Las cárceles españolas pierden 700 funcionarios desde 2011 por el recorte del gasto público

Las cárceles españolas han perdido casi 700 funcionarios en los últimos dos años y medio. Sólo los Centros de Inserción de Social (CIS) –que se ocupan de los presos en régimen abierto, en libertad condicional o que realizan trabajos en beneficio de la comunidad– se han quedado sin el 12% de sus plantillas entre noviembre de 2011 y junio de este año. Lo reconoce el propio Gobierno en la respuesta que ha dado a una pregunta del diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia Díaz.

El motivo no es otro que los recortes presupuestarios, que impiden ofertar nuevas plazas para cubrir las jubilaciones de un colectivo de funcionarios muy envejecido. Y que ya viene arrastrando un considerable déficit de personal: los sindicatos lo cifran en 3.000 trabajadores. Pero no se trata sólo de una pérdida vegetativa de plantilla. Según el responsable de CSI-F de Prisiones en Madrid, Javier Ayala, ya en 2011 en cada cárcel faltaban hasta una quincena de funcionarios. En España hay 68 prisiones y 32 CIS.

Además, en este momento ascienden a 954 las vacantes sin cubrir y se han suprimido 271 empleos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), según el sindicato de prisiones Acaip. Este año sólo han salido a concurso 90 plazas, después de cuatro años sin convocatorias. La última oferta de empleo público penitenciario se cerró en 2009.

Tal es la asfixia a que somete el recorte del gasto público al sistema penitenciario que seis centros de nueva construcción permanecen cerrados por falta de plantilla. Es lo que ocurre con la cárcel de Archidona (Málaga) o el CIS de Almería, las unidades de madres de Alicante y Tenerife, así como dos catalanas: Figueres (Girona) y El Catllar (Tarragona) –la Generalitat es la única comunidad autónoma que tiene las competencias transferidas–. Las de Murcia II y Las Palmas II funcionan sólo a la mitad de su capacidad por el mismo motivo. Las prisiones no son empresas pequeñas: cada una de ellas necesita unos 500 trabajadores para operar con normalidad.

Hacinamiento en las prisiones

A los sindicatos penitenciarios no les vale como argumento el descenso de la población reclusa que ha seguido a la reforma el Código Penal de 2010. La rebaja de las penas por tráfico de drogas y los acuerdos de extradición de reclusos extranjeros para que cumplan las condenas en sus países han reducido un 6,7% el número de internos en las cárceles españolas: de 71.387 reclusos en noviembre de 2011 se ha pasado a 66.857 el pasado junio. “No se ha notado la pérdida de población reclusa”, asegura Juan Figueroa, vicepresidente de Acaip, “porque aun así todas las cárceles tienen más presos de los que deberían; ocurre que en cada módulo hay dos funcionarios para vigilar a unos 150 internos”.

“Es la excusa fácil”, apunta Javier Ayala, quien pone como ejemplo la cárcel de Soto del Real (Madrid): tiene 1.182 celdas pero alberga a 1.800 presos. “Sólo debería haber un recluso por celda”, explica, “sin embargo, en las prisiones nuevas se instalan ya dos literas en cada una de ellas”. Acaip cifra en un 150% la tasa de hacinamiento en las cárceles españolas. Además, con los últimos gobiernos del PSOE, Instituciones Penitenciarias llevó a cabo una “reclasificación muy agresiva” de internos, apunta Ángel Moreno, secretario general de la sección de Prisiones de CCOO. Se agilizó el tercer grado y muchos presos pasaron de las cárceles a los CIS, que se han llevado porcentualmente lo peor de la reducción de plantillas. Han perdido 54 trabajadores desde noviembre de 2011. Cada uno de estos centros se encarga de supervisar a unos 150 condenados.

En cualquier caso, Moreno desconfía de las consecuencias de la nueva reforma del Código Penal que prepara el Gobierno del PP. La anterior hizo salir a muchos presos; la próxima, augura, puede devolverlos a sus celdas.

El resultado de combinar este exceso de reclusos con el descenso continuado de personal no sólo se queda en un obvio aumento de la carga de trabajo de los funcionarios, sino también en un alza de las agresiones, los accidentes y los problemas de seguridad, relata el responsable de CSI-F.

Cada año se jubilan unos 300 funcionarios

Según las estadísticas que maneja Acaip, el 37% de los 24.107 funcionarios de prisiones tiene más de 50 años. Cada año se jubilan unos 300 de ellos. Javier Ayala advierte de lo que puede ocurrir cuando lleguen a la edad de retiro las grandes promociones de funcionarios que entraron en los primeros años ochenta, con los últimos gobiernos de UCD y los primeros del PSOE. Entonces se convocaban las plazas por miles. Ahora la sequía es casi total. Este año se ha incluido a los funcionarios de prisiones en los “servicios esenciales” –junto a la Policía y la Guardia Civil– a los que se les permite una tasa de reposición del 10%: se cubren sólo 10 de cada 100 jubilaciones. De ahí esas 90 nuevas plazas, que no serán ocupadas hasta mayo de 2015.

Para hacerse una idea de lo exiguo de la cifra basta con repasar la lista de trabajadores perdidos enviada por el Gobierno al diputado Heredia Díaz. La prisión que más funcionarios ha dado de baja en su nómina es la de Picassent (Valencia), la más grande de España. Ha perdido 45 trabajadores en dos años y medio. La de León se ha quedado sin 44. En la de Albolote (Granada), la plantilla ha menguado en 25 personas: diseñada para 1.008 presos, atiende a 1.500. Con las cifras oficiales en la mano, que incluyen al personal laboral –trabajadores sociales, auxiliares de enfermería, cocineros, electricistas…–, en España hay tres reclusos por cada funcionario.