La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) votará el próximo lunes un nuevo reparto de asuntos entre los juzgados de lo Social que convertirá, de hecho, en “juzgados de despidos” a los ocho juzgados de refuerzo que permanecerán en activo a partir del 1 de enero de 2019. Si se aprueba la iniciativa, estos jueces de adscripción territorial (JAT) se dedicarán exclusivamente a resolver demandas de despido, en principio por un plazo de seis meses.
Desde junio de 2015, los 42 juzgados de lo Social de Madrid cuentan con un plan de refuerzo que se tradujo en la adscripción de 10 jueces de carrera pero sin plaza para intentar desatascar el bloqueo en que los había sumido el aumento de despidos y conflictos laborales durante la crisis. Hoy son nueve los juzgados de refuerzo y, a partir de enero, se quedarán en ocho. Cada uno de ellos refuerza a tres juzgados de lo Social ordinarios. La medida, de resultar aprobada el lunes, supondrá que a cada juez de refuerzo se le asignarán las 25 primeras demandas despido repartidas a cada juzgado al mes, de forma que deberá conocer un total de 75 mensuales –refuerza a tres juzgados–. El objetivo es que concluya al menos 60 procedimientos por mes, “ya sea por decreto, auto o sentencia”. También tendrán que continuar con los casos si, tras la sentencia, la empresa no readmite al trabajador o lo hace de forma irregular incumpliendo el fallo judicial.
Así se pretende rebajar el número de juicios pendientes y adelantar las fechas de señalamiento, para que se celebren antes de 90 días. A partir de ese plazo, si la empresa debe pagar salarios de tramitación, puede reclamárselos al Estado.
Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por infoLibre ponen en duda la eficacia de la medida, que comparan con los juzgados de cláusulas suelo, creados en junio de 2017 para dar curso a la avalancha de demandas presentadas por los consumidores después de que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminara que los bancos debían devolver lo cobrado por este concepto en las hipotecas. Los 54 juzgados especializados, uno por provincia, se encuentran colapsados, toda vez que no han sido capaces de hacer frente al volumen de asuntos. Según las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en estos juzgados han entrado un total de 259.921 demandas, pero sólo se han resuelto 52.166 y se han dictado 40.839 sentencias, el 15,7% de los casos. Las demandas por cláusulas suelo casi han triplicado el número de asuntos civiles ingresados en el segundo trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2017. Del colapso las asociaciones de jueces y los sindicatos de funcionarios culpan a la escasez de medios en la justicia.
Juicios por despido que duran horas
“Hay quien piensa que los despidos son como las sentencias de las hipotecas y no es así en absoluto, todos los despidos son diferentes”, protestan las fuentes judiciales: un juicio por despido puede no llegar a celebrarse si hay conciliación previa entre las partes, pero también puede prolongarse durante horas. “Los juicios más largos suelen ser los de despidos”, resaltan. Los juzgados de refuerzo de Madrid tienen asignadas ahora 30 demandas, de todo tipo, de cada uno de los tres juzgados a los que prestan apoyo; por tanto, deben ver 90 asuntos al mes. Pero las 75 demandas por despido van a suponer “más tiempo y más trabajo” que las 90 que han debido atender hasta el momento, advierten las fuentes. Sobre todo, porque cada juzgado de refuerzo cuenta con sólo tres funcionarios, por 10 que trabajan en un juzgado de lo Social ordinario. “Ocho juzgados con tres funcionarios cada uno van a hacer todo el trabajo en despidos de 20 juzgados con 10 funcionarios cada uno”, resumen. Así que temen que la medida pensada para desatascar los juzgados terminen por colapsarlos aún más.
Como en el caso de los juzgados de claúsulas suelo –las asociaciones judiciales e incluso los jueces decanos criticaron que se concentrara en una única instancia toda la carga de trabajo– en el de los despidos las fuentes consultadas arremeten contra la “administrativización de la Justicia” que advierten en ambas iniciativas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Su idea ha sido siempre convertir la estructura judicial en oficinas burocráticas de resoluciones vacías o con poca enjundia jurídica”. Según explican, los juzgados de despido no son más que un “experimento”, que se plantea sin haber hecho un estudio previo y donde “la calidad jurídica se mide por el número de sentencias”la calidad jurídica se mide por el número de sentencias. “Nos convierte a los jueces en gallinas ponedoras [de sentencias]”, apuntan, cuando hay “otras maneras de optimizar la Justicia que no sea sobrecargar recursos que ya existen”.
A su juicio, hace falta duplicar las plantillas de jueces y funcionarios, así como reorganizar estos últimos y buscar soluciones alternativas a los juicios, por ejemplo. “No se puede mejorar la Justicia con los mismos medios”, añaden, “así sólo se encapsulan los problemas, se olvida la calidad de la justicia y se niega a los ciudadanos la tutela judicial que se merecen”.
Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid niega que la medida que estudiará la sala de gobierno el lunes sea un “programa piloto”, tan sólo un “reparto de asuntos” nuevo.
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La iniciativa fue comunicada este lunes por correo electrónico a los jueces afectados, a quienes se ha dado un plazo de 48 horas para presentar alegaciones. Las fuentes judiciales consultadas critican también que el CGPJ, en funciones desde el pasado día 4, esté tomando decisiones “que no sean puramente administrativas” e “hipotecando” la labor del consejo que se elija antes del verano. Uno de los promotores de los juzgados de cláusulas suelo fue Gerardo Martínez-Tristán, considerado la mano derecha del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y a quien las fuentes judiciales consultadas atribuyen también la paternidad de los juzgados de despidos. El pasado septiembre el máximo órgano de gobierno de los jueces acordó enviar 33 jueces de refuerzo a juzgados de lo Social toda España que tengan más de 250 demandas pendientes –de todo tipo, no sólo despidos– cada uno.
Con la crisis y el consiguiente aumento de las demandas laborales que llegaban a los juzgados, en 2014 los juzgados de lo Social tardaban 10,7 meses de media en resolver un asunto de esta índole, según las estadísticas del propio CGPJ. En 2017 han bajado a 9,4 meses. Donde más se demoraban las resoluciones judiciales, entonces y ahora, es en Baleares, con 18,1 meses en 2014 y 15,5 meses tres años después. En Madrid, se ha rebajado de 9,9 meses a 7,5 en la actualidad. Los despidos, que tienen prioridad a la hora de señalarles fecha, se resuelven con mayor rapidez que la media: 7,6 meses en 2014 y 6,1 meses ahora. En Madrid se ha reducido el tiempo de espera de 8,2 a 5,7 meses en estos tres años.
Pese a que el bloqueo se ha aligerado desde los peores tiempos de los despidos y los ERE, hay provincias donde el atasco sigue siendo alarmante. En Sevilla, por ejemplo, se están señalando juicios por despido para dentro de dos años. En Madrid, según las fuentes consultadas, se está fijando fecha ahora para vistas en febrero y marzo de 2019.
La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) votará el próximo lunes un nuevo reparto de asuntos entre los juzgados de lo Social que convertirá, de hecho, en “juzgados de despidos” a los ocho juzgados de refuerzo que permanecerán en activo a partir del 1 de enero de 2019. Si se aprueba la iniciativa, estos jueces de adscripción territorial (JAT) se dedicarán exclusivamente a resolver demandas de despido, en principio por un plazo de seis meses.