El Consejo de Ministros aprobará, este jueves o el próximo lunes, la segunda parte de la reforma de las pensiones, que financiará con el aumento de las cotizaciones sociales la mejora de las pensiones mínimas, la libre elección del periodo de cálculo y la cobertura de las lagunas de cotización y la brecha de género en las prestaciones. Tras conseguir el respaldo de los sindicatos, y la “frontal oposición” de los empresarios, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, explicará este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo los detalles del real decreto-ley que después deberá contar con el apoyo de los socios de investidura para convertirse en ley.
Al cierre de esta edición, los sindicatos estaban a punto de dar su aprobado definitivo a la reforma, pendiente de que una llamada entre el ministro y los líderes de CCOO y UGT solventara un último punto de discusión. “No va a comprometer el acuerdo, pero es importante para nosotros, un gesto de responsabilidad, poner el foco sobre ello”, explicaron a infoLibre fuentes de la negociación. Está previsto que los comités confederales de ambos sindicatos sometan a votación la reforma también este mismo miércoles.
La reforma da la vuelta al calcetín de la que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y que se ha ido desmantelando en los últimos años, al dejarse sin efecto sus dos novedades principales: el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad. Con el texto recién pactado con CCOO y UGT, se pone la puntilla también a la filosofía que sustentaba aquel modelo de pensiones públicas. Si entonces se optó por recortar el gasto –las pensiones– para hacer sostenible el sistema, ahora se aumentan los ingresos para garantizar la suficiencia de las prestaciones.
El giro cuenta también con el visto bueno de Bruselas. La reforma de las pensiones es uno de los hitos a los que se comprometió el Gobierno a cambio de recibir los fondos de recuperación. Se trata del componente 30 del Plan de Recuperación y a su cumplimiento queda supeditado el cuarto desembolso de los fondos, 10.000 millones de euros. El aumento del gasto que acarrea la reforma, desde el regreso al IPC como instrumento de revalorización anual hasta la mejora de las pensiones mínimas, ha sido bendecido por la Comisión Europea no sólo porque se sufragará con más ingresos, sino además porque el sistema contará con un mecanismo automático de ajuste para corregir posibles desvíos presupuestarios.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), llamado a sustituir al Factor de Sostenibilidad que recortaba la pensión inicial del trabajador según la esperanza de vida de su generación, se encuentra en vigor desde el pasado enero y va a prolongar sus efectos hasta 2050, cuando en principio iba a funcionar sólo hasta 2033. También se eleva su importe. El recargo en las nóminas de los trabajadores, que en la actualidad es del 0,6% sobre las contingencias comunes –0,5% a cargo de la empresa y 0,1% del trabajador– crecerá a razón de una décima anual, de forma que alcance el 1,2% en 2029. La recaudación engrosará el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones.
En su diseño inicial el MEI estaba configurado con un mecanismo “semiautomático” de ajuste, tal y como lo definió el ministro Escrivá. Pero Bruselas lo quería automático y el Gobierno ha incluido en la reforma un control adicional: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) evaluará cada tres años el impacto de las medidas sobre el sistema y, si el gasto medio bruto supera el 15% del PIB –el actual se sitúa en el 12%–, el Gobierno deberá adoptar medidas para eliminar el exceso: aumentar aún más las cotizaciones o bien utilizar otra fórmula para elevar los ingresos, pero también “reducir el gasto en pensiones en porcentaje del PIB” o combinar ambas opciones.
El Gobierno deberá negociar esas nuevas medidas con sindicatos, patronal y los grupos parlamentarios y, si no consigue sacarlas adelante antes del 1 de enero del año siguiente, el MEI se aumentará automáticamente para compensar en dos décimas el exceso de gasto hasta que se aprueben las iniciativas destinadas a controlarlo. El refuerzo, por tanto, es doble.
De esta forma, el Ejecutivo cree que se garantiza la sostenibilidad del sistema. Con los nuevos ingresos se cubrirá el crecimiento del gasto que resulta no sólo de la mejora de las pensiones impulsada por la reforma, sino también de la jubilación de los baby-boomers y la actualización de las pensiones según el IPC. Los críticos, tanto de la CEOE y la oposición política como los analistas de Fedea o BBVA Research, dudan de que las mayores cotizaciones puedan cubrir ese gasto creciente. De los más de tres puntos de PIB en que calculan que crecerá el dispendio en pensiones, las fórmulas diseñadas por Escrivá sólo sufragarán como máximo 1,7 puntos, asegura el centro de estudios del BBVA, por ejemplo. Además, censuran que se haga recaer sobre empresas y trabajadores todo el peso de la mejora del sistema. La CEOE ya ha advertido de que repercutirá en los salarios el aumento de las cotizaciones. E incluso ha propuesto sufragar las pensiones con parte de la recaudación del IRPF o del IVA en lugar de con las cuotas a la Seguridad Social. Según BBVA Research, por cada punto porcentual del PIB que se eleven las cuotas a la Seguridad Social, se reduce otro punto el empleo.
Evaluación del destope de bases máximas cada cinco años
Por el contrario, el Gobierno subraya el carácter “redistributivo” de su reforma, puesto que serán “las aportaciones que hagan las empresas por los salarios más altos” las que financiarán el aumento del gasto en pensiones. Es ahí donde descansan las otras dos medidas para subir los ingresos del sistema: el destope de la base máxima de cotización y la cuota de solidaridad.
Hasta ahora, todo lo que un trabajador cobra por encima de 53.946 euros anuales no cotiza a la Seguridad Social. El Ejecutivo quiere que ese tope vaya subiendo de forma progresiva entre 2025 y 2050, sumando a la subida anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales. Pero la pensión máxima para esos salarios aumentará menos: lo que crezca el IPC más un alza de 0,115 puntos porcentuales hasta 2050. Desde ese año y hasta 2065 seguirá creciendo hasta 20 puntos porcentuales. Y a partir de ese año sindicatos, patronal y Gobierno negociarán si la pensión máxima continúa elevándose hasta 30 puntos. Con ese decalaje entre base máxima y pensión máxima se pretende conseguir recursos adicionales para mejorar las pensiones. El destope de la base máxima y la mejora de la pensión máxima también serán evaluados, cada cinco años, por el Ejecutivo y los agentes sociales, de cuyos resultados deberá ser informada igualmente la Comisión del Pacto de Toledo.
Además, el Gobierno propone cobrar desde 2026 una cuota de solidaridad sobre la parte del salario que supere la base máxima. Empezará siendo del 1%, pero crecerá a un ritmo de 0,25 puntos anuales hasta llegar al 6% en 2045. Se aplicará sólo sobre la cantidad que exceda de esos 53.946 euros anuales, no sobre el salario total.
Mejores pensiones mínimas, libre elección del periodo de cálculo
Con estos tres instrumentos, la reforma pretende sufragar, en primer lugar, el aumento de las pensiones mínimas, tanto contributivas como no contributivas. Para ello se implantará una fórmula similar a la que ya se utiliza para elevar el Salario Mínimo Interprofesional. Así, las mínimas contributivas se subirán de forma progresiva hasta que alcancen en 2027 el 60% de la renta mediana de un hogar con dos adultos, mientras que las no contributivas deberán igualar ese mismo año el 75% del umbral de pobreza calculado para un hogar unipersonal. Unos 2,64 millones de personas cobran en España pensiones mínimas –por debajo de 783 euros– y no contributivas –las que perciben quienes no han cotizado 15 años–.
La CEOE amenaza con castigar los salarios si el Gobierno sube cotizaciones para pagar las pensiones
En segundo lugar, el aumento de las cotizaciones sociales servirá para financiar el mayor coste de la libre elección del periodo de cálculo de la pensión que consagra la reforma. Fue la medida más polémica del diseño inicial presentado el pasado noviembre por el Ministerio de Seguridad Social. Entonces se trataba de una ampliación del periodo cómputo, de los 25 años actuales a 30, pero descartando los dos peores años de cotización. La iniciativa suscitó el rechazo inmediato tanto de Unidas Podemos y de los socios de la investidura como de los sindicatos. Ahora, en cambio, el trabajador podrá elegir si quiere utilizar el periodo de cómputo en vigor, 25 años, o si prefiere ampliarlo a 29 años descartando los dos peores. Esta fórmula no se empezará a aplicar hasta 2027 y se prolongará hasta 2044. Desde ese año, el periodo de cálculo único quedará fijado en 29 años. En todo caso, su ampliación será progresiva, a razón de cuatro meses por año. Es decir, en 2027 se podrá elegir entre los 25 años o los 25 años y cuatro meses cotizados, descartando de este último periodo los dos peores meses de cotización. No será hasta 2038 cuando se puedan desechar los dos peores años de entre los últimos 29 cotizados.
Otra medida de mejora de las pensiones se refiere a la cobertura de lagunas de cotización para quienes, sobre todo mujeres, no hayan podido contribuir porque abandonaron el mercado laboral en algún momento de su carrera profesional. Esos vacíos se compensarán con el 100% de la base mínima los primeros cuatro años y con el 50% a partir de ese plazo. Para las mujeres, la cobertura será del 100% de la base mínima hasta el quinto año y del 80% del quinto al séptimo año.
Finalmente, se aumenta un 10% el complemento de brecha de género en las pensiones en 2024 y 2025. Se considera que existe esa brecha cuando la pensión media de los hombres sea un 5% superior a la pensión media de las mujeres.
El Consejo de Ministros aprobará, este jueves o el próximo lunes, la segunda parte de la reforma de las pensiones, que financiará con el aumento de las cotizaciones sociales la mejora de las pensiones mínimas, la libre elección del periodo de cálculo y la cobertura de las lagunas de cotización y la brecha de género en las prestaciones. Tras conseguir el respaldo de los sindicatos, y la “frontal oposición” de los empresarios, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, explicará este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo los detalles del real decreto-ley que después deberá contar con el apoyo de los socios de investidura para convertirse en ley.