El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, repite que el acuerdo para reformar el sistema de pensiones, y cumplir con las exigencias del Plan de Recuperación, está “muy cerca”. Tan cerca como “este mes”, que acaba el próximo martes, según dijo en Bruselas, aunque también precisó que el acuerdo puede demorarse hasta Semana Santa, que este año comienza el 6 de abril. El retraso de la medida –debería haberse cerrado el 31 de diciembre– puede por tanto alcanzar los cuatro meses. Las pensiones siempre son un asunto sensible. Del que ahora depende el desembolso de 10.000 millones de euros, el cuarto tramo de los fondos del Plan de Recuperación. Y que, además, debe resolverse en pleno año electoral, el peor escenario para una reforma con efectos a largo plazo.
“Estamos trabajando simultáneamente con los agentes sociales, la Comisión Europea y hablando con los partidos políticos para generar el mayor consenso posible”, abundó Escrivá durante su última visita a Bruselas. Incluso aseguró que quedan “muy pocos flecos”. Y sí, allí se reunió con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, para tratar sobre el compromiso adquirido por el Gobierno Español. “Es un texto de más de 120 páginas, y estamos yendo detalle a detalle para que la Comisión Europea lo entienda perfectamente, porque son medidas de mucho calado que requieren un análisis una por una”, explicó.
Pero con los sindicatos y la patronal no se reúne desde el pasado diciembre, cuando presentó su propuesta para ampliar de 28 a 30 los años del periodo de cálculo de la pensión, descartando los 24 meses de peores cotizaciones. Desde entonces, los responsables del ministerio han mantenido contactos “informales” con los agentes sociales, pero nada más. Y tampoco se prevé, en principio, ninguna reunión en próximas fechas, según indican fuentes sindicales a infoLibre. Por tanto, añaden, no hay nuevas propuestas. De hecho, CCOO y UGT han dejado claro a Escrivá que no tiene sentido negociar en la Mesa del Diálogo Social si la ampliación del periodo de cálculo no tiene apoyos parlamentarios para ser aprobada en el Congreso. De forma que conminaban al ministro a negociar con los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez antes de buscar un acuerdo con ellos.
Porque los socios del Gobierno rechazan que se amplíe el periodo de cálculo. De hecho, no sólo ellos, sino también Unidas Podemos, además de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se oponen a una medida que, según dijo, “recorta derechos”. “Es un endurecimiento del acceso a las condiciones de jubilación”, sentenció.
Y, si con los sindicatos “habla, pero no se sienta”, con los grupos parlamentarios, incluido el de Unidas Podemos, “ni siquiera habla”, lamenta la diputada Aina Vidal. “No sabemos nada, no hay negociación, y no considero siquiera como propuesta la que ha hecho el ministro”, rebate. También el diputado Gabriel Rufián niega que Seguridad Social haya mantenido conversación alguna con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), informa Marta Monforte.
Pacto de Toledo
La palabra atasco la repiten todas las partes consultadas, menos el Ministerio de Seguridad Social, según el cual el proceso no está en absoluto “interrumpido”. Lo cierto es que las elecciones municipales serán en mayo y la maquinaria de los partidos funciona ya a velocidad de crucero. “A cuatro meses de las municipales y ocho de las generales, políticamente la única posibilidad de acuerdo en la reforma de las pensiones es sobre ingresos”, advierte Aina Vidal a infoLibre, “una reforma de este calado se hace en un momento de tranquilidad, no a tres meses de la campaña electoral, cuando todos los grupos la van a boicotear”.
En términos parecidos se manifiesta la secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, quien culpa de la perversa coincidencia temporal al propio ministro. “Ha gestionado muy mal el timing”, resume. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, reclamó hace sólo unos días la convocatoria de la Comisión del Pacto de Toledo para que el ministro explique allí si ha cambiado “el perímetro de la negociación” y, sólo después, se reúna con la Mesa del Diálogo Social.
“Debería haberlo hecho [comparecer en la comisión del Pacto de Toledo] hace meses”, concede Aina Vidal. No sólo para explicar qué está negociando en Bruselas, sino también porque, a juicio de la diputada de Unidas Podemos, José Luis Escrivá está incumpliendo los acuerdos del Pacto de Toledo por partida doble: “Él da por hecho que nos informamos por la prensa e intuimos que las negociaciones [con la Comisión Europea] no van en la línea de lo que se acordó en la comisión parlamentaria”. Rufián quita valor a la presencia del ministro en el Congreso “si no va a decir nada”.
En cualquier caso, Aina Vidal cree que “por sentido común”, Escrivá debería haberse reunido primero con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y, “por fairplay parlamentario”, debería haber convocado el Pacto de Toledo mientras negociaba con sindicatos y patronal. “En cambio, ha preferido dividir la negociación haciendo bilaterales”, protesta.
La propuesta de Escrivá no reducirá gasto, recortará poco la pensión y no gusta a sindicatos, patronal, UP y PP
Fuentes de la negociación consultadas por este periódico apuntan en otra dirección. El mayor problema del ministro, aseguran, es vencer la resistencia de Unidas Podemos a la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, que consideran más difícil de superar que la de Yolanda Díaz. Por el contrario, Aina Vidal niega que exista ningún “bloqueo”, y sí “ganas de el ministro reserve cinco minutos de su agenda para sentarse con los grupos y los sindicatos a hablar de un tema tan sensible y complicado”. La diputada dice que hay “maneras” de ampliar el periodo de cómputo pero, “partiendo de la base de que implica perjudicar a colectivos ya de por sí perjudicados, es necesario que el ministerio ponga encima de la mesa medidas para paliar esos efectos dañinos, y eso no está sucediendo”. Es más, recuerda que en ocasiones anteriores su grupo ha hablado hasta de dejar a la libre elección del trabajador hasta 10 años de cotizaciones “y el PP llegó hasta los cinco años”. La diputada también niega que siquiera los dos años de peores cotizaciones que Escrivá propone eliminar del periodo de cálculo de la pensión vaya a ser neutral como sostiene el ministro. “Así no hay acuerdo posible”, concluye.
Manifestaciones de pensionistas en España y Francia
También el PP pidió en su día la convocatoria del Pacto Toledo, tras criticar que Escrivá presentara a finales de 2022 su propuesta para ampliar el periodo de cálculo en el último momento e “improvisando”. En efecto, el Partido Popular planteó en enero de 2018 en el Pacto de Toledo tres fórmulas para que los trabajadores con carreras largas de cotización y afectados por la crisis cuando se acercaban a la jubilación no sufrieran un recorte en su pensión. Una de ellas, descartar los cinco peores años de cotización. Tres meses más tarde, pactó con el PNV su apoyo a los Presupuestos Generales de ese año. A cambio, el Gobierno de Mariano Rajoy dinamitó la reforma de las pensiones que había aprobado en solitario en 2013: acordó volver a subir las pensiones de acuerdo con el IPC, por lo que suprimía el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) creado en la reforma, y retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad cuatro años. Y lo hizo mientras en la calle se sucedían las manifestaciones de jubilados que reclamaban “pensiones dignas”. 2018 no era siquiera año electoral, pero todos los partidos temen el impacto de cualquier medida no sólo en los nueve millones de pensionistas sino también en el resto de los votantes, que tarde o temprano pasarán a esa condición. Ya han visto cómo se pelaban las barbas de la vecina Francia, donde millones de personas se echaron a la calle en enero contra la reforma de las pensiones que pretende aprobar Emmanuel Macron: retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años.
Ahora, al ruido preelectoral se suma la amenaza sobre el desembolso de los fondos europeos. Según fuentes de la negociación, Escrivá no puede dejar fuera de la reforma la ampliación del periodo de cálculo a la que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas y que incluye el aumento de las bases máximas de cotización y la reducción de la brecha de género en las pensiones. La Comisión Europea quiere medidas que contengan el gasto en estas prestaciones públicas, 11.922 millones de euros en febrero, según las últimas cifras publicadas por el ministerio. Un 10,8% más que hace un año. Por tanto, no le sirve una reforma que lo aumente, lo que ocurrirá si se cubren las lagunas de cotización sin ampliar el periodo de cálculo o si se amplía pero se añaden medidas complementarias para evitar el inevitable recorte de la pensión. “También se supone que no se podía recuperar la negociación colectiva [anterior a la reforma laboral de 2012] ni se podía aprobar la reforma laboral [de 2021], y al final se pudo”, opone Aina Vidal para relativizar las exigencias de Bruselas sobre la negociación.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, repite que el acuerdo para reformar el sistema de pensiones, y cumplir con las exigencias del Plan de Recuperación, está “muy cerca”. Tan cerca como “este mes”, que acaba el próximo martes, según dijo en Bruselas, aunque también precisó que el acuerdo puede demorarse hasta Semana Santa, que este año comienza el 6 de abril. El retraso de la medida –debería haberse cerrado el 31 de diciembre– puede por tanto alcanzar los cuatro meses. Las pensiones siempre son un asunto sensible. Del que ahora depende el desembolso de 10.000 millones de euros, el cuarto tramo de los fondos del Plan de Recuperación. Y que, además, debe resolverse en pleno año electoral, el peor escenario para una reforma con efectos a largo plazo.