empresa. Así, también son estrictos y exhaustivos los controles de calidad. “Si un trabajador no alcanza el rendimiento mínimo marcado, se cambia por otro”, reconoce el presidente del comité de empresa de Merak, Juan Moreno. Como la firma alemana trabaja bajo pedido, también sus clientes han visitado y aprobado las instalaciones de Ocaña, añade.
El real decreto que regula el trabajo en prisión determina que los reclusos cobrarán de acuerdo con un “módulo” para cuyo cálculo “se tomará como referencia el salario mínimo interprofesional”. “El salario resultante se fijará proporcionalmente al número de horas realmente trabajadas y al rendimiento conseguido por el trabajador”. También se podrá calcular “por producto o servicio realizado”, que es el sistema utilizado en Ocaña. Instituciones Penitenciarias no ha querido precisar a infoLibre cuánto cobran exactamente los internos de Ocaña por su trabajo para Merak.
Los presos, además, cotizan a la Seguridad Social. Pero la cuota no la paga la empresa, sino el organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Los reclusos tienen cubiertas las contingencias comunes y las profesionales; por tanto, disfrutan de asistencia sanitaria. Además, contribuyen a la pensión de jubilación y tienen derecho a la prestación por desempleo cuando quedan en libertad. “Los presos están deseando trabajar”, aseguran las fuentes consultadas. Para ellos, esa nómina supone unos ingresos inestimables.
32,5 millones en nóminas para 3.119 reclusos
También para Instituciones Penitenciarias. Según su última memoria, correspondiente a 2012, el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Fomento para el Empleo obtuvo unos beneficios de cinco millones de euros gracias a la actividad productiva de los internos y tras sumar unas ventas de 162 millones. De los 12.217 presos-trabajadores que la memoria reconoce para ese año, 3.119 producían para empresas privadas. El resto está empleado en talleres de servicios de producción propia y de servicios. El pago de sus nóminas ascendió a 32,5 millones de euros. En 2012 funcionaban 146 talleres penitenciarios en toda España.
Otra empresa con producción penitenciaria es Adequa Uralita, que fabrica desde 2002 en la cárcel de Alcalá-Meco (Madrid). Utiliza a 70 internos para montar sus sistemas de canalización de agua. Además, la firma guipuzcoana de maquinaria eléctrica Jesús Romero e Hijos utiliza los talleres de la cárcel de Estremera, también en Madrid. Empezó con 25 reclusos y, desde septiembre del año pasado, emplea a un total de 90, según consta en la página web del organismo autónomo. Igualmente, Trabajo Penitenciario firma convenios con organizaciones empresariales autonómicas –Baleares, Aragón, Asturias, Galicia, Andalucía, Cantabria…– y sectoriales –Asimelec, de tecnologías de la información, y Ecoembes, de reciclaje– o Cámaras de Comercio, para dar trabajo a los reclusos.
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Merak pertenece desde 2005 al 100% a la alemana Knorr-Bremse, que dice ser una compañía líder en sistemas de frenos para vehículos ferroviarios e industriales. Facturó 4.300 millones de euros en 2013, según reconoce en su página web y cuenta con una plantilla de 20.000 trabajadores repartidos por todo el mundo. Suyos son los sistemas de climatización de los trenes de alta velocidad de España, Francia, Corea, China o Rusia, o de los metros españoles, de Nueva York, París, Shangai o Singapur, se puede leer en la web de la Casa Real: los Príncipes visitaron la factoría de Getafe en junio de 2008. Cuatro meses después Merak recibió de manos del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la Medalla de Planta al Mérito Social Penitenciario por su labor en Ocaña.
La firma alemana descubrió las ventajas del trabajo penitenciario cuando tuvo que repatriar parte de la producción que antes había trasladado a China. En el país asiático siguen manteniendo una joint-venture con una firma local, pero en los últimos años “ha enviado mucho trabajo a Ocaña”, explica Juan Moreno. La presión para reducir costes es inmensa. Merak prevé unos números rojos para este año de 9,2 millones de euros. “A los precios a los que estamos trabajando, fabricamos equipos con unas pérdidas de 750.000 euros”, se lamenta el presidente del comité de empresa. Así que la única manera de competir con países con costes más bajos, explica, ha sido recortar la masa salarial con despidos y eliminando 21.000 horas extraordinarias, contratar empleados eventuales a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y recurrir a los baratos e industriosos reclusos de Ocaña.
El presidente del comité de empresa no tiene, pues, nada que objetar sobre el trabajo que Merak ha desplazado hasta las prisiones toledanas. Todo lo contrario. De ellas dependen entre 70 y 80 puestos de trabajo, destaca, entre quienes se desplazan diariamente hasta allí y los empleados encargados de la logística –almacenes y transporte– que genera la producción entre rejas. Además, los trabajadores destinados en Ocaña cobran un plus de 11.000 euros anuales. Una cantidad nada despreciable para unos sueldos medios que oscilan entre los 20.000 y los 35.000 euros al año, precisa Juan Moreno.
Cada mañana unos 50 empleados de la empresa Merak, una multinacional alemana con factoría en Getafe, entran por la puerta principal de las cárceles de Ocaña I y Ocaña II, en Toledo. Trabajan en los talleres de la prisión mano a mano con más de 200 reclusos que ensamblan aparatos de aire acondicionado para trenes. Lo llevan haciendo desde 2008, cuando la compañía firmó su primer convenio con Instituciones Penitenciarias. Merak es una de las muchas empresas que utilizan presos en su proceso de producción, al tiempo que ayudan a éstos a adquirir hábitos laborales y desarrollar aptitudes para su reinserción. A cambio, disfrutan de un ahorro en costes salariales casi de fábrica china. Desde 2009 Merak ha despedido en España a un total de 73 de sus 450 trabajadores, 38 de ellos en un ERE en 2012. Los últimos, el pasado mes de diciembre.