Ricos de otras comunidades huyen a Madrid para pagar menos impuestos

Madrid va a vivir el año multielectoral que empieza presumiendo de ser la comunidad autónoma campeona en rebajas fiscales. Tres reducciones de impuestos desde 2007 han convertido a Madrid en la comunidad con menor presión sobre el contribuyente: aplica la tarifa autonómica del IRPF más baja, una bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones, tiene el impuesto de transmisiones patrimoniales más exiguo de España y es la única que no grava el patrimonio.

Tal es así que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aseguró hace dos semanas en La Sexta que los contribuyentes de rentas más altas, no sólo andaluces, sino también “de toda España”, están “huyendo a Madrid” para pagar menos impuestos. Incluso atacó la existencia de “paraísos fiscales” dentro de España. Andalucía es, junto con Cataluña, la comunidad con mayor presión fiscal. El Departamento de Economía de la Generalitat reconoce que se está produciendo ese efecto de atracción, aunque precisa que “no afecta a un volumen significativo de personas”. No aporta cifras. También dice que una de sus labores es “vigilar los cambios ficticios de domicilio para defraudar” al fisco, pero tampoco facilita datos sobre los resultados de esa vigilancia.

La Consejería de Economía y Hacienda de Madrid, por su parte, admite también el efecto imán que sus ventajas fiscales producen en los contribuyentes de las “comunidades autónomas limítrofes”, pero el portavoz del departamento elude dar cifras concretas. Además, asegura que los despachos de abogados y asesores fiscales les informan de grandes contribuyentes que les consultan o para los que gestionan un posible traslado a Madrid por razones impositivas. infoLibre ha preguntado sobre el particular a algunos de los más importantes despachos profesionales especializados en este tipo de clientes, pero ninguno ha querido hacer declaraciones.

En cualquier caso, el traslado de domicilio fiscal entre comunidades autónomas no es un fenómeno nuevo. Hace por lo menos 20 años, recuerda José María Mollinedo, presidente de Gestha, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, no era infrecuente que los más ricos de comunidades como Cataluña se mudaran en sus últimos años de vida a Navarra, por ejemplo, para aprovechar su régimen fiscal, más benévolo en materia de sucesiones. Aunque Mollinedo relativiza el impacto de estas rebajas de impuestos: “A las grandes fortunas les resulta más fácil elaborar estrategias fiscales para rebajar sus pagos a Hacienda que cambiar de domicilio”.

El “impacto demográfico” de la brecha fiscal entre Madrid y el resto de las comunidades no es significativo porque, en efecto, los ciudadanos que ingresan más de 600.000 euros al año son muy pocos. En 2012, el último año del que la Agencia Tributaria proporciona datos, sumaban 4.619 personas, apenas el 0,02% de los declarantes. De ellos, el 73,17% se concentraba en Madrid y Cataluña, dos puntos más que en el ejercicio anterior, pese a que ambas comunidades sólo suman el 29,7% de la población española.

La duquesa de Alba, entre dos fiscos

Los mayores contribuyentes no sólo escasean, sino que, además, su número cada vez es menor. Desde 2008 la cifra de quienes ingresan más de 600.000 euros anuales ha caído un 42,68% por efecto de la crisis. Eso sí, aunque poco numerosos, destacan por su peso. Dentro de unos meses amenaza con entablarse un encendido litigio entre Madrid y Andalucía por la herencia de la duquesa de Alba. En la comunidad que preside Ignacio González, los herederos de Cayetana de Alba no tendrán que tributar por el impuesto de sucesiones y donaciones más que un 1%. En Andalucía se le aplicaría un tipo del 36,5% por superar los 797.555 euros la base liquidable de la herencia.

Aunque el 99% del inmenso patrimonio de la duquesa está exento del pago de impuestos porque forma parte del Patrimonio Histórico –y porque Cayetana cedió un buen número de obras de arte a la Fundación Casa de Alba–, la cantidad que deberían ingresar al fisco sus hijos por ese 1% restante es un bocado muy apetitoso para las arcas públicas. Según los cálculos de Gestha, el patrimonio de la Casa de Alba vale entre 2.200 y 3.200 millones.

Cayetana de Alba tenía todas sus empresas domiciliadas en Madrid y cuando firmó la donación de parte de su fortuna a sus seis hijos, en 2011, ésa era su residencia. Pero los últimos tiempos los pasó en el Palacio de las Dueñas, en Sevilla, como quiso dejar claro la Junta de Andalucía en su comunicado oficial de condolencia tras la muerte de la duquesa. Si vivió más días de los últimos cinco años en Sevilla que en Madrid, el conflicto está servido.

La huida de los más ricos a comunidades autónomas con menor presión fiscal apenas altera la recaudación

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Impuesto sobre el patrimonio

Mención aparte merece el impuesto sobre el patrimonio, otro buen indicador de riqueza. Madrid aplica una bonificación del 100% sobre estos bienes: vivienda, depósitos, fondos de inversión, acciones, seguros de vida, obras de arte y antigüedades. Fue suprimido en 2007 y recuperado en 2011, aunque entonces se elevó el mínimo exento de 108.182 euros a 700.000. Pese a que los madrileños no tributan por su patrimonio, sí deben declararlo. Según los datos de la Agencia Tributaria, la Comunidad de Madrid está perdonando cada año unos 300 millones de euros por no cobrar este impuesto. En cambio, Cataluña ingresó en 2013 más de 540 millones de euros gravando el patrimonio de los contribuyentes.

A esos 300 millones de euros hay que añadir los 253 millones que el Gobierno de González prevé dejar de ingresar este año por su última rebaja fiscal y los 357 millones que ahorró a los contribuyentes madrileños en 2014: 610 millones en dos años. Esas cifras son el resultado de aplicar para este ejercicio la mayor rebaja en el tramo autonómico del IRPF de todas las comunidades autónomas –el tipo mínimo será del 9,5%–, sumada a la reducción de 2014 –0,4 puntos–, y al recorte en un punto del impuesto de transmisiones patrimoniales, también al descuento del 25% en el impuesto de actos jurídicos documentados. Todo ello, indica el portavoz madrileño de Economía, con el objetivo de “incentivar la actividad” liberando rentas que deberían “destinarse al consumo, la inversión y el ahorro”.