Competencia desleal, caída del consumo y sin relevo generacional: mar revuelto para el sector pesquero

“Inquebrantable”. Así es el apoyo que desde el sector pesquero, acuícola y el del comercio especializado en alimentación han dado a agricultores y ganaderos desde el inicio de la oleada de movilizaciones que salpica el mapa de España estos días. Y tal vez no sea sólo por solidaridad. El Consejo Económico y Social (CES) ha elaborado un informe rotulado como La pesca, la acuicultura y la industria transformadora en España. Retos para su sostenibilidad, a través del que han constatado el “deterioro” del sistema pesquero alimentario español a lo largo de los últimos años. 

De acuerdo a ese estudio, la flota pesquera, mayoritariamente artesanal, cayó entre 2013 y 2022 un 12,3%, hasta los 8.657 buques, reduciéndose en consecuencia las capturas y desembarcos. Pese a todo, España sigue siendo la primera potencia en volumen de pesca y la tercera en número de embarcaciones pesqueras, según datos de Eurostat. Y dentro de esta, Galicia, ya en los últimos días de campaña electoral, fue la comunidad autónoma que en 2022 registró el mayor número de estos barcos, el 49% del total, concentrando igualmente la mayor proporción del arqueo y potencia, con el 42,18 y el 36,52%, respectivamente. Junto a ella, hay otros territorios con cifras altas como Canarias, Cataluña y Baleares, aunque “el peso en arqueo y potencia está más distribuido, destacando en términos generales las flotas vasca, catalana, andaluza y valenciana”, a la luz de lo recogido en el informe del CES.

Por lo que respecta a la acuicultura, el número de establecimientos ligados a esta actividad sufrió entre 2019 y 2021 una bajada del 1,5%, hasta los 5.182, si bien la producción “muestra una trayectoria alcista desde 2013”. Otra reducción destacada es la de las empresas de la industria transformadora de los productos de la pesca y la acuicultura, que el consejo cuantifica en un 14% desde 2012, aunque creció su producción de forma significativa: un 36% en cantidad y un 55%. Además, según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el sistema pesquero alimentario generó en 2020, año más actualizado disponible, un valor añadido bruto equivalente a únicamente el 0,75% del Producto Interior Bruto (PIB). Y aunque en la última década se elevó cerca de un 10%, descontando el valor agregado bruto (VAB) correspondiente a las importaciones de productos agroalimentarios, la expansión fue prácticamente nula, “dando idea de la importancia de las compras al exterior en el mantenimiento del VAB del sector”, se indica en el informe.

A lo expuesto hay que enlazar que las sucesivas crisis “y otros factores relacionados con insuficiencias en la comunicación dirigida a los consumidores, la percepción de riesgos sobre la salud derivados del consumo de estos productos y el escenario inflacionista”, han provocado “una caída acumulada del consumo final de productos de la pesca y la acuicultura del 33% entre 2008 y 2022 en los hogares españoles”, el “38%, si se atiende sólo al pescado”, advierten desde el consejo. Un descenso que “afecta también al consumo extradoméstico –bares, restaurantes, cafeterías…– de estos productos, que entre 2018 y 2022 fue de casi el 11%”. Los autores del informe vinculan el desplome en la elección de productos de la pesca y la acuicultura con alteraciones socioeconómicas como “la pérdida del poder adquisitivo, el abandono de la dieta mediterránea o el cambio de estilos de vida hacia un modelo que dedica menos tiempo a la compra y cocinado de productos frescos” y a otros factores del tipo “la percepción de los riesgos sobre la salud” derivados de comer esos productos “como los relacionados con la presencia de contaminantes o la incidencia de parasitosis”.

En ese dibujo de situación, España se ha convertido en “un Estado miembro –de la Unión Europea (UE)– clave en el comercio comunitario de productos de la pesca y la acuicultura”, dado que “es el primer país importador” de la eurozona y “el tercero que más exporta, en términos de valor”. Esa “importante dependencia importadora” es común a otros países europeos, y en general desarrollados, y se produce principalmente con estados extracomunitarios “en un contexto de mayor globalización de los intercambios comerciales y de deslocalización de la producción y transformación de los productos hacia aquellos países, por sus ventajas comparativas”. Pero en el caso concreto de España, la tasa de cobertura “en la última década se ha situado en torno al 60%, por debajo de la tasa promedio del comercio español”, del 85% y, “muy especialmente, de algunas actividades muy competitivas del sector de la alimentación”. Junto a ello, “las restricciones a las opciones de pesca derivadas de la extensión de las zonas económicas exclusivas y las medidas de regulación pesquera y de la acuicultura” bajo el paraguas de la UE, “han reducido las capacidades de pesca de las flotas comunitarias y la producción de la acuicultura", siendo la última "insuficiente" para "abastecer el mercado nacional”, se especifica en el informe. Y hay más. “Determinados países extracomunitarios basan sus estrategias comerciales en menores costes fijos y, por tanto, productos más baratos, asociados a bajas condiciones socioeconómicas y medioambientales en comparación con los estándares comunitarios”. En definitiva, “las numerosas normativas y políticas que están obligados a cumplir” los operadores de la zona euro, los colocan “en inferioridad de condiciones respecto a dichos países, produciéndose una competencia desleal o falta de level playing field”, mantienen desde el CES.

Carencia de mujeres y de jóvenes

El paisaje del sector descrito incluye, de otro lado, que las actividades del conjunto pesquero alimentario “siguen mostrando una elevada presencia de hombres, sólo en parte compensada por la frecuencia de mujeres en la industria transformadora, donde son amplia mayoría”, aunque no tanto en puestos directivos, profesionales y técnicos. Por lo tanto, a juicio de los artífices del trabajo, “el sector pesquero alimentario se enfrenta a un doble reto”: fomentar la participación laboral de las mujeres en el área de la pesca extractiva, lo que podría “favorecer el relevo intergeneracional y contribuir a suplir la falta de nuevos pescadores”. Por otra parte, en la actividad de la industria transformadora, estiman que el desafío de las políticas públicas y de los agentes sociales puede consistir, asimismo, “en amortizar las diferencias de género”. No obstante, en ese caso “uno de los aspectos fundamentales consiste en mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres”, apuntan.

En relación a la no existencia de relevo generacional en el ámbito marítimo-pesquero, circunstancia que comparten con el agrícola y el ganadero, el consejo concluye que la necesidad de que se produzca es “elevada”, a partir de los datos del Régimen Especial del Mar –categoría de pesca, acuicultura, industria auxiliar de la pesca y otras actividades que se desarrollan a bordo de buques pesqueros–. “Únicamente el 27% de los trabajadores son menores de 40 años y un 42% del total presentan una edad superior a los 50”, se señala en el documento escanciado. Una circunstancia “agravada por el hecho de que el sector no se está supliendo a un ritmo adecuado por los nuevos graduados”. Los jóvenes prefieren dedicarse a la marina mercante o de recreo frente a la pesca, según se desprende de una encuesta realizada por la Secretaría General de Pesca entre alumnos de programas de formación, dada la percepción que tienen sobre “la peligrosidad y dureza de la actividad, los prolongados periodos de tiempo en los que es necesario ausentarse del hogar y la creencia de que no está suficientemente bien remunerada”. Con todo, en el estudio se plasma que se han tomado algunas medidas “orientadas a mejorar la coordinación de los programas de formación y el tejido productivo del sector y facilitar la transición de los estudiantes al mercado laboral”.

En su intento por desentrañar el estado en el que se encuentra el sector, el consejo pone la lupa después en que la pandemia primero y la invasión de Ucrania por parte de Rusia después, han puesto de relieve “la vulnerabilidad que para la Unión Europea representa la elevada inserción de la actividad productiva en las cadenas globales de valor y las dependencias estratégicas que mantienen respecto de terceros países”, en un entorno globalizado y convulso. En ese punto se asevera que la UE avanza hacia la denominada “autonomía estratégica abierta” que, “a grandes rasgos, persigue alcanzar la autonomía estratégica, al tiempo que se mantiene abierta la economía”, siendo la alimentación una de las esferas “prioritarias” de actuación. El Consejo Económico y Social cree que es ahí donde “los sectores de la pesca y la acuicultura y la industria transformadora pueden desempeñar un importante papel” por “su contribución a la seguridad alimentaria, a la sostenibilidad medioambiental y a la situación socioeconómica de los ámbitos territoriales en los que operan”. En Barbate, municipio gaditano que ha saltado estos días a la actualidad informativa por la muerte de dos guardias civiles que luchaban contra el narcotráfico, saben bien de las consecuencias de que el negocio de la pesca se agote. Pasó en la década de los 90 y las nuevas generaciones apostaron por un nuevo nicho de mercado: el hachís que venía de Marruecos y suponía dinero rápido sin largas jornadas en el mar. Hasta hoy. 

Hecho el diagnóstico, el CES realiza un rosario de propuestas para abordar las deficiencias detectadas que pasan por “una apuesta decisiva por la investigación, el desarrollo y la innovación, así como por la digitalización a lo largo de todo el sistema pesquero alimentario, con un adecuado apoyo financiero y técnico para el sector”; reducir los costes operativos de la energía; o acelerar “la transición energética de la cadena de valor”. A ello suman “seguir avanzando en la simplificación, reducción y agilización” de las cargas y los procedimientos administrativos “en ámbitos como la consecución de licencias, la obtención de permisos, o las obligaciones de presentación de información”; o la puesta en marcha de “campañas de promoción del consumo de productos de la pesca y la acuicultura”. Aboga luego por que “desde las instancias comunitarias” se vele “por el correcto funcionamiento de los sistemas de control de las importaciones de pescado extracomunitarias en todos los Estados miembros” o por el impulso y la aprobación “de planes de igualdad en las empresas”. La música de sus recomendaciones, que son más y que el ministro del ramo, Luis Planas, ya conoce porque le han entregado el análisis; no desentona con las reivindicaciones expuestas por las organizaciones agrarias y ganaderas.  

Para el CES, de cara al futuro, “el interés de las actividades de la pesca, la acuicultura y la industria transformadora deviene tanto de su capacidad de generar valor añadido (de manera directa o indirecta, a través de sus efectos de empuje y arrastre en otras actividades económicas), como de su papel en la fijación de la población, donde pueden ser decisivas en las comunidades costeras de carácter rural o intermedio”. Información oficial de población evidencia que éstas “agrupan a cerca de 900.000 habitantes” y habría que añadirles “aquellas zonas rurales donde la acuicultura continental y algunas industrias transformadoras tienen gran arraigo y potencial de desarrollo”. La radiografía desvela que en el sector pesquero existe cierto caldo de cultivo para que se desaten protestas y tal vez convendría atender las directrices del CES para que no prenda el fuego iracundo.