Los sindicatos CSIF y CCOO han pedido a Talgo y al Gobierno que acaben con la “incertidumbre” en la que ha sumido al constructor ferroviario español el veto a la opa de Ganz-Mavag. El anuncio de la empresa húngara, este viernes, de que desiste de la polémica operación, lejos de mitigar la inquietud de la plantilla –y de los mercados–, abre nuevos interrogantes, y no sólo por el frente judicial que se abre con el recurso que presentará Ganz-Mavag ante el Tribunal Supremo y posiblemente ante la justicia europea, además de con las denuncias de los minoristas agrupados en Aemec (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas).
El emblemático fabricante ferroviario necesita un plan alternativo para no morir de éxito. Un socio inversor, como los húngaros, o un socio industrial, con los que hacer frente a su falta de capacidad para cumplir con una cartera de pedidos en niveles de récord histórico. La primera opción es la favorita de los accionistas; la segunda es la que representaba la checa Skoda, a la búsqueda de una fusión. O Criteria, el hólding inversor de La Caixa, que ha mostrado interés en participar en Talgo siempre y cuando un socio industrial lidere la operación. Skoda fue rechazada por el consejo de administración del fabricante español el pasado julio.
El Gobierno va a seguir buscándole novios a Talgo para no perder una empresa que ha calificado de estratégica, mientras CCOO pide a la empresa un plan que amplíe su capacidad industrial, a fin de “sacar adelante toda la carga de trabajo y de pedidos que tiene”. En efecto, la cartera asciende a 4.014 millones de euros a fecha de junio de este año, según consta en su informe del primer semestre. Y el 80% de los pedidos corresponde a clientes extranjeros. En 2023, su cartera de pedidos se disparó un 54% respecto al ejercicio anterior. La propia empresa reconoce que sus “principales desafíos operativos” son “la ejecución de los proyectos de fabricación y la optimización de la capacidad industrial”.
Esos problemas de capacidad industrial son precisamente los que retrasaron más de dos años la entrega de los trenes Avril a Renfe –30 trenes, 900 millones de euros–, que han supuesto para Talgo una multa de 166 millones de euros. La empresa, que emplea a 2.500 trabajadores, cuenta con dos factorías, una en Rivabellosa (Álava) y otra en Las Rozas (Madrid). Es un fabricante mediano, lejos de otro español como el guipuzcoano CAF –14.900 empleados, seis factorías en España, plantas de montaje en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Brasil y México, así como 100 centros de mantenimiento repartidos por todo el mundo–. CAF facturó casi 1.862 millones de euros en 2023 y ganó 48,4 millones. Los ingresos de Talgo se quedaron en 652 millones el año pasado, con unos beneficios de 12,2 millones de euros.
Pero esa cifra significa que Talgo multiplicó por ocho sus ganancias en 2023 respecto del año anterior. Y en los seis primeros meses del actual ya ha ganado 14 millones, más que en todo el ejercicio precedente. Es decir, ha duplicado los beneficios del primer semestre de 2023 en plena polémica por la OPA húngara. Cierto que también ha duplicado su deuda, de 175 a 357 millones, un aumento que la empresa explica como “reflejo de la actividad industrial y de los ciclos de los proyectos” y que espera reducir “cuando se alcancen hitos técnicos vinculados a cobros en efectivo”.
Ejecución al 45%
En su último informe semestral, Talgo cifra en un 45% el grado de ejecución de la cartera de pedidos en julio, cinco puntos por debajo del conseguido a mitad de 2023. La incógnita es si Talgo va a ser capaz de cumplir con sus compromisos de entrega. De momento, Renfe ya ha recibido la mitad de los 30 trenes Avril contratados, pero Talgo aún está completando otro pedido de 23 cabezas tractoras por importe de 161 millones. También se encuentra en fase de ejecución el mayor contrato firmado por la empresa hasta el momento: 2.100 millones de euros por 100 trenes Talgo 230, capaces de alcanzar los 230 kilómetros por hora, para Deutsche Bahn, los ferrocarriles alemanes. El fabricante ya ha enviado a Alemania las primeras unidades para someterlas a prueba. En la misma fase se encuentra igualmente el pedido de 16 trenes del citado modelo –300 millones de euros– para Danske Statsbaner (DSB), los ferrocarriles daneses.
Además, la cartera en ejecución incluye la conversión de 156 vagones de trenes nocturnos Talgo para Renfe por otros 107 millones de euros y la remodelación de 44 Talgo 250. La empresa también ha firmado la remodelación de 78 unidades del Metrolink, el ferrocarril del área metropolitana de Los Ángeles, desde el condado de Ventura hasta San Diego –35 millones–, y la de 74 convoyes del Metro de Los Ángeles, por 73 millones de euros más.
Pérdidas en Bolsa
Tras la renuncia de Ganz-Mavag, las acciones de Talgo cerraron el viernes con una caída del 1,39%, pese a que habían repuntado un 0,63% a mitad de sesión. En toda la semana ha perdido un 9% de su valor, una vez que el Gobierno hizo público su veto a la opa de la firma húngara. Cada título de Talgo vale ahora 3,89 euros. Ganz-Mavag ofrecía cinco euros.
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Es más o menos el mismo valor que tenía el 15 de noviembre de 2023, cuando Ganz-Mavag comunicó a la CNMV que lanzaba su oferta de compra. La capitalización bursátil del fabricante ferroviario asciende ahora a 488 millones de euros, 130 millones menos de los que ofertaba la húngara, según calculaba el diario económico Cinco Días, y 66 millones menos que al finalizar 2023. Muy por debajo, no obstante, de los 620 millones que sus accionistas ganaron con la salida a Bolsa de la empresa en 2015, a los que hay que añadir los dividendos cobrados en 2017, 2022 y 2023.
El principal accionista de Talgo es el fondo estadounidense Trilantic Capital, que posee el 40,03% del capital, seguido de Ana Patricia Torrente Blasco, con un 5,03%, y del fondo de inversión francés Amundi, con un 3,01%. Con porcentajes inferiores figuran también la aseguradora Aviva –2,9%–, el fondo Blackrock –0,9%– o el Norges Bank –2,9%–. El 49% restante es capital flotante, se negocia cada día en la Bolsa.
Es Trilantic el que lleva años haciendo notar su deseo de salir del accionariado de Talgo. Pero, si abandona sin un sustituto, el resto de los accionistas venderían también, la cotización caería y el futuro del fabricante ferroviario se complicaría. Por ese motivo, Aemec, que dice defender los intereses de 8.000 accionistas de Talgo, amenaza con recurrir la Ley Antiopas –el real decreto sobre inversiones exteriores, esgrimido por el Gobierno para vetar a Ganz-Mavag– y emprender todas las acciones “en vía administrativa, contencioso-administrativa, civil y penal” posibles para resarcirlos de posibles pérdidas.
Los sindicatos CSIF y CCOO han pedido a Talgo y al Gobierno que acaben con la “incertidumbre” en la que ha sumido al constructor ferroviario español el veto a la opa de Ganz-Mavag. El anuncio de la empresa húngara, este viernes, de que desiste de la polémica operación, lejos de mitigar la inquietud de la plantilla –y de los mercados–, abre nuevos interrogantes, y no sólo por el frente judicial que se abre con el recurso que presentará Ganz-Mavag ante el Tribunal Supremo y posiblemente ante la justicia europea, además de con las denuncias de los minoristas agrupados en Aemec (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas).