Se ha puesto el esqueleto, pero queda camino por recorrer en el combate contra los paraísos fiscales. Es la conclusión a la que han llegado los miembros de la Plataforma por la Justicia Fiscal que se han unido a la recogida de firmas de la Iniciativa Ciudadana Europea Tax the rich, armada para reclamar a la Comisión que se grave a las grandes fortunas para financiar la transición ecológica y social. Se plantea por primera vez una agenda coordinada entre los Estados miembros de tributación sobre la riqueza y que se establezca un impuesto europeo sobre las grandes fortunas. La pretensión es que la recaudación de ese gravamen se destine a combatir el cambio climático y las desigualdades, pero para sacarlo adelante se necesitan más de 156.000 firmas procedentes de toda Europa, 41.600 de ellas recabadas en España.
Desde la plataforma recuerdan que hoy, 3 de abril, es el Día Internacional Contra los Paraísos (o Refugios) Fiscales y apuntan a un estudio, el Informe de 2024 sobre la Evasión Fiscal Global, elaborado por el EU Tax Observatory, en el que se recoge que “un gran número de milmillonarios tienen unos tipos impositivos efectivos muy bajos, de entre el 0% y el 0,5% de su patrimonio, significativamente inferiores a los de todos los demás grupos de población”. De acuerdo a ese análisis internacional, sólo en España, el valor de la riqueza financiera offshore, es decir, enviada fuera del país y que acaba en guaridas fiscales, ha aumentado en un 75,8% en dos décadas, pasando de 89.000 millones de euros, en 2001, a más de 156.000 millones, en 2022. Con relación al Producto Interior Bruto (PIB), esa riqueza financiera a la fuga ha supuesto en promedio alrededor del 9% de aquél desde el año 2001.
Más allá de España, en el mencionado informe se plasman seis conclusiones a nivel mundial significativas: para arrancar, que gracias al intercambio automático de información bancaria, la evasión fiscal en paraísos fiscales se ha reducido aproximadamente a un tercio en menos de 10 años, si bien, una cantidad persistentemente elevada de beneficios se sigue desplazando a paraísos fiscales: en concreto un billón de dólares en 2022. Junto a esto, aunque en 2021, más de 140 países y territorios acordaron aplicar un impuesto mínimo pionero del 15% sobre los beneficios de las multinacionales, ese aporte global se ha visto muy debilitado por una creciente lista de lagunas.
De acuerdo al estudio, han surgido además nuevas formas de competencia fiscal con efectos adversos sobre los ingresos públicos y la desigualdad, lo que se suma a los tipos impositivos efectivos muy bajos para los multimillonarios, cuando un impuesto “sobre el patrimonio de los milmillonarios equivalente al 2% de su riqueza, abordaría esta evasión y generaría cerca de 250 mil millones de dólares procedentes de menos de 3.000 individuos”.
En otro informe, el rotulado Estado de la Justicia Fiscal 2023, de la Red de Justicia Fiscal -TJN por sus siglas en inglés-, se calcula que se pierden al año en el mundo 480.000 millones de dólares de impuestos a causa de la elusión y la evasión fiscal, de los que 311.000 se deben al traslado de beneficios de las multinacionales y 169.000 millones corresponden a personas con grandes fortunas que ocultan su renta o patrimonio en paraísos fiscales.
En ese contexto, Miguel Alba, responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermón, organización miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal, se muestra satisfecho de que “se empiece a hablar en ámbitos como el Foro de Davos sobre la necesidad de avanzar en importantes reformas fiscales, especialmente vinculadas a las grandes fortunas”. “Las personas más acaudaladas -sostiene- han de contribuir mucho más al sostenimiento de las arcas públicas y del sistema social en el que estamos, porque estamos viendo que en los momentos de crisis económicas, en los que la media de la población se ve afectada y su nivel de vida baja, las grandes fortunas a veces consiguen incluso más beneficios, en gran parte procedentes de esas empresas que pueden controlar”.
Aboga por que, en España, por ejemplo, “se puedan recuperar de una forma más armonizada territorialmente -su gestión es desigual por comunidades- y que exijan un mayor esfuerzo figuras como el Impuesto de Patrimonio por la lógica de que han de aportar más quienes más se han podido beneficiar de situaciones desventajosas para el resto de los ciudadanos”, argumenta.
Fuentes de la órbita económica anotan que “la batalla contra los paraísos fiscales es muy compleja, al requerir el acuerdo de muchos países” y añaden que la propia Unión Europea “tiene limitadas competencias en materia fiscal , sobre las que sólo puede acordar por unanimidad”.
Repetir una experiencia exitosa
Desde la Plataforma indican que Brasil, que ostenta la presidencia del G20, “ha dado un paso histórico abriendo el debate para una nueva agenda global de tributación a los ultrarricos”. Destacan que “el reconocido economista Gabriel Zucman ha sido invitado a presentar un informe que incluye propuestas como una tributación global mínima del 2% a los ultrarricos, que estima podría recaudar hasta 250.000 millones de dólares en todo el mundo”. Entienden que “esta iniciativa permitiría luchar de manera efectiva contra la evasión y la elusión fiscal de los más ricos y abordar los grandes desafíos a los que se enfrenta el planeta, como el cambio climático”.
Con esa convicción, demandan el apoyo ciudadano para repetir el éxito del año pasado, cuando la Plataforma lanzó una petición de firmas online para que la Real Academia Española (RAE) cambiara la definición de “paraíso fiscal”. La campaña logró el respaldo de más de 30.000 personas y su objetivo: en la actualización del Diccionario de la Lengua Española (DLE) del pasado noviembre se modificó la definición de “paraíso fiscal” y se incorporó una expresión equivalente, pero menos complaciente, como es “refugio fiscal”.
Se ha puesto el esqueleto, pero queda camino por recorrer en el combate contra los paraísos fiscales. Es la conclusión a la que han llegado los miembros de la Plataforma por la Justicia Fiscal que se han unido a la recogida de firmas de la Iniciativa Ciudadana Europea Tax the rich, armada para reclamar a la Comisión que se grave a las grandes fortunas para financiar la transición ecológica y social. Se plantea por primera vez una agenda coordinada entre los Estados miembros de tributación sobre la riqueza y que se establezca un impuesto europeo sobre las grandes fortunas. La pretensión es que la recaudación de ese gravamen se destine a combatir el cambio climático y las desigualdades, pero para sacarlo adelante se necesitan más de 156.000 firmas procedentes de toda Europa, 41.600 de ellas recabadas en España.