El Tribunal de Cuentas ha aplicado un severo correctivo al Ministerio de Empleo por haber utilizado a la empresa pública Tragsatec para desatascar el bloqueo de expedientes del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Según el órgano fiscalizador, ese contrato es “contrario a los principios de legalidad y de economía”, además de que resultó “perjudicial para los fondos públicos gestionados por el Fogasa”. Y ello es así porque el tribunal advierte de que pueden ser nulas de pleno derecho las casi 150.000 resoluciones del Fogasa que se basaron en expedientes tramitados por Tragsatec. Cada una de ellas dio lugar a una prestación económica, lo que supuso un desembolso de 1,32 millones de euros, a razón de una media de 8.899 euros por trabajador.
El informe del órgano fiscalizador sobre la gestión que el Fogasa hizo de las prestaciones abonadas en 2013 asegura que los empleados de Tragsatec se “extralimitaron” en las funciones teóricamente encomendadas por el Fogasa, ya que no sólo realizaron “tareas de apoyo, instrumentales y carácter accesorio” –como recoge la letra del contrato–, sino que, realidad, “instruyeron” los expedientes, una función que únicamente es competencia de los funcionarios públicos.
La crisis económica y “la falta de previsión” del Ministerio de Empleo –precisa el Tribunal de Cuentas– provocaron una bolsa de expedientes sin resolver que el propio Fogasa cifraba en 153.698 a 30 de abril de 2013. A su vez, el atasco provocaba dilaciones en la tramitación que alcanzaban los dos años en algunos casos. Legalmente, el organismo debe responder en un plazo inferior a tres meses. El 75% de los expedientes, sin embargo, superaron ese límite, lo que ya ha sido causa de demanda –que el Fogasa ha perdido–.
“Evidente insuficiencia de personal”
El Fondo de Garantía Salarial abona los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas con problemas. Hasta el 1 de enero de 2014, además, pagaba en aquéllas con menos de 25 trabajadores ocho de los 20 días por año trabajado que fija la ley para los despidos objetivos. Esta subvención del despido la hizo desaparecer el Gobierno en la Ley de Presupuestos del año pasado. Sólo por este concepto el Fogasa pagó en 2013 unos 315 millones de euros.
Así pues, con la crisis y el cierre de multitud de empresas, el número de trabajadores que acudía al Fogasa para conseguir sus salarios o indemnizaciones se multiplicó. Pero no su plantilla, que incluso menguó. En 2004, cuando la carga de trabajo era de sólo 44.053 expedientes, la plantilla de este organismo ascendía a 403 trabajadores en toda España. En 2013, 393 funcionarios tramitaban 154.357 expedientes, casi cuatro veces más.
Empleo decidió entonces recurrir a medios externos para intentar diluir el atasco. Y firmó con Tragsatec, filial del grupo Tragsa, una encomienda de gestión –el contrato que suscriben las administraciones con sus entes instrumentales–. No sin polémica. Los sindicatos pusieron el grito en el cielo y alertaron del riesgo desacar los expedientes de las oficinas del Fogasa en toda España y mandarlos a una empresa ubicada en Madrid. También desconfiaban de que el personal contratado a tal efecto por Tragsatec manipulara expedientes personales con información confidencial. Y que, al tiempo, se abandonara presupuestariamente al Fogasa.
Ahora el Tribunal de Cuentas ha venido a dar la razón a estas críticas. El informe reprocha al ministerio la “evidente insuficiencia de personal del Fogasa” y que, en lugar de proveer a este organismo público de más funcionarios, encomendara “la ejecución de funciones reguladas por el derecho administrativo” a una empresa externa.
Acceso a vidas laborales y datos confidenciales
Además, critica que el personal de Tragsatec tuviera acceso a las vidas laborales de los trabajadores que figuran en el sistema informático de la Tesorería de la Seguridad Social, algo que está “permitido única y exclusivamente a los funcionarios públicos del Fogasa”. Esa tarea implica que los trabajadores de Tragsatec realizaron tareas de instrucción, no sólo de apoyo administrativo, destaca el Tribunal de Cuentas. Y, al acceder igualmente a los datos personales de los trabajadores solicitantes de prestaciones, vulneraron la Ley de Protección de Datos. El informe revela que cinco funcionarios del Fogasa dieron un curso de formación a algunos de los empleados de Tragsatec, para que luego éstos instruyeran al resto de la plantilla, y que en ese curso se les enseñó precisamente a “instruir expedientes”, calculando prestaciones y examinando causas de denegación de las solicitudes, por ejemplo.
A su vez, el personal de esta empresa enviaba a los funcionarios del Fogasa consultas con las incidencias que les surgían en la tramitación de los expedientes. Un total de 953 entre octubre de 2013 y el 30 de mayo de 2014, que quedaron grabadas en una base de datos. Y esas consultas, asegura el informe, versaban sobre problemas de instrucción –no meramente administrativos– de los expedientes. El tribunal concluye que los empleados de Tragsatec “invadieron las competencias reservadas a los funcionarios del Fogasa”.
Además, esos funcionarios son en su mayoría licenciados en Derecho, a diferencia del personal contratado por Tragsatec, “menos cualificado y preparado jurídica y procesalmente”. Para el tribunal, esa carencia puede ser motivo de errores y futuras demandas por parte de trabajadores perjudicados.
Es más, una vez tramitados, los expedientes enviados a la empresa debían ser revisados por cuatro jefes de unidad del Fogasa nombrados a tal efecto. Cada uno de ellos, pues, debería haber comprobado 147 expedientes diarios, una cifra que el órgano fiscalizador considera “totalmente desproporcionada”. Otro motivo, aduce, para dudar de la corrección del trabajo realizado en Tragsatec.
Tragsatec: 221,78 euros; Fogasa: 1,85 euros
Pero no es la anulación de esos expedientes la única causa de un posible perjuicio económico para el Fogasa. El Tribunal de Cuentas denuncia que el coste por expediente cobrado por Tragsatec, 21,78 euros, es “desproporcionado”, con un desfase del 1.077% sobre el coste medio que le cuesta al Fogasa tramitar un expediente con sus propios funcionarios, sólo 1,85 euros.
El contrato con Tragsatec tenía un coste de 3,26 millones de euros. La empresa debía gestionar 150.000 expedientes, a razón de 1,56 trabajadores por expediente. El tribunal compara el coste y el rendimiento de esta empresa con los del Plan Especial de Actuación que el propio Fogasa comenzó a aplicar en febrero de 2013 con sus propios funcionarios. Consistía en pagar una gratificación a quienes voluntariamente accedieran a trabajar fuera de su jornada habitual para agilizar expedientes. Se les abonaba 1,50 o 1,80 euros dependiendo del tipo de expediente, aumentados en 0,20 a 0,80 euros según el número de trabajadores incluidos en cada uno de ellos. El máximo cobrado por funcionario no superó los 1.000 euros al mes.
Un total de 87 funcionarios aceptaron durante cinco meses trabajar por las tardes. En ese plazo instruyeron 37.391 expedientes y pagaron 1,85 millones de euros en prestaciones a trabajadores. Cobraron por esa tarea adicional 69.065 euros. El tribunal calcula que, si el plan se hubiera extendido el tiempo necesario para dar salida a los 150.000 expedientes atascados, el coste del plan habría ascendido a 274.281 euros, 12 veces menos que el coste del contrato con Tragsatec.
Y ello sin contar con los costes indirectos, que el informe del Tribunal de Cuentas no cuantifica pero que incluyen los de formación del personal de Tragsatec o el tiempo que los funcionarios emplearon en seleccionar, ordenar y remitir los expedientes a esa empresa, por ejemplo.
Los funcionarios fueron más eficientes
El informe ataca la propia gestión de la empresa para resolver el trabajo que le encomendaron. Porque los funcionarios del Fogasa fueron un 22% más eficientes en la aprobación de expedientes que el personal contratado por Tragsatec. Ratios parecidas resultan de medir las prestaciones pagadas por el Fogasa y por el número de trabajadores a quienes se abonaron –un 25% más en ambos casos–.
Y por si quedara algún aspecto más sin criticar, el Tribunal de Cuentas desvela que el Fogasa “alteró el orden de despacho de los expedientes” –deben resolverse por riguroso orden de entrada– al pagar antes un total de 2.053 prestaciones, por importe de 12,81 millones de euros, que fueron solicitadas después de las que se habían enviado a Tragsatec. Ésa fue una de las quejas más repetidas por los trabajadores afectados, que terminaron organizándose en foros de internet para conseguir la información sobre sus expedientes que les negaban tanto el Fogasa como Tragsatec.
Las reclamaciones de estos trabajadores llegaron hasta el Defensor del Pueblo, que en 2012 y 2013 exigió a Empleo, con la “mayor urgencia”, medidas efectivas para solventar la “insuficiente dotación de personal” de sus oficinas, así como “la inadecuada gestión de los expedientes”. También recibieron denuncias los juzgados de lo Social.
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Báñez: “El Fogasa ha resuelto el colapso de expedientes”
Una vez concluido el contrato, el pasado diciembre, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció en el Congreso que el Fogasa había “resuelto el colapso de expedientes” gracias al trabajo de Tragsatec. Para pagar las prestaciones debidas, el Ministerio de Empleo tuvo además que solicitar al de Hacienda un suplemento de crédito de 940,6 millones de euros ese mismo mes.
El varapalo que el Tribunal de Cuentas da a los gestores del Fogasa alcanza incluso al pago de las prestaciones. Asegura el informe que pueden haberse “cobrado prestaciones por duplicado”, debido a la falta de controles efectivos y de comunicación tanto con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como con la Agencia Tributaria. Tampoco fue muy eficaz el Fogasa en el cobro de las deudas que mantienen con él los empresarios: de los siete millones que le deben 174.804 de ellos, sólo se recuperaron el 1,5%. Hay que recordar que son fondos públicos.
El Tribunal de Cuentas ha aplicado un severo correctivo al Ministerio de Empleo por haber utilizado a la empresa pública Tragsatec para desatascar el bloqueo de expedientes del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Según el órgano fiscalizador, ese contrato es “contrario a los principios de legalidad y de economía”, además de que resultó “perjudicial para los fondos públicos gestionados por el Fogasa”. Y ello es así porque el tribunal advierte de que pueden ser nulas de pleno derecho las casi 150.000 resoluciones del Fogasa que se basaron en expedientes tramitados por Tragsatec. Cada una de ellas dio lugar a una prestación económica, lo que supuso un desembolso de 1,32 millones de euros, a razón de una media de 8.899 euros por trabajador.