Una estafa sobre otra. Así se sienten muchos de los afectados por el escándalo de las preferentes: los mismos que les vendieron como seguros unos productos financieros incomprensibles y de alto riesgo intentaban después que aceptaran su canje por activos de valor dudoso o querían convencerles de que se sometieran a un arbitraje de criterios poco claros que les cierra la puerta de la reclamación judicial.
Unas 700.000 personas, el 95% de ellas particulares sin perfil inversor ni conocimientos financieros, según la asociación de usuarios de banca Adicae, adquirieron participaciones preferentes en España pensando que metían sus ahorros en algo tan seguro como un depósito pero más rentable y que podían recuperar de forma inmediata sin mayor complicación. La media por preferentista, entre 15.000 y 20.000 euros.
En realidad, habían ayudado, sin saberlo, a recapitalizar bancos y cajas: a partir de 2008 las entidades se lanzaron a vender preferentes a sus propias bases de clientes, a través de las sucursales, en el momento en que los grandes inversores dejaron de mostrar interés por ellas. Entonces este tipo de participaciones computaba como capital de alta calidad, que las entidades necesitaban para cubrir sus excesos inmobiliarios. Hasta que en diciembre de 2011 la Autoridad Europea Bancaria (EBA por sus siglas en inglés) aumentó las exigencias de capital a las entidades y las excluyó del llamado Tier 1.
Así, en mayo de ese año, según la CNMV, el saldo vivo de las preferentes en manos de minoristas era de 29.713 millones de euros, que en marzo de este año ha quedado reducido a 7.000 millones, tras los sucesivos canjes por otros productos financieros que han llevado a cabo algunas de las entidades emisoras.
España ha sido el único país en que bancos y cajas han vendido preferentes a clientes particulares. El único donde sus ahorros han quedado atrapados en una suerte de corralito que compromete la supervivencia financiera de muchas familias. Y ello pese a que ya en 2002 el Banco de España hizo una profética fotografía de lo ocurrido nueve años después.
Escasa liquidez, poca rentabilidad y mucho riesgo
Entonces no sólo mostró su preocupación por “el peso creciente de las participaciones preferentes en los recursos propios básicos de algunas entidades” y por la forma en que se comercializaban “entre la clientela minorista tradicional”, con “menor capacidad de valoración del riesgo”. También avisó de que, teniendo en cuenta que la liquidez de las preferentes en el mercado secundario es “muy escasa y ofrecen una rentabilidad poco acorde con el riesgo asumido, las entidades podrían estar incurriendo en riesgo de reputación”.
“Si a la rentabilidad ofrecida”, explicaba, “se le resta la prima de riesgo derivada del bajo derecho de prelación de las participaciones preferentes, la prima a percibir por su iliquidez y el precio de la opción de compra otorgada al emisor (aspectos mal conocidos por el pequeño inversor), es dudoso que, en algunas de estas emisiones, la rentabilidad residual supere a la de una imposición a plazo fijo”. Desde luego no era esta pequeña información, recuperada por el informe de la Defensora del Pueblo sobre el escándalo, la que se les daba a los clientes en las sucursales cuando se les ofrecía cambiar sus depósitos por preferentes.
Al contrario, en fechas tan tempranas como noviembre de 2003, Caixa Galicia presumía en los medios de comunicación locales de ser "la primera entidad española" que emitía estas participaciones. Más tarde, ya en plena fiebre –marzo de 2009–, el Banco Pastor aparecía en los periódicos haciendo gala de haber colocado, en sólo una semana, 250 millones de euros en preferentes para minoristas a partir de la exigua cantidad de 1.000 euros.
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La segunda estafa
Hecho el daño, y como resultado de una intensa presión social, a las autoridades no les ha quedado más remedio que urgir una cura. La segunda estafa, en opinión de las numerosas plataformas de afectados creadas y de las asociaciones de usuarios que han llevado las preferentes a los tribunales.
Tras pedir perdón públicamente por haber comercializado estos productos, Novagalicia recurrió el pasado mes de julio al arbitraje para intentar compensar a los clientes engañados. En noviembre copió el mecanismo Catalunya Banc. Bankia ya ha anunciado que adoptará el mismo sistema. Pero no todos lo ven con buenos ojos, al menos tal y como se está aplicando. Lo dicen Adicae, las plataformas de afectados y la Defensora del Pueblo: no es universal. Más bien todo lo contrario.
Una estafa sobre otra. Así se sienten muchos de los afectados por el escándalo de las preferentes: los mismos que les vendieron como seguros unos productos financieros incomprensibles y de alto riesgo intentaban después que aceptaran su canje por activos de valor dudoso o querían convencerles de que se sometieran a un arbitraje de criterios poco claros que les cierra la puerta de la reclamación judicial.