Basta con que la ley reduzca los requisitos de declaración del patrimonio, sin subir siquiera el tipo que deben pagar, para que los más ricos se presenten enseguida ante Hacienda como más pobres de lo que realmente son. Es lo que ocurrió en Francia a partir de 2011, cuando se permitió a los contribuyentes hacer una declaración simplificada del Impôt Sur la Fortune (ISF) en lugar de la declaración detallada exigida hasta entonces, donde debían precisar todas las características de sus activos e incluso adjuntar pruebas de su valor.
Según un estudio elaborado por los economistas Bertrand Garbinti, Jonathan Goupille-Lebret, Mathilde Muñoz, Stefanie Stantcheva y Gabriel Zucman y publicado por el National Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos, los franceses afectados, aquellos con un patrimonio inferior a los tres millones de euros, empezaron a declarar que cada vez eran menos pudientes. El crecimiento de su riqueza se redujo en 0,5 puntos porcentuales tras la reforma del impuesto del patrimonio, que es una respuesta significativa en términos de lo que los economistas denominan elasticidad de la base imponible: el grado de sensibilidad de los contribuyentes a los cambios impositivos; o dicho de otro modo, cómo reaccionan éstos, modificando sus decisiones económicas, para eludir los efectos de las reformas fiscales.
El estudio del NBER destaca que esa respuesta en Francia fue impulsada por una minoría de contribuyentes, el 15% de los que se encontraban justo por debajo del umbral de los tres millones de euros, que redujeron el índice de crecimiento de su riqueza en al menos tres puntos porcentuales. Como esa menor declaración de patrimonio no vino acompañada de un recorte en sus retribuciones laborales o del capital –declarados ante otras instancias–, se demuestra, a juicio de los autores del estudio, que la respuesta de esos contribuyentes fue la evasión fiscal antes que un cambio real en sus decisiones de ahorro o inversión. En 2011 también se elevó el umbral de quienes quedaban exentos de tributar por su patrimonio, de 800.000 euros a 1,3 millones, mientras que el tipo impositivo se elevó del 0,55% al 0,75%.
Además, los economistas aseguran que la exigencia de información a estos grandes contribuyentes es “crucial”, puesto que, en comparación, no han hallado cambios en su respuesta a una subida de los tipos del impuesto sobre el patrimonio o éstos han sido “mínimos”. Por el contrario, una declaración simplificada como la que se introdujo en Francia –sólo debían comunicar el patrimonio bruto total, el patrimonio imponible, las donaciones, las inversiones directas y las inversiones en pymes– “puede dar lugar a una erosión creciente de la base imponible, acumulativa durante varios años, ya que el patrimonio no declarado en un año sigue sin ser declarado por los contribuyentes en años posteriores”.
En otros países como Suecia, el descenso en la base imponible de la riqueza tras modificarse los umbrales de exención del patrimonio se situó entre 0,1 y 0,3 puntos. En Dinamarca, la elasticidad fue superior, cercana a un punto porcentual. Y en Colombia, la reacción de los mayores contribuyentes ocultando su riqueza fue mucho mayor, hasta de 4,4 puntos.
Infradeclaración y dos mecanismos de elusión fiscal
En España, tres economistas de la Universitat de Barcelona, José María Durán-Cabré, Alejandro Esteller-Moré y Mariona Mas-Montserrat, calcularon en un 44% la brecha fiscal en el impuesto del patrimonio –la diferencia entre lo que se recauda y lo que debería pagarse– en Cataluña para el año 2014. Un porcentaje muy por encima, resaltan, del fraude en el IVA o el IRPF, puesto que en estos dos impuestos la información fiscal se puede obtener de otras fuentes y dificulta el engaño. No así en el impuesto sobre el patrimonio. De hecho, el 97% de la brecha procede de la infradeclaración: de los bienes en el extranjero –el 56%–, de la aplicación indebida de la exención de la empresa familiar –36%– y de la no declaración de bienes improductivos como joyas u obras de arte. Además, esta ocultación no sólo se traduce en una pérdida recaudatoria, sino que también es regresiva: se concentra sobre todo en los contribuyentes más ricos.
Pero no sólo declaran menos de lo que tienen, sino que también utilizan estrategias de elusión, y evasión, fiscal. Los economistas de la Universitat de Barcelona analizaron las declaraciones del impuesto sobre el patrimonio presentadas en la Agencia Tributaria de Cataluña entre 2011 y 2015; es decir, después de que se reintrodujera ese gravamen, eliminado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008. En este caso, calcularon que el efecto fue de 0,64 puntos. Según concluyen, un aumento de 0,1 puntos porcentuales en el tipo medio del impuesto sobre el patrimonio reduce la base imponible un 3,24% en cuatro años. La reacción de los contribuyentes catalanes fue adoptar “estrategias elusivas”, aprovechando el límite conjunto del IRPF y el impuesto sobre el patrimonio, por un lado, y las exenciones de la empresa familiar, por otro.
El límite conjunto, establecido para evitar que el del patrimonio fuera un tributo confiscatorio, impide que el contribuyente pague por la suma del IRPF y el impuesto sobre la riqueza más del 60% de la base imponible del primero. De esta forma, puede darse el caso de que a un ciudadano con mucho patrimonio le interese tener un salario muy bajo, o incluso carecer de él, al menos en forma de una nómina al uso. De hecho, aseguran los autores del estudio, el límite conjunto de renta y patrimonio hace menos redistributivo el impuesto porque impide gravar a los contribuyentes “con poca renta, pero mucha riqueza”.
Por lo que se refiere a las exenciones a las empresas, en principio estaban diseñadas para incentivar la inversión en pymes. Pero han terminado convirtiéndose en un estupendo mecanismo de evasión fiscal: cuanto mayor es el patrimonio, mayor es el porcentaje de acciones exentas, que llegan a representar hasta el 60% de los activos propiedad del 1% más rico de los contribuyentes catalanes.
El impuesto sobre el patrimonio en España
En España, el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio se sitúa en 700.000 euros, pero tampoco se grava la vivienda habitual hasta 300.000 euros. Aunque, como su gestión está cedida a las comunidades autónomas, hay variaciones sustanciales según el territorio donde se recaude. Así, la Comunidad de Madrid y Andalucía lo han bonificado hasta el 100%, por lo que no se paga ni un euro por el patrimonio. Otras comunidades han modificado el mínimo exento –en Aragón se rebaja hasta los 400.000 euros, en Cataluña hasta los 500.000— o han creado sus propias deducciones o bonificaciones. Está obligado a presentar una declaración todo ciudadano que supere los dos millones de euros de patrimonio bruto. El Gobierno de Pedro Sánchez creó el año pasado un impuesto temporal de solidaridad para las grandes fortunas, complementario al de patrimonio, que deben pagar los contribuyentes que superen los tres millones de euros. El tipo del gravamen se sitúa entre un 1,7% y un 3,5% para las superiores a 10 millones.
Suprimir el impuesto patrimonio atrae ricos, pero no riqueza: merma la recaudación y aumenta la desigualdad
El de patrimonio siempre ha sido un impuesto polémico. Los economistas de la Universitat de Barcelona le reprochan sus “dificultades de control, las facilidades de elusión y los problemas de valoración de los activos”. También critican que, con su diseño actual, no es redistributivo ni progresivo. “No cumple con los objetivos para los cuales fue diseñado, más allá de generar una pequeña contribución financiera a las arcas públicas”, concluyen.
Según sus cálculos, el impuesto sobre el patrimonio debería recaudar unos 3.700 millones de euros al año, pero sólo recoge 1.500 millones. La primera cifra la obtienen incorporando y actualizando la recaudación que Madrid consiguió en 2007, el último año en que exigió el impuesto antes de bonificarlo al 100%.
Mariona Mas-Montserrat también ha calculado el importe que restan a los ingresos públicos las exenciones de que disfrutan las participaciones en empresas familiares. Eliminarlas habría aumentado un 87% la recaudación del impuesto sobre el patrimonio en Cataluña en 2015, que alcanzó los 464 millones de euros. Cataluña es la comunidad autónoma que más ingresos fiscales aporta al Estado, el 21% en 2020, según recogen las estadísticas del Ministerio de Hacienda, y el 45% de lo que se recaudó por el impuesto sobre el patrimonio.
Basta con que la ley reduzca los requisitos de declaración del patrimonio, sin subir siquiera el tipo que deben pagar, para que los más ricos se presenten enseguida ante Hacienda como más pobres de lo que realmente son. Es lo que ocurrió en Francia a partir de 2011, cuando se permitió a los contribuyentes hacer una declaración simplificada del Impôt Sur la Fortune (ISF) en lugar de la declaración detallada exigida hasta entonces, donde debían precisar todas las características de sus activos e incluso adjuntar pruebas de su valor.