Seguridad Integral Canaria, la empresa que durante la crisis se convirtió en el buque enseña de los servicios de vigilancia low cost, presentó concurso de acreedores en diciembre de 2017. Diez meses después, el administrador concursal presentó un informe donde ponía en cuestión las posibilidades de continuidad de la empresa, tras calcular un pasivo de 65 millones de euros y unos activos –35,49 millones– que no cubren esa cantidad. “La sociedad está abocada a la liquidación”, concluye. Es más, el informe concursal, al que ha tenido acceso infoLibre, descalifica la propuesta de viabilidad que hace la propia empresa como “un desiderátum con escasa, nula o negativa trascendencia real”. “Las previsiones y planes de la sociedad carecen de una base lo suficientemente sólida para dar por buenas la expectativas manifestadas” por los gestores de la firma de seguridad.
De hecho, buena parte de las expectativas de Seguridad Integral Canaria dependen ahora de la batalla que acaba de declarar contra su fundador, Miguel Ángel Ramírez. El pasado mes de junio el empresario canario vendió todas sus acciones a quien desde 2011 había sido su administrador único, Héctor de Armas Torrent. Desde entonces este empresario, ex director general de Trasmediterránea en Canarias y exportavoz y viceconsejero del Gobierno canario que presidió el socialista Jerónimo Saavedra, es quien se ha hecho cargo de la empresa de seguridad, al tiempo que abandonaba sus cargos en el grupo Ralons –en enero– y en la Unión Deportiva Las Palmas –en junio–. Ambas corporaciones son propiedad de Miguel Ángel Ramírez.
El administrador concursal se queja en su informe de la falta de colaboración de los gestores de Seguridad Integral Canaria, hasta el punto de que “no ha podido obtener de la concursada la información, datos y documentación imprescindibles” para acometer la tarea que tiene encomendada. El cambio de dueño en junio supone “una mejora de actitud”, explica el administrador, pero como el anterior equipo tampoco colabora con los nuevos directivos, no sólo se ha visto afectada la redacción del informe sino también la gestión diaria de la empresa. El administrador concursal habla incluso de “grave desgobierno administrativo”, al que culpa de una sanción de 311.500 euros impuesta a la empresa por la Agencia Tributaria, del levantamiento de actas de la Inspección de Trabajo por importe de 187.515 euros, de los errores cometidos en los certificados de trabajo para el IRPF de la plantilla, así como de otros problemas de contabilidad, que en ocasiones, advierte, no se ajusta a la realidad.
Consumado el divorcio empresarial entre Ramírez y De Armas, este último niega a infoLibre que esté “enfrentado” a su antiguo empleador. Aunque eso no le impide lamentar que Seguridad Integral Canaria haya estado durante los últimos años “demasiado en primera línea”. “Y no siempre por actuaciones que nos deban enorgullecer”, apunta. Lo cierto es que en ese tiempo Héctor de Armas era el responsable de la empresa. Al menos sobre el papel. El administrador concursal asegura en su informe que “existen indicios del desempeño de Miguel Ángel Ramírez Alonso como administrador de hecho de la sociedad […] al menos hasta el momento de producirse los cambios” de junio. De Armas confiesa que esa afirmación del administrador “está bien fundada”.
El retrato que el informe concursal hace de la gestión de Ramírez/De Armas en Seguridad Integral no puede ser más desfavorecedor. No sólo sus activos se recortaron de 22 millones de euros a 12 millones en sólo dos años, sino que, además, su pésima política de cobros casi triplicó las deudas comerciales de la empresa, de 15 a 42 millones. “Vendemos menos [la cifra de negocio se redujo drásticamente entre 2015 y 2017] y no cobramos los créditos generados”, resume el administrador concursal. El resultado fue que la empresa no podía pagar ni a Hacienda ni a la Seguridad Social. A la Agencia Tributaria central le debe siete millones de euros, a la canaria, otros 5,14 millones. Con la Seguridad Social la deuda es aún mayor: 16,72 millones, según consta en la lista de acreedores que acompaña al informe concursal.
Operaciones bajo la lupa
Además, el documento desglosa toda una serie de operaciones entre Seguridad Integral Canaria y las empresas del grupo Ralons, cuyo estudio el administrador concursal ha dejado en suspenso. Entre ellas figura Gestiones y Asesoramientos 3000, en la que, según explica De Armas, Ramírez decidió integrar la gestión de todo el grupo, incluida Seguridad Integral Canaria, en 2016. Gestiones y Asesoramientos 3000, cuyo administrador único es Manuel Hernández Ramírez,debe a Seguridad Integral Canaria 5,25 millones de euros. Según el informe, esa deuda “desapareció” de la contabilidad y se desconoce si se ha cobrado. Gestiones y Asesoramientos 3000 también es el propietario de los 14 inmuebles donde Seguridad Integral Canaria tenía su sede en Madrid, en el municipio de Las Rozas. Tal y como consta en el informe concursal, la firma canaria los adquirió ejercitando una opción de compra. Pero la operación no la ha inscrito en el Registro de la Propiedad, por lo que no figura a su nombre, sino al de Gestiones y Asesoramiento 3000. Al tiempo, existe un nuevo contrato, de fecha de 28 de abril de 2017, que prorroga el alquiler con opción de compra y lo amplía en idénticas condiciones hasta el 30 de abril de 2020. “No tiene sentido”, subraya el administrador concursal, “prorrogar tres año más el alquiler de un inmueble que ya teníamos completamente pagado”. Es una operación, insiste, que sólo carga de gastos a la empresa y le impide disponer de un “valioso activo” que ya era de su propiedad. Aunque tampoco ha podido verificar el administrador que la prórroga del contrato figure registrada en la contabilidad. Los inmuebles están valorados en 1,48 millones de euros, perosobre ellos pesa una hipoteca a favor del Banco Guipuzcoano y otra a favor de la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS). Dos de los locales, además, ya han sido embargados por la TGSS y sacados a subasta.
Con Gestiones y Asesoramientos 3000 también firmó Seguridad Integral Canaria en 2011 una cesión de crédito por 1,43 millones de euros, que no ha cobrado.
En otra cuenta, el administrador concursal ha encontrado una serie de operaciones financieras con empresas del grupo Ralons –Powersic, Ralons Medio Ambiente, Ralons Schools, Ralons Centro de Formación…– por importe de 138.403 euros de las que no existen contratos que las justifiquen, sólo los “documentos de reconocimiento de las deudas”.
Además, De Armas ha presentado ahora en su respuesta al informe concursal un total de 18 millones de euros en productos financieros de los que Seguridad Integral Canaria no es titular, sino fiadora o avalista. Los nuevos gestores de la empresa solicitan que sean considerados partidas del activo, y no del pasivo como las ha clasificado el administrador del concurso. En breve, un perito inspeccionará la contabilidad tanto de Seguridad Integral Canaria como del grupo Ralons, a instancias de un trabajador de la primera que ha presentado una reclamación salarial en el Juzgado de lo Social número dos de Las Palmas, según han confirmado fuentes judiciales.
Litigio con otra empresa de bajo coste, Sinergias de Vigilancia y Seguridad
Pero el mayor deudor de Seguridad Integral Canaria resulta ser otra empresa del sector, Sinergias de Vigilancia y Seguridad, que le debe 18,14 millones de euros. Los nuevos gestores de la firma canaria no quieren precisar cuál es el origen de esa deuda. A Sinergias de Vigilancia Miguel Ángel Ramírez le cedió todos sus contratos con el sector privado un mes antes de declarar el concurso de acreedores. Sinergias ha estado siempre en el ojo del huracán porque negoció un convenio de empresa que rebajaba los salarios de los vigilantes hasta un 40% respecto a los fijados en el convenio del sector. Ese convenio fue anulado por la Audiencia Nacional porque fue negociado de forma ilegal, la misma suerte que han corrido la propia Seguridad Integral Canaria y la otra bestia negra de los sindicatos en el sector de la vigilancia, Marsegur.
No es extraño que coincidan las políticas de personal y experiencias judiciales de estas tres empresas. Los sindicatos siempre han relacionado a Sinergias de Vigilancia y a Marsegur con Miguel Ángel Ramírez y no han dudado en etiquetarlas como sus “marcas blancas”. De hecho, en Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario canario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece aún como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.
Es más, como pagaba sueldos por debajo del convenio sectorial, Miguel Ángel Ramírez fue expulsado de la patronal del sector, que le acusa de practicar dumping social, competencia desleal. A continuación, creó la suya propia, Acosepri, integrada únicamente por Seguridad Integral Canaria, Power SIC, Marsegur y Sinergias. Power SIC pertenece al grupo Ralons.
El caso es que por esa cesión de contratos privados, Sinergias debería haber pagado a Seguridad Integral Canaria 37,44 millones de euros. Pero el informe concursal asegura que hasta el momento no ha abonado ni un euro. Debería haber empezado el pasado mes de febrero, a razón de 624.000 euros por 60 cuotas.
Los nuevos gestores fían al pago de esa cantidad buena parte de la viabilidad de la empresa. De Armas asegura que si cobra esos 37,44 millones de euros, el pasivo que le adjudica el administrador concursal a la empresa quedará reducido a la mitad. Y cuenta con recuperarlos de dos maneras: bien reclamándolos en los tribunales, con el 15% de recargo por intereses, o bien exigiendo a Sinergias la devolución de la cartera de clientes que le cedió Ramírez, más la correspondiente indemnización.
Para ello, además, De Armas tiene previsto reclamar en el juzgado el levantamiento del velo societario, lo que permitiría revelar si Miguel Ángel Ramírez está realmente detrás de Sinergias de Vigilancia y Seguridad y obligarle a él o a quienes resultaran ser sus propietarios a hacer frente a la deuda. Aunque la situación financiera de Sinergias de Vigilancia tampoco es boyante. Ha perdido un puñado de contratos por no respetar el convenio del sector y son intermitentes las protestas de sus trabajadores por el retraso habitual en el pago de las nóminas. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la empresa pero al otro lado del número 902 que ofrece en su página web no ha contestado nadie durante días.
También la otra empresa low cost, Marsegur, debe dinero a Seguridad Integral, aunque mucho menos a tenor de las cuentas del administrador concursal: 35.691 euros.
El declive de los negocios de Ramírez
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En cualquier caso, las perspectivas de futuro de Seguridad Integral Canaria son complicadas. Le quedan unos 400 trabajadores y sólo mantiene negocio en Canarias. Sigue vigilando los centros de salud de la Consejería de Sanidad, los partidos del CD Tenerife o los conciertos del Festival Womad. También conserva servicios de transporte de fondos en blindados, de los que posee nueve.
Tras dar el salto a la Península y convertirse en una de las adjudicatarias favoritas de las administraciones, con contratos millonarios en el Metro de Madrid, el Ministerio de Defensa y Patrimonio Nacional,el Ministerio de Defensa llegó a superar los 2.500 trabajadores. Pero su política de salarios mínimos la arrastró a los tribunales. A Miguel Ángel Ramírez lo demandaron sus vigilantes, pero también la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. De momento, ha pagado en reclamaciones salariales de sus trabajadores 3,3 millones de euros, según consta en el informe del concurso. A la Seguridad Social le ha abonado cuatro millones más por las cotizaciones sociales de los vigilantes que no pagó en su día. Además, la Agencia Tributaria le reclama ocho millones de euros por retenciones del IRPF de sus trabajadores que no ingresó al camuflar parte de los salarios como dietas. En los procedimientos por delitos fiscales y contra la Seguridad Social que aún tiene abiertos la empresa, figuran como imputados tanto Miguel Ángel Ramírez como Héctor de Armas.
Aunque el protagonismo de Ramírez en los medios de comunicación tuvo que ver con una condena del Tribunal Supremo por delito urbanístico y a su aparición en las listas de donantes del Partido Popular. Sus buenas relaciones con el ministro de Industria José Manuel Soria levantaban sospechas. Ramírez también utilizó el método Villarejo y grabó conversaciones con el juez Salvador Alba y otros magistradosel juez Salvador Alba, así como a dos tenientes coroneles que le pedían sobornos para conseguir contratos en el Ministerio de Defensa y que terminaron condenados.
Seguridad Integral Canaria, la empresa que durante la crisis se convirtió en el buque enseña de los servicios de vigilancia low cost, presentó concurso de acreedores en diciembre de 2017. Diez meses después, el administrador concursal presentó un informe donde ponía en cuestión las posibilidades de continuidad de la empresa, tras calcular un pasivo de 65 millones de euros y unos activos –35,49 millones– que no cubren esa cantidad. “La sociedad está abocada a la liquidación”, concluye. Es más, el informe concursal, al que ha tenido acceso infoLibre, descalifica la propuesta de viabilidad que hace la propia empresa como “un desiderátum con escasa, nula o negativa trascendencia real”. “Las previsiones y planes de la sociedad carecen de una base lo suficientemente sólida para dar por buenas la expectativas manifestadas” por los gestores de la firma de seguridad.