Trabajo y Seguridad Social se gastan más de 2,15 millones en contratar refuerzos externos para parchear la falta de personal

El covid-19 ha puesto patas arriba también el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Ambos organismos se han visto obligados a tramitar una avalancha de solicitudes de prestaciones en unas pocas semanas. “Hemos gestionado en mes y medio el mismo volumen de trabajo que tenemos en todo un año”, resume Pilar Seoane Vázquez, quien además de ser secretaria general de CCOO en el Ministerio de Trabajo dirige la oficina del SEPE en Boiro (A Coruña). Según las cifras oficiales del organismo, sólo en las tres semanas que van del 15 de marzo al 7 de abril el SEPE reconoció 659.791 prestaciones tras acordar casi un millón de citas previas y recibir más de 10,4 millones de entradas en la sede electrónica. Y todo ello con una plantilla que se ha recortado en un 25% en los últimos 10 años y cuenta ahora con menos de 7.900 trabajadores. El 17% de ellos, temporales.

En el INSS, la situación no es mucho mejor. Desde 2012 ha perdido un 16% de su plantilla. Actualmente cuenta con 9.761 funcionarios, más 598 laborales. De media, en el INSS se jubilan 272 personas al año porque su plantilla es de las más envejecidas de la Administración. Según los datos del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el 84,7% de los trabajadores del INSS tienen más de 50 años. Sólo 61 de ellos no llegan a los 30. En el SEPE hay únicamente 32 jóvenes. Aquí el 64,4% del personal supera la cincuentena.

De modo que ante el desbordamiento de la carga de trabajo y la urgencia de atender las situaciones de necesidad de quienes pasan a depender de una prestación pública, tanto el Ministerio de Trabajo como el de Inclusión y Seguridad Social optaron por la misma solución: contratar a Tragsatec, filial del grupo público Tragsa para que sus trabajadores ayuden a tramitar la avalancha de expedientes. Así, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha firmado tres encomiendas –encargos– con esta empresa para gestionar las solicitudes del subsidio extraordinario para empleadas domésticasy de las prestaciones de los ERTE, por un importe provisional que roza el millón de euros. Una cantidad que más que se duplica si se le añade el encargo de mayor volumen, el del departamento de José Luis Escrivá para gestionar las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital.las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital Es decir, para sacar adelante el paquete completo de ayudas del Gobierno destinado a paliar la situación de emergencia de millones de personas por culpa de la pandemia y la paralización económica.

La primera encomienda fue adjudicada el 26 de marzo a Tragsatec para que ayudara durante dos meses en la gestión de las prestaciones que deben cobrar los 3,8 millones de trabajadores incluidos en ERTE. Las 17 personas que ha contratado la empresa pública por un importe de 139.982 euros ya han empezado sus tareas desde casa, teletrabajando.

El 18 de mayo Trabajo firmó un segundo encargo con Tragsatec para que tramite durante los próximos seis meses los subsidios a las empleadas domésticas que se han quedado sin trabajo por culpa del coronavirus. A cambio de 771.320 euros, 40 personas han empezado ya a dar vía a estos expedientes, también teletrabajando. Hasta el momento el SEPE ha recibido 27.815 solicitudes, explica el Ministerio de Trabajo a infoLibre. Pese al refuerzo, sin embargo, aún no ha cobrado ninguna empleada del hogar de las que han pedido la ayuda, aprobada el pasado 31 de marzo. “Lo harán este mes”, subraya un portavoz.

Pero la mayor encomienda es la que ha hecho el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para reforzar la tramitación de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, aprobado el pasado viernes y que debería beneficiar a 850.000 hogares. Según ha asegurado el ministro José Luis Escrivá, sólo en las primeras 24 horas en que ha estado en marcha el simulador de la web del ministerio, este mismo miércoles, ha recibido ya cerca de un millón de consultas. Serán 700 trabajadores los que proporcionará Tragsatec para gestionar las ayudas. El ministerio no ha querido revelar a infoLibre el importe del contrato, porque “aún no está firmado”. Sin embargo, Tragsa asegura que la selección de personal concluyó la semana pasada, tras haber recibido unos 7.000 currículos, y prevé que los escogidos empiecen a incorporarse la semana próxima y a lo largo del mes. De ellos, 125 serán personas con discapacidad.

Cobros indebidos, Garantía Juvenil, prestaciones internacionales

En cualquier caso, no son éstos los únicos encargos que ambos ministerios han hecho a Tragsatec en los últimos meses. Aunque no relacionados con la pandemia, sí que van dirigidos a poner un parche a la ya histórica falta de personal de algunos de sus principales departamentos. Así, Trabajo le encomendó en marzo la gestión de las prestaciones de desempleo indebidamente cobradas, un contrato de 383.110 euros por el que la empresa pública reforzará al SEPE durante 14 meses, prorrogables otros seis. Para empezar, son unos 24.759 expedientes. A diferencia de las encomiendas anteriores, el trabajo se llevará a cabo de forma presencial en las instalaciones de la Dirección Provincial de Madrid del SEPE. En el documento de la licitación, accesible a través de la Plataforma de Contratación del Estado, el director del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, reconoce que “la falta de personal” en el organismo impide disminuir los plazos del procedimiento para recuperar las prestaciones de paro cobradas de forma indebida, un fallo que pone en peligro el reintegro de esas cantidades y del que ha sido advertido el SEPE tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Intervención General del Estado.

Desde 2015, además, el SEPE ha encargado a la filial de Tragsa parte de los procesos necesarios para tramitar las solicitudes del Sistema Nacional de Garantía Juvenil –ofertas de empleo y ayuda para menores de 30 años–. Un contrato que superaba el millón de euros y se ha ido renovando al menos hasta 2018 con importes más pequeños.

El INSS, por su parte, lleva desde 2018 contratando con Tragsatec la gestión de las prestaciones económicas concedidas “al amparo de normas internacionales”. Este año la encomienda firmada en marzo asciende a 857.180 euros y, como la anterior, tiene una duración de 24 meses. El organismo se ha visto obligado a pedir refuerzos para tramitar las cada vez más numerosas prestaciones sanitarias y pensiones a los ciudadanos españoles en el extranjero y a los turistas foráneos. Un aumento de movilidad internacional, admite el INSS en el propio contrato, para el que el organismo necesita “unos recursos materiales y humanos de los que a corto plazo no puede disponer”.

En total, y sin contar con la encomienda de mayor volumen, para gestionar las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, la factura desde marzo asciende a 2,15 millones de euros, sin contar con el encargo que todos los años la filial de Tragsa recibe del Instituto Social de la Marina, dependiente del Ministerio de Inclusión, para organizar sus cursos de formación, un trabajo de cuatro meses de duración por importe de 782.861 euros.

El precedente del Fogasa

Las encomiendas a Tragsatec para gestionar expedientes ya levantaron polémica en 2013 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy le encargó tramitar los que se amontonaban en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en lo peor de la anterior crisis. El Fogasa abona los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas con problemas. Por lo que durante la crisis se formó una bolsa de expedientes sin resolver que el propio Fogasa cifraba en 153.698 a 30 de abril de 2013. A su vez, el atasco provocaba dilaciones en la tramitación que alcanzaban los dos años en algunos casos. Legalmente, el organismo debe responder en un plazo inferior a tres meses. El 75% de los expedientes, sin embargo, superaban ese límite. Así que el ministerio que entonces encabezaba Fátima Báñez recurrió a Tragsatec a cambio de 3,26 millones de euros.

Dos años después, el Tribunal de Cuentas dictaminó que ese contrato era “contrario a los principios de legalidad y de economía”, además de resultar “perjudicial para los fondos públicos gestionados por el Fogasa”. Y ello es así porque el tribunal advierte de que podían ser nulas de pleno derecho las casi 150.000 resoluciones del Fogasa que se basaron en expedientes tramitados por Tragsatec. Cada una de ellas dio lugar a una prestación económica, lo que supuso un desembolso de 1,32 millones de euros, a razón de una media de 8.899 euros por trabajador.

El motivo de que esas resoluciones pudieran ser nulas era, según el Tribunal de Cuentas, que los empleados de Tragsatec se “extralimitaron” en las funciones teóricamente encomendadas por el Fogasa, ya que no sólo realizaron “tareas de apoyo, instrumentales y carácter accesorio” –como recoge la letra del contrato–, sino que, en realidad, también “instruyeron” los expedientes, una función que únicamente es competencia de los funcionarios públicos.

Además, el informe critica que el personal de Tragsatec tuviera acceso a las vidas laborales de los trabajadores que figuran en el sistema informático de la Tesorería de la Seguridad Social, algo que está “permitido única y exclusivamente a los funcionarios públicos del Fogasa” y que considera una vulneración de la Ley de Protección de Datos.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas denuncia que el coste por expediente cobrado por Tragsatec, 21,78 euros, era “desproporcionado”, con un desfase del 1.077% sobre el coste medio que le supone al Fogasa tramitar un expediente con sus propios funcionarios, sólo 1,85 euros.

Tanto Trabajo como Seguridad Social coinciden ahora en precisar que se ha recurrido a Tragsatec para “tareas muy puntuales en las que se espera un importante volumen de solicitudes”. “Se trata de un aumento puntual y excepcional por la puesta en marcha de una nueva prestación, en absoluto un recurso para soluciones estructurales”, explica un portavoz de José Luis Escrivá sobre los 700 nuevos trabajadores para gestionar el Ingreso Mínimo Vital. Sobre los problemas desvelados por el Tribunal de Cuentas en los contratos del anterior Gobierno con el Fogasa, Trabajo asegura que los encargos más recientes se han hecho “con sumo cuidado”: “El de Tragsatec es personal de apoyo, no realiza las funciones de los empleados públicos, sólo tareas mecánicas y administrativas, en ningún caso validarán ni aprobarán expedientes”.

Condiciones “discriminatorias” para las empleadas domésticas

En el documento donde el SEPE encarga a Tragsatec la tramitación de los subsidios para las empleadas del hogar que se han quedado sin trabajo por culpa del covid-19, el director general reconoce de nuevo que el organismo “carece de medios humanos y materiales suficientes para poner en marcha y gestionar” la nueva ayuda. Sin embargo, Pilar Seoane cree que el problema no es exactamente de carga de trabajo, sino de su mala distribución. “El SEPE tiene una estructura provincializada, del siglo XIX”, critica, “por ejemplo, los funcionarios sólo pueden trabajar con usuarios de su propia oficina”. De forma que conviven oficinas con una enorme carga de trabajo, como las de Madrid y Barcelona, con otras que no sufren tanto, explica. Seoane menciona provincias como A Coruña y Pontevedra, donde se las han tenido que ver con cerca de 90.000 ERTE cada una, frente a otras como Lugo y Ourense, que se han quedado en 20.000.

Pilar Seoane cuenta también que los funcionarios del SEPE han estado trabajando hasta 12 y 14 horas diarias, incluidos sábados, tanto en las oficinas como en sus propias casas y al principio utilizando sus propios ordenadores y móviles. “En algunos casos gratis, además, porque no a todo el mundo le han pagado”, denuncia. Trabajo, por el contrario, se remite a un acuerdo de compensación, de 21 euros la hora, que se firmó hace semanas. Además, tanto el SEPE como el Fogasa han sido una suerte de patitos feos de la Administración durante años. El desgaste del trabajo de cara al público o los límites que se les imponían a los funcionarios de ambos organismos a la hora de presentarse a los concursos de traslados son un fuerte desincentivo laboral. “Hay muchos que en cuanto pueden se van, incluso perdiendo dinero”, reconoce Seoane Vázquez.

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En su oficina de Boiro les han tocado dos de los 1.000 interinos que Trabajo está incoporando en el SEPE para acelerar la tramitación de las prestaciones de los ERTE. En toda España ya están en sus puestos unos 800, según el ministerio. En Boiro trabajan ahora 10 personas, para una oficina que en algunos meses puede llegar a atender a más de 3.000 trabajadoras fijas discontinuas de las muchas conserveras asentadas en la ría de Arousa. “Sabemos que no trabajamos con licencias de pesca, sino con personas, y ahora muchas de ellas se encuentran en una situación desesperada”, apunta. Por eso escribió el pasado abril una carta al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, denunciando las condiciones establecidas para que las empleadas domésticas pidan el subsidio, que ella tacha de “discriminatorias”. Sólo pueden presentar la solicitud en los registros administrativos, previa obtención del certificado o clave digitales, un proceso no apto para quien no tiene destrezas informáticas, critica. Además, se les exige que presenten declaraciones juradas de todos sus empleadores, tanto de los que han dejado de contar con ellas por el coronavirus como de los que siguen pagándoles. Si uno de ellos no quiere firmar ese documento, se le deniega el subsidio. Finalmente, se ha centralizado toda la tramitación de estas solicitudes en Madrid.

“Es lo más eficiente”, replica por su parte el Ministerio de Trabajo, ya que se trata de una prestación nueva “para la que no existía un sistema o una aplicación previa que pudiera reutilizarse”. Sobre la presentación en los registros, el departamento esgrime que, al estar las oficinas del SEPE cerradas, es la opción “más fácil” y que también se puede solicitar el subsidio en papel a través de Correos. “Pero se exige que sea por correo certificado, lo que es un coste añadido para la trabajadora”, aclara Pilar Seoane. “Se pide la declaración jurada de todos los empleadores porque se trata de una ayuda topada, no puede superar el Salario Mínimo Interprofesional, pero los pagos también se pueden acreditar con otros documentos”, matiza un portavoz. Seoane Vázquez indica que no hacen falta las declaraciones juradas porque toda la información sobre horas, salario y base de cotización de las empleadas domésticas se halla en las Vidas Laborales de la Seguridad Social. “Unos datos a los que tenemos acceso los funcionarios del SEPE, no sé si lo tendrán los trabajadores de Tragsatec”, concluye.

La carga de trabajo no ha sido el único problema con el que han tenido que lidiar los funcionarios del SEPE. También han tenido que solucionar los errores múltiples que les está dando el nuevo programa informático instalado para tramitar las prestaciones de los ERTE. Se llama Hope, y es “demasiado simple para una tarea de la complejidad que tienen las prestaciones, así que ahora tenemos que corregir los errores a mano”. Los detectados por el propio programa y los que sólo se descubren a posteriori, cuando el beneficiario se da cuenta de que está cobrando menos de lo que debería: “Sólo en A Coruña, estamos corrigiendo ahora unos 1.000 errores detectados por la aplicación”.