La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el indulto concedido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a Alfredo Sáenz, consejero delegado del banco Santander, al estimar que se excedió en su ámbito de aplicación al pretender que no le afectara la normativa bancaria que le inhabilita.
La medida de gracia, concedida pese a la oposición del fiscal y del Supremo,– perdonó a Sáenz las penas de privación de libertad de tres meses y suspensión para el oficio bancario que le impuso la Sala Penal del Alto Tribunal el 24 de febrero de 2011.
Los hechos que se declararon probados fueron que Banesto, "con el conocimiento y beneplácito" de quien entonces era su máximo responsable, presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra cuatro empresarios a sabiendas de que esas imputaciones eran falsas.
La querella, que dio lugar a la detención de los empresarios y a su ingreso en prisión durante unos días, fue interpuesta como medida de presión para intentar cobrar una deuda de 3,8 millones que había contraído con Banesto el grupo Harry Walker, en el que los empresarios querellados tenían una participación minoritaria.
Sáenz, condenado por el TS, mejor consejero delegado de la banca europea
Además de perdonarle las penas, el indulto añadió que "quedan sin efecto cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria".
El Supremo ha estimado el recurso interpuesto contra el indulto por dos de los empresarios que fueron a la cárcel debido a la falsa querella autorizada por Sáenz.
El Tribunal ha concluido que no puede ser objeto de indulto la aplicación de la normativa bancaria que prohíbe ejercer de consejero delegado de un banco a alguien con antecedentes penales por delito doloso, ya que la ley de indulto permite conmutar penas, pero no sus consecuencias en el ámbito administrativo.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el indulto concedido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a Alfredo Sáenz, consejero delegado del banco Santander, al estimar que se excedió en su ámbito de aplicación al pretender que no le afectara la normativa bancaria que le inhabilita.