Los temidos hombres de negro de Bruselas responden en realidad a una etiqueta mucho menos sugerente: son la task force –grupo de trabajo– Recover y la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea. Desde que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro los bautizó utilizando a los agentes que vigilan a alienígenas camuflados entre terrestres, ha transcurrido una década y la economía ya está sufriendo una nueva crisis. Este lunes ha regresado a España la misión de Bruselas, en su tercera visita desde octubre de 2021, para vigilar los avances del Plan de Recuperación y Resiliencia. Hasta el miércoles volverán a entrevistarse con ministros, agentes sociales y expertos, con el foco puesto en la segunda fase de la reforma de las pensiones, pero también en el impacto de la reforma laboral.
Los hombres de negro, además, no son tales, pues de los tres enviados de Bruselas dos son mujeres: la francesa Céline Gauer, directora general del grupo de trabajo Recover, y la española María Teresa Fábregas, directora de Recover. Aunque el más conocido es Declan Costello, irlandés y jefe del equipo que vigiló como un sabueso el rescate a Grecia. Gauer lleva trabajando en la Comisión Europea desde hace casi 30 años y desde 2020 dirige el grupo de trabajo Recover, que depende directamente de la presidenta Ursula von der Leyen. Teresa Fábregas también es veterana en la Comisión –desde 1997– y pasó al grupo de trabajo en agosto de 2020. Costello es el director adjunto de la mencionada Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros.
Este mismo lunes por la tarde se reunieron con “funcionarios del Ministerio de Seguridad Social”, según precisó el titular del departamento, José Luis Escrivá, en rueda de prensa por la mañana. El objeto de la cita, “evaluar los hitos” correspondientes al segundo trimestre de este año a los que el Gobierno se comprometió en el Plan de Recuperación y Resiliencia. En concreto, dijo, la reforma del sistema de cotización de los autónomos y las pensiones de los planes de empleo. También se entrevistarán con representantes del Ministerio de Asuntos Económicos.
A preguntas de los periodistas, Escrivá negó que Bruselas haya cuestionado la sostenibilidad del sistema de pensiones español. Al contrario, su evaluación de las reformas relacionadas con componente 30 del Plan ha sido “siempre muy positiva”. “Lo que ha hecho la Comisión es recordar que faltan algunos hitos, dos o tres este trimestre, y que hará una evaluación final cuando se termine el año. Y en eso no puedo estar más de acuerdo. Pero no nos está reprochando nada, nos recuerda lo que nos hemos comprometido a hacer”, explicó.
Sin embargo, el propio ministro había asegurado en una entrevista en el diario El País este verano que la Comisión Europea dudaba de que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aprobado en la primera parte de la reforma de las pensiones, vaya a ser tan eficaz a la hora de contener el gasto público en pensiones como lo era el Factor de Sostenibilidad al que pretende sustituir. Bruselas, desveló, prefiere un mecanismo automático, mientras que el MEI es sólo “semiautomático”: debe revisarse, y quizá recalibrarse, en 2032.
Primera y segunda fase de la reforma de las pensiones
Aunque no se refirió a ello Escrivá, el equipo de Bruselas también se interesará por la segunda parte de la reforma de las pensiones, que debe incluir la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones y el aumento de las bases máximas de cotización y de las pensiones máximas. Al menos así lo esperan patronal y sindicatos, con los que también se reunirán los hombres de negro. Por la CEOE, este martes acudirá la responsable de su departamento de Laboral, Rosa Santos. “Serán reuniones cortas”, adelantan fuentes sindicales. El miércoles se verán con UGT y CCOO. Con sus equipos técnicos. Y les preguntarán por el impacto de las reformas aprobadas hasta el momento. No sólo sobre la Seguridad Social, también por los efectos de la reforma laboral, aseguran las fuentes. La negociación con los agentes sociales de segunda fase de la reforma de las pensiones no ha hecho más que empezar. Se ha limitado a una reunión y el ministerio aún no ha entregado ninguna propuesta por escrito.
En esas conversaciones, los altos funcionarios de Bruselas se encontrarán con el rechazo de la patronal a cualquier medida que amenace la sostenibilidad del sistema público de pensiones y que obvie los acuerdos del Pacto de Toledo, explican fuentes de la CEOE. Esa fue también su respuesta, y la de los sindicatos, al secretario de Estado de Seguridad Social el lunes de la semana pasada cuando éste les planteó una ampliación “suave” del periodo de cálculo de la pensión, que ahora se sitúa en 25 años. José Luis Escrivá siempre ha recalcado que no se extenderá “de ninguna manera” a 35 años. Aunque al mismo tiempo relaciona la medida con la posibilidad de rellenar lagunas de cotización y desechar los peores años de retribuciones. Y recalca que el cambio será “neutro” y no afectará a la recaudación de la Seguridad Social.
Tampoco la CEOE ve con buenos ojos el MEI, “que no es más que una sobrecarga de cotizaciones, una derrama”. El MEI consiste en una cotización adicional del 0,6% en las nóminas de los trabajadores, entre 2023 y 2032, que alimentará el Fondo de Reserva de la Seguridad Social –la conocida como hucha de las pensiones– y debería funcionar como “válvula de seguridad” del sistema en el caso de que el gasto en pensiones se desvíe a partir de 2033 y hasta 2050. Los sindicatos no se oponen a que la aplicación del MEI, diseñado como una herramienta “contingente y temporal”, se extienda hasta 2050, según ha apuntado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.
Debate público
En la tercera visita de esta segunda crisis, la misión de Bruselas se dejará ver en un acto público. Tres de sus miembros participarán en otras tantas mesas de debate el próximo miércoles organizadas por la representación en España de la Comisión Europea. El “primer evento anual sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” será inaugurado por la vicepresidenta Nadia Calviño y por el letón Valdis Dombrovkskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea. Cada uno de los altos funcionarios de la UE participarán en una mesa distinta. En la primera, con Céline Gauer, debatirán Joan Groizard, director general del Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio de Transición Ecológica; el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, José María González Moya, y la vicepresidenta de la Federación de Municipios y Provincias y alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.
En la segunda, junto a Declan Costello se sentarán la directora del Departamento Laboral de la CEOE, Rosa Santos; Luis Aribayos, secretario general de Cepyme, y los responsables de los gabinetes económicos de CCOO, Carlos Martín Urriza, y de UGT, Luis Pérez Capitán.
En la tercera, a María Teresa Fábregas la acompañarán la secretaria general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Mercedes Caballero; los consejeros de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos, y de Navarra, Elma Saiz, así como María Ángeles Martín Prats, profesora de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Sevilla.
El objeto de los debates es simple: hacer balance del primer año de implementación del Plan de Recuperación y debatir las oportunidades que la lluvia de millones europeos brinda a España.
Los fondos dependen de su aprobado
España seguirá bajo el escrutinio de los 'hombres de negro' años después de cumplir con el objetivo de déficit
Estas visitas y evaluaciones, que son técnicas y exhaustivas, sirven para liberar los sucesivos pagos de los fondos de recuperación. Superado el primer examen, en octubre de 2021, España recibió 10.000 millones de euros en diciembre. Tras la segunda, en febrero, se transfirieron 12.000 millones de euros en julio, Sumados a los 9.036 millones de euros de prefinanciación, el total percibido se eleva a 31.000 millones hasta el momento. El siguiente desembolso, pendiente de que se aprueben los hitos del primer semestre de este año, asciende a 6.000 millones de euros.
Pese a esa presión, estas visitas guardan una diferencia sustancial con las que pusieron en el foco de la atención –y el recelo– pública a los primeros hombres de negro. Los que controlaron con guante de hierro el rescate a Grecia y examinaban la gestión del Gobierno tras el rescate a la banca española en 2012 y mientras se imponían las políticas de austeridad. Entonces el motor que impulsaba las medidas europeas era el recorte del gasto público. Tras la pandemia, en cambio, Bruselas ha aprobado un fondo de ayudas milmillonario para proteger a la economía y a los ciudadanos impulsando la transición ecológica y digital, al tiempo que ha suspendido las reglas de control de gasto.
Si bien el desembolso de ese dinero está supeditado a la aprobación de las reformas comprometidas, y la Comisión verificará con lupa que las ayudas consigan el efecto previsto, los controles no tienen mucho que ver con el rigor con que se escudriñó tanto al Gobierno griego como al español una década atrás. Además, los hombres de negro de Bruselas venían acompañados de otros colegas del FMI y el BCE, la odiada Troika. Entonces el escrutinio duraba semanas. Ahora la visita se reduce a tres días y, el último, sus protagonistas debatirán en público con autoridades y representantes de la sociedad civil.
Los temidos hombres de negro de Bruselas responden en realidad a una etiqueta mucho menos sugerente: son la task force –grupo de trabajo– Recover y la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea. Desde que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro los bautizó utilizando a los agentes que vigilan a alienígenas camuflados entre terrestres, ha transcurrido una década y la economía ya está sufriendo una nueva crisis. Este lunes ha regresado a España la misión de Bruselas, en su tercera visita desde octubre de 2021, para vigilar los avances del Plan de Recuperación y Resiliencia. Hasta el miércoles volverán a entrevistarse con ministros, agentes sociales y expertos, con el foco puesto en la segunda fase de la reforma de las pensiones, pero también en el impacto de la reforma laboral.