La Seguridad Social incentiva a sus trabajadores para que reduzcan la duración de las bajas laborales

La nueva Ley de Mutuas introdujo una serie de cambios en los procedimientos de baja laboral. Desde 2015 la Seguridad Social aplica una tabla con las duraciones de las Incapacidades Temporales (IT) que considera “óptimas”. Esos tiempos, agrupados en un manual, pretenden ser una “herramienta de respaldo técnico” para que los médicos del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) decidan sobre las bajas por enfermedad de los trabajadores. Pero también sirven de base para calcular el cumplimiento de los objetivos estratégicos que se marca cada año el INSS y su traducción en el complemento de productividad que perciben los funcionarios que tramitan las bajas.

Entre esos objetivos figura la disminución de la duración media de las IT por las enfermedades con mayor incidencia: trastornos mentales y del aparato musculoesquelético, desde dolores de espalda hasta problemas en las articulaciones. Así figuraba en los objetivos institucionales de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para el primer semestre de 2016. Si una dirección provincial mejora la duración media nacional, obtiene una bonificación proporcional al porcentaje de mejora alcanzado, con una puntuación de 11 puntos y un máximo de 22 puntos. El complemento de productividad se distribuye después entre toda la plantilla de la unidad implicada.

En los objetivos para el segundo semestre de este año, se incentiva además la “adecuación al tiempo óptimo de la duración de la incapacidad temporal”. También que en determinadas enfermedades se lleve a cabo un reconocimiento médico antes de superar los 45 de duración de la baja. Se trata de los llamados Diagnósticos de Especial Control (DEC): estados de ansiedad y algunos de los trastornos musculares y esqueléticos antes citados, como alteraciones de la espalda, lumbago y ciática. Si una dirección provincial cumple estos tres objetivos, obtiene 33 puntos para su cálculo de la productividad.

Los sindicatos recelan de este sistema de control de las bajas laborales. “La Seguridad Social está dando cada vez más pasos para que los médicos del INSS se parezcan a los de las mutuas”, lamenta la secretaria de Políticas Sociales de UGT, Carmen Barrera, quien advierte en este tipo de políticas “una cierta persecución del trabajador”, pese a que el nivel de absentismo en España es “razonable, en el nivel del resto de la UE” y el índice de fraude “ni siquiera es relevante”. Barrera no entiende que se haga un “especial control en estos temas” cuando, a su juicio, existen “otras prioridades que cuestan más”. Y sospecha del cambio de término: “Antes eran tiempos estándar, ahora los llaman óptimos, y eso ya tiene ciertas connotaciones”.

Para Jaime González, responsable de mutuas de CCOO, estos incentivos son un arma de doble filo. Es positivo, dice, que se quieran mejorar los tratamientos, pero si el objetivo es únicamente fiscalizar el gasto en Incapacidad Temporal, no está de acuerdo en que se utilicen. Para fijar las duraciones óptimas de las bajas se han utilizado datos estadísticos de las enfermedades, que se han relacionado después con la edad y la ocupación de los trabajadores. Pero Jaime González apunta que hay muchos motivos por los que una baja puede exceder la duración “óptima”. Y cita, por ejemplo, el caso de Galicia, cuyas IT duplican –61,67 días– la media nacional –38,86días–, según datos del Ministerio de Empleo hasta el pasado mes de julio. En Extremadura son aún más largas, 63,39 días, el récord nacional. Lugo es la provincia donde resultan más prolongadas, 76,41 días. El motivo, además del envejecimiento de la población, es el predominio de actividades con un elevado riesgo, como las relacionadas con la pesca y la agricultura y la ganadería o la industria naval.

La CGT, por su parte, considera una “auténtica perversidad” que puedan llegar a primar los “criterios meramente administrativos sobre los criterios de salud valorados por el médico de familia”, que concede la baja. También critica que estos objetivos para calcular la productividad no hayan sido comunicados y negociados con los sindicatos. UGT preguntará por ellos en la próxima reunión del Consejo General de la Seguridad Social.

Para ahorrar

El Ministerio de Empleo explica que se trata de un reparto estándar de la productividad y que estos mecanismos de control de la bajas son fruto de los acuerdos firmados por el INSS con las comunidades autónomas. Dichos convenios incluyen un objetivo de ahorro mensual en prestaciones por trabajador. De hecho, cuando el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, presentó el Real Decreto sobre Incapacidad Temporal, en 2014, destacó precisamente los “ahorros” que iba a permitir el nuevo sistemalos “ahorros” que iba a permitir el nuevo sistema, también en burocracia, así como la prestación de un servicio de “mayor calidad”.

Pero lo cierto es que el presupuesto de la Seguridad Social para Incapacidad Temporal asciende este año a 6.986,36 millones de euros, un 1,42% más que el año pasado. Y en cuanto a la reducción de la duración media de las bajas, no ha dejado de aumentar desde 2014, cuando alcanzaba los 37,51 días. Tres años más tarde, duran 1,35 días más de media.

En 2014, la Audiencia Nacional sentenció que los inspectores médicos del INSS no pueden cobrar un complemento de productividad ligado al “índice de adecuación de la duración” de las bajas laborales. “No es admisible”, dictamina el tribunal, “que el resultado del control de los procesos de Incapacidad Temporal se condicione por el cumplimiento de unos objetivos que dan derecho a percibir un complemento de productividad, cuando éste ha de venir determinado por que el estado de salud del trabajador le impida o no trabajar”.

En 2011, el Ministerio de Trabajo había diseñado un complemento de productividad que premiaba al inspector médico si, del total de los reconocimientos a trabajadores de baja, un 15% terminaba en alta, en incapacidad permanente o se le suspendía la prestación por no comparecer al examen médico. La sentencia consideraba legítimo que para calcular la productividad el objetivo fuera “revisar un determinado número” de IT, pero no que ese objetivo consistiera en que el médico hiciera una propuesta –de alta, incapacidad permanente o fin de la prestación– cuyo contenido incluyera “un determinado porcentaje de casos previamente determinado por la Administración”. También destaca que el único criterio que debe regir la actuación de los inspectores médicos es “el estado de salud del trabajador y, en íntima relación con él, su capacidad laboral”.

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La polémica del control

Cuando una baja laboral supera el tiempo óptimo calculado para la enfermedad del trabajador afectado, se activan los protocolos de control de la Inspección Médica, bien del sistema de salud público correspondiente, bien del INSS. En el caso de las contingencias profesionales y si éstas superan el año, las mutuas pueden hacer al INSS una propuesta –alta, prórroga de la baja o incapacidad permanente–, que no es vinculante. Este punto de la nueva Ley de Mutuas fue polémico en su día y el Ministerio de Empleo tuvo que dar marcha atrás en su pretensión inicial de que la falta de respuesta del INSS a la mutua significara el alta automática del trabajador. La CEOE, sin embargo, no cesa de reclamar que las mutuas puedan dar altas médicas en las contingencias comunes, una decisión que hasta el momento recae únicamente en los médicos de familia. La oposición de los sindicatos a ceder tal competencia es total puesto que las mutuas son asociaciones de empresarios y no deben, por tanto, ser quienes decidan sobre las bajas de los trabajadores.

Por el contrario, la patronal defiende que las mutuas serán mucho más eficaces en el control de las bajas que el sistema público, con el consiguiente ahorro en prestaciones. Según un estudio elaborado por Adecco con la colaboración de la patronal de las mutuas AMAT, el coste del absentismo por Incapacidad Temporal ascendió a 68.410,77 millones de euros en 2016, un 11% más que el año anterior. El mismo informe cifra en un 3,45% el absentismo por IT en 2016, siete décimas más que en 2013, cuando la economía española se encontraba en plena recesión.